La capa social más progresista y eficazmente balmacedista era la de los fundidores. Su peor enemigo y el más regresivo, los bancos de Valparaíso. Edwards fue el tesorero de los sublevados; Agustín Ross, Augusto Matte, Vial Soler, Gonzalo Matta y Pedro Montt, sus agentes internacionales, todos banqueros o ligados a éstos.
La historia de los bancos nacionales es la del capital mercantil devenido de la usura llamada habilitación. Con el tiempo, consolidado ya el capital minero, sus acreedores dejaron de serlo. Sin la habilitación, quedaron sin las fuentes de utilidades acostumbradas. El simple préstamo a interés no constituye una renta apreciable, y las entradas regulares de un banco no son suficientes. El sistema habilitador subsistía, pero, en otras manos, más conectadas directamente a las zonas mineras o residiendo en ellas.
La incapacidad de los bancos para crear valores directamente, pues sólo el trabajo humano los crea, los mantenía estancados y en base a las riquezas adquirida en su organización inicial. La constante inflación y colocación de billetes que emitían los transformó en inflados elegantes: influyentes, pero en realidad débiles.
El más certero informante de esa situación fue un miembro de la misma banca: Agustín Ross. A través de sus estudios se puede conocer la relación directa que hay entre la debilidad económica bancaria y la política chilena. Agente, él mismo, de los sublevados en Londres, es el crítico más severo de las instituciones de crédito porteñas.
La situación era de tal gravedad que la depresión dejó a los bancos sin encaje, colocándolos en la perspectiva de la bancarrota y el cierre.
Involuntariamente, sus obras constituyen la clave de una parte fundamental en la gestación de la sublevación del Congreso. Tiene sus antecedentes con mucha anterioridad a la guerra civil de 1891. Doce años antes, en 1878, una depresión internacional recayó como es natural en el sistema capitalista sobre Chile, país cuya estructura está cimentada casi exclusivamente sobre los mercados mineros internacionales.
El Fisco obtenía un derecho de importación aplicado al cobre; de estos fondos colocaba, gran parte, en calidad de préstamo con un interés del 2 al 3 por ciento anual en las instituciones de crédito bancario, las cuales los volvían a lanzar a la circulación a un interés elevado, que fluctuaba entre el 9 y el 18 por ciento. En esa fecha (1878) se produjo una crisis cíclica que afectó a los bancos, con dos consecuencias inmediatas: una acumulación de documentos incobrables y la desvalorización de sus billetes. La situación era de tal gravedad que la depresión dejó a los bancos sin encaje, colocándolos en la perspectiva de la bancarrota y el cierre.
Sus propietarios, que consideraban los depósitos fiscales como una entrada regular y de su propiedad particular, recurrieron a sus influencias en el gobierno, y con su intervención e influencia decisiva, lograron que el Estado declarara la inconvertibilidad del billete emitido.
La nación estuvo al borde de la guerra civil por las protestas de los estafados. Uno de los factores, que evitó la revuelta fue la Guerra del Pacífico.
Agustín Ross recuerda el caso del Banco Nacional de Chile, que tenía un capital de $ 4.000.000, y cuyo directorio, en el mes de julio de 1878, se había auto prestado $ 1.960.000.
Otro banco había pagado un dividendo anual del 18,2 por ciento del capital, durante 5 años, o sea, sus accionistas habían retirado casi totalmente la inversión original. En idéntico caso se encontraba el resto de los bancos.
Fue una doble estafa: primero al Fisco, no pagando sus préstamos y luego a los depositantes, declarando inconvertibles los papeles dados como billetes. Todo esto fue borrado con su intervención política en el Ministerio.
Fue una doble estafa: primero al Fisco, no pagando sus préstamos y luego a los depositantes, declarando inconvertibles los papeles dados como billetes. Todo esto fue borrado con su intervención política en el Ministerio.
