A mediados de agosto de 1990, una carpeta confidencial llega hasta el escritorio del presidente Aylwin. Contiene las fotocopias de tres cheques pagados por el Ejército en enero de 1989, por un total de 971.940.001 pesos', alrededor de tres millones de dólares. Lo sorprendente es el destinatario: Augusto Pinochet Hiriart, segundo hijo del comandante en jefe, primero de los varones.

Las fotocopias proceden de los archivos del Banco del Estado, donde han sido halladas durante las tediosas investigaciones que realizan desde marzo las nuevas autoridades.

El presidente convoca a los ministros de La Moneda y les exhibe la carpeta. Hay un silencio helado y luego un reguero de especulaciones. La primera idea del presidente es citar al general Pinochet y aclarar con él el asunto. Pero los ministros Krauss, Boeninger y Correa se alzan en una sola voz para decirle que no, que eso no es posible. ¿Qué le va a preguntar? ¿Qué le va a decir si la explicación no lo convence: cómo lo arreglamos?

La reunión concluye sin acuerdo. Mientras tanto, el ministro Correa queda encargado de guardar los papeles en su caja fuerte. Pocos días después los entrega al ministro de Defensa.

A fines de mes, el ministro Rojas está convencido de que tiene entre sus manos una auténtica bomba. Una mañana invita a desayunar en su casa a parlamentarios de la Concertación, y expone una serie de razones por las cuales, en su juicio, la posición del general Pinochet se ve severamente debilitada. Para el final deja los cheques; los exhibe ante los invitados.

En eI excitado revuelo que se produce, sólo un par de diputados se muestran escépticos: ¿con unos cheques se pretende sacar a un hombre que ha gobernado durante 17 años con mano de hierro? Pero el ministro cree que el gobierno no debe dar una lucha frontal; no debe tomar iniciativas que le puedan ser reprochadas como actos hostiles.

En eI excitado revuelo que se produce, sólo un par de diputados se muestran escépticos: ¿con unos cheques se pretende sacar a un hombre que ha gobernado durante 17 años con mano de hierro? Pero el ministro cree que el gobierno no debe dar una lucha frontal; no debe tomar iniciativas que le puedan ser reprochadas como actos hostiles. Lo apropiado sería que la Cámara de Diputados iniciara una investigación.

Días después, fotocopias de los cheques llegan a varios diarios de Santiago; algunos las publican sin explicaciones.

Con esos recortes, el 6 de septiembre 52 diputados de la Concertación suscriben la petición de que se oficie al ministro de Defensa.

En el Comité Asesor de la Comandancia en Jefe se encienden todas las señales de alarma. El mayor general Ballerino ordena una rápida investigación y, con los primeros antecedentes, llama al ex ministro Francisco Javier Cuadra, incorporado hace poco a la cúpula de Renovación Nacional y le pide que organice una reunión. Al encuentro, en la casa de Cuadra, asisten Andrés Allamand, el diputado Alberto Espina, Ballerino y el coronel Juan Romero.

Ballerino explica que se ha comenzado a agitar el asunto de los cheques como una farsa política con la que se quiere dañar al comandante en jefe.

-Para nosotros -dice-, está claro que no hay nada ilegal.

Desea que los dirigentes de RN tengan esta seguridad de primera fuente. Pero Allamand y Espina apenas conocen el caso: esbozan un par de preguntas -porque les suena mal aquello de que Pinochet Hiriart recibiese cheques del Ejército- y se quedan tranquilos con el ostensible aplomo de los dos oficiales.

Sin embargo, en el Comité Asesor la procesión va por dentro. Ballerino habla con su amigo y vecino, el abogado y ex subsecretario del Interior Gonzalo García. Su opinión es taxativa: el asunto se ve tan mal que lo mejor sería convocar a un jurista especializado. El nombre apropiado es el del ex canciller Miguel Alex Schweitzer.        

Los análisis jurídicos y políticos se suceden. Y se dividen: algunos piensan que el caso tiene la máxima gravedad: otros, que no es para tanto.  

Ballerino agrega los del también ex canciller Hernán Felipe Errázuriz, del ex ministro del Interior Carlos Cáceres y del mismo Cuadra. En los días que siguen, todos ellos se encontrarán en sucesivas reuniones en el quinto piso de Bandera 52 con el abogado Sergio Rillón, el auditor general Fernando Torres Silva, el coronel Romero, el ex auditor Fernando Lyon y otros oficiales.

Los análisis jurídicos y políticos se suceden. Y se dividen: algunos piensan que el caso tiene la máxima gravedad: otros, que no es para tanto.

