El viernes 21 de diciembre el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia dictó sentencia en contra del lonko argentino Facundo Jones Huala. Nueve años de cárcel decretaron en contra de la autoridad mapuche, acusada de participar en enero de 2013 de un incendio en el fundo Pisu Pisué en la comuna de Río Bueno, en la región de Los Ríos.

Sin embargo, la resolución judicial dejó bastantes dudas sobre las pruebas utilizadas para culpar a Jones Huala, según informó hace unos días El Desconcierto. Por lo mismo, la defensa confirmó a nuestro medio que está preparando un recurso de nulidad. La principal duda apunta a que, en dos juicios anteriores por el mismo incendio, con los mismos antecedentes presentados ante tribunales, se absolvió a cuatro personas.

Si bien la causa en sí misma es relevante, el proceso contra el lonko de la comunidad de Cushamen, en Argentina, y que fue extraditado desde ese país en agosto de este año está dentro de un marco más grande, que es el proceso de recuperación de tierras ancestrales que lleva adelante el pueblo mapuche a ambos lados de la cordillera.

Dudas con las pruebas de la fiscalía

La defensa de Facundo Jones Huala ha estado a cargo de Karina Riquelme, directora del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur). La abogada ha apuntado a que las pruebas utilizadas para condenar al lonko son las mismas que absolvieron a otros de los acusados.

Por el incendio de 2013 se acusó a seis personas. Ese mismo año, la PDI detuvo a cuatro de los imputados, siendo llevados a juicio en 2014. En esa ocasión se absolvieron a tres y se condenó por encubrimiento a la machi Millaray Huichalaf, esto sin tener ningún autor del delito determinado. En 2015, en un juicio distinto, se absolvió a otra persona. Ahora en un tercer juicio, en el cual no se presentaron nuevos antecedentes, se condenó a Jones Huala.

Resulta llamativo esta falta de criterio común. Al finalizar la lectura de sentencia el fiscal Sergio Fuentes afirmó que esta vez fueron jueces distintos los que fallaron, por lo que “la apreciación es diversa a aquella que hicieron otros sentenciadores antes en dos juicios anteriores”.

La otra es que la justificación que entregó fue que “la prueba siendo exactamente la misma opera en cuanto a su virtud de establecer hechos que no es capaz de establecer a otras personas.  El lugar donde se encontraba cuando fue detenido. El arma hechiza la mantenía en su poder y no los otros acusados. En el caso del incendio, la evidencia, que es lo que los testigos reconocieron, capuchas, armas, sus especies personales, y también la prueba biológica, científica a través de los peritos bioquímicos, estableció que su participación era evidente”, dijo Fuentes.

El tribunal de Valdivia dijo que se logró acreditar que Jones Huala portaba un arma hechiza y otros elementos, los que corresponden a los descritos por los testigos.

Pero la defensa del lonko cuestiona estos puntos. El 31 de enero, después de que vecinos del sector dijeran a la PDI que en el domicilio de la machi Huichalaf se encontraban los responsables del incendio, se detuvo a los seis acusados. De todos estos, cinco dormían en la casa de Huichalaf, mientras que Jones Huala lo hacía en un fogón de la propiedad. En la absolución de los otros detenidos, se consideró que el hecho de que durmieran en la casa de Huichalaf no daba para presumir que hubieran participado del incendio.

Según relató la abogada Riquelme a INTERFERENCIA, los policías señalaron que al entrar al fogón el lonko estaba desnudo, y que al levantarse tomó sus prendas que estaban al lado de un bolso, el cual supuestamente tenía el arma. Una de las dudas es que la cadena de custodia señala que la escopeta hechiza fue levantada por la PDI a las 7 de la mañana, pero que más de tres horas después los detectives volvieron para recuperar el bolso donde había estado, supuestamente, esa arma.

Las pericias sólo pudieron comprobar que esa arma tenía la capacidad de dispararse. Pero no se verificaron huellas del lonko en ella, ni pólvora en sus manos, examen que ni siquiera se practicó cuando se detuvo a los imputados.

Para los demás elementos que sirvieron para condenar a Jones Huala, pero que absolvieron a los otros imputados, también existen dudas. La defensa señala que estos, principalmente ropas y bolsos, después de ser requisados fueron llevados a las víctimas, a quienes se les preguntó si correspondían a las prendas de los que participaron del incendio, a lo que respondieron afirmativamente. Pero la abogada cuestiona que, tal como con el arma, no se practicaron exámenes de ADN para cotejar que las prendas correspondían efectivamente a los acusados. Por ejemplo, en el caso de una capucha que se le atribuye a Jones Huala, se comprobó que esta tenía el mismo ADN encontrado en una mochila y un cintillo, pero no se especificó que fuera el mismo material genético del hoy condenado.

