En abril del año pasado el gobierno sandinista de Daniel Ortega estaba por las cuerdas frente a una inusitada revuelta social detonada por la implementación de un impuesto a la pensión de los jubilados, que desató manifestaciones de rechazo por todo el país, las que, rápidamente, adquirieron un cariz político, con una población que, en un 70%, pedía al presidente fuera de su cargo.

Durante esos álgidos días, era posible una escena que hoy resulta del todo improbable. “Esta no es una mesa de diálogo”, le aseguró el estudiante y activista Lesther Alemán al presidente Ortega durante un debate televisado en mayo del año pasado. “Es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien porque es el pueblo el que lo ha solicitado”. No obstante, pasado un año, el panorama es muy distinto: más de 300 muertos, decenas de miles de exiliados y millonarias pérdidas económicas en el segundo país más pobre del continente americano, y un gobierno sin intenciones de explorar una salida negociada.

Hoy, Ortega tiene nuevamente el control de la situación, mientras que el joven Alemán, así como cientos de otros líderes opositores se vieron obligados a dejar el país. Se calcula que 50 mil nicaragüenses -incluyendo una docena de reporteros- han tenido que escapar a naciones vecinas. Pero, ¿qué pasó para que esta “primavera tropical” de Nicaragua perdiera su aparente vigoroso impulso?

El autoritarismo de Ortega

Por años, he sido un estudioso norteamericano de la política nicaragüense. Cuando el caos político me forzó junto a mi familia a abandonar Managua en junio del 2018, sentí con seguridad que los días de Ortega estaban contados.  

En una sociedad democrática podría haber estado en lo correcto, considerando que desde 1985, el 70% de todos los presidentes latinoamericanos electos democráticamente que enfrentaron protestas sostenidas similares en las calles, terminaron por ser removidos de sus cargos.

El actual, es el tercer periodo consecutivo de Ortega como presidente y quinto desde que llegó al poder 1980, como el líder de la junta post-revolución sandinista.

Ortega desafía estas probabilidades al transformarse de un héroe revolucionario durante la Revolución Sandinista de Nicaragua en 1979, a un gobernante autoritario, que usa la represión como un eficiente método para aplastar la disidencia, acompañada de una retórica anti-imperialista que busca desviar culpas propias.

El actual, es el tercer periodo consecutivo de Ortega como presidente y quinto desde que llegó al poder 1980, como el líder de la junta post-revolución sandinista. En 1990 perdió la elección a manos de Violeta Chamorro, quien marcó el comienzo de 16 años de gobierno de corte conservador en una Nicaragua tendiente a la izquierda, hasta que el propio Ortega volvió a la presidencia el 2007.

Desde entonces, ha concentrado el poder de forma sistemática, concentrando en la Corte Suprema a gente leal a él, sumado a una fuerte represión a la libertad de prensa y, en 2014, la abolición de los límites para los mandatos presidenciales. Y con su mujer, Rosario Murillo, en la vicepresidencia.

“Me querían vivo o muerto”

Ortega ha movilizado todo el poder del Estado para sobrevivir. Como el uso de la policía anti disturbios y grupos de paramilitares partidarios del gobierno que no tienen problemas en golpear, disparar, aterrorizar y arrestar a los manifestantes opositores. Y con gran cantidad de presos políticos tras las rejas, entre los que hay testimonios de torturas con la técnica del “submarino” o ahogamiento simulado, electrocución y abuso sexual. De igual modo, también hay reportes de personas forzadas a grabar videos incriminatorios.

Después que Lesther Alemán, a sus 20 años, confrontara al presidente Ortega en televisión en mayo pasado, las amenazas de muerte en su contra no se detuvieron, forzándolo a esconderse y, después, a partir al exilio.

Después que Lesther Alemán, a sus 20 años, confrontara al presidente Ortega en televisión en mayo pasado, las amenazas de muerte en su contra no se detuvieron, forzándolo a esconderse y, después, a partir al exilio. Alemán asegura que el gobierno ofreció USD $50.000 por su captura. “Me querían vivo o muerto”, me contó recientemente desde su nuevo hogar en Estados Unidos. “Eso marcó un antes y un después. Desde entonces, nada ha sido igual”, señala.

Según una encuesta de la consultora Cid Gallup, publicada en enero, un 74% cree que la vida ha empeorado en el último año; un 66% desaprueba el gobierno y un 45% quiere que las próximas elecciones presidenciales, a celebrarse el 2021, se anticipen a este año. Mientras que solo un 25% de los encuestados se alinea con Ortega.

El chivo expiatorio estadounidense

Como su aliado venezolano Nicolás Maduro, que culpa a Estados Unidos por la crisis económica y humanitaria desatada en su país, Ortega aglutina a sus partidarios culpando a Estados Unidos por la revuelta popular emergida en su contra.

“Estados Unidos ha envenenado nuestro trabajo a través de la intervención. Ahí está la raíz del problema”, explicó Ortega al canal de televisión venezolano Telesur en julio pasado. Denuncia que apela al sentimiento anti-estadounidense muy presente en el país, que recuerda la ocupación militar de 1912 a 1933 y, en los años ’80, el financiamiento de una sangrienta rebelión en contra del mismo Ortega a manos de la administración de Ronald Reagan.

Muchas personas que entrevisté creen que las revueltas en Nicaragua tienen su raíz en una conspiración de la administración de Trump y no en la indignación popular hacia un gobierno corrupto y distante. En este marco, durante las manifestaciones de abril, un antiguo miembro del Partido Sandinista, me preguntó porqué deberíamos confiar en Estados Unidos.

Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia consolidada sobre un supuesto involucramiento directo de Estados Unidos en la crisis de Nicaragua. Pese a ello, desde que comenzó la administración de Trump, la Casa Blanca ha castigado al gobierno de Ortega por amenazar las libertades civiles a través de una severa limitación al acceso de mercados financieros internacionales.

Por años, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos ha invertido moderadamente en el país para “fomentar la gobernación democrática y expandir las oportunidades educacionales”. Entre 2015 y 2018, diversos grupos de la sociedad civil nicaragüense recibieron USD 92 millones en ayudas para el desarrollo. Asimismo, el Fondo Nacional para la Democracia - fundación privada sin fines de lucro con lazos cercanos al Departamento del Estado-, ha gastado un adicional de USD 4.1 millones para fortalecer las instituciones en Nicaragua desde el 2014.

Con todo, desde el exilio, el disidente Lesther Alemán aún tiene fe en el triunfo de la oposición nicaragüense. “Ortega nos llamó terroristas, pero la verdad es difícil de esconder”, dijo.