Durante la tarde del viernes, en lo localidad de Panguipulli, un joven malabarista (Francisco Martínez, 27 años), fue abatido por Carabineros en medio de un control preventivo de identidad. 5 disparos fueron percutados, 4 de ellos dieron en el cuerpo del joven que fallecería en el lugar. El hecho generó protestas tanto en Panguipulli, como en distintas partes del país.

El tema se tomó la agenda política y mediática, todo esto en medio de serios cuestionamientos y anuncios de reformas a la institución uniformada.

En este contexto, en la pauta de los programas de contingencia y análisis políticos del domingo en la TV, el tema fue obligatorio. Así ocurrió en “Mesa Central” de Canal 13, y en “Pauta Libre” de La Red. (Cabe mencionar que “Tolerancia Cero” de CNN -Chile y “Estado Nacional” de TVN, están en receso).

En “Mesa Central”, la discusión versó sobre la crisis de legitimidad que vive Carabineros y la idoneidad de los protocolos usados por éstos. Y aunque hubo defensa de su actuar respecto a este hecho (al menos por parte del analista Gonzalo Müller, ligado a la UDI), la visión general fue más bien crítica. Por ejemplo, la académica y experta en seguridad, Lucia Dammert, apuntó al problema estructural que tiene Carabineros y a la necesidad imperiosa de una reforma, que, si bien ya se ha anunciado, aún no hay reales avances. Pero además Dammert apuntó al “Control Preventivo de Identidad”, por considerarlo discriminatorio y poco eficiente en las tereas investigativas policiales.

Sobre lo ocurrido en Panguipulli, Dammert señaló: “No hay control de identidad preventivo que justifique balazos en la calle, porque justamente no estás frente a alguien que está cometiendo un delito o una situación flagrante”.

A esto, la panelista del programa y experta en seguridad pública, agregó el componente discriminatorio que tienen procedimientos como el “control preventivo de identidad”, como lo ha venido señalando la literatura en esta materia: “Uno a veces cree que el control de identidad es lo que nos pasaría a nosotros (señalando a los panelistas en el set de clase acomodada), y efectivamente el ‘control’ en sectores populares, es abusivo, generalmente es violento, generalmente no viene con palabras como ‘señor por favor deme sus documentos’, y esto está estudiado”.

A esto, la académica apuntó sus críticas al manejo político del gobierno, señalando que las declaraciones del Subsecretario del Interior, Francisco Galli, fueron triste, por equiparar una vida con cosas materiales, luego que éste interrumpiera las preguntas de la prensa -que le consultaban por la muerte del joven malabarista-, para criticar a los periodistas porqué no le preguntaban por los daños materiales tras la protesta que se generó (tras la muerte del joven) en Panguipulli. 

El control preventivo de identidad: origen y críticas

El control preventivo de identidad se promulgó el año 2016, en medio de la “Agenda Corta Anti-delincuencia” impulsada durante el Gobierno de Michelle Bachelet. Si bien esta nace de una moción parlamentaria en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja por parte de parlamentarios de la UDI y RN, la moción recibió el respaldo del Ejecutivo, en pos de aprobar el paquete de medidas llevadas adelantes por La Moneda. De este modo, se ampliaron las facultades de Carabineros, y se les dio, además del ya vigente Art. 85 de la CPP, una nueva facultad contenida en la Ley 20.931. Esto, contra la opinión de la totalidad de organizaciones de DDHH, de la academia,  del Poder Judicial (contrario a la medida como lo señaló en un informe), y de varios estudios de Seguridad Pública (incluyendo a la conservadora “Paz Ciudadana”), esto por encontrar la medida ineficaz en el combate del delito, además, que corría el riesgo de ser altamente discriminatorio y que solo tendía efecto electoral propio del populismo penal.

Según un estudio realizado el 2019 por el académico de la UDP, y experto en la materia, Mauricio Duce, y según datos entregados tras una batalla judicial contra Carabineros, en el periodo de abril de 2017 a mayo de 2018, se realizaron aproximadamente 3.6 millones de controles de identidad. De ellos, el 89,1% son de carácter preventivo y el resto son de los llamados investigativos (regulados en el artículo 85 del Código Procesal Penal).

El estudio agrega: “Uno de los primeros descubrimientos es que hay una ‘explosión’ de los controles de identidad: de una tasa de 206 controles por cada 1.000 habitantes se incrementó, en 2018, a 255 controles por cada 1.000 habitantes. Esto, a nivel comparado, es elevado ya que -según datos mostrados por Duce- en Inglaterra y Gales en 2017-2018 se realizaron 5 controles de identidad por cada mil habitantes; o en Nueva York hubo 1,3 controles cada mil habitantes”.

Sin duda, la herramienta otorgada a Carabineros, es ocupada indiscriminadamente y de manera arbitraria y con muy poca efectividad en el combate a la delincuencia.

Por ejemplo: Durante el 2017, en Chile hubo 2.880.059 controles preventivos de identidad, mientras que en 2018 ascendieron a 4.818.074. De esto, solo un 2.9% y un 2.2% respectivamente, terminaron en detenciones.

