Un complejo panorama vive el Transporte Metropolitano de Valparaíso (TMV), puesto que no es licitado desde hace ocho años, por reiteradas prórrogas que han impedido resolver varios problemas de movilidad de la población del Gran Valparaíso (Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpué y Concón).

De tal modo, vecinos y organizaciones ciudadanas denuncian que el servicio no cumple los recorridos, registra excesos de velocidad, malos tratos hacia los pasajeros y falta de fiscalización. Por el lado de los choferes, estos se quejan de que su sistema sigue siendo a porcentaje de cada boleto cortado y/o con cuotas mínimas, es decir, sin un sueldo base, con todos los problemas que eso acarrea: carreras por los pasajeros o trayectos eternos para juntarlos en los paraderos, horarios sin control, abandono de áreas con baja densidad de clientes o marginalizadas, como ocurre en las zonas más altas de los cerros de Valparaíso y Viña del Mar, que suelen ser también los lugares de residencia de la población de menores ingresos.

Como indica la documentación presentada por organizaciones ciudadanas a INTERFERENCIA, estas situaciones han sido informadas tanto a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) como a la Contraloría Regional de Valparaíso y a la Contraloría General de la República, por la persistencia de irregularidades en la operación. Sin embargo, el sistema sigue incólume.

Toda la documentación apunta a Viña Bus S.A., empresa ligada al empresario porteño Reinaldo Sánchez, quien es más conocido a nivel nacional por su paso como presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y por la presidencia del club de fútbol Santiago Wanderers.

Esto, pues Viña Bus es una de las empresas más grandes entre las que operan la zona, ya que su alcance se extiende por todo el Gran Valparaíso, siendo uno de sus centros de operación el Cerro Forestal de Viña del Mar, uno de los lugares más grandes y populosos del conurbado porteño. Considerando, además, el rol de líder histórico que ha desempeñado Sánchez en el gremio microbusero del sector.

Es tanta la influencia de Sánchez, en especial en el Cerro Forestal, que incluso ofreció -por medio de una carta dirigida a las juntas de vecinos- financiar la instalación de una comisaría de Carabineros. Eso, siempre y cuando las organizaciones vecinales del sector gestionaran ante la Municipalidad de Viña del Mar un terreno de 5.000 mts2 para instalar además ahí un terminal de buses de la empresa, justo al lado donde estaría emplazada la eventual comisaría.

En el caso de la denuncia ante la FNE, ésta es por un eventual monopolio producto de la ausencia de competencia, específicamente contra Viña Bus S.A., la empresa de Sánchez. 

Esta se basa en que la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones (Seremitt) desde 2011 ha organizado un sistema de ordenamiento de los servicios de transporte público para el Gran Valparaíso conocido como perímetro de exclusión, el cual es una alternativa a la licitación, y que consiste en dictaminar condiciones de operación y utilización de vías, negociadas con los actuales operadores del transporte público del conurbado porteño. El sistema determina que siempre que los operadores cumplan con las condiciones, no se llamará a nuevos concursos.

Como consecuencia, según diversos reclamos, se ha impedido la libre competencia, asegurando el negocio a los actores actuales, es decir Sánchez y el resto de empresarios que operan el sistema hasta la fecha.

A esto se suman las denuncias contra la Seremitt por una falta de voluntad política a la hora de fiscalizar, lo que redunda en que el servicio sea, además, deficiente.

Denuncias de choferes y vecinos

Vecinos y trabajadores del transporte público son quienes han acusado la precariedad del Transporte Metropolitano de Valparaíso.

En el caso de los choferes, estos reclaman que las dos modalidades de las condiciones de trabajo precarizan su situación. En la primera, su remuneración consiste en recibir entre un 20% y un 22% del valor del boleto cortado, mientras que en la segunda, deben recaudar una cuota diaria de entre 70 y 80 mil pesos para la empresa y el excedente a esa cuota será su pago del día.

El problema es que a veces el flujo de pasajeros es insuficiente y muchas veces los choferes no alcanzan a reunir la cantidad pedida por la empresa (en el caso de la segunda modalidad) por lo que lejos de quedarse con el excedente, deben completar la cuota diaria con dinero de su bolsillo.

