El general retirado Ricardo Toro Tassara, actual director nacional de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) fue imputado por fraude al Fisco en su calidad de jefe del Departamento de Personal del Ejército en el año 2008. De tal modo, Toro prestó declaración ante Fiscalía de Aysén el pasado mes de septiembre de 2020, información que ahora revela INTERFERENCIA.

La imputación de Toro dice relación con conocer su participación en el caso del FAM (Fondo de Ayuda Mutua) de Aysén, en el que primero se estafó a funcionarios militares asignados a esa región y en el que luego se produjo fraude al Fisco para desviar al menos 3.500 millones de pesos del erario nacional bajo la responsabilidad del Ejército para compensar ilegalmente a los uniformados afectados por la estafa. 

En la declaración, que tiene que ver con el fraude y no la estafa, Toro señala que “el comandante en jefe del Ejército -Óscar Izurieta- fue quien me encomendó como jefe de personal poner en práctica las medidas que se consideraron por la mesa de trabajo para afectados del FAM”, medidas que hoy son parte de la carpeta investigativa de la Fiscalía de Aysén por ser consideradas como fraude al Fisco.

La investigación -a la cual se le ha llamado Cutufa 2, dados sus parecidos con otra estafa histórica asociada al Ejército en dictadura, en la cual se coaccionaba a los funcionarios militares a aportar de sus ingresos en un esquema parecido a las estafas piramidales- busca conocer el destino de esos dineros públicos, los cuales se fueron sumando en tres administraciones consecutivas, correspondientes a las comandancias en jefe de Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, quienes también fueron formalizados por este caso, tal como informó INTERFERENCIA.

Distintas fuentes castrenses y de gobierno allegadas al caso que conversaron con este periódico, mencionaron que Ricardo Toro -director actual de la Onemi, nombrado en 2012 durante el primer mandato de Sebastián Piñera y luego de una fuerte restructuración de la entidad, dado el terremoto de 2010- era parte del engranaje que dio cuerpo a este fraude, algo que INTERFERENCIA pudo comprobar al tener acceso exclusivo a su declaración judicial del pasado mes de octubre.

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Primera página de la declaración de Toro Tassara

El caso, que se generó en la región de Aysén y por el cual se ha formalizado a 800 funcionarios del Ejército, comienza en 2008 cuando el entonces director de la institución, el general Óscar Izurieta, solicitó que se desarrolle un plan de pago a los funcionarios en servicio y retiro que estaban acogidos al FAM y que habían sido estafados luego de que abruptamente dichos fondos se acabasen. Algo que se extendió por ocho años, hasta 2016.

Es así como a partir se generaron los desvíos a través del Plan de Cultura y Clima Laboral que no tenía otro fin sino que el de pagar las deudas del FAM a sus víctimas; un sistema viciado que desvió recursos para establecer beneficios especiales, viajes al extranjero, comisiones, capacitaciones y recontrataciones de funcionarios en retiro, para los perjudicados por la estafa.

Todo un engranaje destinado, como dijo Izurieta en su declaración judicial “a mantener el alto la moral de la tropa”, dado que la estafa afectó más que a nadie a suboficiales, sembrándose el temor de que la historia saltara de los cuarteles a la sociedad chilena en general.

En su declaración, Toro señala que recuerda que había “más de 100 afectados” en total y aclara además que “como una de las responsabilidades del mando era mantener la moral de la tropa, el comandante en jefe Izurieta viajó a la IV° División de Aysén y habló con la tropa señalando que se estaba conformando una mesa de alto nivel para apoyarlo, dentro de la norma debidamente reglamentada, aunque esto no se trataba de un problema institucional", respecto de esta última afirmación, es importante recordar que FAM no es oficialmente ninguna entidad del Ejército, pese a que operaba con una e sus cuentas corrientes.

Toro, quien es magíster en gestión de negocios, magíster en recursos Humanos y magíster en planificación estratégica, llegó al cargo tras postular al Sistema de Alta Dirección Pública, habiéndolo renovado por un tercer periodo a partir de 2019.

En octubre de 2017 fue nombrado miembro del Grupo Consultivo del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) que orienta y asesora al Secretario General de Naciones Unidas sobre la utilización y asignación de recursos del Fondo, el cual constituye uno de los mecanismos más eficaces para apoyar una respuesta rápida a las personas afectadas por crisis humanitarias, incluyendo las llamadas “crisis olvidadas” (dada su larga extensión en el tiempo) y emergencias humanitarias con financiamiento insuficiente.

Pese a que su participación en el caso era evidente, dado su cargo en 2008 como jefe del Departamento de Personal del Ejército, fue sólo hasta hace dos meses atrás que se le citó a declarar en calidad de imputado.

Pese a ello, el general en retiro no pidió su salida de la Onemi ni tampoco le fue solicitada por sus superiores jerárquicos, los ministros del Interior Víctor Pérez, quien lo era cuando declaró Toro el 8 de septiembre ante la Fiscalía de Aysén, o el actual, Rodrigo Delgado (ambos UDI), quienes supieron de la situación judicial que afecta al encargado nacional de las emergencias y catástrofes.

Los decargos de Toro Tassara

Según su declaración a la PDI, el general en retiro Ricardo Toro señala que se buscaron soluciones a la crisis de los estafados por el FAM bajo un marco legal estricto: “La idea de estas soluciones era que cumplieran con los siguientes requisitos, tenían que estar dentro de las atribuciones del comandante en jefe del ejército o, segundo, que fueran legales y reglamentarias”, lo cual -prosigue en su declaración- debía ser visado por el auditor del Ejército el general Juan Arab, otro de los procesados por el caso hasta su fallecimiento.

Toro señala además que en su calidad de jefe de personal destinó al Departamento II de su administración que se hiciera cargo de ejecutar y supervisar que este plan de compensaciones, que incluía viajes en misión de paz, asignaciones, estudios y especializaciones, viáticos por comisiones de servicio, prolongación de servicio en el Ejército y contrataciones a honorarios para funcionarios en retiro. Según asegura Toro, jamás se volvió a preocupar del curso que tomaron estas acciones compensatorias.

De la misma forma, señala en su declaración que nunca conoció el Plan de Cultura y Clima Organizacional, con el que se materializó el fraude.

Finalmente, al ser consultado sobre otros mecanismos compensatorios y si se llevaron a cabo o no, Toro señala que no recuerda más formas de compensación, evitando así referirse las cuestionadas comisiones de servicio no realizadas y pagadas, o a las contrataciones a honorarios por servicios no prestados. 

Frente a su falta de memoria, el oficial de la PDI que le toma declaración le muestra un documento firmado por él donde se describen estas medidas de compensación y otras como las becas de estudios superiores.

Ante la evidencia, el abogado del general en retiro solicitó detener la declaración y exigió conocer la carpeta investigativa antes de emitir comentario, por lo cual terminó la sesión al acogerse a su derecho a guardar silencio.

Fuentes judiciales del caso señalan que la principal causa de la imputación a Toro es debido a que “fue uno de los gestores de este modelo viciado, el que, al amparo del alto mando, desvió fondos para usos que no correspondían a la institución. Para, de esa forma, pagar por un fraude que por décadas fue amparado por el Ejército y que debió ser denunciado, no encubierto con más ilegalidades”.