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Lunes, 29 de Noviembre de 2021
Colombia

Renunciado director de secretaría de DD.HH. de Bogotá: “Las agresiones han sido sistemáticas”

Joaquín Riffo Burdiles

Ante la fuerte ola de violencia callejera que vive el país colombiano bajo el gobierno de Iván Duque, el director de la secretaría de Derechos Humanos de Bogotá renunció acusando insubordinación policial, agresiones sistemáticas a los manifestantes por parte de la policía y falta de contundencia en el rechazo de las autoridades a las violaciones a los DD.HH.

El director de derechos humanos de la Alcaldía de Bogotá, el abogado Andrés Idárraga, publicó el pasado martes su carta de renuncia y las razones que lo llevan a apartarse de su cargo. El funcionario detalló que lo hace por “falta de postura ante las violaciones de los DD. HH en la ciudad” y por una presunta ambigüedad en el informe que la alcaldesa, Claudia López -del Partido Verde, partido colombiano de centro-, presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En una decisión que fue difundida a través de su cuenta de Twitter, Idárraga explicó en su carta de dimisión dirigida al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, que la alcaldía ha carecido de compromiso con los derechos humanos en medio de las manifestaciones. 

"La Administración tiene la responsabilidad de ser garante de los Derechos Humanos, esto implica que ante situaciones de abuso policial, por respeto a las víctimas y a la ciudadanía, se asuma una postura clara como primera autoridad, se emitan instrucciones y tomen las medidas a que haya lugar", le reprochó Idárraga a dicha instancia.

En conversación con INTERFERENCIA, el ahora ex funcionario explicó que su renuncia se da “en un contexto donde el gobierno del presidente Duque ha abandonado su responsabilidad en las soluciones a las demandas en el marco del paro nacional que inició el 28 de abril. Su desatención provocó que la responsabilidad recayera particularmente sobre los gobiernos subnacionales. Y eso en el caso de Bogotá, pese a algunos esfuerzos, han resultado insuficientes frente a la gravedad del vacío de derechos que hay de la población que en su mayoría se encuentra en la calle protestando”.

Según relató a este medio, “la violencia policial se ha naturalizado, y en mi consideración hay tres asuntos que me obligan por mi ética, mi coherencia y mis principios a renunciar: en primer lugar, el desconocimiento de las instancias de derechos humanos por parte del secretario de gobierno; en segundo término, la falta de contundencia pública para el rechazo a las graves violaciones a los derechos humanos de las que la población en Bogotá ha sido víctima; y tercero, las inconsistencias, los eufemismos y todos los elementos que incluyeron en el informe en el CIDH que en mi condición de director de derechos humanos no deberían haberse incluido o al menos debieron haberse dado más peso a las violaciones a los derechos que, por ejemplo, a los daños a la infraestructura pública. Esas son las razones y el contexto”.

Asimismo, Idárraga describió que “han existido unas situaciones en el ejercicio del gobierno desde el año pasado, donde la agenda en Bogotá ha estado marcada por los derechos humanos. Entonces, hablamos de la crisis migratoria de miles de venezolanos que querían retornar a su país, crisis que asumí en Bogotá y la sacamos adelante. Posteriormente, una masacre que se vivió a manos de la policía el 9 y 10 de septiembre del año pasado, y luego una situación en el marco del paro nacional que es igualmente grave”.

Consultado por la eventual insubordinación de la policía al gobierno civil, el ex directivo expresó que las órdenes que ha recibido el comandante de la policía en Bogotá no han sido acatadas por la base de policías que están en las calles patrullando.

“La insubordinación no se refleja sólo en ello, sino también en el uso de armas de letalidad reducida para dispersar a los manifestantes no se usen en torno a la integridad física de ellos y ellas, y sobre todo no agredir al personal de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el marco de las protestas. Son decenas de funcionarios y contratistas de la Alcaldía, plenamente identificados, que fuimos agredidos en el marco del paro. En mi caso, sufrí al menos siete agresiones, una de las cuales me dejó una incapacidad médica de ocho días, situación ante la cual la administración distrital en Bogotá ha guardado silencio y le ha faltado contundencia para rechazar esos hechos. Por eso me refiero a la falta de contundencia y a la insubordinación de la policía”, afirmó.

En cuanto a la sistematización que habrían tenido las agresiones, Idárraga sostuvo que “se trata algo estructural y no algo que venga desde hace algunos días producto del paro”.

“La agenda de este gobierno en Colombia ha estado marcada, en particular en Bogotá, por los derechos humanos. Que en esta ciudad haya existido una masacre que dejó a decenas de jóvenes mutilados, gravemente heridos, lisiados o asesinados, es una manera en la que se puede evidenciar que esto, que ocurrió en el marco del paro nacional, es algo sistemático y que está fuera del control de los mandatarios. Si en una democracia la reivindicación principal es que la fuerza pública, en este caso la policía y el ejército, esté subordinada a las órdenes del gobierno civil y estos no las acatan, claramente estamos hablando de una situación de subordinación y de sistemática vulneración a los derechos humanos por parte de la policía”, apuntó.

