(*) Extracto de un trabajo publicado en la revista Tempo Social, Sao Paulo, Brasil, enero/abril 2019. Su título original es “Revisitando la elección de Allende en 1970: Lo que revelan encuestas aplicadas en la época”.
El sistema de poder en la “matriz clásica” de la época se caracterizaba por una estrecha vinculación entre lo político y lo socioeconómico, y en ese contexto, la legitimidad del régimen democrático se encontraba vinculada a las ideas y acciones orientadas a una justicia social. Ello significa que el régimen democrático gozaba de legitimidad aunque fuera instrumental, es decir, su apoyo por parte de los actores políticos y la población dependía de la capacidad del sistema sociopolítico de asegurar un orden socioeconómico justo.
En el período previo a la elección de Allende predominaba un consentimiento con respecto de las reglas del juego político, a diferencia de lo que ocurrió durante su presidencia, según ha sido ampliamente estudiado. La deslegitimación del régimen democrático o de la institucionalidad política era ajena al discurso de Allende y los partidos políticos de centro e izquierda. Había una activa expresión de demandas sociales, pero, al mismo tiempo, el sistema político generaba aceptación en la acción y las ideas de la gente. Sin embargo, el sistema también era criticado, al ser acusado por algunos desde la izquierda de constituir un mecanismo político formal que impedía las transformaciones o inculpado por sectores de derecha como generador de “politiquería” e ingobernabilidad, pero se trataba de amenazas potenciales a la legitimidad del sistema político y el régimen democrático, lejanas a la crisis que sobrevendría posteriormente.
Por otro lado, a nivel de la gente común y corriente, la participación ciudadana en el proceso eleccionario de 1970 fue un indicador del funcionamiento del proceso democrático. A fines de la década de 1950, aumentó masivamente la cantidad de votantes, debido principalmente al derecho a sufragio otorgado a las mujeres. Entre la elección presidencial de 1964 y la de 1970 se experimentó un relativamente fuerte incremento de los votantes, que crecieron en un 17%. Esto tuvo origen en una reforma de la ley electoral en 1962 que hizo obligatoria la presentación de un certificado de inscripción en el registro electoral para realizar trámites en organismos públicos, pero la consecuencia práctica fue un aumento de la participación político-electoral.
Fue después, durante el período entre 1970 y 1973, que perdió legitimidad el sistema de compromisos que se había ido construyendo en las décadas anteriores y se polarizaron las posiciones políticas. En términos exclusivamente politológicos, a la larga el centro político negó apoyo al gobierno y estableció una alianza con la derecha, la que cuestionó el funcionamiento del sistema democrático, con lo que el gobierno de Allende perdió respaldo en la opinión pública y esto facilitó la acción de los militares golpistas. La transición desde la legitimidad preelectoral del sistema democrático a la búsqueda de deslegitimización posterior del gobierno por parte de la derecha y la crisis del sistema de acuerdos democráticos durante el gobierno de Allende, es central desde una perspectiva histórica y plantea la interrogante sobre otras condiciones en el período previo. Si en el período de la elección presidencial de 1970 no hubo antecedentes directos de esa evolución posterior, la pregunta siguiente es si había aspectos distintos a lo estrictamente ligado a la legitimidad política que pudieran haber incidido en su deterioro en los años siguientes, durante el gobierno de Allende. Esto nos redirige a la pregunta sobre la justicia social que abordaremos enseguida.
La elección de 1970 fue disputada entre tres conglomerados políticos equilibrados en fuerza y el resultado electoral no representó un gran giro a la izquierda en comparación con el porcentaje de votación obtenido por Allende en la elección presidencial anterior donde también fue candidato, ni expresó tampoco una radicalización del electorado; en cambio, las propuestas de su programa sí involucraban una mayor radicalización. Allende fue elegido con sólo un 36% de los votos, pero agregando la votación del candidato de centro – Tomic – que también proponía realizar cambios socioeconómicos, ambos sumaron un 64% del electorado. El discurso programático tanto de Allende como del candidato demócrata cristiano de centro izquierda (Tomic) consistía de modo central en una crítica del orden socioeconómico, caracterizado como injusto y que en lo sustantivo no permitía una verdadera democracia. En elecciones anteriores había habido un equilibrio entre tres tercios del electorado correspondientes cada uno a una tendencia de derecha, centro e izquierda, pero en 1970 el centrismo estaba más alineado en posiciones favorables a cambios de fondo, de modo similar e incluso competitivo con la izquierda.
