A comienzos de enero de este año, el presidente de la Conadecus (Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios), Hernán Calderón, escribió la columna “Deudores: la crisis que viene” anticipando en el texto “que en periodos de recesión, la alta cesantía, la insolvencia y morosidad aumentan en forma significativa. Basta recordar la recesión económica de los años 80, ocurrida en dictadura. Las principales víctimas fueron los deudores hipotecarios: miles de familias quedaron sin sus viviendas producto de los embargos y remates de parte de los bancos. El gobierno salvó a la banca, pero injustamente no a los ciudadanos. Hoy día nos podemos ver enfrentados a una situación similar”.

Conadecus además desarrolló una encuesta entre enero y abril del 2020, para conocer el tipo de deuda que poseen chilenos en todo el país y ver en qué estado se encuentran. Entre sus principales resultados, el documento arrojó que en ese período 627 personas reconocieron estar en una situación morosa no judicial, 403 judicializados, y sólo 377 al día, de una muestra de 1.407 individuos. De esa misma cifra, la mayoría correspondía a deudores de instituciones bancarias, seguidos por el retail.

Hoy, a más de siete meses de ese texto escrito en enero, Calderón conversó con INTERFERENCIA sobre el escenario actual, y cómo esa proyección que hizo a principios de año se vio agudizada por los efectos de la pandemia en la economía de las personas. 

- Tras el tiempo que ha pasado desde la publicación de la columna sobre el riesgo del endeudamiento, ¿qué le parece el escenario actual comparado con el texto que escribió en enero?

- En esa columna estábamos haciendo referencia al fenómeno que veíamos con el aumento explosivo del endeudamiento. Los registros de morosidad estaban aumentando de forma efectiva y veíamos que casi el 75% de los ingresos de las personas se estaban destinando a pagar deudas según el Banco Central, lo que era bastante alarmante.

Eso quiere decir que las personas o no están destinando recursos adecuados para alimentarse o simplemente van a quedar en situación de morosidad. Esto se tradujo en que pasamos de 3 millones de personas morosas a 5 millones, y este número será superado fácilmente en los próximos meses. La situación que tenemos es de tal magnitud, que las familias no van a poder resistirla.

Después de esta crisis sanitaria, lo que viene es la ‘pandemia financiera’. Es el próximo paso. En consecuencia, para nosotros es prioritario que se tomen medidas en este sentido, aunque cualquier programa que se ha anunciado no tiene la profundidad a la altura de la crisis que estamos viviendo. 

- ¿Qué le parecen las medidas que está adoptado el gobierno y los anuncios de políticas para la clase media? ¿Cómo cree que van a impactar en el endeudamiento de las personas?

- El principal problema que tienen las propuestas que ha hecho el gobierno es que son tardías e insuficientes, y el alcance que tienen es muy menor con respecto a las personas que están afectada por la crisis financiera.

Por ejemplo, cuando se lanza este proyecto de ayuda a las pymes, se produce la contradicción de que muchas de ellas por sus deudas no están habilitadas. Porque están en proceso de ejecución, de judicialización, están con embargos o remates, y con morosidad. En esa situación no pueden acceder a beneficios, y eso explica que sólo 150 mil pymes de más de un millón pudieron estar habilitadas para recibir créditos, es un margen demasiado menor. Se les ha puesto deducible que no tiene justificación alguna, cuando aquí se están utilizando garantías del Estado y fondos del Banco Central, y además se les pusieron tasas del 3%, en consecuencia que los bancos están recibiendo los créditos al 0,5%. O sea, en el fondo lo que están haciendo es tirarle un salvavidas a la banca.

En el caso de las personas es la misma situación. Tenemos cinco millones de personas morosas, de las cuales ninguna tendrá acceso a las políticas que está implementando el gobierno. No van a poder tomar un crédito ni postergar las deudas, no hay un procedimiento para ello. Cuando se dice que esto es para personas que no tengan mora de más de 29 días, estamos hablando de algo irreal. La postergación de un crédito hipotecario por tres meses también es insuficiente, porque esas personas en septiembre no van a tener trabajo.

