El lunes 2 de marzo de 2020 era uno de esos días en que se esperaba el estallido 2.0. En San Antonio las manifestaciones sociales no habían cesado durante el verano y ese día existió una amplia convocatoria en la plaza frente al puerto. La columna de manifestantes avanzó con dirección a la Gobernación, ubicada en el sector de Barrancas, lugar donde Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) ese día reprimieron con gases, carros lanza aguas y perdigones de goma a los manifestantes que no se querían dispersar.
Claudio Bravo y Jorge Hernández son vecinos del sector Treinta de Marzo, mientras que Jordano Santander y Patricio Alvarado viven contiguo al camino viejo a Santiago. Ellos asistían frecuentemente a las marchas.
Alvarado es diabético y sus dos abuelos son su razón de manifestarse, ya que en ambos casos los contactaron cerca de un mes después de que fallecieron para indicarles que por fin tenían una hora al médico para tratar sus patologías.
Por su parte, Bravo asistía a las manifestaciones con su prima Marcela Cepeda de 23 años. Él es ingeniero en Electricidad y Automatización Industrial del Duoc UC y se dedica a hacer cuchillería, joyas de plata y artesanías como atrapasueños. Bravo desarrolla proyectos como aspiradoras armadas 100% por él, cultiva cactus, es un activo defensor de la niñez y visita constantemente a los niños, niñas y adolescentes internos del Servicio Nacional de Menores, Sename. Su prima Marcela y su amigo Patricio Alvarado recuerdan el tren eléctrico de la pieza de Claudio como una obra maestra.
Hernández trabaja en una farmacia y Santander vive junto a su pareja y su hijo de ocho años, quien dice es su mayor fortaleza.
Toda esa cotidianeidad fue abruptamente desplazada por una situación legal que hoy tiene a dos de ellos con prisión preventiva (Bravo y Santander) en el penal de San Antonio, y a todos ellos bajo una acusación por violar la Ley de Seguridad del Estado, con penas de diez años de presidio mayor en su grado mínimo, por delitos contra el orden público. Eso, además de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y multa de 20 UTM por el delito de daños calificados; y quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 10 UTM por el delito de receptación. Respecto de Jordano Santander, se agrega la pena de quince años de presidio mayor en su grado medio por el delito de homicidio frustrado a funcionario PDI en servicio.
Ese lunes de marzo de protesta, estos amigos se quedaron hasta tarde en la manifestación, pero Marcela Cepeda se fue a su casa a eso de las 22:00 hrs. mientras que Claudio Bravo, su primo, se quedó con Alvarado, Hernández y Santander, quienes después de la media noche fueron juntos a tomar una cervezas. Al calor de la noche pasaron en el vehículo de Santander frente al cuartel de la PDI y uno de ellos habría sacado una pistola a balines y percutado tiros contra el edificio, ubicado en la calle 21 de mayo frente al puerto y un automóvil.
Luego de esto siguieron su andar y al pasar frente a la Fiscalía de San Antonio habrían vuelto a disparar, rompiendo una de las puertas de la mampara de ingreso de dicho edificio y contra otro vehículo.
Todo esto habría ocurrido cerca de las tres de la madrugada del martes 3 de marzo del año pasado.
Al amanecer y luego de comer algo, Santander pasó a dejar a Alvarado. Este joven de 26 años se despidió de sus amigos y se dispuso a caminar unos metros hasta la entrada de su casa. En ese momento aparecieron tres hombres y lo acorralaron contra un portón. Alvarado pensó que sería asaltado y se tiró sobre uno de sus atacantes, quien en ese momento sacó la placa y se presentó como detective de la PDI. Alvarado fue puesto boca abajo en el suelo, esposado y subido a una camioneta civil que emprendió una persecución para detener a los otros tres jóvenes que se dirigían a sus domicilios en otro vehículo.
En la subida del camino viejo a Santiago, el auto de los amigos de Alvarado fue emboscado por cerca de 15 policías en autos civiles. Santander, quien conducía, pensó que era un asalto, y los esquivó, sin embargo, al momento de ver las armas y las identificaciones, detuvo su auto. Los tres amigos fueron bajados y puestos junto a Alvarado en el suelo sobre las ortigas, fueron esposados y desde ese momento comenzaron a recibir golpes y amenazas.
“Pasé a dejar a Patricio [Alvarado] frente a su domicilio -casi una cuadra de mi casa, en el camino viejo a Cartagena-, continuando el viaje hacia San Antonio y llegando al cruce de Cartagena, de pronto, vi detenerse violentamente otro vehículo, a lo cual yo reaccioné a mi conducción acelerando, con el objetivo de poder esquivarlo, ya que me asusté. Continué alejándome de ese vehículo, en dirección a San Antonio y al avanzar me percaté que tiraban disparos a mi auto, y en dirección contraria venía otro vehículo subiendo, tratando de chocar con el mío. Ante esta situación, mi auto se desplazó a una orilla del camino, unos metros más abajo, y vi a unos sujetos apuntándome con armas escopetas”, narra Santander en su querella por tortura contra los policías presentada en el Juzgado de Garantía San Antonio por estos jóvenes.