Se había establecido y legitimado un mecanismo de compromisos sociopolíticos formales e informales, que contribuía a que las desigualdades fueran criticadas como injustas, pero toleradas y aceptadas a cambio de políticas sociales y reformas en beneficio de un sector social u otro. Esto fue transformándose a lo largo de los años sesenta en un discurso, cristalizado en el período preelectoral a 1970, que tenía como un tema central no sólo una crítica a las desigualdades como injustas, sino que además las declaraba intolerables e inaceptables. Una doble convicción sobre la injusticia del capitalismo y el diagnóstico de su ineficacia, era compartida por la izquierda, parte del centro político – incluyendo su candidato presidencial – y por significativos intelectuales del mundo académico, coincidiendo en una sensación de crisis del sistema. Tomic, el candidato de centro, postulaba sustituir el agotado sistema capitalista y lo que denominaba el neo capitalismo a través de una “revolución chilena, democrática y popular”, orientada a establecer un “socialismo comunitario”. Por su parte, la propuesta programática de Allende implicaba desplazar a las clases dominantes de sus posiciones de poder económico. El cuestionamiento apuntó en 1970 al orden socioeconómico en su conjunto, más allá de políticas sociales específicas como había ocurrido en la matriz clásica del siglo XX. Es importante destacar que la crítica radical a la inequidad del orden socioeconómico era paralela al consentimiento hacia el sistema político democrático, y la aceptación de los gobernantes elegidos democráticamente, como se manifestó en la elección de 1970.
Los resultados electorales fueron elocuentes en cuanto a expresar un rechazo consensual a la injusticia del orden socioeconómico. A la primera mayoría obtenida por Allende se agregaba la votación obtenida por Tomic, sumando ambos casi dos tercios de los votos. Al mismo tiempo, los resultados electorales visibilizaron un aislamiento de la tendencia conservadora en el restante tercio de los votos, obtenidos por el candidato de la derecha. Había un apoyo electoral mayoritario a realizar cambios en el sistema socioeconómico en su conjunto, que ya no era justificado, aceptado, ni tolerado.
Esa votación expresaba un principio de justicia distributiva. Los votantes juzgaban quién se beneficiaba de qué recursos y en cuál cantidad, pero teniendo presente la evolución en los años posteriores, surge la interrogante de si era algo más lo que estaba en juego para la gente. Esto implica examinar cuál era su propia perspectiva, más allá de lo expresado en los resultados electorales. Una pregunta relevante es si la crítica radical al orden socioeconómico en los discursos políticos de la época se correspondía o no con una percepción de injusticia social en la gente corriente que pudiera potencialmente deslegitimar el sistema político si éste no cumplía las demandas.
La evaluación de lo justo y lo injusto implica para la gente poner en una balanza dos aspectos, por un lado, las ideas, expectativas, deseos, criterios y principios de justicia, y por otra parte, la caracterización de situación a la cual se aplicarían esas ideas. En este trabajo observaremos las aspiraciones que la gente común consideraba justas, frente a los problemas que percibía. Realizaremos un análisis comparativo de esas aspiraciones con el discurso político de la época, que criticaba fuertemente la injusticia social, a partir de un diagnóstico de las desigualdades sociales.
Aspiraciones de la población
Un equipo de sociólogos encabezado por Mario Hamuy asignó especial relevancia a incluir en los cuestionarios de las encuestas un ítem sobre los principales problemas del país, que formó parte de 20 de 28 encuestas aplicadas entre 1967 y 1970 de las que se conservan las bases de datos, más veces que cualquier otro ítem en las encuestas excepto datos sociodemográficos como sexo y edad. La forma habitual de plantearlo consistía en consultar a los encuestados “cuáles son los principales problemas que tienen los chilenos”, solicitando respuestas espontáneas. La mayor parte de las respuestas se referían a temas económicos, principalmente la inflación y el empleo, habiendo poca mención a políticas sociales prioritarias en la época o a la necesidad de cambios sociales, políticos y económicos de fondo.
