Ayer en la tarde todos los estudiantes de la Universidad Diego Portales recibieron un correo en respuesta a una carta enviada por las estudiantes movilizadas el día viernes 30 de agosto a los directivos de la institución.

En esa carta, las estudiantes en toma solicitaron ciertas garantías para el momento en que se finalice la movilización, que desde el 29 de agosto mantiene paralizada a todas las facultades de la universidad. Entre las garantías solicitadas se pedía con urgencia la no sanción a las estudiantes movilizadas, marcha blanca de una semana y la reprogramación de las evaluaciones.

Frente a esto, durante la tarde de ayer, la Universidad respondió a la solicitud de las estudiantes mediante una carta firmada por el vicerrector académico, Cristóbal Marín, por la secretaria general, Ximena Palma, y por la vicerrectora de pregrado, Danae de los Ríos.

La respuesta institucional contiene nueve puntos y entre estos se manifiesta la voluntad de no aplicar sanciones en contra de las estudiantes que han participado de la ocupación de la universidad. También se comprometen a adoptar medidas de reparación orientadas a las estudiantes que fueron expuestas en la Facultad de Derecho. Este factor fue uno de los principales motivos que llevaron a las estudiantes de derecho a comenzar la movilización tal como reveló INTERFERENCIA en el artículo “Estudiantes UDP se toman Facultad de Derecho por casos de abuso y exposición de las víctimas”.

Otras de las promesas contenidas por las autoridades de la universidad es que realizarán las investigaciones necesarias para evaluar la responsabilidad de aquellos académicos y funcionarios que hayan roto el acuerdo de confidencialidad, y en consecuencia, que hayan expuesto a las víctimas. Esto está sujeto a sanción según indica la Normativa de Prevención y Sanción de Acciones de Violencia Sexual de la propia casa de estudios.

Sin embargo, las autoridades institucionales no accedieron a otorgar una semana de marcha blanca –periodo en el que no se pueden realizar evaluaciones– pero ofrecen a cambio dos días, siempre y cuando las estudiantes depongan la movilización a más tardar este miércoles 4 de septiembre.

La misiva finaliza con este último punto, donde indica que “la voluntad de acceder a esta petición se mantendrá hasta el día miércoles 4 de septiembre, fecha límite para hacer entrega de los edificios e instalaciones de la Universidad. De lo contrario se mantendrán las medidas académicas y disciplinarias anunciadas la semana anterior”. 

Hasta la fecha, el rector de la UDP, Carlos Peña, solo se ha reunido con las estudiantes de derecho que fueron víctimas de acoso y abuso por parte de Francisco Cañas, luego de que fuera en esta facultad donde comenzó la movilización que mantiene a esta universidad privada paralizada. La reunión se realizó este viernes 30 de agosto, instancia en la cual el rector se habría comprometido a desvincular a Cañas de sus actividades como profesor ayudante. 

La movilización comenzó a raíz de las malas getiones que realizó la Universidad luego de que Francisco Cañas, profesor ayudante del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho recibiera cinco denuncias por acoso y una por abuso de parte de estudiantes. A pesar de solo tener seis denuncias formales acogidas a la Normativa, Cañas tiene más de 20 acusaciones de ciberacoso dentro de la facultad.

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