Ballerino contrasta las opiniones. Oye, discute, cavila. El problema parece desdoblarse, multiplicarse: está 1a cara política, de opinión pública; está el problema humano, las dificultades que el general tiene con sus hijos; está el lío institucional, la eventual mala reacción del Ejército; y está, sobre todo, el problema interno: ¿cómo explicar en las filas los impresentables giros al hijo'?

Hay más. El Comité sabe que políticos de la Concertación investigan las actuaciones de Lucía Pinochet Hiriart como corredora de seguros vinculada al Instituto de Seguros del Estado.

Estas acciones podrían tocar el corazón del general Pinochet, porque su primogénita es también su favorita, la hija con mala suerte que en medio de sus pellejerías se ha mostrado inquebrantablemente leal, afectuosa y comprensiva.

Los hombres del Comité todavía no lo saben, pero Lucía Pinochet es también valiente: cuando vea, a fines de año, que existe el riesgo de que su caso sea ventilado, visitará personalmente todos los medios de comunicación -incluidos los que fueron más duros opositores a su padre- para dar su versión y pedir prudencia. La obtendrá.

A lo largo de sus reuniones, los asesores externos y los oficiales del Comité Asesor llegan a una conclusión firme: si el asunto de los cheques llega a los tribunales, es posible ganarlo.

Quizás haya que moverse en el nivel de la Corte Suprema, pero se puede ganar. Es la opinión que Schweitzer confirma en una reunión privada con el general Pinochel.

-Mire -agrega- hay varios asuntos que considerar, incluyendo el hecho de que el proceso penal en Chile es tan lento, que casi no existe. Pero lo primero es que usted es el único intocable, el único que no debe ser afectado.

-Cuando usted dice que yo soy intocable, ¿quiere decir que mi hijo cometió delito? Yo no sé si puede haber cosas mal explicadas, pero mi hijo no delinquió. Por eI solo hecho de llamarse Pinochet, ¡no tiene derecho a trabajar!

El tono amargo del general inunda el ambiente.

Pero lo que los abogados quieren decir es que si, en vez de ir a tribunales, el caso pasa a un nivel político, como una investigación parlamentaria, el precio sería subido, muy subido.

Por eso en el Comité hay alarma cuando se recibe el oficio del Ministerio de Defensa que solicita respuesta a la petición de la Cámara de Diputados.

Durante 20 días se trabaja a ritmo de combate. Ballerino, obsesionado con la idea de las múltiples facetas, pide al ministro de Defensa que su informe sea remitido al Parlamento con calificación de secreto. Y el ministro, persistiendo en su estrategia oblicua, cumple con ello.

Los peores 90 días para las oficinas de Bandera 52 se inician al terminar octubre, cuando comienzan las citaciones de la comisión: los funcionarios públicos, incluidos los militares, no pueden negarse.

El 18 de octubre se viene al suelo la última esperanza del Comité Asesor. Esa noche, descontenta e irritada con su respuesta, la Cámara decide, con 43 votos de la Concertación y las inquietantes abstenciones de la UDI y RN, forman la primera comisión investigadora de la nueva democracia, integrada por 13 diputados' y presidida -con apoyo opositor y en contra de los ingentes esfuerzos de la DC- por Jorge Schaulsohn. Tiene 90 días.

Los peores 90 días para las oficinas de Bandera 52 se inician al terminar octubre, cuando comienzan las citaciones de la comisión: los funcionarios públicos, incluidos los militares, no pueden negarse.

Ballerino consigue que Andrés Chadwick invite a Schaulsohn a un desayuno con ambos; pero el encuentro se limita a acordar que las citaciones sean reservadas -que no lo serán- y que se trate con extrema cautela una eventual concurrencia del comandante en jefe -que, punto para el Comité, no se producirá.

Ballerino sale con la negra sensación de que muchos oficiales serán citados: la temida expansión del caso por entre las filas del Ejército está por producirse.

Las primeras sesiones de la comisión sólo agregan oscuridad al espeso misterio de los cheques.

Pero a mediados de noviembre, Schaulsohn comienza a recibir en su departamento de Vitacura sobres sin remitente, cargados de documentos internos del Ejército sobre el caso.

La historia empieza a armarse. Pero es antigua.

Se inicia, remotamente, en 1967, cuando la empresa metal mecánica Val quebró y ofreció a sus trabajadores indemnizaciones en especies. Tres de los torneros de precisión aceptaron y se asociaron con un acróstico de sus apellidos: Valmoval, por Luis Valdivieso. Luis Moreno y Juan Valderrama. Durante diez años sobrevivieron con el giro de elementos domésticos e industriales.

A fines de los 70, la crítica situación con Argentina y las restricciones impuestas por Occidente al gobierno militar impulsaron la política de autoabastecerse de armas. Entre las empresas convocadas a presentar proyectos se encontraba Valmoval, que ya podía producir pequeñas piezas para fusiles.