Ante la consulta sobre las graves denuncias de ‘casas de pique’ y desapariciones en el marco de las protestas, el ex secretario aseveró que en el caso de Bogotá no se han denunciado ese nivel de situaciones, las que corresponden a episodios que habrían sucedido al sur occidente del país. 

“Son situaciones que están por esclarecerse, pero lo que denuncian los manifestantes es que son episodios que se suman a los asesinatos de los que han sido víctimas en total al menos 70 jóvenes en el marco del paro. Y lo más grave es que se suma una lista de jóvenes manifestantes que han sido denunciados como desaparecidos, algunos de los cuales efectivamente se encontraron descuartizados en algunos ríos del sur occidente colombiano. Esto llama mucho la atención y soporta la afirmación de que estamos viviendo una grave y sistemática violación a los derechos humanos. Y que al gobierno nacional en particular no le interesa tomar medidas para salir de la crisis, sino por el contrario, seguir naturalizando la violencia estatal contra quienes están en la calle exigiendo sus derechos”, dijo.

Ante la pregunta de si veía similitudes entre las violaciones a los derechos humanos que se dieron en el contexto de las protestas post 18 de octubre de 2019 en Chile y lo que ocurre actualmente en Colombia, Idárraga cree que “los paralelismos se pueden apreciar en que es muy parecida la represión y los modos en que la fuerza pública termina reflejando que efectivamente tiene mucho poder al interior de los estados latinoamericanos. Y que, con algunas excepciones, son también quienes están de acuerdo con que la pobreza y la desigualdad se mantenga como se encuentra en América Latina. En el caso de Bogotá, precisamente uno de mis reproches para renunciar es que la Alcaldía Mayor de la ciudad perdió una oportunidad histórica para poder hacer una denuncia a fondo concreta sobre las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Y prefirió darle mayor valor a los daños a la infraestructura pública que a las víctimas del Estado”.

Sobre las cifras de violaciones a los derechos humanos registradas hasta la fecha y los episodios de los que alcanzaron a tomar registro, el abogado describió que “como toda cifra oficial, tiene su correlato o versión no-oficial. La situación de las protestas en el contexto del paro en Bogotá llevan a hablar de un poco más de 1.000 movilizaciones, entre marchas, bloqueos, caravanas, plantones y tomas en los primeros 40 días. De eso, el gobierno distrital ha calculado que la mayor cantidad de protestas, al menos entre abril y junio, alrededor de 290 mil personas participaron de ellas. Hubo casi 500 intervenciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). De la utilización de la figura de la judicialización, donde insisto que en el informe a la CIDH se le dio más importancia a eso que a los heridos”.

Junto a ello, apuntó que hasta hace unos días había 43 personas heridas en los ojos, desde jóvenes que perdieron la visión hasta otros que tuvieron una grave lesión. Además, hubo tres personas con quemaduras en la cara, al menos 108 heridos en la cabeza. 

Aún así, Idárraga cree que, tal como se ha denunciado en Chile, la estrategia de judicialización ha desincentivado las denuncias, por lo que existiría un subreporte de las cifras de violaciones a los derechos humanos en el país. 

“Junto con los tres asesinados en el marco de las protestas, termina siendo poco considerando que hay cientos de heridos que no han sido cuantificados. La Cruz Roja en no pocas ocasiones nos reportaba que había atendido que había atendido a 170 heridos en solo una jornada, jóvenes que al margen de la gravedad de la lesión fueron heridos y prefirieron irse a sus casas malheridos y atenderse como fuese, en lugar de ir a un centro médico por miedo a la judicialización. Lo que está de fondo es que entonces hay un subregistro de heridos por la desconfianza que tiene, en particular la juventud, en las instituciones públicas. Y eso debería tenerse en cuenta al momento de hacer una evaluación un poco más juiciosa respecto de lo que está pasando. ¿Cómo es posible que la gente prefiera irse malherida a su hogar que ir al hospital porque el Estado se está prestando para ese nivel de represión?”, inquirió. 

Finalmente, tuvo palabras para la actual alcaldía conducida por Claudia López, de la que opinó “un gobierno que prometió ser una alternativa a la crisis social y económica de falta de garantías y libertades para el ejercicio de los derechos que dejó el alcalde anterior, terminó siendo un poco más de lo mismo. La alcaldesa de Bogotá pertenece al Partido Verde, el que se ha promocionado como un partido de centro. Pero eso ha hecho que la tibieza con la que pretende denunciar la violencia policial y la manera en la que por hacer declaraciones políticamente correctas se ha terminado sacrificando la ética y la justicia”. 

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