La semana pasada la Intendencia Metropolitana anunció a los miembros del Consejo Regional que retiraría el proyecto de Smart City Santiago Ciudad Inteligente, un sistema de televigilancia que incluía un centro de monitoreo en el edificio de la Intendencia Metropolitana, y la coordinación de cámaras y drones con foco en la seguridad y el control de “incivilidades”.
Santiago Ciudad Inteligente -conocido como Panóptico- entró como solicitud a los consejeros regionales (cores) el pasado 13 de abril, solicitándoles aprobar un presupuesto de tres años de 7 mil millones de pesos. La semana pasada la Intendencia confirmó que retiraría la propuesta, tras las críticas que tuvo por parte de algunos consejeros por el alto monto de inversión, en medio de la pandemia de coronavirus.
El retiro se hizo concreto el pasado viernes 29 de mayo, con un oficio que lo confirma.
Sin embargo, el intendente Felipe Guevara aún no se da por vencido en su plan de priorizar la vigilancia en la región a través de las nuevas tecnologías. Esta vez, al mismo tiempo que retiró del consejo su voluntad de que se financiara el Panóptico, ingresó un nuevo proyecto que busca el financiamiento del arriendo de drones que vigilan la ciudad.
El proyecto llamado Televigilancia Móvil en la Región Metropolitana 2020-2022 ingresó el mismo 29 de mayo al Consejo y solicita el financiamiento de 1.817 millones de pesos por parte de los cores.
solicitud_intendencia.jpg
Este monto corresponde al financiamiento por tres años, es decir, a 605 millones de pesos por año. El resto del dinero que necesita el proyecto, que son 908 millones de pesos, sería financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
En total, por los tres años de funcionamiento, el proyecto tiene un costo de 2.726 millones de pesos.
Según el documento hecho llegar al gobierno regional, el proyecto busca “contribuir en la prevención del delito y la disminución de los índices de victimización en la Región Metropolitana”.
El proyecto consiste en el arriendo de “seis brigadas de drones” (seis drones) con cámaras de alta resolución y con sensores de temperatura nocturnos, que transmiten a una central de monitoreo ubicada en la Intendencia Metropolitana, que a la vez coordina el trabajo de la PDI, Carabineros y otras autoridades de la capital. “Con el propósito de prevenir el delito, detectar incivilidades, realizar patrullaje preventivo en el territorio, cubrir determinadas situaciones de emergencia y obtener medios probatorios ante delitos flagrantes”, consigna el documento como propósitos.
El texto de la Intendencia especifica la realización de una licitación para el servicio de arriendo de drones. La licitación, adjudicada oficialmente el 30 de marzo de este año, la ganó la empresa Videocorp, la cual fue la que obtuvo el mejor puntaje y la oferta más económica, según los documentos del concurso.
Los drones que se usan en el proyecto, según las bases técnicas de la licitación, son de “gama media”, aunque expertos consultados por INTERFERENCIA aseguraron que -por las características de las cámaras diurna de alta definición y nocturna térmica- estos drones podrían ser de alta gama.
En el mercado, cada uno de los drones con su respectivo kit de cámaras y accesorios, puede bordear los 20 millones de pesos.
Según el documento entregado a los consejeros el viernes pasado, desde enero a octubre de 2019, usando un sistema similar, hubo 82 detenidos con colaboración de esta tecnología de drones, la mayoría vinculados a delitos de la ley 20.000 (tráfico de drogas y estupefacientes). El documento señala que por ese tiempo el financiamiento del proyecto correspondió a la Subsecretaría de Prevención del Delito.
El documento continúa haciendo un recuento de los detenidos y las horas de vuelo: muestra un recuento de que los 82 detenidos es el total de detenidos correspondientes al año 2019, mientras que estos meses de 2020 la televigilancia ha logrado colaborar con 363 detenciones, de las cuales 302 corresponden a mayo de este año.
Llama la atención que la cifra de mayo es drásticamente diferente al número de detenciones ocurridas en abril, que solo cuenta con una persona detenida.
En el ítem Arriendo HV, que corresponde al arriendo por horas de vuelo de los drones, aparece el aporte que realizarían la Intendencia y la Subsecretaría por año, desde 2020 hasta 2022. Los aportes de ambas instituciones suman anualmente 513 millones de pesos. Por los tres años, la suma llega a más de 1.540 millones de pesos.
El documento no especifica si los drones funcionan con algún horario, pero sí informa las horas de vuelo de los drones por mes.