La ambición germinó lentamente: ¿por qué no pasar de las piezas a los fusiles enteros? El Ejército tenía esos espléndidos ejemplares suizos SIG, pero su venta estaba descontinuada.

Valmoval podría copiar pieza por pieza, con una marca... digamos, SIGA.

No fue así. No era cosa de copiar las piezas; complejos principios físicos, químicos y hasta atmosféricos presiden el funcionamiento de las armas, y los abnegados torneros no los conocían.

El Ejército acogió la idea y propuso una inversión cercana a los 10 millones de dólares, con 5 millones por anticipado, para recibir 10 mil fusiles. Valmoval aceptó el desafío; tendría que hacer grandes inversiones, tal vez gastarse todo el dinero, tal vez no obtener ganancias; pero al final del túnel sería una fábrica de armas: un diamante en América Latina.

No fue así. No era cosa de copiar las piezas; complejos principios físicos, químicos y hasta atmosféricos presiden el funcionamiento de las armas, y los abnegados torneros no los conocían.

Valdivieso, el más entusiasta, gastó meses en Alemania aprendiendo estos misterios. Tuvo suerte: consiguió comprar una marteladora gracias a un intempestivo embargo impuesto a China.

Una marteladora, en simple, es un aparato integrado por diminutos martillos que puede convertir un bloque de metal en un delicado cañón: cuando se encarga una, el plazo de entrega oscila entre dos y tres años. Y Valmoval tuvo una de golpe y porrazo.

Pero la tensión con Argentina disminuyó, la emergencia bélica cesó, y el Ejército redujo su petición a un tercio: 3.300 fusiles. Durante el 79 -con el cardenal Antonio Samoré mediando entre Chile y Argentina-. Valmoval logró producir cien fusiles, de los cuales 32 fueron rechazados.

En los años siguientes, Valmoval subsistió a duras penas. En junio del 82, cuando ya vivía asediada por unos 400 millones de pesos de deudas, un acreedor pidió su quiebra.

Su representante, Valdivieso, terminó en la cárcel de Capuchinos. Y cuatro años después, cuando Valdivieso ya no podía seguir pagando su permanencia en esa "cárcel de lujo" y era tolerado en ella con el disminuido rango de un "mocito", llegó el periodista Fernando Paulsen, acusado por ofensas al Ejército.

-Oiga, le voy a pagar sus servicios -declaró-. No me mire con esa cara: creo que tengo cómo hacerlo. Si me ayuda a vender la fábrica... Sé que no vale nada, que está quebrada, que debemos plata. Pero hay una cosa que no tiene nadie: sé cómo fabricar fusiles. ¿Le parece poco?

Paulsen fue liberado por su abogado, el dirigente radical Isidro Solís. Y, conmovido por el caso de Valdivieso, insistió ante el abogado hasta que obtuvo que lo defendiera. Solís consiguió la libertad de Valdivieso. Poco después, el agradecido tornero llegó hasta la oficina del abogado:

-Oiga, le voy a pagar sus servicios -declaró-. No me mire con esa cara: creo que tengo cómo hacerlo. Si me ayuda a vender la fábrica... Sé que no vale nada, que está quebrada, que debemos plata. Pero hay una cosa que no tiene nadie: sé cómo fabricar fusiles. ¿Le parece poco?

Cuando Isidro Solís, ahora abogado del Ministerio del Interior, ve acercarse la comisión parlamentaria, pide audiencia con Aylwin.

-Presidente -le dice-, sé que es una insolencia: ¿puedo hablar con usted como abogado, bajo secreto profesional.

Aylwin asiente. Salís le cuenta su relación con el caso de los cheques y le entrega una carta con su renuncia. Aylwin se la rechaza.

-Lo único que le puedo pedir -dice- es que actúe en conciencia.

Pero el relato impacta al presidente. ¡Tantos años de casualidades!

Tras la quiebra. Valmoval fue declarada unidad económica y pasó a ser administrada por una junta presidida por su principal acreedor, el Ejército.

En el 87, la junta tomó la decisión de venderla en un millón de dólares. La primera oferta vino de Erwin Jaeger Karl, un ex oficial de la Armada vinculado a los servicios de inteligencia.

El Ejército suscribió un convenio secreto con Jaeger para dar aprobación a su compra.

Pero Jaeger comenzó a tener dificultades para obtener créditos en el Banco del Estado: acudió entonces a Augusto Pinochet Hiriart, que aparecía como "representante" de otra metalúrgica llamada Proyectos Integrados a la Producción, PSP, y le ofreció asociarse para comprar Valmoval.