Después de la Guerra, el auxilio del Estado a los banqueros creció con las entradas provenientes del salitre. Y así llegamos al gobierno de Balmaceda. Agustín Edwards Ross, su primer ministro de Hacienda, representaba personal y colectivamente la prolongación de la política bancaria del presidente Domingo Santa María y, como tal, exigió su continuación.
Agustín Edwards Ross
El nuevo mandatario, agricultor constructivo, con una voluntad enérgica y otro punto de vista, opinó en forma distinta: "el capital del Estado debía ser conducido a obras reproductivas”. La respuesta de los bancos fue la renuncia de Edwards.
Conducir el capital del Estado a obras reproductivas significaba, concretamente, desviar los fondos gubernamentales hacia la protección de la agricultura en trabajos de vialidad, caminos y ferrocarriles, obras marítimas y subvenciones a las compañías navieras que transportaban la producción agropecuaria.
Esta política económica obtuvo la cooperación interesada de los contratistas y proveedores Lever, Sanfuentes, etc. y, naturalmente, el odio de los banqueros, cuyas cajas quedaron exhaustas como en 1878, con la diferencia que, en aquella fecha, controlaban el gobierno, y en 1890, estaban excluidos del Poder Ejecutivo.
La alianza anterior con los agricultores había sido con el grupo tradicionalista, de éstos, como si dijéramos la corriente de derecha; en cambio, el agricultor Balmaceda era de la corriente renovadora y del nuevo capitalismo agrario. Aquella corriente entregaba el capital del Estado al uso antiguo: a interés. La renovadora, lo invertía.
Para los banqueros, la posición de Balmaceda, era una traición al compromiso electoral presidencial. El ataque comenzó de inmediato. Para contrarrestarlo, el presidente buscó la alianza con sus antiguos enemigos: los partidarios de José Francisco Vergara. La suerte y la definición económico social de su gobierno estaba sellada.
Sin los suficientes medios para retribuir, de inmediato, a sus aliados, los mineros de Coquimbo, Atacama y Antofagasta, el consejero económico de Balmaceda, Arístides Zañartu, patrocinó cancelar la deuda pendiente con dos medidas audaces: el Banco del Estado y el remate a favor de los salitreros chilenos de nuevas pampas fiscales.
El Banco del Estado debería ser organizado con un capital mixto, suscrito un tercio por el público, $ 20.000.000, y el resto de $ 40 millones, con la caja fiscal. Los fondos fiscales provendrían de una parte, de una hipoteca sobre los ferrocarriles, y de otra, de los remates de pampas salitreras.
La idea de nuevos remates salitreros, bajo ciertas condiciones, provenía del grupo salitrero dirigido intelectualmente por Guillermo Billinghurst. Estas condiciones encerraban una cláusula obligatoria nueva: todo proponente o concesionario en la subasta debería contar con un mínimo comprobado de capital netamente chileno de un 85% ciento. Prácticamente esta medida -cláusula obligatoria- entregaría las pertenencias inexplotadas a un grupo determinado de inversionistas, excluyendo taxativamente a North y Cía.
Con el Banco del Estado se daría realidad concreta a la demanda de créditos solicitada por los cupreros, mineros y fundidores. Y con la cláusula nacionalista de los remates, los salitreros chilenos de Antofagasta obtenían pampas a un costo menor que el determinado por las ofertas inglesas.
Las dos proposiciones de Zañartu y Balmaceda produjeron dos efectos: un riesgo comercial para North y sus empresas salitreras de Tarapacá; y un peligro mortal para los bancos, ya en bancarrota.
El Banco del Estado, propiciado por Zañartu, retiraba, legítimamente, a las instituciones de crédito privado un negocio rotundo, como era el de la emisión legal de los billetes. Y transformaba la conversión metálica, pedida por Ross, en un arma contra su promotor y el grupo que representaba.
Otra función del Banco del Estado era efectuar la conversión metálica del papel moneda, proyecto que, con anterioridad, había sido planteado por Agustín Ross y desechado por el gobierno en su forma original, pues era, en realidad, una forma legal inteligente de entregar la conversión a los intereses de su grupo bancario.