En cuanto a los testigos surge otra duda. Uno de los puntos es que quienes denunciaron lo de la casa de la machi Huichalaf no declararon en el juicio. Sí lo hicieron las víctimas, que eran cuidadores del fundo. Estos manifestaron que el autor del incendio, supuestamente Jones Huala, medía 1,80 metros. Sin embargo, la defensa presentó una pericia con la estatura de todos los acusados, la cual no quiso incluir la fiscalía como prueba, la que muestra que el lonko argentino mide 1,70 metros.

También sorprendió durante el juicio que a una de las víctimas se le pidió que reconociera al supuesto responsable, y esta apuntó al público, donde estaba sentado el hermano de Jones Huala, quien en la fecha del incendio ni siquiera se encontraba en Chile.

Chile, Argentina y la recuperación de tierras

La mala relación entre el Estado chileno y argentino con los mapuche no es algo de ahora, sino que se remonta a los inicios de las repúblicas independientes. Si en el lado chileno la ocupación de los territorios a mediados del siglo 19 se conoció como la Pacificación de la Araucanía, en el lado argentino se habla de la Conquista del Desierto.

Para quienes no estén interiorizados en los pormenores de la política mapuche actual, el recién condenado en Chile es el lonko más reconocido en Argentina. Es líder de la comunidad Cushamen, ubicada en la Patagonia de dicho país, el que en la lógica mapuche es el Puelmapu, lado del Wallmapu ubicado al este de la Cordillera de los Andes.

Se le podría comparar con Héctor Llaitul de la Coordinadora Arauco Malleco, en el sentido de que ambos comparten el diagnóstico que apunta al 'neoliberalismo' y el "Estado huinca" como los principales enemigos de su reivindicación. Ambos validan el sabotaje a las empresas como forma de resistencia. Pero por sobre todo, los dos, que mantienen una relación de amistad, se han posicionado como importantes actores políticos y mediáticos. Incluso, mientras el líder de la CAM estaba encarcelado por la Operación Huracán, el programa Informe Especial de TVN entrevistó a Jones Huala para consultarle por un supuesto intercambio de armas a través de la cordillera. Una investigación de Carabineros apuntaba a ello, pero fracasó por contener pruebas falsas.

Si en Chile –o Gulumapu mapuche– son familias como los Matte o Angelini los principales grupos económicos que operan con industrias forestales en los territorios en conflicto, en el caso de la comunidad Cushamen es la familia italiana Benetton. Desde 1991, cuando el grupo de la industria de la moda adquirió unas 900.000 hectáreas de la Patagonia argentina que solía ser de mapuches, los conflictos han ido en aumento. En estas tierras los Benetton crían a cerca de 100.000 ovejas, las que producen el 10% de la lana para la industria textil de esa empresa, según un artículo del diario El País de España.

Las manifestaciones de la comunidad mapuche en contra de la familia italiana han causado impacto mundial. Una de las protestas recientes se produjo el 1 de agosto de 2017, que fue reprimida con violencia por la gendarmería argentina. En esa ocasión desapareció el joven Santiago Maldonado, quien fue encontrado muerto el 17 de octubre del mismo año.

Fue en este contexto que el 11 de septiembre pasado se extraditó a Chile a Jones Huala. En 2016 un tribunal había rechazado la solicitud del gobierno chileno, pero en agosto del presente año la Corte Suprema trasandina resolvió que el lonko debía enfrentar a la justicia chilena.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió días antes del traslado que se detuviera la extradición para poder revisar el caso, pero el gobierno de Mauricio Macri decidió dar curso a la decisión de la Corte Suprema.

Cuando Jones Huala fue detenido el 27 de junio de 2017 en Argentina, aseguró a la revista Anfibia de ese país que su detención fue acordada por Mauricio Macri y Michelle Bachelet, puesto que horas antes ambos gobernantes habían sostenido una reunión en la Casa Rosada.

Lo último es llamativo, puesto que el comité de la ONU que pidió frenar la extradición depende actualmente de la alta comisionada de Derechos Humanos, que es la propia Michelle Bachelet. Sin embargo, el pasado 28 de septiembre en una sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri, Brian Schapira, fue consultado sobre el traslado a Chile del lonko, y declaró que en esto hay un interés político del Estado chileno.

“El pedido de extradición de la justicia chilena fue marcado tanto durante el gobierno de la presidenta y actual alta comisionado de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, como estos últimos meses por el gobierno de Sebastián Piñera. Es un reclamo del Estado chileno (...) se hizo un análisis a la luz del fallo de la Corte Suprema donde se abordaban esas cuestiones, se determinó que las garantías estaban plenamente cumplidas. Y sobre todo contextuar que en esto hay un uso político, esto tenemos que decirlo, de esto hay un uso político”, dijo Schapira.