Esas respuestas espontáneas y abiertas de los entrevistados se confirmaron en la encuesta de febrero de 1969, pero en esta ocasión Hamuy agregó por primera vez una pregunta cerrada en la que ofreció al encuestado cinco alternativas de solución a los problemas. Las alternativas incluían sólo las respuestas que habían sido más frecuentes en la serie de encuestas anteriores, descartando las restantes, lo cual permitiría establecer con precisión cuantitativa las prioridades de los encuestados. En especial, detener la inflación se había identificado como importante en los resultados de las encuestas anteriores y al incorporarla en una pregunta de alternativas, se haría viable establecer su prioridad para los encuestados con respecto de otros aspectos también relevantes y examinar su vínculo con las opiniones políticas, reforzando con esto último el aporte que habían hecho hasta entonces las encuestas de Hamuy.
La pregunta formulada se refería a cuál era en la opinión de cada cual el principal problema nacional, de modo similar a la pregunta abierta de las encuestas anteriores. Enseguida, el encuestado debía decidir entre las cinco alternativas formuladas en un sentido positivo, más como aspiraciones que como problemas.
Las dos primeras alternativas se referían a los problemas que predominaban en los resultados de las encuestas anteriores, expresándose ahora en la aspiración de “detener el alza del costo de la vida (inflación)” o bien de “asegurar trabajo a todos los chilenos”. Agregó un par de alternativas vinculadas a problemas que habían seguido en importancia cuantitativa a lo anterior, aunque en bastante menor proporción, apuntando en la nueva pregunta cerrada hacia las políticas sociales de “ofrecer más posibilidades de educación” y “solucionar el problema de la vivienda”. Una quinta y última alternativa postulaba la propuesta de “hacer la reforma agraria”.
De este modo, entre las alternativas no se incluyeron las grandes opciones del discurso político de la época como “hacer la revolución” o “superar el neocapitalismo”, lo que había sido escasamente mencionado por los encuestados en sus respuestas espontáneas a la pregunta abierta de la serie de encuestas anteriores, sino que se les solicitó priorizar aspiraciones que tenían como antecedente lo recurrentemente detectado como más frecuente en esas encuestas previas. Solamente una de las alternativas de la pregunta cerrada se refirió a un tema de intenso debate en el escenario político, la reforma agraria, que al igual que otros asuntos similares, había sido mencionado por una pequeña proporción de los encuestados en la serie de estudios anteriores, por lo que este ítem puede ser entendido una opinión sobre un tema político álgido que permite hacer comparaciones, a modo de variable de control, con las opiniones vinculadas a la experiencia de vida cotidiana.
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Las opciones ofrecidas al encuestado se referían a aspiraciones más que a expectativas, pues no se le consultaba sobre si estimaba posible lograr lo que deseaba en caso de ser elegido un candidato específico. Consistían en preferencias de los individuos basadas en sus deseos y creencias acerca de la trayectoria que debería seguir el país en el futuro.
Así, el análisis de las bases de datos de las encuestas nos permite una aproximación inédita, con precisión cuantitativa, a las aspiraciones de las personas frente a los principales problemas que percibían en el país, las que reflejaban sus sentimientos e ideas de justicia con respecto esos problemas. La pregunta de alternativas cerradas referidas a aspiraciones se aplicó en seis encuestas en Santiago durante el período preelectoral de 1969–1970, a muestras aleatorias que oscilaron entre 406 y 886 individuos. Además de la capital, la pregunta fue aplicada en dos encuestas en Valparaíso y Viña del Mar, con similares resultados, por lo cual la información basada en Santiago puede estimarse en alguna medida representativa de las principales ciudades del país. Pero en rigor los datos no permiten generalizar al conjunto del país más allá del diseño muestral circunscrito a ciudades específicas, por lo cual complementariamente utilizaremos otras fuentes de información.
Detener el alza del costo de la vida – la inflación – constituía la aspiración más importante para una amplia proporción de los encuestados, en promedio un 45% del total de los entrevistados de la serie de encuestas. Le seguía el anhelo de mejorar las oportunidades de empleo, con un promedio de 34%. Este orden de preferencias se repitió en una tras otra encuesta de Hamuy, excepto en una donde ambas aspiraciones estuvieron más equiparadas. En cuanto a la priorización en el empleo por una parte importante de los encuestados, debe tenerse presente que la tasa de desempleo era relativamente moderada, cercana a un 6%, por lo que posiblemente se referían de un modo general tanto a la cantidad como a la calidad del empleo. Comparativamente, las principales políticas sociales y la transformación de la propiedad privada agrícola, constituían las aspiraciones de un proporción baja de los encuestados – residentes urbanos –, en promedio inferiores a diez puntos porcentuales.