El Banco del Estado, propiciado por Zañartu, retiraba, legítimamente, a las instituciones de crédito privado un negocio rotundo, como era el de la emisión legal de los billetes. Y transformaba la conversión metálica, pedida por Ross, en un arma contra su promotor y el grupo que representaba.
La ley del Banco del Estado fue finalmente promulgada, pero, sin causar ningún efecto. Votada su aprobación en el período de la guerra civil, los vencedores la enviaron al viejo archivo del Congreso. Resultó una amenaza sin fuerza física.
Dispuestos los banqueros a mantener su situación económica anterior y recuperar su poderío político, decidieron producir una rebelión a cualquier precio. Con rapidez, comenzaron a minar la oficialidad de la Armada en Valparaíso. Existía el riesgo de ser derrotados en las próximas elecciones y que el gobierno obtuviera la mayoría parlamentaria.
Era, en consecuencia, necesario apurar los acontecimientos y preverlos. Los marinos estaban conectados a la capa mercantil por distintos lazos: "familiares", "arribismo", "las hijas de los banqueros", etc. y privadamente estaban siempre adeudados con sus vecinos comerciantes, alentados con la esperanza de tener alguna vez fortuna, con la ayuda de sus banqueros "amigos". Todo esto, sin olvidar que tanto la oficialidad naval como los banqueros eran porteños. La población era escasa y totalmente conectada entre sí.
Producida la rebelión, Agustín Edwards sería su tesorero y el marino Jorge Montt el jefe, dejando a otros banqueros los cargos de agentes diplomáticos: Agustín Ross, Augusto Matte y Vial Soler. Existe una carta de Edwards donde confiesa que los fondos del banco están exhaustos y que su salvación depende del resultado de la campaña militar.
Jorge Montt
Epílogo bancario
La confirmación de que el capital bancario, devenido de la habilitación, había adquirido un carácter parasitario, aún desde el punto de vista capitalista, frente a las nuevas formas de la economía nacional, lo da a conocer su historia posterior a la sublevación. Triunfantes en su campaña militar, poco tiempo después desaparecerían de la vida activa.
Imposibilitados, comercialmente, para continuar por sus propios medios y en calidad de simples prestamistas, los viejos bancos porteños, poco a poco, perdieron su razón de existencia hasta casi desaparecer; sobreviviendo sólo los más poderosos. Las ganancias que producía la habilitación, origen económico de los bancos, habían prácticamente terminado. Los intereses corrientes, por elevado que fueren, sólo son un relativo beneficio con la constante inflación que disminuye rápidamente el valor real adquisitivo de los préstamos.
Primero, se vieron obligados a retirar sus inversiones en el exterior: en Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. Después, cerrar sus oficinas en Europa y finalmente o liquidar totalmente sus actividades o encontrar, en la fusión de varias instituciones en una sola, la disminución de los gastos administrativos y generales.
El Banco de Tarapacá, de origen salitrero, es el único que acrecentó su capital y se expandió internacionalmente gracias a que, poniéndose a tono con los nuevos tiempos, simbolizó la fusión moderna del capital bancario con el industrial, llamado por la economía política: el capital financiero.
Una fuerza económica que, para sobrevivir, requiere el sostén artificial del Estado tiene la vida marcadamente corta. El hecho real es que, del viejo tipo de banco del siglo XIX sólo sobreviven dos (en 1958): el Banco de Tarapacá, comprado por el rey del salitre Thomas North y su socio Harvey; y el Edwards, casa de crédito menor, sustentado en las inversiones industriales y bienes raíces de los descendientes de Edwards Ossandón.
Thomas North
El Banco de Tarapacá, de origen salitrero, es el único que acrecentó su capital y se expandió internacionalmente gracias a que, poniéndose a tono con los nuevos tiempos, simbolizó la fusión moderna del capital bancario con el industrial, llamado por la economía política: el capital financiero.
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Excelente artículo.
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