Buenos Aires, diciembre de 2017. Un paro nacional sazonado con una batalla campal entre policías y manifestantes. Los planes del presidente Mauricio Macri de reducir el gasto público en pensiones se estrellan contra la resistencia dentro y fuera del Congreso Nacional. Nadie lo sabe en ese momento, pero es el anticipo de la crisis que se cocinará en los siguientes dieciocho meses y que hoy tiene de regreso a Cristina Fernández como opción presidencial.
Valparaíso, mayo de 2019. La Cámara de Diputados aprueba legislar a partir del proyecto de Ley que modifica el sistema previsional. Activistas y ciudadanos indignados insultan a los legisladores de gobierno y oposición (sobre todo a estos últimos) que votaron a favor de la iniciativa. Un exaltado Gino Lorenzini, emprendedor tecnológico acreditado como periodista, advierte que al país lo han vuelto a engañar y que los únicos ganadores serán los hijos de Sebastián Piñera. Recure a una frase muy chilena que vincula el sexo masculino y el ojo. Quizá debió citar a Charly García: en materia previsional nos siguen (y nos seguirán) pegando abajo.
Estas dos imágenes, la de Buenos Aires y la de Valparaíso, ilustran las diferencias y similitudes entre dos sistemas jubilatorios diametralmente opuestos, pero similares en su inviabilidad de largo plazo. De un lado de la cordillera, un sistema de reparto oneroso para empleadores y para el fisco. Del otro (el de acá), un sistema de capitalización individual oneroso para cada sujeto.
Ni felices ni forrados
El camino de este proyecto de reforma no ha sido corto. El gobierno anterior elaboró su propia versión: hubiese incrementado el ahorro obligatorio para la jubilación en un 5% de los ingresos brutos del trabajador, con cargo al empleador y administrador por un ente fiscal. El incremento se iba a distribuir entre la cuenta individual y un fondo solidario a la manera de un sistema de reparto.
Piñera ganó las elecciones el mismo día en que Macri se estrelló contra el muro previsional. Una vez instalado el presidente chileno en el gobierno mandató al ministro Felipe Larraín a extirpar todo asomo socialdemócrata de la reforma previsional. La propuesta del ejecutivo dijo adiós al ente estatal y redujo el incremento de la cotización a un 4%. Mantuvo el costo del lado empresarial, pero le dejó toda la gestión a las AFP. Como la oposición porfió por excluirlas, al final se llegó al frankestein en que se ha transformado el proyecto, en el que un organismo público decidirá qué entidad financiera privada administrará ese 4%, pudiendo ser, desde luego, una AFP, pero también otros agentes financieros como gestoras de fondo, aseguradoras, etc.
Porcentajes más o menos, el resultado solo implicará un cambio marginal en las pensiones que se paguen en el futuro. Esto por una serie de motivos complejos y dinámicos que se refuerzan entre sí.
De partida, el 4% adicional no se hace cargo del gran problema de fondo: los períodos de desempleo en los que la persona no ahorra nada, o los drásticos cambios que sigue experimentando la fuerza laboral, donde no es claro que el contrato indefinido sea la forma principal de relación laboral en el futuro, siendo la principal fuente de recaudación de los dineros destinados al ahorro para pensiones.
Peor aún, ese 4% adicional con cargo al empleador actuará como un incentivo a informalizar una parte de la renta bruta de los asalariados.
El mecanismo operará así: si usted es un empresario y le encarecen la planilla laboral en un 4%, buscará maneras de cargarle al menos una parte del incremento al propio trabajador. Por cada persona que gane 500.000 pesos líquidos al mes, el empleador tendrá que poner unos 32.000 adicionales al sueldo bruto para cumplir con el 4% extra de cotización. En cambio, si le ofrece reducir el líquido a 400.000 y pasarle 100.000 en negro, incluso ahorrará dinero. El trabajador, si es de los que desfila en las marchas No + AFP probablemente aceptará gustoso con tal de no reducir su poder adquisitivo y con ello se perjudicará a sí mismo ahorrando menos para su jubilación.
El mecanismo así suele proceder entre empleadores y trabajadores en países como Argentina, con cargas sociales elevadas. Por Ley el empleador debe poner el 16% y el trabajador un 11%. A ambos les conviene un salario líquido nominal bajo y pagar el resto en negro. El Fisco no recauda y el sistema, una vez más, está al borde del colapso.
Y si este mecanismo no opera por alguna razón, el orden se establecerá por la vía de la congelación de los sueldos hasta compensar el alza y con nuevas contrataciones por sueldos menores.
Los dinosaurios van a desaparecer
Lo más escandaloso, lo más arbitrario del proyecto, es que se mantenga el 10% que hoy administran las AFP. Si la gestión del 4% adicional se distribuirá en un mercado competitivo de productos de ahorro obligatorio ¿cuál es el argumento para no hacerlo para el 14% total? Dicho de otro modo ¿qué justifica que el gobierno les siga reservando a las AFP la mayor parte de la torta?
La cruda respuesta: nada. No aportan ningún valor agregado a la sociedad. Recaudan, llevan la contabilidad de lo que entra y sale, pero eso lo puede hacer una caja de compensación. El sistema ni siquiera tiene economías de escala, de modo que los dinosaurios, siguiendo con la metáfora de Charly García, debieran desaparecer.
Ahora bien, la pregunta que el hombre y la mujer de la calle se formulan es si esa desaparición de los tiranosaurus rex redundará en mejores jubilaciones, y la respuesta es una vez más negativa.
Si usted alguna vez pensó que en cada AFP hay sesudos analistas, operadores audaces y modelos cuantitativos complejos para sacarle la máxima rentabilidad a sus ahorros, olvídelo. Le pagan comisiones a terceros para que lo hagan, y se la cobran a usted. Engordan mientras usted ahorra lo que puede para alcanzar una muy modesta tasa de sustitución (jubilación como porcentaje del último sueldo).
Si alguna vez usted pensó que su pensión mejorará porque el empleador le subirá su sueldo bruto en un 4%, usted es otra clase de ingenuo.
Si a usted le revuelve el estómago que las AFP engorden administrando su pobreza futura, perfecto, entréguele su pobreza futura a un ente estatal (si es que algo logra la oposición en esto). Pero tampoco espere aumentos sustanciales en su jubilación. Eso no ocurrirá a menos que usted ahorre por su cuenta, no salga de vacaciones y deje de comer carnes rojas. Eso, además de rentar de un bien raíz, o darle el palo al gato con el loto. Es la implacable lógica de los números.
Los sistemas de reparto (la antítesis de las AFP) son un problema macroeconómico y social importante. Lo es en Argentina, pero más aun en España, Francia, Italia y Japón, donde el envejecimiento masivo de la población obliga a desembolsar enormes sumas del erario. Las pensiones son mejores, pero el costo lo soportan el Fisco a través de un déficit significativo y una deuda pública cada vez mayor. Lo soportan también los jóvenes a través de un mercado laboral muy estrecho y poco dinámico.
Los sistemas de capitalización como el chileno provocan algo quizá peor: empobrecen al individuo.
Por eso lo razonable hubiera sido volver a la propuesta original y disponer de un sistema mixto, con un componente de ahorro individual caro a los liberales y otro de solidaridad, que se hiciera cargo de la mayor longevidad de las personas y de su vulnerabilidad.
En vez de eso, maquillar a la mona y que sea lo que Dios quiera.
Comentarios
Muy buena columna, yo
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