La relevancia asignada por las personas a la inflación era justificada: durante la década de los años 1960 se experimentó un aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios en el mercado y en 1970 el índice de precios se elevó en un 30%. La disminución del poder adquisitivo convertía a la inflación en la aspiración principal de las personas, mientras en contraste, la confrontación a quienes concentraban el capital económico, las compañías norteamericanas dueñas de las minas de cobre, los grandes empresarios y los terratenientes – “latifundistas” –, constituía un foco central del programa gubernamental de Allende. Estos sectores resultaban directamente identificables como oponentes de características particularistas, “culpables” de los problemas de acuerdo al programa de la Unidad Popular. Los discursos políticos y específicamente los discursos programáticos de los tres candidatos presidenciales, establecían un vínculo entre problemas socioeconómicos a nivel de la sociedad, con un otro generalizado y opuesto, los grupos dominantes – o en el caso de la derecha, la culpabilización atribuida genéricamente a la “politiquería” –, lo que hacía difícil para la gente común comprender y juzgar la naturaleza compleja de fenómenos como la inflación.
A diferencia de la prioridad que para los encuestados tenía la disminución del alza de precios, el efecto distributivo de la inflación recibía una atención poco relevante en el programa de Allende, ésta era categorizada de modo general como un fenómeno “humano” en el programa de centro de Tomic y como una situación que “empobrece a todos” indistintamente y “no favorece a las empresas” según el programa de derecha de Alessandri. El programa de Allende indicaba que la inflación “obedece a causas de fondo relacionadas con la estructura capitalista de nuestra sociedad” y en consecuencia postulaba que enfrentarla era un asunto que “se decide esencialmente con los cambios estructurales”. En el discurso programático de los candidatos presidenciales estaba lejos de establecerse un estándar, por ejemplo, acerca de lo que sería justo en cuanto al sistema de precios.
De este modo, la acción política y el discurso sobre la justicia social a nivel nacional eran relativamente independientes de lo que los individuos percibían como problemas directos y vividos cotidianamente, la inflación y el empleo en una medida algo menor, que constituían sus aspiraciones. Como consecuencia, a nivel de los individuos más que una crítica radical a esas injusticias experimentadas cotidianamente, se abría camino una resignación y aceptación de las desigualdades asociadas a esos problemas centrales para las personas.
Aspiraciones y desigualdades sociales
Hasta aquí hemos examinado de un modo general las aspiraciones de los encuestados, pero más allá de un promedio, es importante preguntarse qué estaba en juego para diversos sectores de la población y nuevamente, tanto los resultados electorales como las encuestas permiten aproximarse a una respuesta.
Comenzando por los resultados electorales, en el contexto de una sociedad marcada por valores tradicionales y donde una pequeña proporción de las mujeres realizaba actividades laborales remuneradas, no es de extrañar que hubieran marcadas diferencias de género en las preferencias políticas de la época. Los resultados de la elección presidencial 1970 en el Gran Santiago por sexo muestran que un 41% de los hombres votó por Allende, mientras los demás candidatos obtuvieron porcentajes menores entre los votantes de sexo masculino. En cambio, entre las mujeres la votación por Allende fue bastante menor, sólo un 29% de ellas. Sumando las votaciones de Allende y Tomic, en forma agregada obtuvieron más apoyo entre los hombres que entre las mujeres. Esto parece correlacionarse con un mayor grado de conservadurismo con respecto del rol de las mujeres. En una encuesta aplicada por Hamuy en 1970, ante la pregunta de si la mujer debe participar en política o dedicarse a sus labores de dueña de casa, esta segunda alternativa fue la respuesta de un 54% de las mujeres y la opinión de los hombres no difería demasiado.
