El escándalo político de la semana continúa tomando nuevos ribetes. Todo comenzó con la noticia que se conoció el martes 10 de marzo, cuando se expandió en redes sociales y luego en medios de comunicación un video que había subido el líder de la agrupación de extrema derecha Capitalismo Revolucionario, Sebastián Izquierdo, el pasado 6 de marzo. En este video exhibe la manufactura de los escudos que han sido usados en las violentas marchas en favor de la opción Rechazo en el plebiscito, grabado en la sede comunal de Santiago de la UDI.

El video alcanzaba a mostrar propaganda electoral del diputado UDI de la zona, Jorge Alessandri Vergara, por lo que pronto se despertaron las sospechas de que se trataba de un inmueble asociado al parlamentario. De este modo, personeros de la misma UDI, y el mismo diputado Alessandri, tuvieron que precisar la información, al señalar que se trata de la sede comunal del partido en Santiago Centro, ubicada en Paseo Bulnes 80, departamento 21. La información es coincidente con la dispuesta por el propio sitio web de la UDI, por lo menos hasta esos momentos, pues luego la página borró dicha información, aunque permaneció en su caché.

“Nunca hubo un contrato de arriendo, nunca hemos pagado un contrato de arriendo nosotros, desconozco quien es el propietario (...) No tenemos ninguna vinculación con la administración de ese lugar”, afirmó la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe este martes, intentando desligar al partido de cualquier tipo de relación con el grupo extremista de Sebastián Izquierdo y también, con la oficina de Bulnes 80.

Acto seguido, la UDI emitió una declaración pública que -entre otras cosas- señalaba que "el lugar donde se elaboraron los escudos no es una sede financiada con dineros públicos ni por el partido", además de acusar una campaña de desprestigio en su contra, a través de "información falsa y tendenciosa".

Sin embargo, variadas fotografías, invitaciones, charlas y registros de la web del comunal de la UDI de Santiago Centro evidenciaban que era un lugar usado habitualmente por el partido e identificado como la oficina del comunal.

Según pudo indagar INTERFERENCIA, la oficina 21 de Bulnes 80, en la comuna de Santiago, es propiedad de Jaime Gallegos Costa, ingeniero eléctrico y ex profesor de Inacap, hoy jubilado. El hombre heredó la propiedad en 1992 de parte de Ramón Gallegos Muñoz, su padre. A su vez, la propiedad había sido comprada a Carabineros de Chile en 1962.

INTERFERENCIA pudo conversar con Jaime Gallegos Costa, quien entregó a este medio detalles de cómo se ha desarrollado el arriendo de su propiedad. En la entrevista, aseguró que comenzó a arrendar la propiedad al senador Jovino Novoa, alrededor del año 2013, cuando este era senador de la República. 

En ese entonces, Novoa hizo de esta oficina su sede parlamentaria, de forma que el pago mensual provenía del Congreso Nacional. En marzo de 2014, cuando terminó el periodo de Novoa en el Senado, todo se volvió irregular. Por trato de palabra, Gallegos afirma haber concedido el arriendo a la directiva comunal de la UDI en Santiago, sin contrato de arriendo escrito. El trato incluía un pago de 280.000 pesos mensuales, por una oficina en pleno centro de Santiago y con más de dos habitaciones. 

Gallegos aseguró a INTERFERENCIA que no sólo no han firmado nunca un contrato, pese a haberlo pedido con postereoridad, sino que en ocasiones le pagan sólo una parte del arriendo o a veces los atrasos superan un mes. Sin embargo, el último mes estaba esperanzado: hace unas semanas la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe se contactó con él, para conversar sobre la regularización del arriendo.

“Hace más o menos un mes me llamó una mujer a nombre de Jacqueline Van Rysselberghe y dijo que quería regularizar el asunto de la oficina. Me dijo que me iba a contactar con un abogado que tenía listo un contrato de arrendamiento. Yo le dije que no tenía ningún problema con eso, pero que se supone que el arrendador es el que pone los términos del contrato, no el arrendatario”, señala Gallegos Costa, quien además dice que “hasta ahora no ha pasado nada”. 

Este relato, contradice lo afirmado por la presidenta de la UDI, quien afirmó a la prensa que no conocía quien era el propietario de la oficina de Bulnes 80, y que no habría sido arrendado oficialmente por las instancias de su administración. INTERFERENCIA intentó comunicarse con Jacqueline Van Rysselbergue, pero no obtuvimos respuesta.

