Un orden de compra de fines de 2019 podría significar un problema para ProChile, la institución encargada de promover la participación del país en el comercio internacional y dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto porque el proveedor involucrado figura dentro de una investigación que actualmente lleva a cabo Contraloría en torno al organismo.

Según los antecedentes disponibles en Mercado Público, el 2 de octubre del año pasado el director de la institución, Jorge O’Ryan, solicitó al Departamento de Compras gestionar un plan de medios en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin) mediante un convenio marco por $ 48 millones de pesos. Al día siguiente ProChile emitió una orden de compra a favor de Patricio Urrutia Producciones por dicho monto.

El problema para ProChile es que dicha gestora de eventos figura en un caso que fue denunciado el 5 de julio de 2019 y que Contraloría actualmente investiga, el cual está vinculado a la sede de dicho organismo en la Región de Bío Bío. 

Ahora, esta orden de compra de $ 48 millones nace desde la sede central de ProChile en Santiago y se concreta en octubre de 2019, siendo que el organismo tenía conocimiento de los antecedentes desde julio de dicho año.

Los eventos de Mosso

En abril de 2019, Jorge Condeza, un empresario y ex concejal penquista que hoy dedica parte de su tiempo a fiscalizar servicios públicos de manera independiente, comenzó a investigar una serie de órdenes de compra emanadas desde las oficinas penquistas de ProChile que le resultaban sospechosas.

Después de unos meses pesquisando, presentó el 4 de julio una denuncia a Contraloría, Fiscalía y también a ProChile. El investigador ciudadano aseguraba que ProChile había realizado cuatro actividades en distintos espacios de la región, principalmente universidades, y que por estos se habrían generado pagos por cerca de $ 30 millones de pesos a dos productoras: Patricio Urrutia Producciones y XtremoSur. La irregularidad, según lo presentado por Condeza, es que los gastos corrían por parte de las instituciones que albergaban los eventos y no por las empresas contratadas ni por ProChile.

El 11 de septiembre del año pasado, el ex concejal penquista llegó hasta las dependencias de ProChile en Santiago para reunirse con la directora de Asuntos Jurídicos del organismo, Paulina Valderrama, y así pedirle una explicación de por qué no había novedades en la situación de Gino Mosso, director regional de ProChile, siendo que él les había entregado los antecedentes dos meses antes. Días después, el entonces director de la institución en el Bío Bío presentó su renuncia.

En octubre Radio Bío Bío publicó parte de la denuncia y el tema se conoció masivamente. En Aquella oportunidad, ProChile y el Gobierno Regional del Bío Bío aseguraron que investigarían el tema. Posteriormente Contraloría respondió el día 17 de aquel mes que auditaría la situación interna de ProChile, considerando en esto lo presentado por Condeza.

De las cuatro órdenes de compra denunciadas inicialmente por Condeza, cerca de $ 13 millones fueron a parar a Patricio Urrutia Producciones.

Uno de los hechos más llamativos en toda esta trama –y que ahora es revelado por INTERFERENCIA– es que existe una orden de compra que podría haber sumado $4 millones más a dicha productora pero que fue anulada misteriosamente. 

Esta corresponde a una actividad en la sede de Inacap en Los Ángeles, fechada para el lunes 8 de julio de 2019, cuatro días después de que Condeza enviara la denuncia a Contraloría, Fiscalía y ProChile en Santiago. El evento se realizó y asistieron funcionarios de ProChile. El enigma está en que poco tiempo después, el 15 de julio del año pasado, la orden de compra a favor de Patricio Urrutia fue anulada por algún motivo y por decisión del organismo de gobierno.

La boleta más alta

Con todos estos antecedentes resulta sorpresivo que el 3 de octubre de 2019 ProChile haya vuelto a contratar los servicios de Patricio Urrutia Producciones, considerando incluso que Gino Mosso ya estaba fuera del organismo desde septiembre y que Contraloría había recepcionado los antecedentes de Condeza en julio.

Llamativo también es el hecho de que la nueva orden de compra, correspondiente a $ 48 millones de pesos, haya sido ordenada desde Santiago con directa participación del director nacional de la entidad, Jorge O’Ryan, y no desde Concepción, como los casos anteriores. Tal como se mencionó al principio de este artículo, el mandamás de ProChile solicitó gestionar un plan de medios y propuso a esta productora, según consta en el memorándum 2427 (adjunto al final). 

INTERFERENCIA contactó el lunes a ProChile y desde la organización enviaron lo siguiente:

“En la administración pública, los procesos disciplinarios destinados a determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos son calificados como secretos hasta su conclusión.

La Ley de Compras Públicas tiene por objetivo asegurar la participación de todos los oferentes en igualdad de condiciones, por lo que los Ministerios y Servicios dependientes contratan los servicios de empresas vigentes en Convenio Marco, conforme a sus necesidades y las directrices de Compras Públicas.

A la fecha, el proceso disciplinario referido está en desarrollo”.

Vale destacar que la orden de compra de $ 48 millones no forma parte de la denuncia hecha por Jorge Condeza.

Nuestro medio contactó además a Patricio Urrutia Producciones, desde donde señalaron que debían revisar el caso con su contador. Hasta el cierre de esta edición no volvieron a contestar las llamadas.

Misma situación con Gino Mosso, quien fue contactado y no quiso dar declaraciones.

En tanto, fuentes de Contraloría afirmaron a este diario que las indagatorias en la denuncia inicial de Condeza ya concluyeron y que se está a la espera de la elaboración del preinforme.

Por su parte, Condeza dijo que presentará los antecedentes de la boleta de $48 millones a Contraloría dentro de esta semana.