El pasado 12 de marzo se ingresó una denuncia anónima en la Contraloría General de la República en contra del presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada Roblero, en la cual se le acusa de contradecir “los principios de probidad pública, austeridad y abuso de recursos públicos”.

El motivo de esta acción es que además del sueldo en el CPLT, Jaraquemada es director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, labor que según el mismo denunciado reconoce en su declaración de patrimonio, es remunerada, pero sin detallar el monto.

“El Estado le paga un sueldo que asciende a un monto mensual de $8.602.954, pero en la práctica se presenta dos veces a la semana al consejo, y esos días con suerte es medio día”, indica la denuncia.

El artículo 39 de la Ley de Transparencia señala que el presidente del consejo tendrá un sueldo equivalente al de un subsecretario, el que este mes será cercano a los 7 millones 700 mil pesos, debido a la rebaja general de salarios en el ámbito público ordenada por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Pero lo que la normativa no regula es el horario de cada consejero del CPLT, tampoco indica si los mismos tienen la prohibición de trabajar en otro lugar a la vez y recibir una remuneración por esto. 

Debido a que la Fundación Jaime Guzmán no transparenta el sueldo de Jaraquemada y a que este último no lo entregó en su declaración de patrimonio, INTERFERENCIA lo contactó para conocer cuánto recibe de la fundación ligada a la UDI.

Ante la consulta, Jaraquemada indicó: “Es un dato privado, no voy a dar cuenta de eso. Yo soy director de la Fundación Jaime Guzmán y percibo un ingreso por esa labor desde antes de ser nombrado consejero en agosto de 2010, es conocido hace 10 años. Los consejeros tenemos algunas inhabilidades pero no está la exigencia de dedicación exclusiva. Antes de ser consejero tenía figuración pública, es parte de mi currículum con el cual el Senado aprueba mi llegada, estaba claro mi rol en la fundación. Además no hay ninguna exigencia que los consejeros tengan dedicación exclusiva, esto es para cargos muy específicos, como los de alta dirección pública o aquellos que tienen una función crítica señalada por la Dipres. Ni siquiera los parlamentarios tienen dedicación exclusiva”, dijo.

Respecto a que su sueldo tampoco está transparentado en la Fundación Jaime Guzmán, añadió que “estamos obligados como todas las corporaciones a entregarle una cuenta o balance anual al Estado de Chile, y eso lo cumplimos como todas las corporaciones porque están obligadas. Pero eso no tiene que ver con, por ejemplo, entregar el detalle de las remuneraciones en la corporación. Como tampoco lo debe hacer el Banco de Chile, Interferencia u otro”.

Sin embargo, en este último dato no es preciso tal como lo menciona Jaraquemada, puesto que las fundaciones sí deben transparentar estos antecedentes al Ministerio de Justicia.

De todas formas el presidente del CPLT agregó que en 2019 se reunió en dos ocasiones –el 10 de mayo y 31 de julio– con Gonzalo Blumel, cuando era ministro de la Secretaría General de la presidencia; y el 17 de abril de este año con Felipe Ward, cuando ocupaba el mismo cargo. En ambas ocasiones, según dijo Jaraquemada, se trató la necesidad de establecer dedicación exclusiva y más inhabilidades a los consejeros en la nueva ley de transparencia. 

“Una de las inhabilidades que se proponía es que los consejeros en ejercicio no pudieran ser asesores o consultores de sujetos pasivos de la ley de acceso”, dijo.

Acusa al ex presidente del consejo

Jaraquemada afirmó que la denuncia anónima en su contra no es casualidad, sino que responde a los acontecimientos recientes ocurridos dentro del CPLT.

“Cuando yo asumo en 2019 como presidente del consejo, me encuentro con una serie de situaciones anómalas y formé un comité revisor de procesos, el cual funcionó desde junio del año pasado, y ya en octubre quedó en evidencia que había un problema con las actas del consejo que no habían sido elaboradas en tiempo y forma durante la anterior presidencia, a cargo de Marcelo Drago, hoy ex consejero”, manifestó.

Dice que en relación a la denuncia anónima puesta en Contraloría, les pidió además un informe sobre varias situaciones que involucraban a Drago, a la ex directora general, Andrea Ruiz Rosas; y a el ex secretario de actas, José Ruiz Yáñez, contra quienes se instruyó un sumario. Si bien esta acción no sancionó a los aludidos con la desvinculación, Drago renunció en junio de este año, mientras que los otros dos fueron despedidos de igual forma.

“Me sorprende que aparezca esta denuncia  justo cuando el consejero Francisco Javier Leturia y yo, como presidente, empezamos a remover el polvo, a sacar antecedentes a la luz, a instruir investigaciones, por las cuales se desvinculó al secretario de actas hace un tiempo y esta semana a la directora general. Me llama mucha la atención, porque Francisco Javier Leturia me dijo que la semana pasada lo llamó INTERFERENCIA respecto de una denuncia que se formuló contra él, y que ahora tú me hagas esta pregunta por esta denuncia”, añadió Jaraquemada.

Por lo mismo, el presidente del CPLT acusó directamente a su antecesor, Marcelo Drago, de ser el responsable de las denuncias anónimas contra él.

Ante esto, INTERFERENCIA contactó a Drago, quien manifestó: “No ando presentando denuncias anónimas contra nadie, cuando las hago es con nombre y apellido. El señor Jaraquemada sabe eso, se lo dije personalmente y lamento que no quiera creerlo. Tengo una trayectoria que avala mi accionar. Lamento la falta de templanza del actual presidente del consejo”, señaló Marcelo Drago.

El Consejo para la Transparencia ha sufrido una serie de conflictos recientemente, marcados por las desvinculaciones mencionadas y la renuncia del ex presidente del consejo. 

El consejo directivo del organismo tiene fuertes vinculos con la política partidista del país. Jaraquemada además de liderar la Fundación Jaime Guzmán es militante de la UDI, al igual que el consejero Francisco Javier Leturia, quien también es hermano del actual subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Letura. En tanto, la otra persona que integra esta instancia es Gloria de la Fuente, militante del Partido Socialista y directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, la cual está ligada a dicha colectividad.

Respecto de Jaraquemada, INTERFERENCIA constató que se ha inhabilitado en algunas materias que ha revisado el CPLT respecto de la UDI.