Las agudas desigualdades sociales en la época se expresaban también en diferencias en el espacio territorial de la ciudad, donde los sectores sociales marginalizados habitaban principalmente en un anillo urbano alejado del centro. A partir de una distinción de zonas de residencia en la ciudad de Santiago según la composición socioeconómica en la época, es posible distinguir tres estratos, medio-alto, medio-bajo y bajo, al interior de los cuales los resultados de la elección presidencial de 1970 fueron marcadamente diferenciados. Entre los habitantes del sector bajo, un 44% de los votantes apoyó a Allende, mientras los demás candidatos obtuvieron votaciones bastante menores. A la inversa, su votación entre quienes residían en el sector medio-alto fue de solamente un 23%, pero la disputa era más equilibrada entre quienes habitaban en el sector medio-bajo. Considerando la suma de las votaciones de Allende y Tomic, de modo agregado obtuvieron un 71% de los votos en el sector bajo, decreciendo en el estrato medio-bajo y alcanzando sólo un 48% en el medio-alto. Había por lo tanto una correlación entre la votación y la estratificación social.
Más allá de los resultados electorales, las encuestas del equipo de Hamuy ofrecen la posibilidad de conocer mejor la relación entre aspiraciones, votación presidencial y desigualdades sociales. Las preguntas abiertas en los años anteriores acerca de aspiraciones de la población habían mostrado una y otra vez que las respuestas de los encuestados se centraban en asuntos de su experiencia de vida cotidiana, más que en políticas sociales o en el debate político sobre cambios socioeconómicos de fondo, de acuerdo a lo registrado en las bases de datos de esa serie de encuestas. Por lo tanto, creemos que al convertir la pregunta abierta en una de alternativas cerradas, lo que buscaba el equipo de Hamuy no era descubrir la relevancia de las aspiraciones cotidianas en comparación con los discursos políticos, sino establecer con precisión cuantitativa si habían diferencias en las opiniones de los encuestados dependiendo de sus características socioeconómicas.
Las encuestas aplicadas por Hamuy permiten estudiar más a fondo las aspiraciones y preferencias electorales de los individuos, en el contexto de las desigualdades sociales existentes en la época. Utilizamos para ello específicamente la base de datos de la encuesta de agosto 1970, altamente confiable en cuanto a las preferencias de voto, pues en los resultados electorales posteriores se registraron votaciones muy similares para los candidatos en la ciudad de Santiago. Analizamos los datos utilizando la técnica estadística del análisis de correspondencias múltiples, que en la época todavía no se había desarrollado, el cual permite resumir una gran cantidad de datos de tablas de frecuencia. A partir de ese entrecruzamiento de datos, el análisis de correspondencias múltiple en nos permite identificar la forma en que se asocian la aspiración principal y el candidato presidencial por el cual votará el encuestado, vinculando esto además con características socioeconómicas centrales de cada uno; es decir, dos individuos encuestados se parecen si tienen casi las mismas respuestas a esas preguntas y similares características socioeconómicas.
El estrato social medio-alto y medio-bajo de los encuestados se correlaciona marcadamente con la variable referida a una aspiración en particular, sea ésta educación o disminución de la inflación Además, el estrato social se correlaciona fuertemente con la preferencia por algunos de los candidatos.
Lo anterior permite observar cuatro tipos de encuestados. Un primer tipo estaba conformado por integrantes del estrato medio-alto y en una alta proporción se trataba de personas que respondieron la encuesta señalando que ante todo valoraban la educación, pero entre ellos había un bajo consenso en cuanto a la preferencia por uno u otro candidato. Un segundo tipo de encuestados, más jóvenes y heterogéneos en cuanto a su posición socioeconómica, era cercano al candidato Tomic y asignaba mayor importancia relativa a ampliar las posibilidades de empleo y a la reforma agraria. En tercer lugar, quienes integraban el estrato medio-bajo, especialmente mujeres en su mayoría dueñas de casa y personas de 41 o más años de edad, priorizaban la solución del problema de la inflación y tendían a preferir a Alessandri.
Un cuarto tipo de encuestados, integrantes del estrato bajo y con bajo nivel educacional, no asignaba especial relevancia a una u otra aspiración particular, diferenciándose en esto del estrato medio-bajo. En comparación con este último estrato, un elevado porcentaje también consideraba que disminuir la inflación era su anhelo principal, pero en forma menos marcada. El mayor apoyo a la candidatura de Allende se situaba precisamente entre estas personas residentes en zonas de estrato bajo, predominantemente sectores urbanos pobres o marginales, con aspiraciones generales más que particularistas, al mismo tiempo que eran más lejanas a su candidatura la clase media-baja y las dueñas de casa.
