La Subsecretaría de Telecomunicaciones -dependiente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones- contrató por $39 millones de pesos a la empresa de estudios de opinión pública y marketing Cadem, para efectuar encuestas de satisfacción a usuarios de telefonía móvil, internet y televisión “a objeto de desarrollar comparaciones entre los diversos prestadores”. 

La orden de compra -disponible en Mercado Público- fue enviada y aceptada el pasado miércoles 27 de octubre por el precio mencionado. Es decir, a solo siete días de que la Secretaría General de Gobierno haya contratado por $24 millones vía trato directo a Cadem para la realización de un estudio cuantitativo el 20 de octubre pasado (Ver artículo Gobierno contrató por $24 millones vía trato directo a Cadem por estudio "estratégico" durante período electoral).

Cabe precisar que esta vez no se trató de una contratación directa con Cadem, sino que la orden de compra respondió a una licitación pública que la empresa se adjudicó en septiembre de este año, en la que Cadem fue preferida por sobre dos competidores: Ipsos, y la empresa Easylit.

Con este contrato, Cadem aumenta la cantidad de recursos percibidos desde arcas fiscales durante el 2021. Si el 20 de octubre contaba con $309 millones, este contrato por $39 millones adicionales aumenta la cifra a cerca de 340 millones de pesos provenientes de organismos públicos.

La Resolución Exenta N° 1869 de la Subtel aprobó la contratación de Cadem, la cual menciona que “dado el crecimiento y alto impacto que los servicios de telecomunicaciones tienen actualmente en la sociedad, resulta necesario generar acciones destinadas a disminuir las asimetrías de información y a difundir los derechos de los usuarios”, esto dado que “la información y conocimiento de estos por parte de los usuarios constituyen un factor relevante al momento de corregir las conductas e imperfecciones de la industria de telecomunicaciones”, tal como señala el documento.

En particular, la Subtel señala que no cuenta con el personal necesario para realizar a cuenta propia este estudio, por lo que “requiere contar con una asesoría técnica y especializada que permita conocer la opinión y el nivel de satisfacción de los usuarios de servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil, internet móvil, televisión de pago y acceso a internet residencial o fija, a objeto de desarrollar comparaciones entre los diversos prestadores”. 

Con esta compra pública, Cadem aumenta la cantidad de recursos percibidos desde arcas fiscales durante el 2021. Si el 20 de octubre contaba con $309 millones, este contrato por $39 millones adicionales aumenta la cifra a cerca de 340 millones de pesos provenientes desde organismos públicos.

En el contrato, Subtel le exige a Cadem que diseñe “un instrumento de encuesta de carácter cuantitativo, con encuestas telefónicas aplicadas a los servicios de telefonía móvil, internet móvil, televisión de pago e internet residencial o fija, con un muestreo de proporciones con representación nacional y con utilización de un Sistema de Entrevistas Telefónicas Asistidas por Computador (CATI)”. 

Este tipo de encuestas de satisfacción ya había generado polémica en el pasado, debido a que Cadem accede a bases de datos de valor incalculable para una empresa que realiza encuestas y estudios de opinión pública. Nada más ni nada menos que información privada de usuarios e telefonía e internet móvil de millones de chilenos. 

Estas entrevistas deberán realizarse entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, y el resultado del estudio sería para la confección de un ranking de empresas proveedoras de estos servicios.

Dudas sobre la confidencialidad

Un dato relevante al respecto, consiste en que la Subtel se compromete en el contrato a entregar a Cadem los datos de usuarios de telefonía e internet móvil para que la empresa diseñe una muestra de representación nacional.

“Para efectos de la aplicación de la encuesta de estos dos servicios, la Subsecretaría proporcionará la información tanto para la definición de la muestra y la ejecución de la encuesta por empresas”, señala el contrato, para lo cual se dispondrá de esta información “en medios digitales y seguros y de cuya información el contratista se sujetará al manejo de esta información a la obligación de confidencialidad”, señala el documento. 

Estos datos nacionales -según detalla la Subtel- corresponden a 21.989.129 usuarios de telefonía móvil, y 18.131.683 conexiones de usuarios de internet móvil (quienes obtienen estos servicios de distintas empresas del mercado).

Este tipo de encuestas de satisfacción ya había generado polémica en el pasado, cuando la Asociación Chilena de Telefonía Móvil (Atelmo) se mostró contraria a que la Subtel entregara a Cadem los datos personales de millones de usuarios de telefonía móvil e internet, señalando que con esto Cadem tiene en sus manos una base de datos de valor incalculable para una empresa que realiza encuestas y estudios de opinión pública. Nada más ni nada menos que información privada de millones de chilenos. 

El contrato especifica una cláusula en la que Cadem se obliga a usar con confidencialidad esos datos, y a destruirlos una vez que haya realizado esos informes, lo cual en ocasiones pasadas no ha dejado conformes a los detractores de esta práctica. 

Tal como informó INTERFERENCIA, esta disputa entre Atelmo y la Subtel se judicializó y también llegó al Consejo Para la Transparencia -en atención a que es el órgano mandatado a proteger la privacidad de los datos personales-, instancias en las que la Subtel salió victoriosa.