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentó una querella criminal en contra de los policías que resulten responsables ese mismo 3 de marzo basándose en los relatos de los cuatro detenidos quienes denunciaban haber sido “sometidos a tratos crueles inhumanos y degradantes, por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile de la ciudad de San Antonio”.
“En ese instante me percaté que eran policías, ya que uno de ellos andaba uniformado y ya no tenía nada más que hacer que frenar a unos 30 metros delante de ellos. Al bajar del vehículo levanté mis manos, entregándome, sin oponer resistencia. En ese momento, me dieron en mi cabeza unos combos de mano y cachetadas diciendo que me había “agilado” con el cuartel 21 de mayo. Al momento de esposarme, uno de ellos me pegaba y yo ya estaba sin respiración. Me decía que me iba a matar”, complementa la declaración.
Según Santander, al llegar al cuartel de la PDI lo ingresaron a una oficina solo donde le propinaron una golpiza por cerca de un cuarto de de hora, sumado a insultos y degradaciones, para luego llevarlo a un calabozo donde lo dejaron esposado sentado en una banca con una mano atada a cada lado de la banca.
La querella por torturas en la Policía de Investigaciones
Asimismo, Patricio Alvarado, quien fuera el primer detenido, relata en la querella que al llegar al cuartel de la PDI, “nos llevaron a una sala en donde entraban distintos funcionarios a golpearnos y agredirnos verbal y físicamente. Luego nos dirigieron a los calabozos donde nos desnudaron y dejaron cerca de dos horas aproximadamente”.
Claudio Bravo, otro de los jóvenes, relata: “nos hicieron bajar del vehículo de Jordano [Santander]. Sin oponer resistencia, me tiraron al piso dándome golpes en el cuerpo y en la cabeza. Arriba del auto me continuaron golpeando en la cabeza, diciéndome insultos y dándome golpes en el estómago, en una clara actitud de ensañamiento, ya que, mencionaron reiteradas veces. “El auto que te piteaste es mío, conchetumadre”. Siguieron los insultos y golpes hasta llegar al edificio de la PDI donde me llevaron hasta una pequeña oficina interior en donde continuaron los golpes en la cabeza. Dejándonos frente a una pared, me obligaron a arrodillarme dándome patadas en las piernas, nos tomaron fotografías y nos llevaron a los calabozos para desnudarnos y dejarnos encerrados en cada celda, separados. Quedé desnudo por lo menos 40 minutos y luego de eso me pasaron mi propia polera y mis pantalones”.
El relato continúa así:
“Luego me tomaron dos personas de cada brazo, porque estaba esposado, y me llevaron a una oficina. Había tres personas, dos me afirmaron y el tercero me empezó a pegar combos en la cara, cuerpo, patadas, etc. Se turnaron para pegarme, uno cada uno, por un mínimo de 15 minutos. Diciéndoles que tengo problemas al corazón, me empezaron a pegar todos en el pecho, me dieron vuelta y tiraron a una mesa y siguieron los golpes por todas partes”.
“Les digo: “pégame como hombre” -ya estaba cansado de tanto ensañamiento-, uno tomó una pistola y me pegó en la cara con la pistola. Ya casi inconsciente me tiraron al suelo y siguieron pegándome para luego llevarme al calabozo, desnudándome, pero antes me pegaron con un guante como de moto; era más duro el golpe. Me desnudaron en el calabozo, me arrodillaron e hicieron presión en los hombros para así romperme [la piel de] las rodillas”.
“Me pegó un funcionario policial unas cachetadas, y me tiraron al calabozo. Pasó el rato, me coloqué la ropa viendo con un ojo y me llamaron a otra oficina, solo con los mismos tres funcionarios policiales que anteriormente me habían agredido, me dijero que me matarán si no doy la clave del celular y ya aburrido de los golpes e insultos, le digo “mátenme””.
“Empezaron los golpes nuevamente y me tiraron el celular diciéndome “coloca la clave conchetumadre. Te matamos a ti y a tu hijo conchetumadre.” En ese instante, les grité, me pegaron y amenazaron con que matarán a mi hijo. Al cabo de los minutos les di la clave y me empezaron a revisar el celular. En ese mismo instante, me volvieron a pegar y me tiraron al calabozo, con sangre y cansado. Luego en la tarde me hicieron la constatación de lesiones, donde se me diagnosticó un TEC, entre otras cosas”, dice el testimonio de Alvarado.
En el informe policial se hace referencia a que “los imputados al momento de la detención, pusieron tenaz resistencia al accionar policial, considerando que generaron una persecución policial, evitando ser detenidos, por lo cual hubo que aplicar la fuerza proporcional, racional y necesaria, que permitió su reducción y detención, y en razón de aquello los imputados Jorge Hernandez y Claudio Bravo resultados con lesiones leves”.
