“En Chile, los dirigente sindicales, estudiantiles y  sociales, vivimos una situación de amenaza. Los grupos fácticos y los poderes económicos ejercen su poder en todas sus formas y no descartamos que existan manos oscuras detrás de la muerte y los amedrentamientos que han afectado a distintos dirigentes sindicales”.  Con estas palabras, Nolberto Díaz, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) definió el ambiente que perciben al interior del mundo sindical.

El dirigente, agrega que tanto en la Central, como en Enap, donde es representante, han recibido distintas amenazas, “las que han sido denunciadas ante la fiscalía y la Corte de Apelaciones, con sus respectivos recursos de protección”, asegura.

El 8 de mayo de 2018, la CUT denunció ante Carabineros la agresión que sufrió su presidenta y militante del Partido Comunista, Bárbara Figueroa,

Sin ir más lejos, el 8 de mayo de 2018, la CUT denunció ante Carabineros la agresión que sufrió su presidenta y militante del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien fue interceptada cerca de la sede de la multisindical por sujetos anónimos.

A esta situación, se le suman entre agosto de 2018 y enero de 2019, al menos otros cinco casos de dirigentes sindicales que fueron amenazados en medio de negociaciones y conflictos laborales con su empresa (Ver reportaje Dirigentes sindicales: Amenazados).

Ya no se puede hablar de hechos aislados. Representantes sindicales y el mundo político, de distintos sectores, se cuadran en contra de la violencia y rechazan todo tipo de amedrentamiento en contra de las organizaciones sociales.

Nuevos Casos

“Esta situación es preocupante. La semana pasada nos reunimos con un dirigente de nuestra región que fue amenazado y hemos escuchado otros casos”, afirmó la diputada por el distrito 7, Camila Rojas.

La parlamentaria del Frente Amplio (FA), puntualizó que es “indispensable” investigar y aclarar los casos denunciados: “la organización social hoy se está viendo amenazada y no le podemos hacer la vista gorda a estas situaciones”.

En la misma línea de Rojas, la diputada Gael Yeomans (FA), perteneciente a la Comisión de Trabajo de la Cámara, manifestó que han conversado y recibido a distintos dirigentes sindicales, “quienes nos han manifestado su preocupación, sobre todo después de la muerte de Alejandro Castro que tiene como antecedente el caso de Macarena Valdés, también muerta en extrañas circunstancias”.

"La semana pasada nos reunimos con un dirigente de nuestra región que fue amenazado y hemos escuchado otros casos”, afirmó la diputada por el distrito 7, Camila Rojas.

La congresista se refirió al caso del dirigente sindical y representante de los pescadores artesanales de Quintero, que apareció la madrugada del 4 de octubre colgado a un costado de las líneas del tren en Valparaíso, luego de su mediática participación en el conflicto socioambiental que sacudió el sector de Puchuncaví y Quintero.

Tras la pérdida, la familia y los amigos de Castro, declararon públicamente que el sindicalista había recibido amenazas durante el periodo de movilizaciones.

Dos años antes del deceso de Castro, fue encontrada en su casa, el cuerpo sin vida de la activista medioambiental Macarena Valdés, quien había asumido una disputa territorial junto a la comunidad mapuche Newen de Tranguil.

En un comienzo, la autopsia del Servicio Médico Legal determinó que su muerte había sido producto de un suicidio, pero una segunda pericia, encargada por la familia, descartó esta tesis. Hasta el día de hoy, su caso no ha sido dilucidado.

“Lo que sucedió con Castro o yendo aún más cerca, lo que ocurrió con Catrillanca, que era un dirigente social mapuche, nos dice que acá no estamos hablando de un caso. Todos conocemos el montaje que ocurrió con la operación Huracán. Entonces podemos decir, que tenemos antecedentes de que pasan cosas con los dirigentes sindicales”, afirma Díaz de la CUT, quien también se vio envuelto en un episodio que involucró amenazas.

El 18 de marzo 2013, de acuerdo a los registros de prensa, el abogado de la CUT, Rubén Jerez, ingresó un recurso de amparo preventivo para el “cese de las amenazas de detención”, acusando al alcalde ex alcalde de San Ramón, Miguel  Aguilera y al entonces concejal Julio Soto Martínez. De acuerdo a información que reveló Ciper, el secretario general de la CUT, estaba entre los amenazados.

Reacciones en el Congreso

Respecto a las denuncias publicadas por INTERFERENCIA, la diputada Yeomans cree que “existe un peligro real, latente” y agrega que es necesario revisar esta realidad en el Congreso y evaluar las distintas posibilidades que tienen para poder ayudar a enfrentar estos casos.

“Aún no lo hemos conversado con otros diputados, pero voy a tocar el tema en la comisión. Necesitamos gestionar medidas para reaccionar. Una opción es tener alguna sesión en la Comisión de Trabajo, secreta, para poder escuchar los testimonios de los trabajadores y así también tomar medidas en particular”, comenta Yeomans.

En el caso de los tres dirigentes de Codelco que sufrieron situaciones de amaneza, de acuerdo a la información recaba por INTERFERENCIA, la diputada Yeomans dice que “entiendo que la empresa no ha respaldado la acción judicial de los trabajadores y al ser una institución del estado, debería tener una mayor preocupación y respaldar a sus trabajadores. En eso al menos, podemos hacer gestiones para presionar y ver lo que está sucediendo”.

“Aún no lo hemos conversado con otros diputados, pero voy a tocar el tema en la comisión. Necesitamos gestionar medidas para reaccionar", comentó la diputada Yeomans. 

No tan solo desde el mundo sindical y la izquierda rechazaron la violencia y los amedrentamiento en contra de estos dirigentes.

El diputado UDI, miembro de la Comisión de Trabajo, Patricio Melero, afirmó que “hay que desterrar toda forma de violencia y buscar siempre en las relaciones laborales, en las negociaciones que se llevan, el entendimiento, más que el enfrentamiento y si hay delitos eventuales, por amenazas, tienen que ser denunciadas, investigadas por la Fiscalía y si se comprueba su veracidad y los responsables, tienen que ser ejemplificadoramente sancionados”.

Sobre realizar acciones al interior de la Cámara, el parlamentario gremialista afirmó que “yo creo que la Comisión de Trabajo puede meterse en el tema si esto se transforma en una conducta permanente, colaborando, recogiendo antecedentes que posteriormente sean remitidos a la justicia. Por el momento, los sindicatos tienen plena autonomía para hacerlo y tienen los elementos adecuados para actuar”.

Hasta el cierre de la edición, Codelco aún no respondía las preguntas realizadas por este medio, para conocer las acciones que han llevado a cabo ante las amenazas que han recibido tres de sus dirigentes.

Clima laboral deteriorado

Para el senador Alejandro Guillier, miembro de la Comisión de Minería y Enegía, los hechos son "graves y requieren ser investigados a fondo". El senador asegura que se han solicitado oficios y que -si los amedrentamientos no cesan- "no descarto plantear la necesidad de un fiscal especial para estos casos".

Según el senador, la Comisión ha advertido del deterioro en el clima laboral en el que es posible casos como los reportados por INTERFERENCIA, al menos en las empresas públicas. Según Guillier, hay preocupación por el punto, por lo que la Comisión tuvo una de sus sesiones en Calama para abordar el caso de Codelco.

"Hay un estilo que empieza a preocupar, tanto en Codelco como Enap. Antes los trabajadores se consideraban parte de la estrategia de las empresas y hoy no es así", sentenció Guillier.