En resumen, había una relación entre características socioeconómicas de las personas, las aspiraciones para el futuro del país y sus preferencias electorales, lo que se expresaba de manera diferente entre tipos de encuestados. La clase media-alta coincidía en asignar especial importancia a ampliar la educación, pero su apoyo electoral estaba dividido entre los tres candidatos; esto último es consistente con la afirmación de que la confrontación política tenía lugar sobre todo entre élites, con un discurso común que apelaba a la transformación y modernización aunque con significados diversos y opuestos - Esto ocurría en un estrato medio-alto de nivel educacional superior que estaba dividido en su apoyo a los candidatos. Mejorar el empleo era especialmente relevante para los más jóvenes y para los votantes del candidato de centro. Los encuestados de clase media-baja, principalmente dueñas de casa, aspiraban sobre todo a detener la inflación y tendían a votar por el candidato de derecha.
Como hemos señalado, los más desposeídos eran la principal base de apoyo de Allende y sus anhelos tenían un carácter menos particularizado, es decir menos vinculados a los problemas específicos de su condición, si los comparamos con otros estratos sociales. Esa adhesión política puede interpretarse, así, como el resultado de años de vínculo de los partidos de izquierda con sectores populares, lo que habría cimentado en éstos una confianza en que su candidato presidencial se haría cargo de sus demandas. En ese sentido una prolongada historia de vínculo entre la izquierda y las demandas sociales generaban confianza suficiente para el apoyo a ideas generales de justicia y cambio social, lo que hacía innecesario un discurso político en torno a ciertos temas de interés particular en el caso de sectores populares, lo que era más problemático en el caso de la clase media baja.
El contexto
Hacia fines de la década de 1960, prevalecía en el país un clima de agitación social y política, aumentando las huelgas de trabajadores urbanos y de campesinos, así como los movimientos reivindicativos de pobladores urbanos, en comparación con los años previos. Sin embargo, esa movilización era en parte conducida por partidarios de los candidatos de izquierda y de centro, sin ser considerada una amenaza para el régimen democrático y el sistema político establecido.
Los resultados de las encuestas en la capital del país posiblemente se extendían a las demás ciudades, pero en algunas zonas los problemas y aspiraciones de la gente eran de otro tipo. En zonas rurales y agrícolas, una ley sobre sindicalización campesina dictada en 1967, conjuntamente con la ley sobre reforma agraria, permitió la constitución de sindicatos y la presentación de demandas, expresando aspiraciones que antes no habían sido planteadas.
Así por ejemplo, en las zonas rurales de las provincias de Osorno y Llanquihue, se constituyeron sindicatos en casi todas las comunas de esas provincias y la mayor parte de las demandas que se plantearon en 1969 y 1970 estuvieron focalizadas en problemas laborales y salariales, más que en la propiedad de la tierra agrícola. Estas demandas campesinas, de orientación distributiva y de cambio en las relaciones de trabajo, más que de transformación de la propiedad agrícola, fueron inesperadas y estaban fuera del debate político nacional. El programa gubernamental de Allende no hacía mención a ellas, sino a la necesidad de una reforma agraria que terminara con las grandes propiedades agrícolas – los “latifundios”. En todo caso, la votación de los candidatos de centro e izquierda en las comunas rurales de Osorno alcanzó al 61% – en mayor proporción para el candidato de centro –, un porcentaje superior al que obtuvieron en la ciudad de Osorno, que indicaría una cercanía de la población campesina y rural con esos candidatos.
Lo anterior constituye un indicio de que en 1970, diversos sectores de la población ponían en tela de juicio la distribución de los beneficios en el marco del orden socioeconómico, pero eso ocurría de modo fragmentado, en espacios específicos de interacción social y en forma relativamente desconectada entre un grupo y otro. Por ejemplo, en las zonas agrícolas y rurales, donde los campesinos tenían una escasa capacidad de consumo de bienes producidos en zonas urbanas, fueron puestas en cuestión las relaciones de trabajo con los propietarios agrícolas, mientras en las ciudades la disminución de la inflación era la aspiración más relevante para las mujeres dueñas de casa, quienes veían amenazada su capacidad de consumo.