¿Qué era PSP? Según su escritura", una pequeña empresa formada en 1985, con un 99% del empresario Eduardo LeRoy y un 1% del técnico metalúrgico Juan Fernández. LeRoy era un amigo estrecho de Pinochet Hiriart, de acuerdo a este último; otro testimonio dirá luego que Pinochet Hiriart lo mencionó como un "palo blanco" de sus propios intereses. Para entonces, PSP se preparaba para concentrarse en servicios a la defensa, con la nueva estructura de sociedad anónima cerrada.

De pronto, las dificultades de Jaeger para cerrar la compra de Valmoval crecieron hasta límites extraños. En las mismas fechas, Pinochet Hiriart apareció acompañando a los dueños titulares de PSP a reuniones en la Corfo y en el Banco del Estado para obtener créditos para esa empresa.

El 3 de septiembre de 1987 venció el tercer plazo dado a Jaeger para pagar.

Al día siguiente se presentó una oferta de PSP; aquella misma mañana. En una sesión fulminante de 45 minutos, la Corfo aprobó un crédito para PSP por un millón 174 mil dólares para un proyecto asociado a la minería. Así fue consignado en el acta. Sin embargo, sus firmantes supieron que se trataba de armas.

Seis días más tarde, el Banco del Estado dio a PSP un crédito por 338 millones de pesos.

El 7 de septiembre, mientras transcurría el último plazo dado a Jaeger, el comandante en jefe autorizó a la Dirección de Logística para firmar un convenio secreto con PSP. El papel se suscribió el mismo día, y estableció que PSP cedería al Ejército el 49% de sus acciones luego del traspaso de Valmoval. Al siguiente, el brigadier Luis Arangua, presidente de la junta de acreedores de Valmoval, anunció en nombre del Ejército que se desechaba la oferta de Jaeger.

Seis días más tarde, el Banco del Estado dio a PSP un crédito por 338 millones de pesos.

El tornero Valdivieso vio por fin brillar el sol: de ese dinero, 112 millones le fueron entregados en efectivo como pago por "asesorías futuras". Cuando se consolidó la nueva escritura de PSP, meses después, recibió otros 23 millones de pesos, 200 mil dólares en máquinas y el 8% de las acciones de PSP.

Ya derrotado, Jaeger escribió en octubre del 87 una carta al general Pinochet detallándole las gestiones de su hijo. Le fue respondida por el jefe de la Casa Militar siete meses más tarde: el Ejecutivo no intervendría en un caso que estaba en manos de la justicia.

En mayo de 1988, la Corto decidió comprar el crédito que el Banco del Estado dio a PSP: con ello quedaba como la única acreedora.

Pero faltaba un paso: el Ejército no podía participar en sociedades anónimas. Entonces, el 18 de julio se dictó una ley creando el Comando de Industria Militar e Ingeniería (CIMI), facultado para integrar tales sociedades. El CIMI ingresó a PSP con el 49% acordado.

Mientras se preparaba el traspaso definitivo de PSP a los militares, Pinochet Hiriart funcionó como "asesor" de la empresa, compró una de sus principales propiedades (que él mismo le había vendido antes) y participó con LeRoy en una empresa paralela, llamada SP.

Hacia fines del 88 los mandos militares llegaron a la conclusión de que la fábrica les era conveniente.

Raramente, el brigadier general Fernando Hormazábal, comandante del CIMI, lo desaconsejó. Lo que Hormazábal no sabía es que se preparaba el saneamiento completo de las deudas.

Mientras el ministro de Hacienda, Hernán Büchi, modificaba el presupuesto de la nación para añadir algo más de tres millones de dólares al Ejército, Hormazábal recibía la orden de comprar el 51% restante de PSP.

Pero cuando, en los primeros días de enero, recibió los cheques extendidos a nombre de Pinochet Hiriart, se extrañó.

Lo que pasó en este punto es un negro misterio. ¿Consultó? ¿Los cursó, simplemente? ¿Lo comentó? ¿No le dijo a nadie? ¿Cómo pudo expresarse en ese momento la extrañeza que un año después reconocería ante la Cámara de Diputados?

El 4 de enero de 1989, Pinochet Hiriart recibió los tres cheques. También se extrañó, aunque por otra razón: ¿cheques? ¿No se hacen estas operaciones usualmente con efectivo? No, los procedimientos del Ejército son éstos. Lo toma o lo deja.

Lo tomó. Y Valdivieso volvió a resarcirse de las penurias carcelarias: su 8% le fue pagado por Pinochet Hiriart con un maletín de billetes. En cambio, LeRoy y Fernández, los dueños legales de PSP, no recibieron nada. Pinochet Hiriart cambió los cheques y se llevó el dinero: según diría en la Cámara, para cancelar préstamos externos; la versión de LeRoy y Fernández no existió.

En mayo del 89 concluyó el proceso: la Corfo cedió gratuitamente al Ejército las deudas de PSP.

(Continúa en el original)