Durante el fin de semana recién pasado, el ministro del Interior, Víctor Pérez (UDI), estuvo bastante ocupado debido al asesinato del cabo de Carabineros, Eugenio Nain Caniumil. Pero esta semana su principal preocupación es él mismo, puesto que hoy la Cámara de Diputados votará la acusación constitucional en su contra, y el panorama para este ex senador no es muy favorable, pues todo indica que su continuidad en el cargo corre peligro.

En la oposición al gobierno parecen estar coordinados, y a diferencia de acusaciones como las presentadas contra Sebastián Piñera o Jaime Mañalich, estarían los votos suficientes para aprobar la iniciativa. Muestra de esto es que el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio –uno de los impulsores de la acción–, anunció públicamente que toda la bancada de su partido estaría a favor, como también parlamentarios independientes que, rechazaron la misma medida contra el ex ministro de Salud, como Pepe Auth o Fernando Meza.

En tanto, a Pérez se le nota complicado. Ayer desechó a los abogados a cargo de su defensa, Alejandro Espinoza y Mario Rojas, para reclutar a Gabriel Zaliasnik, el mismo que estuvo representando a Mañalich en la acusación en su contra. Uno de los factores de esto fue la fallida estrategia impulsada por los primeros, quienes argumentaron que Carabineros no dependen de Interior en un estado de catástrofe, sino que del Ministerio de Defensa a cargo de Mario Desbordes. Esto alteró los ánimos de Renovación Nacional, partido de este último, desde donde incluso se llegó a especular que podían aprobar la acusación. Pero esta situación ya fue revertida con el cambio de abogados.

Lo esencial de la acusación

A diferencia de otras acusaciones fallidas de la oposición, esta abarcó a todos los sectores del bloque, juntando incluso a demócrata cristianos con comunistas. El resultado fue un texto de 90 páginas que dio inicio a la acción fiscalizadora de los diputados, en la cual exponen detalladamente las razones de la iniciativa.

Haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público; haber infringido la Constitución o las leyes, vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley; y haber dejado de ejecutar las leyes, al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre los órganos sometidos a su dependencia, son los capítulos acusatorios presentados por los congresistas.

El primer capítulo se centra en las actuaciones de Pérez durante el paro de camioneros realizado durante los últimos días de agosto de este año, el cual estuvo marcado por cortes de ruta que retrasaron e incluso impidieron el libre tránsito de vehículos que transportaban elementos esenciales para la vida, todo esto en un contexto de pandemia. El titular de Interior estuvo a cargo de la negociación con los dirigentes camioneros y no ordenó ninguna acción represiva de parte de Carabineros de Chile –institución dependiente de su cartera– a los cortes de ruta.

“Los camioneros adheridos a la movilización paralizaron las principales rutas del país y las consecuencias que de ello derivaron, constituyeron, sin dudas, episodios de violencia atentatorios al orden público. Infringe, por tanto, su deber el Ministro Pérez Varela al desconocer la violencia de estos actos y calificarlos expresamente de “pacíficos”, “que no se justificaba la ley” contrariando el ordenamiento y a sus propias actuaciones en iguales situaciones respecto de otros manifestantes (...) en ningún caso puede ser presentado por parte de la autoridad política como manifestación pacífica cuando constan de la información, que la serie de acciones efectuadas han sido tipificadas como delitos penales por el ordenamiento jurídico, las que no fueron oportunamente denunciadas por parte de quien tiene el deber constitucional de velar por la mantención del orden público”, señala parte del texto acusatorio.

El segundo capítulo del texto se refiere a la desigualdad de trato con que Pérez enfrentó las manifestaciones que han ocurrido durante su gestión. Nuevamente el paro de camioneros es tomado como referencia para denotar que el ministro privilegió esta manifestación por sobre otras, guiándose por la conveniencia política para el gobierno.

Esto lo comparan con tres situaciones específicas. Una es la querella por Ley Seguridad del Estado anunciada por Víctor Pérez el 24 de septiembre de este año, en contra de distintos mapuche que declararon que iniciarían una toma de terrenos en Traiguén, a lo que el titular de Interior contestó que “nadie puede, a través de una carta ni por ningún otro medio, anunciar que va a cometer delitos, que va a realizar un hecho de violencia sin tener ninguna sanción por ello".