Lo que dice la PDI y la Fiscalía
El relato sobre la detención de los jóvenes contrasta con lo declarado por los funcionarios de la Policía de Investigaciones y presentado por la Fiscalía el día del control de detención. En la acusación se puntualiza que “los imputados transitaban a bordo del mismo vehículo marca Toyota modelo Yaris, color blanco por la vía pública en la ruta G-82 (camino viejo a Santiago) en dirección hacia San Antonio, donde fueron controlados por personal de PDI, donde, en el momento el conductor Jordano Santander, procedió a embestir con ánimo homicida al funcionario policial Hugo Gutiérrez Herrera, quien alcanzó a esquivarle, impactando al vehículo policial y darse a la fuga, momento en el cual el copiloto Claudio Bravo lanza un arma de aire comprimido al exterior, y al ser finalmente detenidos todos portaban en el maletero y vehículo diversos elementos conocidos para cometer desórdenes y desmanes como pinturas y bombas plásticas [bombitas de agua] para atacar carros policiales, armas tipo honda y balines, punteros láser, envases vacíos de lacrimógenas, municiones de balines y gas comprimido, y Claudio Bravo también portaba un cuchillo y cartucheras para el arma”.
Según la querella contra los jóvenes de la Fiscalía, en toda esta acción estos causaron daños contra la misma entidad avaluados en dos millones de pesos y la PDI avaluados en otros dos millones de pesos, y al vehículo particular, avaluados en 500 mil pesos.
Los testigos que figuran en la acusación presentada por la Fiscalía, el día del control de detención, son trece detectives con diferentes rangos, un químico farmacéutico, un prevencionista de riesgos, un guardia y un técnico en evidencias.
impacto_de_balin_en_vidrio_pdi.jpg
auto_fuera_del_cuartel_pdi.png
Constatación de lesiones
En el documento de constatación de lesiones del martes 3 de marzo, realizado en el Hospital de San Antonio, se especifica que al menos dos de ellos tenían lesiones leves, pese a que según el relato de Alvarado en la querella por torturas dice tener un TEC. Así y todo, el antecedente de lesiones graves o leves no fue un elemento relevante en el control de detención del mismo día ante la Fiscalía de San Antonio.
Incluso en la constatación de lesiones, Alvarado, quien es insulinodependiente tuvo que ser compensado, ya que tenía más de 300 mg/dl de glucemia, cuando lo normal es 100. Para esto le inyectaron suero con insulina. En dicho procedimiento el joven cuenta a INTERFERENCIA que “los policías le decían que no tenían todo el día para él y acto seguido le apretaban la bolsa de suero para que esto pasara más rápido a su sangre, una acción de ensañamiento en la aplicación de torturas”.
Según Carla Pérez, la abogada de la Defensoría Penal Pública que los representó en esa oportunidad y quien los visitó antes del control de detención en dependencias de la PDI, los jóvenes se sintieron intimidados para hablar de las torturas, “pues tuve que pedirle a los funcionarios que salieran de la oficina donde les estaba tomando declaración”.
La Defensora Pública no hizo reparo sobre los golpes que tenían los jóvenes, por lo mismo la querella por torturas debió ser presentada el 21 de abril de 2020 por su actual abogada, Betsabé Carrasco, de la Defensoría Popular, quien tomó el caso luego de tres semanas de transcurridos los hechos y con los tres muchachos cumpliendo prisión preventiva en el penal de San Antonio.
incautado_del_auto_por_pdi_.jpg
¿Afectaron la seguridad del Estado?
Los imputados son acusados por delitos contra la seguridad del Estado, descrito y sancionado en el artículo 6° letra C, que refiere a “los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte o de distribución, y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos”.
Para la defensa, las acciones por las cuales son acusados estos cuatro jóvenes, en ningún caso impidieron el funcionamiento de la PDI ni de la Fiscalía. Prueba de ello es que fueron detenidos en el mismo cuartel policial que sufrió los daños y luego fueron pasados a control de detención en el mismo edificio de la Fiscalía que había sido agredido. Por otra parte, los daños fueron al inmueble y no afectó a ningún policía o funcionario, ya que estos hechos tuvieron lugar durante la madrugada.
El juicio estaba programado para el 16 de febrero de 2021, sin embargo, debió ser suspendido, porque los acusados estaban contagiados con COVID – 19. De tal modo, el juicio se realizará el día 5 de abril.
Cerca del cierre de esta edición, fue aceptado un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre las medidas cautelares que Carrasco presentó en representación de los imputados para revocar la prisión preventiva que los mantiene internos en el penal de San Antonio. Esta apelación resultó favorable para Jorge Hernández, quien en este momento se encuentra en una residencia sanitaria para terminar de cumplir la cuarentena.
En el caso de Claudio Bravo y Jordano Santander se mantuvo la prisión preventiva, con el voto en contra de la Ministra Silvana Donoso, quien favoreció dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre los imputados Santander y Bravo por considerar que la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada, porque no observa peligros procesales asociados a la liberación de los imputados, y por el Covid-19, entre otras consideraciones.
En tanto, el Ministro suplente, German Nuñez y el abogado Integrante Fabian Elorriaga votaron a favor de mantener la medida cautelar de prisión preventiva hasta la realización del juicio.
INTERFERENCIA contactó a la Policía de Investigaciones de San Antonio para contrastar los hechos y no obtuvo resultados.
Comentarios
hasta cuando los desquiciados
Añadir nuevo comentario