“Son pésimos arrendatarios”

El departamento de Jaime Gallegos en Bulnes 80 tiene más de 90 metros cuadrados, dos baños, una cocina grande y dos piezas, además de un living grande. 

La situación irregular sobrevino una vez que Jovino Novoa salió de esta historia. “Cuando se retiró Novoa, llegaron otras personas de la UDI y me dijeron que querían el departamento por el valor estratégico que tenía para los quehaceres de ellos. De ahí que quedamos sin contrato”.

Según el relato de Gallegos y otros familiares, las personas que se han vinculado con él para realizar los pagos son Juan Arce, secretario del comunal de la UDI en Santiago; y Julio Salinas, abogado de la Universidad de Las Américas, ex Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana y actual pro-tesorero del mismo comunal de la UDI. Esta información fue consultada en el sitio web que ahora no aparece online, pero al cual se puede acceder con el caché de la web. Ambos son dirigentes locales de la UDI. 

INTERFERENCIA pudo acceder a las cartolas bancarias de Gallegos en las que se puede observar el nombre de Julio Salinas realizando transferencias a la cuenta de Jaime Gallegos Costa, durante al menos 2019 y lo que va de 2020. En ellas se puede apreciar que los montos depositados a Gallegos son muy irregulares pues rara vez se repiten, y no siempre corresponden a los 280.000 pesos que corresponden al trato. Tanto es así que Gallegos dice que “son unos pésimos arrendatarios. Pagan cuando quieren, lo que se les antoja y no siempre el cánon de arriendo”. 

Solo por ejemplificar, Julio Salinas figura en estas transacciones depositando una cantidad de 170.000 pesos a Gallegos en febrero del 2020. En enero del mismo año el pago fue de 180.000. En diciembre de 2019 en cambio, Julio Andrés Salinas aparece depositando la cantidad de 210.000 pesos.

Gallegos ha peleado por firmar un contrato de arrendamiento, sin embargo se trata de una persona de 70 años que tiene discapacidad visual, problemas para movilizarse, y que depende del ingreso del arriendo. De hecho, hace unas semanas cambió su domicilio a la ciudad de Talca, debido a que el smog de Santiago le estaba trayendo problemas respiratorios y de alergia. 

Señala que su complicado estado de salud, además del fallecimiento de su madre a principios de 2018, le han impedido tener una posición más activa en exigir que se realice el contrato de arrendamiento. 

Según su relato, tanto Arce como Salinas también han hablado con él, comprometiéndose en numerosas ocasiones a regularizar la situación de la oficina, pero que muchas veces se han excusado en que se encontraban a la espera de que saliera la ley de aportes reservados a partidos políticos. De esta forma, esperaban que la oficina en cuestión pudiera pagarse con dinero público realizando un contrato de arriendo, situación que no se ha verificado hasta la actualidad. 

De hecho esta es toda una nueva arista del caso, pues este arriendo irregular contraviene la ley de partidos políticos, al menos en materias relativas a la ejecución de balances y transparencia, según un abogado experto. De hecho, de acuerdo al profesional, el Servicio Electoral debiera intervenir de oficio, pudiendo recaer sobre la UDI y su presidenta multas, e incluso perder el financiamiento público y hasta la disolución de la colectividad, depeniendo de la gravedad de lo que la investigación arroje.     

Debido a la polémica relacionada con el uso que se está haciendo de esta oficina, en que militantes de Capitalismo Revolucionario confeccionaban escudos en su interior, Gallegos y sus familiares se preocuparon por el destino del inmueble. Esto debido a que en octubre de 2019, en el marco del estallido social, la sede de Juan Antonio Coloma en Talca fue objeto de un saqueo, e incluso, de un intento de incendio. 

“No queremos que pase lo mismo con el departamento de mi papá. Él no tiene la culpa del uso que le estén dando. Inmediatamente nos dio mucho miedo que pudieran quemar el departamento o hacerle algo”. señala el hijo de Jaime Gallegos, del mismo nombre. 

A propósito de lo mismo, Juan Arce se contactó con Gallegos la mañana del 11 de marzo. “Me llamó para explicarme lo que pasó. Me dijo que alguien le había guardado unas cosas a algún militante y que esta persona que grabó un video ni siquiera era militante de la UDI. Dijo que ellos no tenían nada que ver. Me habló nuevamente de regularizar la situación del arriendo, pero no ha pasado nada todavía”, señala Gallegos padre.