Mañana sábado la UDI realizará sus elecciones internas de directiva, las cuales definirán si el partido histórico de la derecha chilena será liderado por el ex ministro del Interior, Víctor Pérez, o por el diputado Javier Macaya. Pero hay algo que no deja de resonar en el ambiente de estas votaciones, y es quién o quiénes impidieron que Pablo Longueira pudiera postularse al máximo cargo del gremialismo.
El pasado 19 de noviembre The Clinic informó que el ex senador y fundador de la colectividad se encontraba inhabilitado para votar en las futuras elecciones y también para ser candidato, según constaba en el sitio web del Servicio Electoral (Servel). Esto porque actualmente se encuentra ad portas de enfrentar un juicio oral en el caso SQM, por el delito de cohecho (en la misma causa ya fue sobreseído por el delito tributario que se le imputó).
“A menos de 24 horas de inscribir mi candidatura para presidir la UDI, he tomado conocimiento de que el SERVEL me ha inhabilitado para votar y, por tanto, para poder ser candidato. Fui acusado por la Fiscalía en julio del año 2018, hace más de 2 años, desde entonces he votado en todas las elecciones, como fue de público conocimiento en el reciente plebiscito. Exijo que me digan qué fue lo que cambió ahora, a menos de 24 horas de inscribir mi candidatura, para tomar esta decisión. Está claro que quienes urdieron esta vergonzosa maniobra no me conocen. Yo mismo advertí, hace ya varios días, de los intentos de bajarme por secretaría. El tiempo se encargará de desenmascarar a los articuladores de esta oscura operación”, dijo Longueira a través de un comunicado el mismo día en que se conoció su situación.
No era menor que Longueira asumiera la presidencia del partido, considerando que sus opiniones recientes marcan una postura muy distinta al statu quo del partido. Por ejemplo, bajo la tesis de que había que defender la actual constitución desde dentro de una convención constituyente, apostó por el Apruebo en el plebiscito del pasado 25 de octubre, mientras la colectividad hacía campaña por el Rechazo.
Al interior de la UDI se sigue hablando del tema de Longueira y con ganas, también calificando esto como una “operación”. Más allá de si el ex senador es culpable o no en el caso SQM, la sospecha se funda en que fue justo ad portas de las elecciones internas que el Servel lo inhabilitó y no en 2018, cuando fue acusado del delito de cohecho.
Una alta fuente del Ministerio Público que conoció de cerca las actuaciones de la Fiscalía en el caso SQM, dijo a INTERFERENCIA fuera de micrófono: “Esto es muy raro. La ley dice que se debe inhabilitar a quien esté acusado de un delito que merezca pena aflictiva (3 años y 1 día) y a Longueira se le acusó en julio de 2018 por cohecho solicitando una pena de 818 días, la pena más alta en ese momento, por lo tanto no se pidió su inhabilitación para votar. Si después se aumentó la pena para este delito, retroactivamente debería aplicarse la norma que beneficie al reo”, mencionó.
Efectivamente, en noviembre de 2018 se publicó la ley que aumentó las penas al delito de cohecho y ahora se arriesga hasta diez años de cárcel. Ante esto, si se considera lo dicho por la fuente del Ministerio Público respecto de la retroactividad, no se debió inhabilitar a Longueira, o en caso contrario, se le debió inhabilitar en noviembre de 2018 y no en noviembre de 2020. De hecho Longueira votó en las elecciones internas de la UDI de 2018 y también en el plebiscito de este año.
En varios sectores de la UDI sigue la certeza de que esto fue una operación y todo apunta a que este caso enfrentará fuertemente a un partido que ya venía de un quiebre interno por peleas de liderazgos internos. El tema es que aún no se encuentra el arma ni quién apretó el gatillo.
Una operación sofisticada y por sorpresa
INTERFERENCIA conversó con distintas fuentes de la UDI, desde asesores de autoridades hasta militantes de base, quienes fueron aportando datos que permiten reconstruir parcialmente lo ocurrido.
Según el artículo de The Clinic que dio a conocer la inhabilitación de Longueira, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago incluyó al representante de la UDI en una lista de personas que tienen sus derechos suspendidos –entre ellos también figura el progresista Marco Enríquez-Ominami–, y que esta habría sido enviada al Servel y al Tribunal Supremo de la UDI.
Las fuentes que hablaron con nuestro medio señalaron que este organismo interno del partido gremialista se enteró de la situación de Longueira antes que The Clinic publicara. Se presume que habría sido el miércoles 18 de noviembre y que durante esa noche los integrantes del Tribunal Supremo –Carlos Astete, Juan Eduardo Ibáñez, Ernesto Illanes, José Miguel Olivares y Andrés Serrano–, se reunieron para analizar la situación. En esta cita habrían determinado no informar a ninguno de los involucrados.
Al día siguiente, horas antes que The Clinic revelara la información, la actual presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, recibió un llamado que le informó que dicho medio de comunicación tenía antecedentes de que Longueira fue inhabilitado por el Servel y que el Tribunal Supremo del partido sabía de esto. Ella quedó estupefacta, cuentan las fuentes, no sabía nada de esto y decir que estaba molesta es poco.
Ella misma se contactó con Longueira, quien tampoco sabía la situación que le afectaba. Después de esto el ex senador no tuvo más que hacer, así que contactó a Víctor Pérez para juntarse a comer y contarle lo sucedido. La reacción del ex ministro del Interior fue similar a la de Van Rysselberghe, por lo que no dudó en acceder a lo que le pedía su compañero de partido y asumió la presidencia de la lista que competirá este sábado en la interna.
Quienes conocen más de esta situación dijeron a INTERFERENCIA que la operación habría resultado a medias, puesto que según sus conclusiones la idea era que Longueira no se enterara sino hasta llegar al Servel y quedar en ridículo frente a la militancia y los medios de comunicación, lo que habría dejado sin tiempo a la lista de buscar a otro candidato a presidente, dejando a la vez a la lista contraria –liderada entonces por la diputada María José Hoffmann– como ganadora de forma automática.
A raíz de esto último existe la sospecha entre algunos gremialistas de que un sector del Tribunal Supremo podría haber sido parte de la operación. Aunque también estiman que ellos no serían los gestores, sino que serían otros personajes con mayor poder quienes habrían liderado la maniobra, considerando que en esta hubo acciones del Octavo Juzgado de Garantía y el Servel. Sobre este último, INTERFERENCIA contactó al consejero del Servel Andrés Tagle –hombre vinculado a la UDI–, para conocer su versión desde el organismo sobre lo sucedido con Longueira, pero dijo que él ya no es militante del partido y que no puede referirse a esos temas puesto que son reservados por ley.
Entre las especulaciones varios descartan a Hoffmann porque “no tiene los contactos”. Sin afirmar, deslizan que podría ser desde La Moneda, dada la histórica enemistad entre Sebastián Piñera y Longueira, aunque también ponen en duda la capacidad del mandatario en este momento. Por otro lado mencionan a Andrés Chadwick, puesto que éste recibió críticas de Longueira durante los primeros días del estallido social.
Lo que sí, las fuentes creen que esto impactó tan fuerte a la interna del partido que vuelve favorable el escenario para un triunfo de Pérez en la elección del sábado, pero que en paralelo, existe la posibilidad de que la fase 2 instaurada en la Región Metropolitana asuste a varios militantes de algunas comunas a la hora de ir a votar, permitiendo que Javier Macaya movilice a una alta cantidad de personas en el sector oriente, donde es su fuerte.
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