“La jornada de trabajo se reparte en forma muy rígida por la ley, se puede dividir solamente entre 5 y 6 días y está lleno de normas. La modernidad lo que busca es hacer más compatible el mundo del trabajo con el de la familia y de esta forma la flexibilidad laboral debiera estar permitida en la medida que se logren acuerdos libres entre las partes, cosa que la actual legislación rigidiza en forma extrema”.

La frase anterior la pronunció el presidente Sebastián Piñera este lunes 22 de octubre durante un desayuno que sostuvo con los empresarios de la Federación de Empresas de Turismo. En esta resumió la visión que tiene su gobierno respecto de la agenda de empleo: flexibilizar al máximo.

Sobre el papel, la promesa de aflojar la jornada laboral suena atractiva. Pero el peligro es que, en el mundo actual que no conoce horarios, aquello se convierta en una trampa. Así como las empresas de comunicaciones prometen que cada avance en los celulares permite, en teoría, tener más tiempo libre, la experiencia cotidiana de muchos es que se convierten en esclavos de la omnipresencia tecnológica.

Y la promesa de que un cambio en la jornada laboral permitirá un mayor tiempo libre suena sospecha si viene de la boca de un Presidente que, el entrar por primera vez en La Moneda, prometió trabajar 24/7; es decir, 24 horas al día durante todos los días de la semana.

Para muchos trabajadores, la jornada de 45 horas se vería afectada por primera vez en casi un siglo.

Como sea, el gobierno está urgido en estos momentos. Y es que, pese a un crecimiento económico de 3,5% en septiembre, los números del mercado laboral no mejoran.

El martes la Encuesta de Empleo y Desempleo que realiza la Universidad de Chile arrojó que la gente desocupada en el Gran Santiago llegó a más de 230.000 personas (7,1%), siendo las mujeres las más perjudicadas, pasando de 7,4% a 8,1% frente al año anterior.

Reaccionando a estas malas noticias, el mismo martes el gobierno retomó la iniciativa y le puso suma urgencia al proyecto de teletrabajo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. En un foro realizado la semana pasada, los empresarios le atribuyeron la responsabilidad de las magras cifras a la reforma laboral que impulsó Michelle Bachelet.

Ignacio Briones, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que fue uno de los organizadores de ese evento, explicó que gran parte de los ejecutivos criticaron las medidas impulsadas por Bachelet y agregó que “siguen siendo un problema la indemnización por años de servicio, los costos de contratación y despidos, junto a la baja movilidad”.

Gobernar por decreto

Pese al compromiso de Bachelet de llevar adelante una reforma laboral contundente, que equilibrara las relaciones entre el empleador y el empleado, el proyecto quedó reducido. La fuerte presión de la derecha, en su negativa por fortalecer los sindicatos, y la intervención del Tribunal Constitucional, terminaron por mermar el proyecto original que otorgaba más poderes a los trabajadores.

El objetivo del actual gobierno ha sido avanzar en su agenda de flexibilidad y modernización laboral. Para esto, y como no cuenta con una mayoría en el Congreso, la maniobra del Ejecutivo ha sido llevar adelante su programa mediante dictámenes y decretos específicos para áreas determinadas del ámbito laboral, que en apariencia serían de más fácil aprobación que una reforma sistémica.

En sintonía con el mundo empresarial, La Moneda ha impulsado una suerte de contrarreforma, utilizando su facultad de decretos para avanzar en la senda de terminar con la jornada laboral que, con modificaciones menores, existe en Chile desde 1924.

“La agenda de la derecha es debilitar la organización sindical y destruir el concepto de trabajo con límites diarios y semanales, no a través de su derogación expresa, sino que a través de crear tantas normas y estatutos especiales como pueda”, afirma Gael Yeomans, diputada del Frente Amplio.

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados ha tenido que discutir tres proyectos que vienen del anterior gobierno de Piñera. Se trata del Teletrabajo, el Estatuto Laboral Para Jóvenes Estudiantes y el estatuto para trabajadores agrícolas . Los tres tienen un punto en común: permiten que la jornada laboral se divida en varios bloques.

En palabras sencillas, un estudiante que trabaja tendría derecho a uno, dos o tres bloques de dos horas libres durante la jornada -con el fin de asistir a clases o estudiar-, pero en la práctica se traduce a que ese joven podría pasar más de 10 o 12 horas “atado” a su lugar de trabajo.

La diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, que es miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, criticó en duros términos al ejecutivo: “La agenda de la derecha es debilitar la organización sindical y destruir el concepto de trabajo con límites diarios y semanales, no a través de su derogación expresa, sino que a través de crear tantas normas y estatutos especiales como pueda”.

Piñera envió al Congreso el proyecto de Teletrabajo o trabajo a distancia el 10 de agosto de este año. Desde entonces, el gobierno le ha puesto suma urgencia en cuatro oportunidades, la última este martes 23 de octubre.

En 2001, la ley 19.759 introdujo modificaciones al artículo 22 del Código del Trabajo, consagrando la existencia del trabajo a distancia. La modificación supuso la posibilidad de que los trabajadores contratados puedan prestar sus servicios “preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones”. Además, se consignaba que en estos casos los trabajadores se encontrarían excluidos de la limitación general de jornada laboral.

