La ex residencia sanitaria Hotel Clínico Spa, la cual funcionó entre marzo y mediados de junio de este año en el centro de Santiago para pacientes de Covid-19, operó sin tener una resolución sanitaria ni tampoco una autorización sanitaria de parte de la Secretaría Regional (Seremi) de Salud Metropolitana.

El pasado 14 de junio INTERFERENCIA reveló que el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, contrató por $205 millones esta residencia, la cual estaba vinculada a Orlando Durán (UDI), quien entonces era el jefe de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud, además de ser el encargado a nivel nacional de coordinar estos recintos.

Ahora nuestro medio accedió a un documento de transparencia emanado desde la Seremi de Salud Metropolitana, en el cual informaron que Hotel Clínico Spa no contaba con los permisos legales necesarios para haber funcionado.

“Consultada la Oficina de Partes y Archivo de la Seremi de Salud, así como todas las bases de datos y plataformas computacionales de la Institución, es posible concluir que no existe resolución sanitaria para Hotel Clínico Spa. La dirección consultada corresponde a un edificio residencial. Asimismo, no se ha otorgado autorización sanitaria para la actividad de hospedaje, según el Reglamento Nº 194 del año 1978 del Ministerio de Salud, ‘Reglamento de Hoteles y Establecimientos Similares’”, indica el documento.

De esta forma, la residencia sanitaria en cuestión nunca debió estar habilitada para funcionar, sin embargo, los pasajeros dejaron el lugar recién el 15 de junio, un día después de publicado el artículo original de INTERFERENCIA. Esto se suma al conflicto de la contratación de la misma, por estar vinculada a Orlando Durán.

Tal como señala el documento de la Seremi de Salud, este diario digital comprobó en junio pasado que Hotel Clínico Spa funcionaba en un edificio residencial, de hecho, los vecinos del lugar no tenían conocimiento de que este lugar era ocupado para albergar pacientes con coronavirus.

Además de Hotel Clínico Spa, la cobertura de nuestro medio informó de la contratación por  $187 millones del Hotel Puerto Mayor de San Antonio, el cual pertenece a la familia del subsecretario de Obras Públicas y vicepresidente de la UDI, Cristóbal Leturia. Después de esto, ambos recintos dejaron de funcionar para pacientes de Covid-19.

Por otro lado, estas contrataciones motivaron una investigación del Ministerio Público ante la existencia de un posible delito. Asimismo, en el Ministerio de Salud estos hechos significaron que el manejo de las residencias sanitarias fuera trasladado de la Subsecretaría de Redes Asistenciales a la de Salud Pública, que dirige Paula Daza.