“¿por qué para el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública resulta de mayor gravedad una carta que contiene una eventual amenaza al dominio privado, aun cuando no se ha concretado materialmente ninguna acción, en comparación con el bloqueo efectivo realizado con ocasión de la movilización realizada por los camioneros en las principales rutas del país?”, es una de las preguntas que plantearon los diputados.

Otro trato discriminatorio citado fueron las diferencias en el trato a manifestantes del Apruebo versus los del Rechazo durante la previa al plebiscito realizado el pasado 25 de octubre. 

“En la comuna de Las Condes el pasado 5 de septiembre, se realizó una marcha por los partidarios de la opción “rechazo”, que fue prácticamente escoltada por Carabineros, con más de 50 personas, muchos de ellos sin mascarilla y algunos llevando palos, bates de béisbol y escudos y comportándose violentamente contra otros transeúntes. A pesar de ello, en dicha oportunidad no hubo detenidos y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública no presentó querellas de ningún tipo. El mismo día 05 de septiembre del 2020, a sólo unos pocos kilómetros en dirección hacia el poniente de la capital, en Plaza Baquedano, se juntaron cerca de 500 personas en los bandejones de dicho lugar, manifestándose a favor del “Apruebo”. Pasados 10 minutos, llegaron 5 carros lanza-agua, 3 carros lanza-gases y una decena de carros policiales para trasladar a los que resultaron detenidos. Los manifestantes fueron violentamente reprimidos por carabineros usando los carros lanza-agua que incluso algunas denuncias en videos y fotos muestran que atacaron al cuerpo de personas mayores y detuvieron violentamente a periodistas y comunicadores. En total, hubo 28 detenidos. Posteriormente, trabajadores de la salud manifestaron en este mismo lugar su descontento por estar excluidos en el Código Sanitario, siendo reprimidos violentamente y al instante por fuerzas especiales de Carabineros, con carros lanza-agua”, citaron los diputados en el documento.

El otro hecho citado en este capítulo se refiere a las tomas de municipios llevadas a cabo por mapuche a principio de agosto de este año, en apoyo a la huelga de hambre que varios presos políticos realizaban en aquellos días. En estas, específicamente en Curacautín, sucedió que un alto grupo de personas se concentró con en las afueras del recinto para desalojar de forma violenta a los manifestantes, causando desmanes en torno al edificio.

“La noche de los hechos, resultaron detenidas 21 personas, incluidos dos menores de edad, quienes participaron de las tomas de los recintos municipales de los cuales, 19 pasaron a control de detención por delito de riña, daños y obstaculización del ejercicio de la función pública de la municipalidad, y les impusieron arraigo nacional, firma mensual y la prohibición de acercarse a la municipalidad. A su vez, ninguno de los que concurrieron concertados previamente al desalojo violento de los municipios resultó detenido. Al respecto, no obstante las imágenes difundidas por los medios de comunicación donde es posible identificar a funcionarios de carabineros presentes en el mismo lugar donde se concentraban los civiles armados con distintos elementos, no existe información sobre investigaciones iniciadas sobre estos hechos”, señala la acusación.

Sobre esto, los diputados concluyen que “el Ministro Pérez, lo que ha ejecutado es una política de criminalización de la protesta ciudadana, pero sólo en cuanto a quienes no representan su corriente política, toda vez que tratándose de la protesta de los conductores de camiones, de los hechos de violencia racista contra el pueblo mapuche, así como marchas a favor del “Rechazo”, su actuación ha sido condescendiente, mientras, respecto de los demás acontecimientos provenientes de personas no afines al Gobierno, el rigor de la ley se ha aplicado sin vacilar. Esto configura, evidentemente, un actuar discriminatorio frente a hechos objetivamente conocidos”.

El tercer capítulo trata específicamente sobre el caso del joven que fue arrojado por un carabinero desde el puente Pío Nono hacia el río Mapocho el pasado 2 de octubre. En este, se cuestiona el mando de Víctor Pérez por sobre la institución, tanto por el delito cometido como por la reacción posterior de los uniformados.

“Si llevamos esto a los acontecimientos del viernes 2 de octubre pasado en el Puente Pío Nono ubicado entre las comunas de Santiago y Providencia, respecto a los que un funcionario de Carabineros resultó formalizado por el homicidio frustrado de un adolescente de 16 años, es evidente que esto, y todas las situaciones similares, exceden la responsabilidad penal individual de los funcionarios de Carabineros y en el contexto de imputación de la organización son idóneos para vincular a la superioridad por no adoptar las medidas idóneas para impedir la ocurrencia de estos graves hechos”, indica la acusación.