Como referencia, las horas dedicadas a vuelo de drones durante el año pasado fueron 5.182 horas. En tanto, las correspondientes a abril y mayo de este año, cuando ya estaba adjudicada la licitación a Videocorp, son 1.086 horas.
Este último dato quiere decir que en promedio los drones sobrevuelan 17 horas por día. Esa cifra también permite suponer que en estos dos meses el costo de arriendo ha sido de 65 millones de pesos.
Todas las imágenes que captan estos drones, que son manejados por un piloto y un copiloto (quien en general maneja la cámara del dron) llega a una central de monitoreo ubicada, según señala el documento, en el subterráneo de la Intendencia.
Consultados por este medio, desde la Intendencia de Santiago afirman que el proyecto pertenece a la Subsecretaría de Prevención del Delito, a pesar que la coordinación del monitoreo y la mayoría del financiamiento proviene del Gobierno Regional Metropolitano.
VideoCorp, la empresa que arrienda los drones
La compañía que proveerá de los drones que pretende utilizar la Intendencia Metropolitana para aerovigilancia, Videocorp, tiene larga data. Su primera inscripción en el Índice del Registro de Comercio de Santiago tiene por fecha el 24 de agosto de 1983. Ya en ese entonces figuraba como fundador quien controla en la actualidad la compañía. Se trata del empresario Luis Alfonso Vergara Salas, parte de una familia de larga tradición en el valle central de Chile.
Según datos consultados en el Diario Oficial, la propiedad de Videocorp se divide en distintas sociedades. Aquella que tiene mayor participación es Inversiones Los Ciervos S.A” con un 42,8%. En distintos extractos de inscripciones en el Diario Oficial relacionadas con Videocorp, Luis Alfonso Vergara Salas figura como representante legal de esta sociedad de inversiones.
Posteriormente se encuentra Inversiones Artigas y Compañía Limitada con un 25,2%. Más atrás se encuentra Asesorías Inversiones e Inmobiliaria Iculpe Limitada, con un poco más del 10%. También Inversiones Liguria Vasca Limitada y además Inversiones Los Laureles Limitada, cada una con un 8% de la propiedad.
También figura Juan Ignacio Vergara Salas, hermano de Luis Alfonso, con un 1,33% de la propiedad de la sociedad. Además, José Luis Vergara Salas, otro hermano de Luis Alfonso Vergara, figura como representante de Inversiones Los Laureles en otros documentos asociados a la compañía.
Como señala el sitio web de la compañía, Videocorp forma parte de un holding con presencia en Perú y Colombia. “Con más de 35 años de experiencia y la consolidación de reconocidos proyectos en Chile y Latinoamérica, Videocorp se sitúa hoy como una empresa líder en su rubro”, señala la compañía.
En línea con estas pretensiones latinoamericanas, además de estas filiales en Perú y Colombia, en el holding figura otra compañía de nombre RLA Event Technologies, la cual declara en su sitio web: “Creamos experiencias virtuales únicas y a medida para nuestros clientes en Latinoamérica”.
Esta compañía tiene oficinas en Panamá, país en el cual tiene presencia a través de la sociedad anónima Rla Sav Panamá Inc, procedente de una fusión entre dos compañías dedicadas al rubro en 2014. Según datos consultados en Registro Público de Panamá, Luis Alfonso Vergara Salas figura como presidente y director, y además, entre otras personas naturales, su hijo, Víctor Alfonso Vergara Rivera, como tesorero y director.
Según datos publicados por el sitio web de la Dirección de Presupuestos, Videocorp había tenido tratos con organismos del Estado por alrededor de 202 millones de pesos durante 2019. En este registro, también figura la empresa Rla Sav S.A. la que ha tenido tratos con entidades del Estado por 388 millones de pesos durante 2019, principalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores.
INTERFERENCIA se comunicó con el área de comunicaciones de la Intendencia Metropolitana para conocer algunos detalles sobre esta operación. Desde ese organismo solo se nos señaló que se trata de un trato que no corresponde a dicha Intendencia, sino que a la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Sin embargo, como se puede observar en la foto que a continuación se adjunta, la cual figura en el texto de este proyecto, la coordinación de toda la operación se realizará a través de la Intendencia que dirige Felipe Guevara.
INTERFERENCIA también se puso en contacto con la Secretaría de Prevención del Delito, desde donde se nos pidió que hiciéramos llegar las preguntas vía mail. Al cierre de esta edición aún no había respuesta.
Comentarios
Añadir nuevo comentario