Una de las imágenes más emblemáticas que dejó el terremoto ocurrido en Chile el 27  de febrero de 2010 fue el edificio Alto Río, ubicado en calle Los Carrera con Prat en Concepción: un edificio derrumbado y partido a la mitad, cuya caída dejó ocho fallecidos, 80 heridos de gravedad y varias familias damnificadas. 

A más de 10 años de este suceso, la batalla por las indemnizaciones y compensaciones aún continúa. El largo camino a través de la justicia incluyó gestiones a nivel penal -donde fueron condenados los propietarios de la constructora Socovil y el ingeniero calculista René Petinelli-, y a nivel civil, para obtener indemnizaciones, donde la sanción fue cercana a $ 4.000 millones. 

En esa línea, estupor y molestia causó en febrero de 2019 cuando los dueños de los departamentos de Alto Río descubrieron que debían hacerse cargo de una deuda de 108 millones de pesos para evitar el remate del terreno entregado como parte de la compensación en el juicio civil que falló a su favor.

El fin de la entrega de estos terrenos era venderlos para poder cobrar ese precio y con eso pagar a las víctimas su indemnización, pero los vecinos han argumentado que si las propiedades no están saneadas en forma previa, va a ser impedimento para el futuro, porque no se van a inscribir y el futuro adquiriente va a exigir, como cualquier comprador, que esto esté al día en todos sus aspectos.

Pese a que en 2019 se intentó buscar una salida favorable a los vecinos, tras una reunión con el SII, lo cierto es que en lo concreto no terminó siendo así y la Tesorería General de la República (TGR) ha insistido con el pago de las contribuciones adeudadas. 

Esto hace recordar otros bullados casos como cuando se determinó que la Casa de Piñera en Caburgua sólo pagará 3 de los 30 años de contribuciones adeudadas o el abultado listado de parlamentarios con contribuciones impagas que develó Informe Especial el año pasado, lo que da para interpretar que en la TGR existe un un amplio margen de discrecionalidad en función de cada situación particular.

Lo que dice Tesorería

Tesorería no da su brazo a torcer. Así lo demuestra un documento dirigido a la representación legal de los vecinos en diciembre de 2020 al que INTERFERENCIA tuvo acceso. En el texto, el órgano recaudador expone que “tal como le hemos informado en oportunidades anteriores, nuestro servicio no cuenta con con facultades para condonar el capital y reajustes de aquella deuda, ya que la Tesorería cuenta sólo con la posibilidad de otorgar facilidades para el pago del impuesto territorial adeudado, mediante convenios de pago que se pueden celebrar a un máximo de 24 cuotas mensuales”. 

La TGR precisa -eso sí- que el servicio tiene la facultad para condonar parcialmente los intereses legales devengados por aquella deuda, y explica que en caso de que la comunidad referida se encuentre en una situación económica difícil o bajo circunstancias calificadas que le impidan absolutamente acogerse a las condiciones de pago previamente explicadas, pueden solicitar ser evaluados para un convenio especial, para acceder a flexibilidades tanto respecto del monto del pie a pagar (cuota contado), como en relación al valor de las cuotas mensuales. 

En el texto, la Tesorería también menciona que a la fecha no ha solicitado a los tribunales de justicia fecha para el remate de aquel inmueble en los próximos meses, por lo que no se procederá a su subasta en el corto y mediano plazo, lo cual era uno de los temores de los vecinos; que el predio fuese rematado para cobrar aquella morosidad en el impuesto territorial, en un escenario que recuerda a lo ocurrido en el caso de las hermanas Struthers en Cachagua, a quienes le terminaron rematando su propiedad por contribuciones impagas, adquiriendo la propiedad Leonidas Vial en un remate.

En el documento de la TGR se apunta que en “en el evento en que la comunidad no pueda acogerse a ninguna de las facilidades expuestas, puede hacer una solicitud al suscrito, a fin de analizar antecedentes y evaluar una posible alternativa temporal de solución, lo anterior, sin perjuicio de que el Servicio de Impuestos Internos podría seguir girando nuevos impuestos”. 

Es lo contenido en este último párrafo la opción más clara que le estaría quedando a los vecinos para poder acceder a la condonación de la millonaria deuda que heredaron por el predio que les otorgaron como indemnización.

INTERFERENCIA intentó contactarse con el representante legal de los afectados para poder saber cuál será la estrategia por la que optarán hacia el futuro, pero por tratarse de un proceso que está en curso, la defensa prefirió no emitir declaraciones a la prensa por el momento.