Adicionalmente, algunos de los segmentos sociales involucrados en problemas específicos, como las dueñas de casa con respecto de la inflación y las mujeres en general, así como los sectores urbanos pobres o marginales y los campesinos, eran escasamente reconocidos y valorados como actores dentro del orden socioeconómico de la época. Sus aspiraciones asociadas a los problemas que experimentaban cotidianamente, eran tematizadas como secundarias en el discurso programático de los actores políticos a nivel nacional, sin proporcionar una interpretación de esas aspiraciones en torno a los principios centrales de justicia social que se declaraban.
A pesar de esa desconexión de lo que era experimentado en la vida cotidiana en comparación con los discursos programáticos, la adhesión a un candidato u otro y a partidos políticos indica que la gente esperaba que sus representantes darían satisfacción a sus aspiraciones. De un modo más general, resulta útil considerar la distinción entre dos tipos de apoyo político, uno difuso orientado hacia valores y en el largo plazo, en contraste con un apoyo de tipo específico, orientado hacia asuntos concretos e inmediatos. El apoyo de los electores para Allende y el candidato de centro, era la expresión de un apoyo difuso más que un apoyo específico orientado a la satisfacción de expectativas ligadas a su experiencia personal e inmediata. El léxico del “socialismo” o la “justicia” en el discurso de los candidatos presidenciales de centro e izquierda convertía en fines últimos las aspiraciones más concretas de uno u otro sector de la población. Sin embargo, aunque había un aparente ajuste con los discursos ideológicos, estas aspiraciones permanecían latentes desde hacía ya varios años y posiblemente continuarían subyacentes en el tiempo venidero.
Lo examinado hasta ahora permite aproximarnos a responder la interrogante de si en 1970 había una crisis de consentimiento en torno a las reglas del juego político y si el orden socioeconómico había dejado de ser justificado. La legitimidad política y la justicia social estaban relacionadas, de modo que ello incidía no sólo en lo que ocurría a nivel macro o societal, sino que esto se interrelacionaba con el nivel micro de los individuos y sus relaciones sociales. La experiencia individual y grupal de desigualdades sociales que generaban aspiraciones pero sin que éstas fueran directamente representadas como injusticia social a nivel societal, moderaba una crítica del orden socioeconómico.
Ese orden era en alguna medida criticado por la gente, pero por razones diferentes a los discursos formulados por parte de los conglomerados políticos y en forma fragmentada en diversos focos. Debido a que había una identificación de aspiraciones focalizadas, pero sin referencia a creencias colectivas sobre lo injusto, las desigualdades involucradas tampoco eran categorizadas como injusticias sociales que determinaran poner en tela de juicio el orden socioeconómico ni que erosionaran la legitimidad de las reglas del juego político. Estas últimas no sólo eran toleradas, sino que gozaban de una fuerte aceptación por parte de los individuos, como se manifestaba en la creciente participación electoral. Posiblemente, la expectativa difusa de soluciones desde el sistema político con respecto de aspiraciones socioeconómicas específicas, reforzaba la legitimidad de las reglas del juego político, al mismo tiempo que su legitimización atenuaba la representación de injusticias sociales con respecto de los problemas y aspiraciones en la vida cotidiana de las personas.
También es importante contextualizar las encuestas analizadas en la evolución posterior, cuando Allende fue elegido presidente. Desde el primer momento, la derecha inició una estrategia de deslegitimación del gobierno, que culminó en el quiebre de la democracia en 1973. Al mismo tiempo, la elección de Allende como presidente acentuó la expresión de aspiraciones sociales, amplificando un ciclo de acción colectiva que incluyó la ocupación de fábricas por sus trabajadores, terrenos urbanos por los sin casa y propiedades agrícolas por parte de campesinos e indígenas. La multiplicación de ideas y sentimientos de injusticia a nivel de individuos y grupos se agregó al proceso político. Las expectativas de mayor justicia social pusieron a prueba la legitimidad del sistema político establecido. Gradualmente, se intensificó una ideologización y una polarización entre dos posturas políticas, que a la larga serían utilizadas por la derecha para justificar el golpe militar de 1973 pretextando la ilegitimidad del régimen democrático.
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