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Sábado, 27 de febrero de 2021
Realizado en Canadá

Reporte apunta a la PDI como cliente de polémica firma de ciberespionaje

Joaquín Riffo Burdiles

El centro de investigación Citizen Lab publicó un informe sobre ciberespionaje en distintos países, donde se afirma que la PDI de Chile es cliente de Circles, compañía afiliada al NSO Group que estuvo en medio de un escándalo por espiar a activistas y periodistas en México. La policía civil chilena niega la vinculación.

El martes 1 de diciembre, The Citizen Lab -centro de investigación interdisciplinario con sede en la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto- publicó una investigación titulada “Running in Circles: Uncovering the clients of cyberespionage firm Circles”, donde aborda la red de países que serían clientes de Circles,  empresa afiliada con NSO Group, compañía israelí responsable del spyware Pegasus, el mismo que estuvo en el centro de un escándalo de espionaje en México por su uso para espiar a activistas y comunicadores. 

NSO Group declara ofrecer sus servicios en forma exclusiva a los gobiernos, lo que no ha impedido que su tecnología haya sido usada para espiar a activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil en distintas partes del mundo. 

En el artículo se explica que Circles aprovecha una vulnerabilidad en la red SS7 que permite enviar comandos para escuchar llamadas de voz, acceder a mensajes de texto e identificar la geolocalización de dispositivos móviles conectados a la red de telefonía global en cualquier lugar del planeta. Según la investigación, para los operadores de telecomunicaciones es complejo distinguir si este tráfico es benigno o malicioso, por lo que se vuelve difícil bloquearlo. 

Así, Citizen Lab identificó que los clientes de Circles corresponden a gobiernos con historial de manejar herramientas digitales “para abusos contra los derechos humanos”. Entre los 25 países que el laboratorio destaca como probables clientes de Circles, figuran siete latinoamericanos: Chile, donde el sistema sería utilizado por la Policía de Investigaciones (PDI); mientras en El Salvador, Ecuador y Guatemala, la tecnología estaría siendo utilizada por la Dirección General de Inteligencia Civil; en Honduras, estaría a cargo de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia; al igual que en Perú, que sería implementado por la Dirección de Inteligencia Nacional y México, por la Armada y el Estado de Durango.

En el caso chileno, según la publicación, se identificó lo que parecía ser un único sistema Circles en Chile, con el nombre en clave Cadillac Polaris. “El sistema parece ser operado por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), ya que los firewalls de Check Point identifican al cliente como ‘Chile PDI’. La PDI es la principal agencia policial de Chile. La PDI de Chile también era cliente del software espía Sistema de control remoto (RCS) de Hacking Team, aunque afirmaron que el software espía solo se utilizaba para perseguir delitos con autorización judicial previa”, señala el texto.

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Fuente: The Citizen Lab.
Fuente: The Citizen Lab.

A su vez, Citizen Lab hace referencia al mal uso que han tenido las intercepciones de ciberespionaje en el país en el apartado “Abusos de vigilancia en Chile” recordando episodios como las intercepción ilegal de llamadas, chats de WhatsApp y los mensajes de Telegram de varios periodistas entre 2017 y 2018, y la denominada ‘Operación Huracán’ describiendo que “la policía chilena también interceptó las comunicaciones de líderes indígenas mapuche y citó conversaciones interceptadas para justificar las detenciones. Sin embargo, los funcionarios fueron posteriormente procesados ​​por colocar pruebas falsas en los teléfonos de los líderes”.

En 2015, un artículo de Ciper alertó sobre los US$ 2,85 millones que la policía civil pagó por Phantom, un sistema de vigilancia masiva con capacidad de acceder a toda la información de celulares y computadores, cuyo proveedor fue la empresa italiana Hacking Team, que vendió su sistema Galileo. 

Nuestro medio contactó a la PDI para obtener una versión oficial sobre su mención en esta investigación llevada a cabo por el centro canadiense. La policía civil respondió a INTERFERENCIA descartando esta información, asegurando que no cuentan con el software de Circles y que tampoco trabajan con dicha empresa. 

El escándalo en México

En 2017, un artículo de The New York Times describió cómo los abogados de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción más destacados de México habían sido blanco de un software espía avanzado vendido al gobierno mexicano con la condición de que se utilice únicamente para investigar a criminales y terroristas.

Se trataba de Pegasus, software que se infiltra en los teléfonos inteligentes para monitorear cada detalle de la vida celular de una persona: llamadas, mensajes de texto, correo electrónico, contactos y calendarios. Incluso puede usar el micrófono y la cámara de los teléfonos para vigilancia.

“La empresa que fabrica el software, NSO Group, dice que vende la herramienta exclusivamente a los gobiernos, con un acuerdo explícito de que se utilizará solo para combatir a los terroristas o los carteles de la droga y los grupos criminales que durante mucho tiempo han secuestrado y asesinado a mexicanos. Pero según docenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software se ha utilizado contra algunos de los críticos más abiertos del gobierno y sus familias, en lo que muchos ven como un esfuerzo sin precedentes para frustrar la lucha contra la corrupción que infecta cada miembro de la sociedad mexicana”, explicó el medio estadounidense en esa oportunidad. 

De esa forma, de acuerdo al informe “Gobierno espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos” de R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), junto con ARTICLE 19 y SocialTIC, se abordaron más de 70 casos de espionaje a activistas y periodistas. Según la publicación “la cantidad de los casos y los perfiles de las personas a los que están dirigidos, dejan en evidencia cómo el estado utiliza recursos y herramientas adquiridas para la investigación de actividades criminales, en el espionaje de activistas y periodistas, muchos involucrados en casos de violaciones de derechos humanos en los que se encuentra involucrado el Estado”.

El escándalo fue tal que llevó a organizaciones civiles mexicanas rompieran con la Alianza para el Gobierno Abierto, iniciativa multilateral que intenta asegurar compromisos concretos de gobiernos nacionales y subnacionales para promover el gobierno abierto, dar más poder a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y utilizar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. 

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