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Lunes, 23 de noviembre de 2020
Acusación constitucional

Senado condena a Chadwick por violaciones a DD.HH. ¿se viene el turno de Piñera?

Andrés Almeida
Nicolás Massai D.

La oposición se cuadró para responsabilizar al ex ministro del Interior por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 18 y el 28 de octubre. Sin embargo, estos crímenes de lesa humanidad perpetrados por Carabineros continuaron varias semanas después de un modo muy similar durante el periodo de Gonzalo Blumel. Esto lleva a algunos a pensar que el Presidente Sebastián Piñera, quien enfrenta una acusación similar, también debería ser condenado.

"Acusan a mi defendido como si él fuera el que preside el Gobierno". Las palabras son de Luis Hermosilla el 28 de noviembre, cuando el abogado defensor del ex ministro del Interior Andrés Chadwick hizo su defensa ante la Cámara de Diputados.

Lejos de quedar en el anecdotario, la frase reverbera en los pasillos del poder, pues luego de que finalmente fuera aprobada la acusación contra Chadwick el 11 de diciembre, el turno es de quien sí preside el Gobierno: Sebastián Piñera.

Al día siguiente, el 12 de diciembre, el Presidente y superior jerárquico de Chadwick deberá enfrentar una acusación constitucional muy similar; en cuanto a sus políticas omisivas en el control de las fuerzas policiales y militares, las que han cobrado al menos 4 víctimas fatales, más de 3.500 heridos de los cuales alrededor de un 10% presentan heridas oculares graves, y centenares de personas que han sufrido violaciones, abusos sexuales o torturas, según los últimos datos del 6 de diciembre del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Esto, con el agravante de que su responsabilidad era más directa durante las jornadas de estado de emergencia, pues los jefes militares respondían directamente a su comando, y porque Piñera ha seguido en el cargo durante los más de 50 días de crisis, y no solo durante los 10 primeros de su ex ministro del Interior.

En el transcurso del día histórico en que el Senado acusó a un ministro del Interior por graves violaciones a los derechos humanos, varios de los senadores que aprobaron el libelo acusatorio se cuidaron de decir que su decisión corresponde a un juicio político y no a uno penal, sin que el acto establezca un puente entre ambos ámbitos. Con esto, la idea era cumplir con lo que la oposición consideraba un mandato: no dejar en la impunidad política las violaciones a los derechos humanos, y por otro lado, tratar de comprimir la herida inflingida a Chadwick y -por carambola- al Gobierno todavía vigente.

Sin embargo, cuando en el horizonte aparecen las violaciones a los derechos humanos con meridiana claridad, el tema se transforma en algo ineludible, que pesa y copa la agenda. Esto, porque tras la condena política de Chadwick vendrá una serie de querellas por violaciones a los derechos humanos contra él y su primo Piñera, y probablemente contra actual el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el director general de Carabineros, Mario Rozas. Si bien este escenario nacional puede configurarse en un plazo de un año, no es descartable que al menos Chadwick sea formalizado, pues no contará con fueros.

En términos internacionales, los tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional operarán solo si es que las víctimas observan que los tribunales chilenos no les prestan la atención suficiente. Pero, el efecto político será muy anterior. En términos concretos el Senado de Chile acaba de reconocer la responsabilidad de este Gobierno en las peores violaciones a los derechos humanos desde la dictadura, cuya cara es Andrés Chadwick. Un castigo muy superior a los cinco años de prohibición de ejercer cargos públicos que determina la aprobación de la acusación constitucional.

Piñera probablemente zafará de la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputados y si la causa va al Senado, es practicamente imposible que ahí prospere, pues requiere de un quórum inexistente de 2/3. Además, varios de los parlamentarios entrevistados afirman que existen acuerdos políticos con varios personeros opositores -no solo de la Democracia Cristiana- que hablan de una "responsabilidad institucional" en evitar la destitución del Presidente. Es más, algunos congresistas piensan que lo que puede ocurrir el 12 de diciembre es una especie de "absolución" del Congreso al Presidente. Sin embargo, esa parece que será una victoria pírrica. 

Una victoria pírrica

Corre la tesis en el Congreso de que la Democracia Cristiana negoció con el Gobierno aprobar la acusación constitucional de Chadwick sin romper puentes, a cambio de que fueran los democratacristianos quienes frenaran la acusación constitucional contra Piñera.

Parece un negocio políticamente razonable, pero más razonable para la DC -que así no tendrá que cargar con el karma de haber ofrecido impunidad por las violaciones a los derechos humanos- que para el Gobierno. Esto, porque si el oficialismo hubiese detenido la hemorragia el 11 de diciembre (en el turno de Chadwick), no tendría nada que temer el 12 de ese mes (en el turno de Piñera), pues descartando los argumentos políticos y penales contra uno de los primos, quedaban inmediatamente descartados los del otro primo.

Dicho de otro modo, la cosa se puede complicar al menos en la Cámara, donde es posible que varios diputados y diputadas de oposición no encuentren razones más allá de las de la "responsabilidad institucional" como para aprobar un libelo espejo de Piñera del que ya habían aprobado contra Chadwick ¿Acaso no es obvio que el presidente es más responsable que el ministro, en especial durante los días de estado de emergencia?

"Claramente hace más viable la acusación constitucional. Escuchando los argumentos que cada persona dio al votar, parece lógico que quienes afirmaron la responsabilidad de Chadwick, deberían hacer lo mismo con Piñera por como han continuado las violaciones a derechos humanos", dice el diputado Giorgio Jackson de Revolución Democrática.

Por su parte, Álvaro Elizalde, senador y presidente del Partido Socialista, dice que no puede adelantar un juicio respecto de la responsabilidad del Presidente, pues él puede llegar a ser jurado en el Senado de la acusación contra suya. Sin embargo, afirma que el Gobierno "ha sido renuente en tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos" y ejemplifica con el uso actual por parte de Carabineros de bombas lacrimógenas fuera de protocolo, lanzados a la cabeza de civiles, en reemplazo de los ahora prohibidos perdigones y balines.

Más allá de lo que pase en el Congreso con la acusación constitucional contra el Presidente, muchos políticos comparten la idea de que los derechos humanos debilitarán aún más a Piñera y su Gobierno, después de sancionar a Chadwick, pues su condena es políticamente extensiva. 

Incluso si Piñera logra acabar con la acusación constitucional en la Cámara, la condena a su primo, dicen otros parlamentarios, impide transformar eso en una victoria. Más si se toma en cuenta el factor internacional. "Piñera no va a ser una especie de Pol Pot [dictador comunista de Camboya] pero puede ser un Maduro [por el presidente de Venezuela], un Madurito, porque todavía las cosas son más graves en Venezuela", dice uno de los parlamentarios entrevistados en off the record.

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