La diputada Andrea Parra (PPD) presentó el miércoles 28 de agosto un oficio dirigido al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, tras conocerse la publicación de INTERFERENCIA sobre la utilización por parte de Ubilla de un funcionario activo de la Subsecretaría del Interior para intimidar a la familia mapuche que lo demandó en un juicio de carácter privado.

El oficio de la legisladora buscaba que la autoridad explicara qué hacía exactamente Germán Quinteros Raby, quien tiene un oscuro perfil, un asesor de confianza del subsecretario que gana poco más de 6 millones de pesos mensuales, juntándose con la familia Painequir, la demandante contra Ubilla en este caso de venta irregular de tierras indígenas en la comuna de Pucón, en desacato de la Ley Indígena. 

En el oficio la diputada solicitaba esclarecer cuatro puntos: si Germán Quinteros Raby es efectivamente funcionario de la Subsecretaría del Interior; si en el ejercicio de su cargo visitó a la familia Painequir en La Araucanía, y en caso afirmativo, informar cuáles fueron los objetivos de dicha visita. Además, se le pedía el detalle de la cantidad de viajes realizados por el funcionario a la región de La Araucanía, junto con los objetivos de dichos viajes durante el periodo entre enero y agosto de este año.

Este lunes 2 de septiembre en la Comisión Especial Investigadora sobre adquisición de tierras indígenas de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada mapuche Emilia Nuyado Ancapichún (socialista), se esperaba que el subsecretario Ubilla respondiera el oficio. Sin embargo, Ubilla no quiso responder por la actuación de su asesor Quinteros y dijo que su cartera respondería por escrito más adelante. Pese a los reiterados requerimientos de los diputados y los periodistas, guardó silencio en esas ocasiones.

El miércoles 4 de septiembre Juan Pablo Torres Guzmán, subsecretario del Interior subrogante, contestó finalmente el oficio. En el escrito explica que Germán Quinteros Raby tiene calidad de prestador de servicios en la subsecretaría del Interior mediante un contrato de honorarios, por lo tanto, “no tiene calidad estatuaria de funcionario público”.

Las labores que ejerce Quinteros Raby como asesor con contrato de honorarios se describen como “encargado de la unidad de análisis de datos y coordinación intersectorial; dirige labores de asesoría técnica para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en análisis de información en materias de contingencia política, social y económica a nivel sectorial”.

Sin embargo, la respuesta de la subsecretaría, que curiosamente no está firmada por Rodrigo Ubilla, no responde a una de las preguntas cruciales de la diputada, que se basa en el artículo que nuestro medio publicó a fines del mes pasado. No reconoce ni desmiente el hecho de que Quinteros Raby fue a Pucón para tratar de intimidar a una de las demandantes de la familia Painequir, quien acusa a Ubilla de adquirir de manera irregular terrenos mapuche en esa zona.

La respuesta indirecta, y algo sorprendente, que ha dado esa subsecretaría es que en esos días el asesor Quinteros se encontraba de vacaciones. “Con fecha 23 de agosto de 2019, el señor Quinteros Raby solicitó hacer uso de 5 días de vacaciones, entre los día 26 al 30 de agosto”. O sea, la intimidación a una de las demandantes –que el propio Quinteros no desmintió a INTERFERENCIA- se produjo cuando el asesor de Ubilla se encontraba de vacaciones. Las fechas coinciden, puesto que Elena Painequir afirmó en conversación telefónica con INTERFERENCIA que el martes 27 de agosto fue amedrentada por este personaje: "Llegó un tal don Germán Quinteros, amigo de don Rodrigo Ubilla, fue hoy, como a las tres o cuatro de la tarde”, relató en su momento a nuestro medio.

Sobre los detalles de los viajes que este asesor realizó en la región de la Araucanía, la subsecretaría informa de cuatro visitas entre enero y agosto de 2019, todas en Temuco. En tres de ellas habría tenido reuniones de trabajo con Enama (Encuentro Nacional Mapuche), una corporación de profesionales mapuche fundada en 2011 en Temuco y que es conocida por buscar acuerdos con el gobierno y las grandes empresas.