- ¿Qué se podría haber hecho mejor? 

- Cualquier crédito tiene que ser a no más de una tasa de la que le está entregando el Banco Central a la banca, y con algunos meses de gracia para que estos créditos sean pagados a partir del 1 de enero, donde podríamos considerar cierta normalidad.

Lo segundo es que no hay ningún mecanismo para las personas que están endeudadas, que quieren pagar y tienen la posibilidad de hacerlo, pero se sienten agobiados porque no sólo tienen una deuda hipotecaria sino que puede ser en una caja de compensación o de un crédito automotriz o un crédito de consumo.

Por lo tanto, es necesario implementar una política de consolidación de esas deudas en una sóla cuota, pero que no exceda más del 40% de sus ingresos, porque hoy están pagando el 75% en deudas. Hay una situación bastante compleja, y el tema del endeudamiento ha sido un tema que se ha ido postergando, y no se escuchan políticas claras desde el gobierno para llegar a las personas que tienen menos recursos. 

Entonces, ¿qué es lo que tiene que implementarse? Suspender ejecuciones. Suspender la judicialización de todas las deudas. Suspender los remates y los embargos, que hoy están en curso. Una parte importante de los deudores ya está judicializado. Nosotros hicimos una encuesta del tipo de deuda y en qué situación está para observarlo. Las personas se encuentran en una situación de estrés producto de acciones judiciales que podrían incluso provocar un nuevo ‘estallido’. Soluciones hay, pero lo que se necesita es voluntad política para resolverlas. 

- ¿Qué le parecen propuestas como el retiro de un porcentaje de los fondos de las AFP?

- Lo que está surgiendo hoy con la aprobación de este proyecto de ley para que las personas que están en una AFP puedan sacar el 10% es una medida adecuada, porque son fondos propios. Por lo tanto, lo que pensamos es que ésta es una manera en la que las personas podrían tener recursos para poder sobrevivir en los próximos meses, pero también nos va dando datos que son muy relevantes.

Por ejemplo, aparece el dato de que hay más de 3 millones de personas que están afiliados a una AFP y tienen menos de un millón de pesos. ¿Esa persona le causará daño sacar ese dinero? Ninguno, ya que su jubilación será muy menor, y probablemente su mejor opción es irse a la pensión básica solidaria y retirar sus ahorros. Pero también hay mecanismos por los cuales se les puede reconocer ese dinero que sacó y puede ser como aporte estatal o se puede hacer a través de un fondo solidario. 

En este momento, lo prioritario para los ciudadanos es la alimentación. Hemos visto el aumento en la cantidad de ollas comunes, porque la gente no tiene para alimentarse. Y en segundo lugar, resolver el tema del endeudamiento para impedir que en el futuro se le esté rematando los bienes o el patrimonio de las personas. Para eso no hay ninguna respuesta de parte del Gobierno. 

- ¿Hay una cultura del endeudamiento en Chile? ¿Es la deuda la única manera de salir de una crisis?

- Eso es impresentable. Si para salir de la crisis lo único que ofreces es postergación y endeudamiento, el rol del Estado es irrelevante. Necesitamos un rol solidario y no subsidiario, eso es lo que tiene que funcionar.

Por ejemplo, estamos diciendo que está bien la suspensión de los cortes de los servicios básicos, cómo le vas a cortar el agua y la electricidad a las personas. La suspensión es un mecanismo para que en este período no queden sin ese servicio, pero la solución final es la que estamos planteando, de que aquí se tiene que implementar un subsidio a los servicios básicos para las personas más vulnerables. Otros países tienen un subsidio para la electricidad, el agua y el gas.

En ese tema, hemos hecho una propuesta: que el fondo que se acumule para poder solventar estos subsidios, los paguen los sectores de mayores recursos con un aumento en el costo de sus servicios y los industriales, que en el caso de la electricidad, pagan casi la mitad menos de lo que paga un consumidor residencial. Son soluciones a futuro que hay que discutir ahora para que se implementen. Hay que dejar de lado el dogmatismo de los economistas neoliberales.