Anunciado el cierre del caso por el financiamiento ilegal de la política, cientos de dirigentes de distintos partidos y presidentes de grandes corporaciones se congregaron en la plaza dignidad para pedir perdón por el daño causado al sistema democrático. En un acto solemne de contrición, suscribieron un compromiso por la probidad, devolvieron el dinero mal habido y prometieron retirarse de la política y los negocios para restaurar la confianza entre la ciudadanía y las instituciones. Los rankings internacionales de competitividad y percepción de riesgo destacaron la gobernabilidad del país y la transparencia de sus elites.

Evidentemente esto es una fake news.

La noticia verdadera es la consagración de la impunidad en el financiamiento ilegal de la política, sin ningún acto de reparación ni autocrítica por parte de sus responsables. Por el contrario, una larga estela de indecencia mantiene abiertas las heridas de la fe pública.

Para muestra, algunas noticias en desarrollo: el gran articulador de la coartada del Servicio de Impuestos Internos (SII), ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, insiste en su deseo de competir por un escaño en el Senado. Uno de los pocos procesados, Marco Enríquez Ominami, busca desesperadamente levantar su inhabilidad para volver a ser candidato presidencial o parlamentario. Varios de los 34 absueltos por la omisión alevosa de querellas del SII siguen vinculados a la actividad política y colaboran con líderes de variado signo, desde José Antonio Kast hasta los Partidos de Unidad Constituyente.

La omisión de querellas del SII y el lobby para la designación del Fiscal Nacional Jorge Abbot, retratan ese Chile de componendas de salón, intercambio de favores bajo el rótulo de consensos.

Las 24 empresas que pretendieron sobornar a políticos zafaron de responsabilidad al reintegrar modestas multas al Fisco, sin cursar ni siquiera una clase de ética, y muchos de sus dueños siguen donando -esta vez de manera legal- a candidatos mayoritariamente de la derecha. Y ni hablar del gran maestro y director de esta opereta, Julio Ponce Lerou, oculto en las faldas de su ex empleado, el gerente Patricio Contesse, después de que su empresa admitiera el desembolso de al menos US$15 millones para comprar las voluntades y conciencias de algunos honorables y otras autoridades.

Por la contraparte, los principales impulsores de la investigación y sanción de estos delitos, los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, además del ex subdirector de Impuestos Internos Cristián Vargas, terminaron sus carreras funcionarias después de intachables servicios al bien común.

La omisión de querellas del SII y el lobby para la designación del Fiscal Nacional Jorge Abbot, retratan ese Chile de componendas de salón, intercambio de favores bajo el rótulo de consensos, preservación de malas prácticas en “aras de la estabilidad” y complicidades con la opacidad bajo el pretexto de la gobernanza. Un país con autoridades que instruyen a un funcionario para que cambie la doctrina jurídica de un servicio público, mientras organizan cenas para designar a un persecutor penal que asegure la impunidad del club del descaro. Un Chile que estalló en octubre de 2019, tras acumular décadas de ira, no solo por la falta de equidad, también por la impudicia e irresponsabilidad de parte de sus elites privadas y públicas.

El caso de Rodrigo Peñailillo es emblemático, porque no solo emitió boletas para una empresa intermediaria financiada por Soquimich. En mayo del 2015 Ciper reveló que en su condición de ministro del Interior, encabezó la ofensiva para impedir que prosperara la investigación penal del fraude al Fisco vía boletas ideológicamente falsas. Para asegurar la impunidad de todos los involucrados llegó al extremo de articular reuniones privadas, en sedes estatales, en las que Samuel Donoso -quien se presentaba como asesor de Peñailillo y era a la par abogado del exgerente de SQM- instruía al director del SII sobre el procedimiento administrativo que la institución pública debía desplegar para cerrar la arista penal en la investigación de los fiscales.

Marco Enriquez Ominami (MEO) es otro símbolo de las investigaciones del financiamiento irregular, aunque tres testaferros del PRO libraron gracias al anuncio de no perseverar en la Fiscalía. Eso no fue suficiente para exculpar al ex candidato presidencial, quien continúa implicado en la indagatoria penal por el caso OAS y por las boletas falsas repartidas a diestra y siniestra por su estrecho asesor y recaudador de recursos Cristián Warner. Desde las condenas a sus ex colaboradores de campaña Guiseppe Malatesta y Edgardo Lepe el 2009, ya había quedado claro que trabajar en el primer círculo de MEO puede ser considerado un “empleo de alto riesgo”.

Los hermanos Benjamín y Jorge Pizarro Cristi sí respiraron más tranquilos con el anuncio de la Fiscalía. No obstante, el otro hijo de senador Pizarro, Sebastián Pizarro Cristi ya fue condenado.

El amor filial tampoco fue obstáculo para saciar la ambición por las dádivas de Ponce Lerou. Aunque la protección de la familia aparezca entre los principios fundantes del humanismo cristiano, el ex diputado Roberto León y el actual senador Jorge Pizarro pusieron a la DC en el banquillo al involucrar a sus hijos en la triangulación de los recursos de SQM. El exdiputado pudo escabullir el proceso gracias a la omisión de querella del SII, pero su hijo no corrió igual suerte y arriesga 4 años de cárcel por los 157.5 millones que recibió entre el 2009 y 2014 del holding salitrero.

Los hermanos Benjamín y Jorge Pizarro Cristi sí respiraron más tranquilos con el anuncio de la Fiscalía. No obstante, el otro hijo de senador Pizarro, Sebastián Pizarro Cristi ya fue condenado, tras reconocer -citando a Ciper- “que concertado con su padre” recibió 45 millones desde SQM.

Aunque fueron muchas las empresas que entregaron financiamiento irregular, el holding SQM es el emblema de la corrupción dictatorial y las afrentas a la democracia en las últimas décadas. Adquirida a precio de feria por el yerno de Pinochet, Ponce Lerou logró amasar una inmensa fortuna con un recurso que antes era de todos los chilenos. Con ese dinero compró su impunidad y algunas prebendas tributarias, alquilando a parte importante de nuestra clase política. Solo en la arista de la investigación que ahora se cierra encontramos con información de Ciper que seis receptores de recursos para el PPD, seis de la DC, tres para el PS, tres para el PRO, uno del PRI, dos para RN y diez para la UDI. Esto último sin contar a Pablo Longueira, cuya situación sigue siendo tan comprometida que permanece inhabilitado y será juzgado no por financiamiento irregular, sino que directamente por cohecho.

Como quedan algunas semanas para la inscripción de candidaturas presidenciales y parlamentarias, la pregunta que ronda en el ambiente es ¿con quién aparecerán en la foto los involucrados en los múltiples casos de financiamiento irregular? Como la lista es muy larga y aquí mencionamos solo algunos, lo que todo ciudadano debe saber es que hay múltiples investigaciones y reportajes disponibles en medios independientes. Antes de elegir, lea, infórmese y verifique que sus representantes tengan una trayectoria intachable; no vaya a ser que termine votando por algún rostro de granito, uno de esos que no se sonrojan ni arrugan… porque no conocen la vergüenza.