El 9 de mayo de 2013 se llevó a cabo en Valparaíso la audiencia de formalización del periodista Georgio Carrillo Vercellino, acusado de estafa y otras defraudaciones por su antigua empleadora, la diputada Marta Isasi.

Entre los periodistas que cubren el Congreso nadie esperaba lo que sucedió aquel día. Desde el banquillo de los acusados, Carrillo reveló haber recibido 25 millones de pesos de Corpesca, la principal empresa pesquera del Grupo Angelini, según él, destinados a la diputada Isasi antes de que se iniciara la tramitación de la ley que regularía al sector pesquero .

Tres días antes, Pablo Longueira, el ministro responsable de sacar adelante dicha ley, lanzó su precandidatura a la presidencia de la república como abanderado de la UDI. Llevaba años incubando este proyecto, frustrado por sus adversarios al interior del partido fundado por Jaime Guzmán; gracias a la bajada del exministro Laurence Golborne, el candidato original del partido, Longueira pudo al fin iniciar su camino hacia la Moneda. 

(...) había quedado la sensación de que la ley de pesca constituía lo que en la literatura del derecho económico se conoce como un “regalo regulatorio”, es decir, una asignación gratuita, sin contraprestación, de ganancias económicas que no se relacionan con estrategias empresariales de tipo competitivo. 

Lo que ocurrió a partir de entonces es uno de los grandes misterios de la política chilena. Mientras la fiscalía comenzaba a investigar los aportes de Corpesca a la diputada Isasi, Longueira se lanzó a una frenética batalla contra el tiempo para reunir recursos y capturar votos.

Tras dos meses de campaña, logró revertir las encuestas que lo daban por perdedor y derrotar a Andrés Allamand en las primarias de la derecha. El objeto de deseo parecía cerca, pero entonces sucedió algo completamente inesperado.

El 17 de julio de 2013, aduciendo un cuadro de depresión, Longueira retiró su candidatura. 

Una sensación de vértigo comenzó a apoderarse de las redacciones periodísticas y de las redes sociales. A partir de los antecedentes aportados por el periodista Georgio Carrillo, el Ministerio Público comenzaría a desentrañar prácticas ilícitas que empresarios y políticos llevaban años realizando a espaldas de los ciudadanos. 

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En los siguientes cinco años el llamado Caso Corpesca se ramificó como una hidra, salpicó la reputación de varios parlamentarios y funcionarios públicos, que fueron formalizados por delitos tributarios y la figura de cohecho. El país supuestamente libre de corrupción tenía tejado de vidrio.

El bochorno de la ley de pesca impulsada por Longueira desde el ministerio de Economía instaló en amplios sectores de la ciudadanía la noción de que los grandes grupos económicos del país gozan de un acceso privilegiado al proceso legislativo, de manera de incidir en él en desmedro de otros grupos de interés. 

Incluso antes del escándalo había quedado la sensación de que la ley de pesca constituía lo que en la literatura del derecho económico se conoce como un “regalo regulatorio”, es decir, una asignación gratuita, sin contraprestación, de ganancias económicas que no se relacionan con estrategias empresariales de tipo competitivo. 

La influencia de la industria pesquera en su propio proceso regulatorio tiene dos aristas. La menos problemática es la elaboración de discursos de tipo jurídico, pues corresponde al trabajo que cualquier grupo de interés realiza ante el Estado. Su centro fue el estatuto constitucional de los peces y el régimen de acceso a ellos por parte de los privados, pescadores artesanales y flotas industriales.

¿Los peces pertenecen a la nación o a nadie? Durante años la industria argumentó con éxito en favor de lo segundo.

En las distintas revisiones del marco regulatorio de la pesca, la industria argumentó que, si la ley no se dictaba en los términos que ella esperaba, miles de trabajos se perderían y comunidades enteras verían comprometida su subsistencia. Argumento antiliberal que escondía la incomodidad de aceptar el ingreso de nuevos actores a ese mercado.

Sin embargo, la idea de una industria monolítica, concentrada en siete familias, no resiste el análisis de cómo el lobby pesquero se desplegó a lo largo de las últimas dos décadas. Como veremos, sus intereses son contrapuestos por la geografía y la naturaleza del recurso. 

