En noviembre del año pasado generó controversia la nominación al Consejo para la Transparencia (CPLT) de la abogada Natalia González, quien también se desempeña como Directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos del centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD) que dirige la ex ministra de educación, Marcela Cubillos. 

En aquella oportunidad, tal como informó INTERFERENCIA, la polémica se dio en torno a su falta de experiencia en temas de transparencia. Incluso, sin nombrarla, la Asociación de Funcionarios del CPLT envió una carta al Senado sosteniendo que “miramos el actual proceso con preocupación, ya que la institución necesita consejeros sólidos, con trayectoria y principalmente desligados de influencias externas o señales de politización”. 

Asimismo, trascendió que el cerebro detrás de este nombramiento sería Cristián Larroulet, el poderoso jefe del segundo piso de La Moneda e histórico director de LyD, quien tras desembarcar nuevamente en el palacio presidencial en marzo de 2018, llevo consigo al gobierno a 10 de los 19 investigadores del centro de estudios, según la revista Capital. Eso produjo un fuerte tiraje y Natalia González saltó de ser investigadora a subdirectora del think tank. Así, Larroulet se habría puesto de acuerdo con el senador Juan Antonio Coloma de la UDI para obtener un resultado favorable en la cámara alta.

Lo anterior se dio en medio de una dilación en el nombramiento de nuevos consejeros, lo que llevó a que el Consejo pasara más de un mes sin sesionar. Nuestro medio informó en esa oportunidad que parte de esto se debía a que desde La Moneda se temía que el CPLT pudiese dinamitar el futuro político del ex ministro y actual candidato presidencial Ignacio Briones.

La cercanía de la actual consejera con el actual mandatario no es nueva. Fue asesora legislativa en los ministerios de Hacienda y de Energía a inicios del primer gobierno de Sebastián Piñera y en 2012 ingresó a LyD, donde se hizo cargo del Programa Legislativo y Constitucional.

"Nos sentimos orgullosos y responsables de ser una institución que promueve, fiscaliza y garantiza el derecho de acceso a la información pública y, es ese mismo derecho el que nos debería mover a enfocarnos en fortalecer el espíritu institucional, más que en nuestras opiniones o actividades personales", dice la carta de funcionarios del CPLT.

Finalmente, González pasó a formar parte del CPLT junto a Bernardo Navarrete, profesor de la Universidad de Santiago, cuyas áreas de investigación son las políticas públicas y gobiernos subnacionales. Sin embargo, sus primeros meses en el cargo ya han generado algunas situaciones incómodas. 

Tras la reciente elección de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes que significaron un duro golpe a las ambiciones de las candidaturas de derecha y de la ex Concertación, la consejera hizo noticia por descargar su enojo por los resultados en sus redes sociales. 

En Twitter, González afirmó que “este país está gobernado por los matinales y las emociones; promovieron a la extrema izquierda; ahí está el PC y el FA, vuelta a los 70”.

“Todo esto con el auspicio de la izquierda de centro, silente y autoflagelante y de la derecha que se plegó. Chile al precipicio #Irresponsables”, añadió.

Junto a ello, tal como consignó El Mostrador, la integrante del consejo directivo del CPLT retuiteó un post de Marcela Cubillos, una de las 155 constituyentes que decía: “Las ideas no se defienden solas. La centroderecha debe construir una alternativa que sea una “alternativa” y no una mala copia; entrar en debate cultural; dejar de asumir consignas y diagnósticos de la Izq y levantar sin complejos sus banderas si quiere recuperar fuerza electoral”.

Estas afirmaciones no pasaron desapercibidas. Al día siguiente, el martes 18 de mayo, la Asociación de Funcionarios del CPLT envió una misiva a los directivos en donde, nuevamente sin mencionar a González pero haciendo una evidente referencia a sus dichos, partía diciendo que “los últimos días, hemos presenciado cambios históricos en la democracia de nuestro país, lo que nos pone un desafío enorme por delante, que es estar a la altura de lo que la ciudadanía espera de nosotros”. 

Por ello, continuaba la carta, “las funcionarias y funcionarios del Consejo para la Transparencia, creemos en su rol y nos sentimos orgullosos y responsables de ser una institución que promueve, fiscaliza y garantiza el derecho de acceso a la información pública y, es ese mismo derecho el que nos debería mover a enfocarnos en fortalecer el espíritu institucional, más que en nuestras opiniones o actividades personales (que por cierto todas y todos las tenemos), pero el principal objetivo que se debe evidenciar debe ser el de priorizar la institución, seguir aportando a las personas que lo necesitan y contribuir en los procesos trascendentales que estamos viviendo”.

González habría votado en contra de un amparo que exige transparentar la agenda de Sebastián Piñera.

En la misma línea, el texto añadía que “cualquier tipo de comportamientos o comentarios ajenos a los valores de transparencia, integridad e imparcialidad, pueden confundir a la ciudadanía y alimentar una apreciación errónea sobre el rol que el Consejo ejerce”.

Pero el tema no quedó ahí. Las afirmaciones de González dieron curso a una denuncia por parte de un ciudadano, quien molesto por sus comentarios envió una carta al CPLT para dar cuenta del hecho y saber cuál era la posición del Consejo, a la que accedió INTERFERENCIA.

“Hoy la Srta. Natalia González, miembro directo del Consejo, ha "twiteado" (ver adjunto) sus pensamientos políticos. Por favor, necesito saber de qué forma actuará el Consejo cuando se requiera información de transparencia y ésta involucre el sector político de la consejera. Creo que a lo menos está en contra de la probidad e imparcialidad que debe de tener el cargo de acuerdo a lo que se señala en el "sistema de integridad". Es necesario que el Consejo de su postura”, dice la carta. 

A su vez, según pudo conocer este medio, la consejera habría votado en contra de un amparo elevado por el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), quienes habían solicitado un resumen de la agenda de reuniones del Presidente de la República entre el 11 y el 17 de marzo de 2019, ante lo cual González habría aducido que el presidente no era sujeto obligado de la Ley de Lobby. Se trata de una doctrina que antes era ocupada por los consejeros anteriores, pero que ha sido superada en este último tiempo, pero que González aparentemente se empeña en revivir.