A esto se suma la crítica de los expertos, en cuanto a la opacidad en la entrega de cifras que permitan un análisis desagregado y fino para ver efectos colaterales de esta medida, algo que durante la tramitación del proyecto se dijo que no ocurriría, por el contrario, se aseguraba total transparencia en los datos de modo de ir corrigiendo sesgos y políticas que terminaran siendo discriminatorias.

A pesar de lo ineficaz de la medida como lo muestran las cifras, y de las criticas transversales de expertos y expertas en la materia, dos días antes del “estallido social”, el 16 de octubre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la Ley 20.931 que permitiría realizar controles preventivos de identidad también a adolescentes desde los 16 años. Algo que fue públicamente criticado por la UNICEF.

Pobres: Los sospechosos de siempre

En “Pauta Libre” la mirada fue transversalmente crítica al actuar policial, apuntando particularmente a lo discriminatorio de los controles, y a la profunda crisis de legitimidad de la institución.

La periodista Alejandra Matus, en su intervención, señaló: “Un cabro de la Plaza San Enríquez se cura, consume droga, le pega a alguien, y no le pasa nada. Pero si Claudio Medel (un ex colega suyo de Radio que vivía en La Pincoya quien era constantemente controlado por Carabineros por su aspecto y venir de una población) se cura y le pega a alguien, se va preso, y por harto tiempo. Eso es injusticia, y esto tiene que terminar en Chile. Es el mismo procedimiento por los cual en EEUU se habla de racismo sistémico, nuestra política es racista sistémica. Y es triste, porque los policías son todos de sectores populares, hijos de sectores populares controlando a sus compañeros de barrio. ¿Y por qué los controla? Porque saben cuál es el estereotipo físico, saben qué tipo de hablar tienen que controlar".

Y razón tiene Matus. Los últimos datos que se tienen -desagregado por comunas- del control de identidad preventivo, muestran que estos se concentran en comunas populares y de la periferia. Según la información proporcionada por la propia policía uniformada en 2019, las comunas con más controles son; Santiago (109.159), Pudahuel (79.133) y Puente Alto (65.289). A estas les siguen Maipú, Estación Central, Conchalí, La Florida, San Miguel, Cerro Navia y La Cisterna.

La periodista de Interferencia, Laura Landaeta, quien ha reporteado el asesinato del joven malabarista, Francisco Martínez, señaló en el programa que éste, junto a otros colegas artistas callejeros, habían sido hostigados desde hace tiempo por Carabineros, y muchas veces les habían hecho control de identidad.

Además, la periodista señaló que uno de los detonantes de la violenta protesta que estalló en Panguipulli -y que terminó con varios edificios públicos calcinados-, se debió a que Carabineros destruyó una "animita" que espontaneamente habían levantado vecinos del lugar, en memoria del joven fallecido, quien además, era muy querido y conocido por la comunidad. Y posteriormente a aquello, Carabineros comenzó a reprimir a la gente que se había congregado en ese punto a dejar velas y flores, provocando más indignación, y dando paso a las protestas. Lo mismo ocurrió la noche de este domingo en Bajos de Mena, Puente Alto, donde fueron trasladados los restos del joven para ser velado por su familia en Santiago. Un gran contingente de Carabineros del COP llegaron al lugar, provocando la reacción de familiares y vecinos, generándose luego protestas y barricadas en la zona.

Por su parte, el editor de este medio (Interferencia), Andrés Almeida, presente como panelista en el programa, apuntó a la profunda crisis de legitimidad, agudizada durante el "estallido social" y lo cual apuntaron 4 informes de organismos internacionales de Derechos Humanos. Además, la policía uniformada se ha convertido en un problema, más que en parte de la solución, señalando: "Todos los elementos de desórdenes públicos hoy son a causa de Carabineros. No es que no logren evitarlos, sino que Carabineros son hoy la causa de los desórdenes públicos".

Almeida ilustró el hecho con lo acontecido este domingo, cuando una manifestación pacífica de ciclistas, fue atacada por Carabineros, quienes lanzaron lacrimógenas y chorro de agua (del carro lanza-agua) cuando estos pasaban por afuera de la Comisaría de Fuerzas Especiales (COP). "Hoy tenemos a una policía que está ofuscada, está descontrolada... la policía hoy es un peligro público", sentenció Almeida.

Y es que la crisis de Carabineros sigue profundizándose. Ya no bastan con cambios administrativos ni modificaciones en su mando (4 cambios en el alto mando en los últimos 3 años y medio), lo que hace urgente al menos una reforma profunda en su institucionalidad. Sin embargo, y contrario a lo que se espera, desde el gobierno no solo no se ha avanza en poner control a una institución que parece mandarse sola, por el contrario, el pasado mes de diciembre, La Moneda reactivó un proyecto (Boletín 13124-07), poniéndole “suma urgencia” dando más facultades a Carabineros, particularmente, eximiéndolos de responsabilidad penal en el caso del uso de su arma en procedimientos policiales (conocida mediáticamente como “Ley Gatillo Fácil”), medida que en marzo retomará su discusión y votación la Comisión de Seguridad del Senado.

Por el momento, como se ha extendido en algunas campañas en redes sociales, y mientras no cambie estructuralmente la policía; si eres pobres y tienes rasgos “populares”, lleva tu carnet y cuida de no asustar a la policía, para no terminar detenido o muerto.