Más allá de esta modificación, actualmente no existe una regulación sistemática del trabajo a distancia, por lo que el proyecto de ley se propone regular esta materia. A juicio del ejecutivo, los vacíos legales existentes generan “un desincentivo al uso de esta modalidad, la cual permite mayor adaptabilidad a los trabajadores y beneficia la conciliación trabajo-familia”.

Además, busca generar mayor empleabilidad en sectores vulnerables y/o marginados del mercado laboral tradicional, “como son los trabajadores con discapacidad, los adultos mayores y las personas con responsabilidades familiares”, según consta en los antecedentes del proyecto.

La iniciativa fue presentada el 8 de septiembre de 2010, durante la primera administración de Piñera, sin que llegara a aprobarse. Hasta el día de hoy duerme en el Congreso.

En el caso del Estatuto Laboral Juvenil, el 13 de marzo de 2018 el gobierno presentó una urgencia simple ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social. El proyecto se ingresó el 18 de junio de 2013 y proponía establecer un contrato de trabajo con jornada reducida, con la posibilidad de discontinuarla durante el día para adaptarse a los horarios de clases, “acorde a las necesidades de los estudiantes de educación superior que quieran compatibilizar sus responsabilidades académicas con una actividad laboral”.

Respecto al Estatuto Agrícola, el 13 de marzo de 2018 el gobierno presentó una urgencia simple ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social. El proyecto ingresó originalmente el 5 de octubre de 2011. El objeto de ese estatuto es modernizar y actualizar las normas del código del trabajo a la realidad que actualmente existe en la actividad agrícola.

Estos tres proyectos, si bien parecieran regular materias aisladas y específicas para cada ámbito del mercado del trabajo, lo cierto es que presentan elementos comunes que permiten observar que existe una línea política clara respecto a las relaciones laborales.

En concreto, los tres proyectos apuntan a establecer modificaciones en el artículo 22 del código del trabajo que regula la jornada laboral. En este sentido, para una gran cantidad de trabajadores, la jornada de 48 horas semanales que fue un triunfo del movimiento sindical de 1924 y que no tuvo modificaciones hasta 2005, cuando se redujo a 45 horas, se vería afectada por primera vez en casi un siglo.

La ley original buscaba proteger a los trabajadores de largas y extenuantes jornadas de trabajo. Se entendió entonces como una forma de regular las horas diarias destinadas a las actividades realizadas en pos de la subsistencia y como un límite a las potestades horarias del empleador.

Los tres proyectos presentados por el gobierno buscan flexibilizar las normas destinadas a estos efectos, permitiendo a los trabajadores pactar la forma en que se distribuirá la jornada. En este sentido, no se alterarían las 45 horas semanales establecidas como límite para el trabajo, sino que las mismas se distribuirían durante el día, o la noche, sin la necesidad de que se realicen de manera continuada.

A modo de ejemplo: si un trabajador suscribe un contrato por 45 horas semanales de lunes a viernes, la discontinuidad de la jornada implicaría que tuviese que trabajar de 8 a 12 del día, luego de 2 a 5 de la tarde y de 9 a 11 de la noche. Pese a que en rigor trabajaría 9 horas diarias, el tiempo entre los bloques de la jornada resulta insuficiente para realizar otro tipo de actividades de manera consistente, sin considerar siquiera los tiempos y el gasto de traslado. 

Trabajadores de segunda clase 

Benjamín Sáez, sociólogo de Fundación Sol, explicó en entrevista con INTERFERENCIA que la discontinuidad de la jornada plantea importantes desafíos desde el punto de vista de los derechos históricos conquistados por los trabajadores, como la jornada de 8 horas de trabajo al día. 

"El estatuto joven por ejemplo, al permitir la jornada discontinua, podría permitir a los empleadores tener a las personas ocupadas por 10 u 11 horas al día", asegura. 

Además, el investigador sostuvo que “este tipo de normas conllevan la contención de la actividad sindical, de la negociación colectiva y de los salarios, lo que resulta sumamente relevante considerando que hoy día la mitad de las personas ocupadas ganan 380 mil pesos o menos como salario”. 

Las distintas modalidades de flexibilidad laboral también se ven reflejadas en el crecimiento de ciertas formas contractuales, como en el aumento del subcontrato o los empleos a honorarios. Y resulta que, por ejemplo, los dirigentes sindicales contratados a honorarios no tienen fuero, y las mujeres en esa modalidad laboral no tienen derechos básicos como el pre y post natal. 

Según datos de Fundación Sol, de todas las personas que se emplean a jornada parcial, la mitad lo hace de forma involuntaria; es decir, son personas que desearían trabajar más horas, pero el mercado del trabajo no se las ofrece. En este sentido, se estaría en presencia de una estrategia orientada a reducir jornadas y crear categorías de trabajadores de segunda clase que, a pesar de desempeñar las mismas funciones que los otros trabajadores, tendrían derechos diferenciados solo por el hecho de pertenecer a una cierta categoría, como tener una cierta edad, por estar estudiando, entre otros factores. 

Otro punto crítico es que este tipo de jornadas laborales podrían restringir, en la práctica, la organización de los trabajadores, la posibilidad de negociar colectivamente y la conformación de los sindicatos.

"Ha habido una estrategia desde el punto de vista de lo que es útil para el empresariado, de fomentar el desarrollo de formas de trabajo que son bastante mecánicas y que se realizan en pocas horas”, afirma Sáez. “Por lo tanto se puede fomentar la contratación de varias personas en jornadas bajas, que además con la polifuncionalidad pueden realizar distintas tareas”, concluye.