El pasado 13 de enero, la Corporación de Educación de la Municipalidad de Santiago informó a los directivos de escuelas y liceos que administra–a través del oficio N°31– que se efectuarán en marzo descuentos retroactivos de hasta cinco años en los sueldos de los profesores, por rechazos de licencias médicas por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compín).

Los docentes de planta y contrata en la comuna de Santiago, a diciembre de 2019, llegan a al menos mil profesionales. Son estos los que podrían ver un descuento reflejado en su remuneración de marzo, puesto que la Corporación buscará retornar las platas que no ingresaron a sus arcas por concepto de rechazo de licencias médicas por parte del Compín, pero que sí fueron a la remuneración de los docentes.

El monto y la forma en que se hará el descuento de las platas es una incertidumbre para el gremio. 

De acuerdo al estatuto docente –un híbrido entre el Código del Trabajo y Estatuto Administrativo– al momento de tener una licencia, la remuneración se paga de forma íntegra y es la Corporación, la encargada de pagarle al funcionario. Luego Fonasa o alguna isapre debe reembolsar a la Corporación las licencias aceptadas y retener los montos de las que fueron rechazadas. En este último caso, es la Corporación la que debe tratar con sus empleados para ver el modo de cuadrar la caja.

El caso es que los docentes, al momento de recibir este oficio de la Corporación, se encontraban de vacaciones, y no sabían cuantas de sus licencias habían sido rechazadas, por lo que tampoco pueden apelar. Así lo estima Eduardo González, dirigente nacional del Colegio de Profesores, quien opina que la única alternativa que les queda a los docentes de Santiago es apelar a la Superintendencia de Seguridad Social para conocer la naturaleza del rechazo y así emprender las acciones pertinentes.

En el caso de Fonasa son seis meses el tiempo que tienen para apelar, mientras que en las isapres este plazo puede llegar a cinco años. Nadia Tobar, abogada de la Subsecretaría de Previsión Social, consultada por INTERFERENCIA en la línea de atención ciudadana, planteó que en este caso sería pertinente que la organización de profesores de Santiago solicite un pronunciamiento a Contraloría General de la Republica y a su vez se ingrese de forma particular cada caso a la Superintendencia de Seguridad Social.

A su vez el dirigente nacional del Colegio de Profesores, Eduardo González, quien ha estado trabajando de forma sectorial con los profesores afectados, dijo que esto le parecía una medida de presión ejercida por el alcalde Felipe Alessandri en contra de los docentes movilizados, tanto por el modo y las fechas que los deja sin defensa, como por cobrar una deuda de cinco años en solo un mes.

Por su parte, Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores, dice a INTERFERENCIA que se iniciará un trabajo con los abogados del magisterio para dar cobertura a las inquietudes de los profesores que lo requieran. El dirigente rechazó la medida municipal por encontrarla "nefasta" para el profesorado y coincidió con González en que esto “es claramente una medida de presión del alcalde Alessandri que siempre se ha mostrado en contra de los profesores que se encuentran movilizados desde el estallido social”.

El hecho de que el descuento anunciado para marzo no tenga un monto fijado, ni menos una forma de pago, lleva a que el Municipio deba pronunciarse sobre la manera en que solicitará dicho reembolso, ya que éste podría ser en algunos casos incluso superior a su propia remuneración. En este caso es una decisión administrativa que tendría que considerar bajar los perjuicios para los profesores pactando una forma de pago parcelada.

INTERFERENCIA intentó contactar a la Corporación de Educación de Santiago, pero hasta el cierre de esta edición no tuvo respuesta.