El demoledor voto del Senado ayer en la noche demuestra que el consenso político y económico chileno de los últimos 30 años ya no existe.

Hubo tantos votos oficialistas a favor del retiro del 10% de las AFP, que incluso se cumplió el quórum de dos tercios, lo que es una clara señal de que, en caso de vetar el proyecto, el Presidente Sebastián Piñera podría sufrir otra derrota humillante más en el Congreso.

Esta es la primera vez que el sistema de cotización individual de pensiones, creado por el hermano del actual Presidente en medio de la dictadura, se cuestiona de manera seria. Y todo indica que las AFP -el corazón mismo del modelo económico chileno- van a llegar a su fin, al menos tal como las conocemos.

La reacción neurótica de los ministros Gonzalo Blumel e Ignacio Briones (ambos militantes de Evópoli), así como los augurios cuasi-apocalípticos sobre el fin de Chile de senadores como Andrés Allamand (RN) o Jacqueline van Rysselberghe (UDI), son una muestra clara de que el establishment pinochetista sabe que la gallina de los huevos de oro que ha favorecido a los empresario de su sector está a punto de fallecer.

En un intento desesperado por convencer a la ciudadanía de los males de este retiro de dineros -haciendo caso omiso a las enormes dificultades que enfrentan las chilenas y chilenos en medio de esta pandemia- una parte de la derecha recurrió a ex ministros y economistas de la difunta Concertación para tratar de mostrar que habría un consenso transversal. 

No es casualidad que, hace ya varios años, los grandes nostálgicos de los gobiernos de la Concertación sean representante de la derecha, desde La Moneda hacia abajo. Invocan con añoranza la política de los acuerdos de los años 90 o el gobierno de Patricio Aylwin que apostaba -en todo ámbito- por una política “en la medida de lo posible”.

El problema es que tanto La Moneda como esos políticos y expertos de la antigua Concertación no se han dado cuenta que, para una parte importante de la ciudadanía, todo ellos forman parte del mismo club: el que perpetuó un modelo de desarrollo que favorece a unos pocos y sólo permite cierta movilidad social a cambio de que la gente se endeude.

Por eso, cuando algunos sectores de la derecha recurren a nombres de connotados economistas y ex ministros de la Concertación, no se dan cuenta que para muchos chilenas y chilenos, estos son parte del mismo club. 

¿Se acabó la transición?

Desde el comienzo de la transición a la democracia en Chile -un concepto que a los lectores más jóvenes les puede parecer una reliquia política- se viene discutiendo cuándo termina esa transición.

¿Fue en octubre de 1988 con el plebiscito? Eso es lo que creen muchos partidarios de la dictadura cívica-militar. ¿Fue en marzo de 1990 con la asunción de Patricio Aylwin? Eso es lo que creyeron muchos líderes de la Concertación. ¿Fue en 1994 cuando, sin sobresaltos, se produjo un segundo gobierno democrático? Ahí varios miembros más cautos de la Concertación creyeron que, ahora sí, se había completado la transición.

Para otros, la transición se terminó con el arresto de Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998 o con la elección de Ricardo Lagos en 2000, el segundo socialista en llegar a La Moneda después de Salvador Allende. 

O también pudo haber sido en 2005, con las reformas a la Constitución. O en marzo de 2010, cuando la centro-derecha llegó, por primera vez desde 1958 al poder a través de las urnas. También pudo haber sido en abril de 2015, cuando se promulgó la ley que puso fin al sistema binominal para elegir a los representantes del Congreso.

Alternativamente, tal vez el fin de la larga transición hacia la democracia comenzó con la llamada revolución de los pingüinos en 2006 o la irrupción del movimiento estudiantil en 2011, con su eslogan No + lucro, o las masivas marchas de No + AFP en el invierno de 2016. O, claro, con el estallido social que se desató a partir del 18 de octubre de 2019.

En al menos tres ocasiones, el mundo político declaró que la transición desde la dictadura a la democracia había culminado.

El primero en esbozarlo fue Genaro Arriagada, intelectual DC de fines de los años 80 e inicios de los 90. Siendo Secretario General de la Presidencia en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, afirmó en varias entrevistas que la transición política había finalizado y que ahora el país tenía que mirar hacia adelante.

Más de una década después, y tras estampar su firma a una importante reforma a la Constitución de 1980, el presidente Ricardo Lagos Escobar declaró en tono solemne: “Hace 20 años hubo un acuerdo nacional para lograr un país más democrático, quince años atrás comenzaron los gobiernos democráticos y ahora podemos decir que la transición de Chile ha concluido".

Las reformas fueron esencialmente de índole política, como la de eliminar los senadores institucionales, también conocidos en la época como senadores designados, entre los que figuró el propio Pinochet y varios jefes castrenses.

