En noviembre se presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso en contra del máximo jefe de la Armada, Julio Leiva, que en su parte medular dice: “El Almirante, utilizando caudales públicos asignados como gastos reservados, financia, de manera clandestina, la defensa judicial como la obstrucción de los procesos penales de gran parte de los imputados en causas por violaciones de derechos humanos en donde se encuentran involucrados altos mandos de la Armada”,

La acción judicial fue presentada por Mónica Araya, abogada de derechos humanos, quien es hija de detenidos desaparecidos (Bernardo Araya Zuleta y María Olga Flores Barraza) y madre de Juan Henríquez Araya, comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), caído en un enfrentamiento contra efectivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), en el marco de la llamada Operación Albania en 1987.  

La querella agrega que la institución dirigida por Julio Leiva, designado como comandante en Jefe de la Armada por Michelle Bachelet en junio de 2017, “planifica, coordina y ejecuta operaciones de inteligencia encubiertas, destinadas a amedrentar y amenazar al ministro Jaime Arancibia Pinto, por parte de la Dirección de Inteligencia de la Armada”.

En esa línea, denuncia seguimientos e intercepción de llamadas de los teléfonos personales e institucionales de Arancibia, quien es ex presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y “tentativas de infiltración, tanto del tribunal como de la policía que le colabora, con el pago a informantes”.

También se denuncia una campaña de desprestigio por redes sociales. INTERFERENCIA tuvo acceso a algunos de los mensajes de WhattsApp que circulan en grupos de funcionarios de la Armada, tanto activos como en retiro.  

También se denuncia una campaña de desprestigio por redes sociales. INTERFERENCIA tuvo acceso a algunos de los mensajes de WhattsApp que circulan en grupos de funcionarios de la Armada, tanto activos como en retiro.  

Uno de estos mensajes dice: “El resurgimiento del pinochetismo en algunos jóvenes parlamentarios que defienden el legado del modelo económico y social del Gobierno Militar, ha sumado el surgimiento de jóvenes abogados que innovando en sus argumentaciones no toleran más la politización y abuso del empleo en sede judicial de los Derechos Humanos. Un ejemplo de ello es la tenaz defensa del abogado Javier Gómez en favor del capitán de navío en retiro don Patricio Villalobos, al dejar en evidencia al prevaricador e inhumano juez don Jaime Arancibia Pinto de la Corte de Apelaciones de Valparaíso”.

El hostigamiento al ministro consistiría, además, en insultos directos vía correos electrónicos y acusaciones de prevaricación; es decir, lo que significa fallar arbitrariamente a sabiendas que sus resoluciones son injustas y contrarias a la ley.

“Estamos en lo que se denomina fase preparatoria de los montajes comunicacionales en contra de un juez que investiga violaciones de derechos humanos. Para ello, la Dirección de Inteligencia financia a periodistas de medios de comunicación con el objeto de publicar notas o artículos de desinformación destinados a cuestionar la honorabilidad, imparcialidad e independencia del magistrado, Sr. Arancibia Pinto”, relata el libelo.

Uso de gastos reservados

Según se detalla en la querella, para realizar todos estos procedimientos, Julio Leiva utilizaría caudales públicos asignados como gastos reservados, y tendría como objetivo entorpecer el desarrollo de las investigaciones del juez Arancibia orientadas a esclarecer crímenes de tortura, ejecución y desaparición de opositores durante la dictadura militar.

Respecto a los hechos que fundan estas acusaciones, la querella señala: “Un hito en esta materia fue la inspección personal del juez al Buque Escuela Esmeralda, el 23 de octubre de 2018, en Valparaíso, en donde fue emplazado personal de inteligencia de la Armada para grabar y registrar las gestiones del Sr. Ministro, situación que se vio favorecida con una evidente ilegalidad y encubrimiento. En efecto, ninguno de los marinos que se encontraban en dicha embarcación, especialmente oficiales, en su calidad de funcionarios públicos, estaban identificados”.

Otro aspecto denunciado en la querella es que, bajo el mando de Julio Leiva, se financian las defensas judiciales de ex integrantes de la Armada involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos.

Otro aspecto denunciado en la querella es que, bajo el mando de Julio Leiva, se financian las defensas judiciales de ex integrantes de la Armada involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos. Fuentes de INTERFERENCIA, en distintas cortes del país, aseguraron que esta situación se conoce como un secreto a voces en la justicia chilena, desde que se comenzaron a investigar estas causas.

Actualmente, la prestación de asistencia jurídica depende del servicio de bienestar social de la Armada. Es gratuito y reservado para los funcionarios o sus cargas familiares. Sin embargo, la primera causal que excluye la prestación de estos servicios es en aquellas causas en que la Armada, las instituciones de la defensa nacional o el fisco sean parte o tengan intereses contrapuestos con el funcionario. Ello implica una prohibición para apoyar causas que persigan delitos de lesa humanidad donde el Ministerio del Interior, a través del Programa de Derechos Humanos, actúa como parte querellante.  

Antes, el Ejército contaba con un sistema de descuentos por planilla para pagar la defensa judicial de efectivos procesados. Sin embargo, desde 2007, por resolución del entonces comandante en Jefe, general Óscar Izurieta, ya no opera este beneficio.

Delitos, declaraciones e inhabilidad

La querella invocó diferentes delitos contenidos en el Código Penal y en la Ley de Inteligencia. Respecto a este última, se invocó el artículo 43 que sanciona al funcionario de los organismos de inteligencia que utiliza la información recopilada o elaborada por dichos organismos en beneficio propio o ajeno, en perjuicio de alguna persona, autoridad u organismo, o para ejercer presiones o amenazas.

Se solicitó que se cite a declarar a Arancibia Pinto y a Julio Leiva, así como también al contraalmirante Allan Nettle Mebus, director de Inteligencia de la Armada.

La jueza de Garantía de Valparaíso, Marisol González Vera, declaró admisible la querella respecto de todos los delitos señalados, salvo en relación al delito de amenazas, “respecto del cual por no ser víctima la solicitante, no está facultada para ejercer querella”. Pese a ello, en caso que Arancibia declare y confirme estos hechos, podría abrirse esa arista del caso e investigarse en el mismo procedimiento.

Respecto a las diligencias que se avecinan, se solicitó que se cite a declarar a Arancibia Pinto y a Julio Leiva, así como también al contraalmirante Allan Nettle Mebus, director de Inteligencia de la Armada.

Según pudo recabar INTERFERENCIA, Arancibia Pinto presentó una denuncia por su propia cuenta ante la fiscalía de Valparaíso con el fin de informar a la autoridad ante eventuales hechos delictivos en su contra.

Actualmente, Arancibia Pinto es uno de siete ministros en visita que investiga delitos de lesa humanidad en el país, con cerca de 450 causas, un tercio de las que se encuentran en tramitación a nivel nacional. Además, en mayo de 2015 sometió a proceso a los 18 oficiales y suboficiales de la Armada y Carabineros involucrados en el secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward. Como resultado de sus investigaciones 15 ex agentes de la dictadura cumplen condena actualmente.

Consultado por este medio, el ministro Arancibia dijo que no se va a referir al tema.