Regular el acceso a los recursos naturales es una tarea compleja para cualquier nación. Una regulación de este tipo debe, en teoría, incentivar la actividad económica, proteger la sustentabilidad de los recursos, evitar la sobreexplotación y la sobreinversión. Ha sido un desafío para muchas naciones pesqueras y varias han fracasado. Chile, por los antecedentes reunidos en este libro, es una de ellas. 

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Pero existe otra lectura de la ley de pesca que tardará varios años en adquirir espesor histórico y que hoy, con la información disponible, solo podemos entrever mediante evidencia circunstancial.

Bajo esta interpretación Longueira habría entrado al ministerio de Economía sin sospechar que estaba cayendo en una trampa mortal. Convencido de que estaba iniciando su camino hacia la Moneda, desplegó toda su energía y su capital político en sacar adelante el proyecto.

La tramitación de la ley de pesca y, de manera más general, la gestión de Longueira como ministro de Economía de Sebastián Piñera, fueron vistas en su momento como el cumplimiento de un viejo anhelo de la derecha.

Que dos antiguos adversarios hubiesen depuesto sus querellas por un objetivo superior representaba nada menos que un sueño hecho realidad, de mayor envergadura incluso a la conquista del poder por el voto. 

Pero ¿y si la ley de pesca no hubiese sido el fin de la guerra sino su prolongación por otros medios? ¿Si en vez de un símbolo de la paz hubiese sido, en realidad, la batalla final por el liderazgo absoluto de la derecha?

Bajo esta interpretación Longueira habría entrado al ministerio de Economía sin sospechar que estaba cayendo en una trampa mortal. Convencido de que estaba iniciando su camino hacia la Moneda, desplegó toda su energía y su capital político en sacar adelante el proyecto.

Lo logró contra viento y marea, convenciendo a grandes empresas y a los pescadores artesanales y obteniendo los votos cruciales de la democracia cristiana en el Congreso. Luego salió a disputar voto a voto para ser el candidato del oficialismo en las elecciones presidenciales, y también ganó, pero por poco tiempo. 

La noche del 30 de junio de 2013, salió a saludar a sus amigos y partidarios convencido de que se le estaban abriendo las grandes alamedas de la historia. Tardaría menos de dos semanas en darse cuenta de que se le habían cerrado para siempre.

El rol que le cupo a Longueira en su tramitación y su posterior bajada de la campaña presidencial le vinieron como anillo al dedo al actual presidente, puesto que un Longueira no caído en desgracia y no formalizado por la justicia habría sido candidato en 2013 y probablemente un rival en 2017.

Posdata diciembre de 2020

Jaime Orpis, Marta Isasi y Corpesca, como empresa, han sido condenados por el delito de cohecho. En estos siete años la política chilena cambió para siempre, como también la percepción que tienen los ciudadanos de ella. La cooptación del Congreso por grupos de interés quedó al desnudo y una nueva generación dejó de estar disponible para la escenificación de una democracia meramente formal.

¿Cuánto más habría durado esa escenificación? Corpesca fue la primera, pero después y en paralelo se sumaron los casos Penta y SQM que mostraron la transversalidad de la cooptación. También salió a luz la capacidad de este Partido del Orden de protegerse desde la propia administración y minimizar los daños a su funcionalidad.

El rol del Servicio de Impuestos Internos no pasó inadvertido, así como la premura con que la justicia sobreseyó a otros imputados y otras aristas.

No deja de ser una paradoja que el fallo haya salido durante el segundo mandato de Piñera, considerando que comenzó a tramitarse la ley de Pesca durante su primer gobierno. El rol que le cupo a Longueira en su tramitación y su posterior bajada de la campaña presidencial le vinieron como anillo al dedo al actual presidente, puesto que un Longueira no caído en desgracia y no formalizado por la justicia habría sido candidato en 2013 y probablemente un rival en 2017.

El fallo llega en medio de una crisis sistémica que nadie anticipó y de un gobierno que camina como pato cojo al borde de la cornisa. Un Congreso empoderado aprobó la ley que declara nula la ley de pesca; la estrategia del gobierno de impugnarla en el Tribunal Constitucional profundizará la crisis de dicha institución y del régimen de 1990.