Para hoy martes 14 de septiembre está fijada la citación del abogado Jean Pierre Matus Acuña al Senado, donde deberá exponer en la Comisión de Constitución como nominado por el presidente Sebastián Piñera para ocupar el puesto que Carlos Kunsemüller deja vacante en la Corte Suprema para ministro externo del supremo tribunal. 

Sin embargo la citación original de Matus a dicha comisión era para ayer, lunes, sesión que a la larga fue suspendida. ¿Qué pasó? Los senadores integrantes de la Comisión de Constitución -Pedro Araya (Ind), Alfonso de Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC), Rodrigo Galilea (RN) y Luz Ebensperger (UDI)- decidieron discutir en privado dos antecedentes que surgieron recientemente sobre la candidatura de Matus y que pondrían cuesta arriba la tarea de conseguir los votos necesarios para confirmarlo en la Suprema. 

Ambos antecedentes tienen que ver con la relación que Jean Pierre Matus ha tenido con el Ejército de Chile, institución para la que Matus ha trabajado como abogado a través de asesorías jurídicas prestadas en específico a la Comandancia en Jefe liderada por el general Ricardo Martínez Menanteau durante los últimos años. 

Una publicación de La Tercera menciona que los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta tuvieron a la vista una querella interpuesta la semana pasada contra quienes resulten responsables por la “Operación Topógrafo”, controvertido caso en el que se ha acusado a funcionarios del Ejército de espiar a funcionarios y ex funcionarios del Ejército, y también periodistas. Además, durante la jornada de ayer el periódico El Mostrador publicó una serie de correos electrónicos en los que Matus figura representando a la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) en tratos comerciales con una empresa. 

Cabe mencionar que el periodista Mauricio Weibel, quien ha investigado a fondo el caso de fraude y corrupción en el Ejército conocido popularmente como Milicogate, acusó en una entrevista de mayo de este año que “el abogado del Ejército y del jefe del Dine en la causa de espionaje mía, es el señor Jean Pierre Matus. Lo era hasta hace unos días. Abogado que hoy postula a la Corte Suprema, y yo creo que esa es una operación larga del Ejército para llegar a la Corte Suprema a gente de confianza para las investigaciones por corrupción”. 

Fue el propio Matus el que, en abril de 2019, renunció a su trabajo como abogado integrante de la Corte Suprema -cargo que había ocupado desde el año 2015- declarando a El Mercurio que sus motivos fueron precisamente los eventuales conflictos de intereses que podía traerle la asistencia jurídica que estaba prestando a Ricardo Martínez Menanteau, comandante en jefe del Ejército: “Sí, bueno, él es uno de mis clientes”, señaló, además de mencionar que si bien podría inhabilitarse en futuras causas según el caso a caso, “lo mejor es evitar cualquier tipo de conflicto de interés”.

A estas acusaciones se suman las que diversas agrupaciones de Derechos Humanos han hecho en contra de la nominación de Matus, principalmente por su rol como abogado integrante de la Corte Suprema, en cuyo rol ha sido partidario de “rebajar la pena a los condenados por crímenes de lesa humanidad basados en el tiempo transcurrido desde que se cometió el hecho, práctica que ha sido denunciada y condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un mecanismo de impunidad”, señala una declaración pública firmada por agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos de distintas localidades de Chile.

La operación blindaje y la división de la oposición

Según varias fuentes conocedoras del tema que conversaron con INTERFERENCIA, la nominación de Jean Pierre Matus al máximo tribunal responde a una serie de nombramientos que buscan construir una Corte Suprema “amigable” con Sebastián Piñera en caso de que deba enfrentar futuras causas por violaciones a los derechos humanos en su contra. La construcción de este blindaje también podría ser aprovechada por el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, el cual podría enfrentar complejos escenarios debido a la crisis del Sename y sus vínculos con Colonia Dignidad en el pasado. 

“El gobierno y Piñera están aterrados con marzo de 2022”, mencionaron a nuestro medio, en alusión al momento en que Piñera deba entregar el poder a un nuevo Presidente, y junto a la banda presidencial, el poder de controlar o al menos influir en escenarios que a la postre pueden traerle graves complicaciones a Piñera. 

A esto se debió el intento del gobierno por nominar a Raúl Mera Muñoz durante el año pasado, cuya designación también fue objeto de críticas dado su controvertido rol en casos de violaciones a los Derechos Humanos, como es el caso de los carabineros imputados por el asesinato de Raúl Pellegrin y Cecilia Magni. Si bien la designación falló en el Senado, en su lugar, el gobierno consiguió poner en la Suprema a la abogada Adelita Ravanales, la cual como informó nuestro medio, tiene fuertes lazos con Carabineros de Chile (Ver artículo Adelita Ravanales: los estrechos nexos con Carabineros de la candidata del gobierno a la Corte Suprema).

Además de esto, fuentes del Poder Judicial y cercanas a estas materias, siguen comentando del interés de Héctor Mery Romero, actual jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia -mano derecha del ministro Hernán Larraín- de arribar a la Corte Suprema en un cupo futuro. 

Matus cumple con el perfil que busca Sebastián Piñera para esta “operación blindaje”, tanto es así, que según pudo conocer nuestro medio -por fuentes que prefirieron hablar fuera de micrófono- el gobierno hizo oídos sordos a lo que desde el Senado se le comunicó al Ministerio de Justicia. Según estas fuentes, la propia Yasna Provoste habría dicho al ejecutivo que más bien José Luis Guzmán Dálbora -candidato que compitió en la quina con Matus- tenía los votos para ser designado en el supremo tribunal. 

Esto ha causado que la oposición se encuentre dividida respecto de confirmar o refutar la designación de Larraín y Piñera para el nuevo ministro de la Corte Suprema.