Luego de que INTERFERENCIA revelara que el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, es dueño de cuatro parcelas al interior de la comunidad indígena Mariano Millahual, una de ellas adquirida mientras se desempeñaba como subsecretario en el primer gobierno de Piñera en 2012, las reacciones en el mundo mapuche no se hicieron esperar.

Desde el punto de vista político, la exigencia es clara: Ubilla tiene que renunciar a su cargo. Así lo señalaron en entrevista con este medio los consejeros mapuche de la Conadi, José Millalén y Marcial Colín.

"Ubilla tiene que renunciar a su cargo. Por una parte, ha estado burlando la ley y por otra parte ha estado escondiendo información. Cómo es posible que una autoridad en ejercicio, haya burlado la ley indígena en 2012 siendo subsecretario. Y más aún, que haya ocultado que tenía más terrenos de los que aparecieron en el primer reportaje”, sostuvo en entrevista con este medio, José Millalén.

Por su parte, Marcel Colín afirmó que “Ubilla debería renunciar. También Andrés Chadwick y Fernando Sáez Taladriz (director subrogante de la Conadi). Deberían dar un paso al costado por el bien de las relaciones humanas, de la supuesta democracia y por el bien de las relaciones con los pueblos indígenas, particularmente con el pueblo mapuche”.

Ambos consejeros coincidieron en que las autoridades del ministerio del Interior están deslegitimadas para ocupar sus cargos desde el asesinato de Camilo Catrillanca y la compra irregular de tierras protegidas por la Ley Indígena de 1993.

“El ministerio del Interior está deslegitimado en todo lo relacionado con la causa mapuche, desde el asesinato de Camilo Catrillanca. Estamos frente a un gobierno que es enemigo del pueblo mapuche".

“Ubilla está deslegitimado moralmente para seguir asumiendo responsabilidades tan altas en el gobierno. Además, ellos siguen sosteniendo que esa compra fue legal cuando no lo fue. También tiene que devolver las tierras a la comunidad", sostuvo Millalén.  

“El ministerio del Interior está deslegitimado en todo lo relacionado con la causa mapuche, desde el asesinato de Camilo Catrillanca. Estamos frente a un gobierno que es enemigo del pueblo mapuche. Esto amerita que sea denunciado ante organismos internacionales, el actuar de un gobierno que sistemáticamente se ha encargado de vulnerar los derechos de nuestro pueblo, a partir de asesinatos, a partir incluso de un sentido de conspiración en contra del pueblo mapuche”, afirmó Colín.

La sensación general de los actores que han intervenido en esta situación, es que el caso de las tierras indígenas de Ubilla ha sido un punto de inflexión en los casos de apropiación ilegal de territorios indígenas, en tanto marcará un precedente para abordar casos similares por toda la región de La Araucanía.

Después de que INTERFERENCIA publicara la primera y segunda parte del reportaje sobre las parcelas de descanso de Ubilla en territorios mapuche, ambos consejeros han recibido numerosas denuncias de caso similares, que involucrarían a altos personeros de este gobierno, el anterior y a otras autoridades, las cuales están siendo investigadas por ellos.

Ofensiva jurídica

Carlos Quiñenao, uno de los tres werkén de la comunidad, presentará hoy viernes una denuncia ante la sede de la Contraloría General de la República en Temuco, donde acusa la ilegalidad del pronunciamiento del director (s) de la Conadi, Fernando Sáenz, quien pocas horas después de conocerse la compra de los primeros terrenos, salió a respaldar la escueta defensa realizada por Ubilla en un comunicado. “Fue una compra legal”, aseguró entonces, argumentando que el funcionario público adquirió la propiedad a una chilena, Guadalupe Moris.

INTERFERENCIA tuvo acceso al documento que se presentaría hoy ante la Contraloría regional. En este, la comunidad denuncia que el director (s) de la Conadi actuó de manera ilegal al respaldar la supuesta legalidad de las actuaciones de Ubilla,

INTERFERENCIA tuvo acceso al documento que se presentaría hoy ante la Contraloría regional. En este, la comunidad denuncia que el director (s) de la Conadi actuó de manera ilegal al respaldar la supuesta legalidad de las actuaciones de Ubilla, a pesar de que estas contravienen el texto expreso de la Ley Indígena. El objetivo final de los comuneros es que el subsecretario Ubilla restituya las tierras a la comunidad, que goza de un título de merced otorgado por el Estado de Chile en 1908.

Por su parte, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Conadi (Anfuco) emitió un comunicado donde declararon su rechazo a toda forma de vulneración de derechos de los pueblos indígenas “en particular tratándose de algo tan preciado por el pueblo mapuche como es su tierra”.

Además, se opusieron a la versión dada por Sáenz en lo relativo a la legalidad de la compraventa realizada por Ubilla afirmando que “resulta claro que la disolución, liquidación y/o adjudicación en una sociedad o comunidad con el fin de adquirir tierra indígena, no contando el adjudicatario y/o adquirente con esa calidad, adolece de nulidad absoluta y debiera declararse como tal al vulnerar lo dispuesto en la Ley N° 19.253”.

En esa línea citaron una serie de resoluciones judiciales en las cuales los tribunales regionales fallaron a favor de la protección de las tierras indígenas en casos similares, y a un dictamen emitido por la Contraloría Regional de Los Ríos, que mandató a la Conadi para oponerse judicialmente a casos en los que se vulnere abiertamente la ley indígena.

Por su parte, la presidenta del Consejo Mapuche de Pucón, Ruth Garrido, emplazó al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno a que aclare la postura “oficial” de la Conadi en este asunto.

Mientras tanto, el subsecretario Ubilla sigue de vacaciones en Escocia y no se ha pronunciado respecto a las nuevas revelaciones y un conflicto que, lejos de darse por superado, parece crecer cada día.