“Es un círculo vicioso, porque un chofer no va llegar a dejar a dos personas a la parte alta de un cerro, si se va a demorar media hora. Prefiere recorrer solamente hasta abajo y ganar más plata” cuenta Eduardo Carroza, ex presidente de la Federación Urbana de Trabajadores de la Locomoción Colectiva a INTERFERENCIA.

Por su parte, los vecinos se ven expuestos a numerosas situaciones de riesgo debido a la velocidad en que los buses recorren el conurbado, siendo particularmente riesgoso lo que pasa en los cerros de Valparaíso. Jenny Carreño, presidenta de CODEFO (Consejo Coordinador de Organizaciones Sociales de Forestal), dice que ha visto desde atropellos hasta micros que han chocado contra las casas de los cerros.

El rol de la Contraloría en congelar el status quo

El 16 de agosto de 2017 -a partir de un requerimiento realizado por la comunidad del Cerro de Forestal- la Contraloría Regional de Valparaíso emitió un informe contra la Seremitt por incumplimientos de las bases de la Licitación de Vías Gran Valparaíso a Servicios Urbanos de Transporte Público Remunerado de Pasajeros Prestados con Buses y/o Trolebuses. 

Dicho informe arrojó diversas irregularidades en la fiscalización de las empresas transportistas y determinó la urgencia para el llamado a licitación del transporte público del conurbado.

En relación a la falta de licitaciones, el escrito indica que “la Seremitt ha prorrogado en tres ocasiones la resolución exenta N° 3.739, de 2011, continuando con las condiciones de operación del transporte público de pasajeros, y con los mismos actores, desde esa data, por lo que corresponde que el servicio, genere las acciones necesarias, para que en forma previa a la finalización de la actual prórroga, ejecute el llamado a licitación de vías del Gran Valparaíso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º de la ley W 18.696 [sobre normas de pasajeros]” . Dicha prórroga (la tercera) concluía el 6 de enero de 2018, sin que hayan sucedido las necesarias licitaciones.

El seremi de Transportes de la época, bajo el mando de Michelle Bachelet, Mauricio Candia, se dirigió a la Contraloría Regional solicitando la reconsideración de las observaciones contenidas en el informe antes mencionado, pero su avanzada fue desestimada en su totalidad por este organismo en su resolución del 9 de enero de 2018. Sin embargo, a esa fecha ya se había decretado la cuarta prórroga. Es decir, se había hecho caso omiso del dictamen del órgano contralor, entrando en funcionamiento el sistema de perímetro de exclusión que beneficia el status quo hasta el 7 de julio de 2019.

No obstante, la normalización del sistema que beneficia a Sánchez no fue consagrado sino hasta hace pocos meses, con la bendición de la Contraloría General de la República (CGR).

Esta arista del caso partió cuando el Consejo Coordinador de Organizaciones Sociales de Forestal (CODEFO) realizó una nueva presentación, esta vez ante la CGR, el 3 de octubre de 2018, para solicitar un pronunciamiento “por la persistencia de irregularidades y grave incumplimiento de dicho organismo público [Seremitt] a sus deberes de supervigilancia y fiscalización del servicio de transporte público de pasajeros otorgado por la empresa Viña Bus S.A. en el sector de Forestal en Viña del Mar”.

Sin embargo, la CGR respondió en un escrito presentado el 5 de abril de 2019, dirigido al diputado Marcelo Díaz (PS), quien acompañó a la CODEFO en los requerimientos, que las observaciones que se le hicieron en su momento a la Seremitt habían sido subsanadas. 

Específicamente sobre la licitación pendiente indicó que “la implementación de perímetros de exclusión surge como una alternativa prevista en la ley N° 18.696 a la concesión de uso de vías, por lo que su elección por parte de la Seremitt, como solución al problema de transporte público de pasajeros en el Gran Valparaíso, constituye una decisión de mérito, oportunidad y/o conveniencia, sobre la cual esta Entidad Fiscalizadora se encuentra impedida de emitir pronunciamiento”.

Esto tiene un efecto también sobre la denuncia ante la FNE, pues esta determinó que la competencia de ilegalidad recaía sobre la CGR, al ser la Seremitt una entidad pública.

Pese a estos reveses, las distintas organizaciones persisten en los mismos reclamos que asocian directamente a la falta de licitación del transporte público, por lo no descartan llevar la situación a otras instancias legales en las próximas semanas.