La noticia fue informada en varios medios nacionales. “El hotel será atendido – ya no por mucamas, botones ni garzones – (sino) por médicos, enfermeras, técnicos en enfermería, auxiliares de servicio y nutricionistas”, informaba La Tercera en abril del año pasado, cuando el Ministerio de Salud contrató al tradicional Hotel O’Higgins de Viña del Mar como residencia sanitaria para hacer frente a la pandemia del Coronavirus.

Meses después, la Contraloría General auditó la contratación de este hotel, así como la de otras cuatro residencias sanitarias de la Quinta Región (Hotel Gala, Centro Vacacional Palomar, Motel Tahai y Hotel Howard Johnson). El órgano fiscalizador detectó graves irregularidades, entre estos pagos por servicios que el Hotel O’Higgins no entregó.

El Minsal le pagó al O’Higgins 10,5 millones de pesos por concepto de alimentos para el periodo del 9 al 14 de abril. Pero en esos días no se registran alojamientos.

En su informe final número 623/2020, la Contraloría aseguró que se “comprometieron recursos por servicios que no fueron efectivamente prestados”, lo que podría constituir “un enriquecimiento sin causa en favor del prestador de servicio”. El monto de estos servicios no prestados por el Hotel O’Higgins, pero que fueron pagados por el Minsal, asciende a $53.750.000. Dentro de esta cifra se encuentra el pago de 10,5 millones de pesos por concepto de alimentos durante el periodo del 9 al 14 de abril. Sin embargo, durante esos días no hubo pacientes hospedándose en el hotel de 270 habitaciones.

El informe de la Contraloría agrega que no consta que la entidad responsable de la contratación, el Servicio de Salud de Viña del Mar–Quillota (SSVQ, dependiente del Minsal), haya utilizado “una pauta o fórmula con criterios o parámetros preestablecidos que permitieran respaldar de manera objetiva la elección de un establecimiento para ser usado como tal”. Tampoco fue informado el “equipamiento, personal, adecuaciones, prestaciones a entregar y centro asistencial que actuaría como superior” para la residencia sanitaria.

Por último, entre otras faltas detectadas en la contratación, la CGR determinó que el convenio no incluye “servicio sobre el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo”, contraviniendo el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes Covid-19 establecido para residencias sanitarias.

El Hotel O´Higgins se inauguró en febrero de 1936 y fue hasta 2006 el alojamiento oficial de las estrellas del Festival de Viña del Mar. Su dueño es el municipio, pero es administrado por la cadena chilena Panamericana Hoteles perteneciente a la familia Meiss.

La huella de Zúñiga

Al momento que se suscribieron estos acuerdos entre las autoridades sanitarias regionales y los hoteles, la contratación e implementación de residencias sanitarias era responsabilidad de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a cargo de Arturo Zúñiga.

A mediados de junio INTERFERENCIA reveló que la repartición de Zúñiga contrató por $205 millones una residencia sanitaria vinculada a Orlando Durán, jefe de la División de Atención Primaria del Minsal, la que no contaba con permisos sanitarios.. Artículos posteriores de este y otros medios encontraron más contratos irregulares y a fines de junio el Minsal le quitó la supervisión de las residencias sanitarias a Redes Asistenciales y la traspasó a la Subsecretaría de Salud a cargo de Paula Daza.

En noviembre Zúñiga dejó su cargo como subsecretario de Redes Asistenciales, pero las irregularidades en torno a las contrataciones de residencias sanitarias durante su período siguen saliendo a la luz.

Los informes de la CGR muestran la inexistencia de un proceso de limpieza y desinfección para espacios de uso público y lugares de trabajo en varias de estas residencias.

A continuación, algunos de los principales hallazgos de la Contraloría en la fiscalización de las otras cuatro residencias sanitarias que presentaron irregularidades.

Cero supervisión

El Hotel Gala de Viña del Mar fue una de las cinco residencias sanitarias habilitadas por el SSVQ. En su informe 582/2020, la CGR detectó que se pagaron $8.946.000 por “servicios que no fueron efectivamente prestados”, los cuáles correspondieron a días en que el número de hospedados en la residencia no alcanzó el mínimo de 55 pacientes. También se comprobaron 13 diferencias de 546.000 pesos entre el número de cenas servidas y las personas que se hospedaron en el hotel convertido en residencia sanitaria.

Además, la entidad fiscalizadora concluyó que “no consta que en la elección de las residencias sanitarias este servicio de salud haya utilizado una pauta o fórmula con criterios o parámetros preestablecidos”, por lo que no fue posible “respaldar de manera objetiva la elección” del establecimiento por sobre otros.

En cuanto al Centro Vacacional Palomar, la Contraloría en su informe 566/2020 detectó que no existió una “pauta o fórmula con criterios o parámetros preestablecidos que permitieran respaldar de manera objetiva la elección de un establecimiento para ser utilizado como tal”.

La CGR comprobó que no se inspeccionó el lugar “con objeto de verificar si este cumplía con las condiciones para ser destinado a RS [residencia sanitaria] y proveer los servicios de alimentación y limpieza”. En otras palabras, se contrató el Palomar sin visitar sus dependencias. El proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo establecido por protocolo tampoco fue incluido en el convenio.

Respecto al contrato entre Palomar y el servicio de salud regional, la entidad fiscalizadora detectó que, si bien el contrato fue suscrito por las partes el 26 de junio de 2020 – dos días después de que las residencias sanitarias dejaran de ser gestionadas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y pasaran a Salud Pública –, las instalaciones de la empresa comenzaron a ser utilizadas el 13 de dicho mes – con Zúñiga aún a cargo de las RS –, dictándose actos administrativos y órdenes de compra extemporáneamente.

En cuanto al Motel Tahai, también dependiente del Servicio de Salud de Aconcagua, la Contraloría en su informe final 543/2020 tampoco pudo encontrar que se haya utilizado “una pauta o fórmula con criterios o parámetros preestablecidos” que pudieran respaldar objetivamente la elección del recinto. Al igual que Palomar y el Hotel O’Higgins, “no existe evidencia que el SSA haya inspeccionado el lugar antes de proceder a la contratación del anotado establecimiento, con el objeto de verificar si este cumplía con las condiciones para ser destinado a RS [residencia sanitaria]”.

En este caso, también se comprobó la existencia de actos administrativos y de órdenes de compra emitidos de forma extemporánea para “regularizar las prestaciones ya acordadas y/o recibidas” y la inexistencia de un proceso de limpieza y desinfección para espacios de uso público y lugares de trabajo de acuerdo al protocolo de residencias sanitarias.

También se detectó que el contrato estipulaba “otorgar servicio de mucama con cambio de sábanas cada 7 días, o cuando se requiera”, cuando lo que establecen los lineamientos para la contratación de una residencia sanitaria es que el cambio de sábanas se haga a diario o cada vez que se requiera.

Por último, en el caso del Hotel Howard Johnson el informe final 536/2020 de la CGR detectó la falta de una “pauta o fórmula con criterios o parámetros preestablecidos, que permitieran respaldar de manera objetiva la elección de un establecimiento” y también la inexistencia de evidencia que acredite que el lugar fue inspeccionado antes de que se procediera a su contratación como residencia sanitaria.