En declaraciones en julio de 2005, Lagos, el ex Jefe de Estado aseguró que "ahora tenemos un cuerpo constitucional que está acorde con la tradición histórica de Chile y lo más importante, un cuerpo constitucional que fue aceptado por la unanimidad en el Congreso Nacional". 

A la luz de la actualidad, esa afirmación demuestra en parte por qué millones de ciudadanos salieron a las calles a partir de octubre del año pasado bajo el lema “No son 30 pesos, son 30 años”. Y es que Lagos reveló en esas frases dos cosas que simplemente no sintonizan con los tiempos.

Primero, la tradición histórica constitucional de Chile muestra que la carta fundamental siempre fue redactada entre un pequeño grupo de hombres iluminados (sí, hombres, no mujeres). Así fue en 1833, en 1925 y en 1980. Segundo, el hecho de que el Congreso Nacional aprobara las reformas de 2005 demuestra una cosa: las elites siguen arrogándose el derecho de la voluntad popular. Esto por no mencionar que Ricardo Lagos jamás habló del pueblo o los ciudadanos y su sentir respecto a la reforma constitucional.

Finalmente, ese día de julio de 2005 Lagos agregó: “Esto demuestra que cuando hay temas por sobre el interés partidario, los chilenos podemos tener una mirada larga en que ponemos en primer lugar el interés de Chile. Hoy ha sido un gran triunfo para Chile, para su democracia y debemos alegrarnos profundamente".

Quince años después, sus palabras están más desgastadas que las ruinas del imperio romano.

Cinco años después de esa nueva Constitución de Lagos, Sebastián Piñera ganaba por primera vez la elección presidencial. Eufórico, declaró: “Chile se apronta para iniciar una nueva transición, tan grande, tan noble y tan difícil como la que iniciamos hacia fines de los 80 y principios de los 90”. 

También en su caso, son palabras que parecen un grafitti antiguo sobre alguna pared del coliseo romano. 

Todos esos vaticinios fracasaron. Pero puede ser que, esta vez, el proyecto del retiro de 10% de los fondos ahorrados en las AFP sea el hito que marca el fin de esta larga transición. 

Después de todo, el ahorro forzoso de millones de trabajadores chilenos, que se ha utilizado para capitalizar a las grandes empresas del país, ha sido el núcleo mismo del llamado modelo chileno.

Ciertamente, en su papel de inyectar recursos a las empresas y crear un mercado de capitales en un país desprovisto de estos, las AFP han sido un éxito. Han ayudado a las grandes compañías a financiarse a bajos costos y sin tener que competir por capitales, permitiendo su expansión y, por consiguiente, la creación de decenas de miles de empleos.

Eso no está en duda. El problema es que ello poco o nada tiene que ver con las pensiones.

Los intentos desesperados del gobierno y las facciones más duras de la derecha para impedir esta ley -que sí, en eso la ex ministra Marcela Cubillos tiene razón, es sólo la punta del iceberg- sólo vienen a confirmar el fracaso no sólo económico sino que cultural de las AFP. 

Amenazar a los cotizantes con que sus pensiones futuras se van a reducir si retiran el 10% de sus fondos con un tope máximo que no supera los 4,5 millones de pesos, es un acto delirante, considerando que la pensión promedio que entregan las AFP está por debajo del salario mínimo.

Además, pocos han reflexionado acerca de qué significa tener un sistema de pensiones. Que se hable de rentabilidad, retornos o inversiones es un lenguaje de banqueros de inversión y, poco o nada, tiene que ver con un sistema de seguridad social. La labor principal de este es entregar jubilaciones que permitan a las chilenas y chilenos pasar a retiro sin tener que pensar en formar un pequeño negocio o salir a vender cosas en la calle para sobrevivir.

Ello es completamente indigno para un país que, supuestamente, se precia de ser el más avanzado de América Latina y pertenecer a la OCDE.

Pero existen también otras consideraciones. ¿Por qué Franklin D. Roosevelt propuso el New Deal (Nuevo Trato)? ¿Porqué Europa tras la Segunda Guerra Mundial invirtió fuertemente en un Estado de Bienestar Social, asegurando la salud, educación y pensiones de sus ciudadanos?

La repuesta es simple. Lo hicieron para garantizar la paz social. Por desgracia se trata de un factor que la mayoría de los economistas de nuestro país no entiende, tal vez, porque no lo pueden cuantificar o porque no le dan importancia.

Pero en el escenario actual, la paz social deberá ser un objeto de políticas públicas. Pese a los Chicago Boys de tercera generación que están en el gobierno, o a los connotados economistas de la Concertación que optaron por la ya fracasada tercera vía de fines de los años 90.