"He decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Vicepresidenta Constitucional de la República. Las razones las explico en la carta adjunta. Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país", comunicó por Twitter Mercedes Aráoz en la noche del 1° de octubre.

Aráoz había sido nombrada por el Congreso como presidenta del Perú, en medio de una crisis institucional que tiene enfrentados a los poderes ejecutivo y legislativo, cuyo punto álgido fue el cierre del Congreso decretado por el presidente Martín Vizcarra, y la negativa de este a aceptarlo, con lo que -en contrapartida- declaró la vacancia de la Presidencia, para dársela posteriormente a Aráoz.

La doble presidencia, que duró algunas horas, terminó con una carta de la congresista Aráoz, quien señaló en ella que "considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso de la República".

La oposición esperaba que el Tribunal Constitucional (TC) decidiese la constitucionalidad del actuar de Vizcarra, quien cerró el Congreso al considerar que este le había retirado la moción de confianza al rechazar los cambios propuestos por el ejecutivo en el modo de elegir miembros del TC. Si bien la oposición fujimorista y aprista (seguidora del fallecido ex presidente Alan García) explícitamente no votaron una moción de esta naturaleza, el gobierno presentó esta materia legislativa como tal, y en consecuencia -al ser rechazada- renunció el jefe del gabinete Salvador del Solar y asumió en su reemplazo Vicente Zeballos. 

La Constitución peruana prevé que si durante un mismo periodo presidencial el Congreso retira dos veces su moción de confianza, el presidente está facultado para disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Y ya había habido el retiro de una moción de confianza en 2017, a propósito de una discusión en materia educacional, mientras el presidente era Pedro Pablo Kuczynski, quien fue defenestrado por su participación en el caso Odebrecht y reemplazado por Vizcarra, quien debe completar el mismo periodo presidencial.

Había sido la OEA la que había pedido que el TC resolviese el conflicto entre poderes del estado, pero al cierre de esta edición no hay claridad respecto de si va a haber finalmente un pronunciamiento al respecto, en una materia en la que la oposición calificó como un Golpe de Estado, al estilo del de Alberto Fujimori en 1992, cuando también cerró el Congreso. No hay claridad pues la balanza política se inclinó claramente en favor de Vizcarra, quien tempranamente fue apoyado por las fuerzas armadas y la policía, además de contar con un fuerte respaldo popular entre los peruanos, quienes han concentrado en el Congreso su tirria hacia la política, al que ven como obstruccionista y parcial. Aráoz, por su parte, solo logró el apoyo de los empresarios agrupados en la Confiep.

Aráoz -quien ostentaba el cargo de vicepresidenta en razón de su investidura parlamentaria y no por razones de confianza con el ejecutivo- en su carta dice que "espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país", con lo que implícitamente se pide adelantar también la elección presidencial. Algo que Vizcarra había propuesto a fines de julio, pero que había sido rechazado por los opositores.

Seguramente el debate peruano irá por ese camino, pues en caso de no adelantarse las elecciones generales (Congreso y Presidencia), el cronograma insititucional dice que Vizcarra se mantendrá en el cargo hasta 2021 y habrá elecciones parlamentarias en enero de 2020 para un Congreso que solamente funcionará durante el actual periodo presidencial; es decir que durará solamente un poco más de un año calendario.