A comienzos de mayo de 2019, INTERFERENCIA publicó una entrevista con Sebastián Rojas, dirigente estudiantil desvinculado recientemente por el Liceo Enrique Molina Garmendia, lo que lo convirtió -junto a otros cinco alumnos de ese establecimiento- en parte del primer grupo de estudiantes expulsados por la Ley Aula Segura, uno de los ejes principales que guían la agenda de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

La medida se tomó luego que los jóvenes participaran de una protesta que incluyó un corte de tránsito en calle Víctor Lamas, una de las principales vías del centro de la ciudad, el miércoles 3 de abril pasado. 

En esa oportunidad, la defensa de Rojas acusó “falta de parámetros ciertos y objetivos sobre la aplicación de la Ley” e intervencionismo político por parte de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), quien -según la defensa- ejerció diligencias personales para lograr la expulsión, como fue haber prestado sus abogados a la dirección del liceo para lograr las expulsiones. Dada esa evaluación, se interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción.

Lo anterior está en sintonía con la idea de que -a juicio del estudiante y su familia- estas medidas tenían la clara intencionalidad por parte de la dirección del liceo de criminalizar a la dirigencia estudiantil, al ser cuatro de los seis inculpados miembros de la lista que pretendía la reelección del Centro de Estudiantes del establecimiento. 

El jueves 2 de mayo el abogado que patrocina el recurso de protección informó que sólo uno de los cuatro estudiantes investigados seguirá con la medida presentada contra la Dirección de Educación Municipal (DAEM), la Municipalidad de Concepción y la Seremi de Educación para impugnar el proceso, pues es el único que cuenta con los recursos como para ello.

Tras un fallo desfavorable por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción el 8 de julio pasado -que indicó que esta corte no era la instancia correspondiente para este caso, pues se trataba de un proceso que debía aún verse en el ámbito administrativo y no judicial, debido a que la sentencia de expulsión aún no estaba resuelta al momento de la presentación del recurso- la causa derivó a la Corte Suprema para que sea esta la que determine si acogerá o no el recurso que acusa falta al debido proceso en la expulsión de Rojas. 

PROTOCOLO DIFUSO

La defensa legal de Rojas, liderada por el abogado Francisco Ugarte, manifiesta que “jurídicamente la Corte de Apelaciones no se pronuncia sobre el fondo del asunto, porque entiende que es un acto intermedio y no un acto terminal, ya que formaría parte de una serie de actos dentro de un proceso complejo, y como no estaría terminando el proceso, no sería objeto de recurso de protección. Lo que nosotros argumentamos es que esa visión de la Corte elude la responsabilidad que tenía sobre la resolución del asunto, porque no se hace cargo de que el recurso tiene por objeto la protección de las garantías, y existiendo una amenaza de una garantía constitucional debe fallar protegiéndola”. 

Sobre el mismo tema, el abogado indicó que en el fallo de apelación tampoco considera que -al momento de ocurrir los hechos- Rojas era menor de edad. "Tampoco se pronuncia frente a las evidentes falencias que tiene el proceso, que tiene serios indicios de ilegalidad”, dice Ugarte. 

Estos indicios estarían fundamentados principalmente en el informe evacuado por el Liceo Enrique Molina cifrado el 3 de abril (ver documentación adjunta), el cual -a juicio de la defensa- presenta graves incongruencias temporales, lo cual indica que no hay claridad respecto de cuándo se tomó la decisión de expulsar al estudiante ni cuando se habría elaborado dicho informe, lo que impacta en la decisión de la Corte de Apelaciones, que consideró el proceso en etapa intermedia y no como una expulsión ya consumada. 

En conversación con INTERFERENCIA, Linda Aqueveque -madre de Sebastián Rojas- indicó que el fallo de la Corte de Apelaciones penquista “no dice nada concreto. Lo rechaza porque considera que se trata de un proceso intermedio, cuando la resolución de la expulsión ya estaba lista. Seguimos manteniendo que no hubo un debido proceso y al revisar el fallo se ve que no revisaron todos los antecedentes”.

Además, Aqueveque manifestó que entre los antecedentes “se adjuntaron audios de las reuniones que sostuvieron con el director del establecimiento donde dice que él es un portavoz de la decisión”. Según la apoderada, “esto es una de las pruebas de que no hubo un debido proceso y que todo pasó por una comisión especial compuesta por el equipo de Convivencia Escolar del establecimiento, cuando la Ley Aula Segura dice claramente que debe ser el director quien me notifique e informe de los hechos”. 

Por otra parte, Aqueveque dijo que el fallo que esperan es la reincorporación de Rojas al Liceo Enrique Molina para que termine su cuarto medio. “Hasta la fecha, el DAEM no se ha comunicado conmigo para otorgar colegio. Desde que la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección no me ha llegado carta ni notificado intenciones de reubicarlo en otro liceo, algo que es parte de la legislación. Además, sabemos que los tres otros expulsados que fueron reubicados en otro liceo no están con un equipo psicosocial que los apoye, algo que también va en contra de lo que dice Aula Segura”. 

Desde la defensa del alumno expulsado informaron que están a la espera de que se suba la totalidad de los antecedentes a la Corte para hacerse parte y pedir los alegatos, proceso que debería comenzar durante esta semana.