Después de que uno de los carabineros formalizados por el asesinato a Camilo Catrillanca viralizara un video en redes sociales, acusando que "alguien" los obligó a entregar declaraciones falsas, el general director de dicha institución, Hermes Soto, fue citado por el presidente Sebastián Piñera a La Moneda para que diera explicaciones, pero la autoridad uniformada dijo que no tenía cómo explicarlo.

Los uniformados no pueden salir del barro y el hecho mencionado es sólo una muestra de la crisis que atraviesa como institución, puesto que desde que el comando jungla terminó con la vida del weichafe de la comunidad de Temucuicui, la sucesión de informaciones falsas entregadas por los uniformados ha reafirmado que Carabineros, en casos importantes, no entrega toda la informacion. 

Paralelamente, las investigaciones relativas al fraude de 28.000 millones en Carabineros siguen complicando a los uniformados. En este contexto, y pese a la gravedad de las acciones de sus subalternos, el general director de la institución se ha mantenido en el cargo. El martes en entrevista con Radio Bío Bío, pese a la sorprendente respuesta de Soto, Sebastián Piñera lo respaldó, aunque emplazó a la institución a que “digan la verdad”.

Esto no es para sorprenderse, puesto que parece ser una costumbre en los años post dictadura que quienes lideran el alto mando de Carabineros no sean responsabilizados por los escándalos grandes.

Para la suspicacia histórica quedó que Villalobos fue guardaespaldas de Michelle Bachelet, además de ser el encargado del operativo que requisó el computador de Sebastián Dávalos una vez que se destapó el caso Caval, donde se dijo que no se encontró información.

El primer gran conflicto que protagonizó la institución a partir de los años 90 fue con Rodolfo Stange. En 1994 el ex ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, procesó a dicho uniformado por obstruir la investigación del ‘Caso Degollados’, lo que motivó al entonces recién asumido presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle a pedirle la renuncia. Todavía resuena fuerte el "Yo no me retiro" de Stange frente a la prensa congregada en La Moneda, ante lo cual el gobierno de la época poco pudo hacer, teniendo en cuenta que no fue sino hasta la reforma a la Constitución del año 2005, que se restituyó la facultad de remover a los comandantes en jefe por parte de lo presidentes. Así, el cuestionado general director, que estuvo en el puesto desde 1985 -cuando reemplazó a César Mendoza, también salpicado por el ‘Caso Degollados’-, salió a retiro voluntariamente en 1995, un año después del incidente.

Facultad presidencial no aplicada

Pese a la facultad establecida en la actual Constitución, no es común que la máxima autoridad del país recurra a esta ante las grandes crisis. Por ejemplo, recientemente, el ex jefe de Carabineros Bruno Villalobos fue otro blindado.

Cuando en enero de este año se descubrió que las pruebas utilizadas por Carabineros en la Operación Huracán fueron inventadas, el entonces general director fue inamovible en la práctica para Michelle Bachelet. No importó que este se fuera de inmediato de vacaciones tras conocerse el delito de sus funcionarios, siguió en el cargo hasta que hubo cambio de gobierno, momento en que presentó su renuncia. Para la suspicacia histórica quedó que Villalobos fue guardaespaldas de Michelle Bachelet, además de ser el encargado del operativo que requisó el computador de Sebastián Dávalos una vez que se destapó el caso Caval, donde se dijo que no se encontró información.

En 2011 el ex general director Eduardo Gordon salió del cargo en medio de una polémica. Aquel año, Ciper Chile publicó que en 2010 Gordon intercedió en la alteración de un parte que consignaba un choque protagonizado por su hijo, en el cual éste se dio a la fuga. No fue pasado a retiro, sino que presentó su renuncia voluntaria.

Desde 2017 que comenzaron a destaparse los fraudes de dineros en Carabineros, mientras que este año coincidieron los dos escándalos con el pueblo mapuche, los que han impactado socialmente de mayor manera que otros casos, como el asesinato de Alex Lemún. Pero lo preocupante y que aumenta las desconfianzas hacia la institución, es que desde antes sus generales directores se han visto involucrados en las polémicas.

La antigua autoridad, Gustavo González Juré, manifestó en octubre de 2017 que “no recordaba” si vio el documento que existía y alertaba del desfalco. Mientras que su antecesor, Eduardo Gordon, actualmente se encuentra formalizado en el caso por malversación de caudales públicos.