Se disipó la duda respecto de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera por los hechos descritos en la arista chilena de los Pandora Papers -publicado a nivel nacional por los medios LaBot y Ciper- pues ayer se conoció que hubo consenso unánime entre las bancadas de la oposición para dar curso al juicio de destitución contra el mandatario.

La participación que tenía la familia Piñera en el proyecto minero Dominga al inicio de su primer mandato en 2010, y la venta que hizo de esta porción a su íntimo amigo Carlos Alberto Délano, considerando que parte del pago a Piñera estaba sujeto a una decisión administrativa que dependía del entonces mandatario, ha motivado que Fiscalía Nacional anuncie una investigación, y ahora el Congreso revise los antecedentes en una arista más política que estrictamente jurídica. 

Así lo anunciaron Gabriel Ascencio por la DC, Jaime Naranjo por el PS, Gonzalo Winter por Convergencia Social, y Daniel Núñez por el PC, todos jefes de bancada de sus partidos, quienes aseguraron que sus equipos jurídicos ya se encuentran redactando la acusación en contra de Piñera. 

La principal valla jurídica de una acusación destituyente por faltas a la probidad es que los hechos principales están en el primer gobierno, sin embargo, sus consecuencias se extrapolan al actual mandato, cuando también se han tomado decisiones respecto de Dominga que benefician a un amigo íntimo.

Los argumentos que utilizarán los parlamentarios de oposición, en palabras de Ascencio, tienen que ver con “comprometer gravemente el honor de la nación, y también por infringir la Constitución, especialmente el artículo octavo que establece el principio de probidad”, los cuales efectivamente se encuentran contenidos en el artículo 52 de la Constitución que norma este procedimiento. 

Ahora bien, todo indica que la valla más alta del juicio político será el tiempo en que ocurrieron estos hechos: el primer gobierno de Piñera y no el actual. 

En conversación con INTERFERENCIA, abogados conocedores sobre la materia mostraron dudas sobre las posibilidades de la acusación, en cuanto al principio de probidad al menos. “Es demasiado preciso lo que dice la Constitución sobre la acusación contra los presidentes respecto del plazo en que debe hacerse”, menciona un abogado refiriéndose al artículo mencionado de la carta fundamental, el cual dice “(...) esta acusación podrá interponerse mientras el Presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo”. 

Abogados de la plaza opinan que la causal de contravención a las leyes o la Constitución por parte del Presidente se cumple, pero fuera de este plazo en cuanto a los hechos centrales; y que si bien el honor de la nación es un concepto amplio, tiene que ver más bien con materias internacionales y no necesariamente con un caso que puede “afectar más al honor de Piñera que el del país entero”.

Esto último, es algo que está justamente en tela de juicio, con el rostro del mandatario chileno en muchos periódicos del mundo como símbolo de la corrupción y la evasión de impuestos asociados a los Pandora Papers. Algo que corresponde a la actualidad y no a su primer mandato.

Pero no es una opinión unámime. Según otros juristas, un buen argumento para conectar los hechos del primer gobierno de Piñera con el actual, en materia de probidad, tiene que ver con que Piñera favoreció a un íntimo amigo en el procedimiento que aprobó el proyecto minero Dominga en agosto de este año por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, en cuya decisión intervinieron sólo funcionarios designados estrictamente por el Presidente. Algo que sintoniza con el hecho de que Piñera nunca declaró la zona como reserva natural.

En este sentido, Piñera pudo haber contravenido el artículo 12 de la ley 19.880 -sobre bases de la administración del Estado- el que establece el principio de abstención en los procedimientos de aquellos funcionarios públicos por causales entre las cuales se cuenta la íntima amistad o enemistad con una persona que tiene intereses directos en el procedimiento.

No sería la primera vez que recaigan sospechas sobre Pïñera para favorecer a sus ex socios y quienes han sido leales a él en el mundo de los negocios (ver este artículo del inicio de la pandemia: Latam: la ayuda gubernamental que desean los ex socios del Presidente y otras dos grandes aerolíneas mundiales). 

También se puede argumentar el caso de que el único voto disidente de Pablo Herman entre quienes aprobaron Dominga en agosto de este año -todos funcionarios cuyos cargos dependen de Piñera- terminó con la destitución del funcionario (delegado presidencial), lo que fue leído como un castigo de La Moneda por salirse de la línea oficial: 'Dominga va'.

El deshonor de la nación es una causal que puede crecer en la medida en que Piñera se convierte en el rostro mundial de la corrupción y la evasión de impuestos por los Pandora Papers.

De cualquier forma, huelga decir que no hay acusación constitucional buena o mala en términos estrictamente jurídicos, pues se trata de un juicio político en el que lo que inclinará la balanza en favor o en contra de Piñera al final del día es el factor político y la recolección de los votos necesarios en la Cámara (mayoría simple) y el Senado. 

Dos tercios de los votos de la Cámara Alta serán los necesarios para que la acusación consiga una inédita destitución de un mandatario, en cuyas espaldas pesan además las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y numerosos escándalos por conflictos de intereses asociados a su actividad empresarial, pese a lo cual dicha acusación no pasó de la Cámara.

Piñera rostro de Pandora en el mundo y el desaire del oficialismo

La acusación constitucional contra Piñera ha sido noticia en el resto del mundo, pues se trata del primer juicio de destitución del que se tiene noticia en contra de un jefe de Estado involucrado en los escándalos de Pandora Papers. 

A modo de ejemplo. el conocido medio económico Bloomberg tituló el día de ayer Chile Legislators Seek Piñera Impeachment on Pandora Papers (Legisladores de Chile buscan destitución de Piñera por Pandora Papers), dando a conocer de la acusación constitucional; sin embargo lo más dramático para Piñera es que su rostro comienza a ser frecuente en las portadas de grandes medios del mundo para referirse a los casos de corrupción denunciados por Pandora Papers.

The Washington Post, es probablemente el medio más grande e influyente que decidió poner a Piñera en su portada en su artículo del domingo 3 de octubre denominado Pandora Papers, a global investigation. Billiones hidden beyond reach (Pandora Papers, una investigación global. Billones ocultos más allá del alcance).

También el Los Angeles Times informó el lunes de esta semana sobre la materia en un artículo llamado A look at the world leaders named in the Pandora Papers (Una mirada a los líderes mencionados por los Pandora Papers), en el que hace una revisión sobre los casos que afectaron a los líderes de una decena de países, entre los que se encuentra el Reino Unido, Rusia, el Líbano, entre otros. Sin embargo, el rostro que ilustra el artículo es el del mandatario chileno.

Por otro lado el conocido medio alemán Deutsche Welle también puso a Piñera en las gráficas de sus artículos, además del diario mexicano de circulación nacional Jornada, el cual publicó el domingo un artículo llamado ‘Papeles Pandora’ revelan que jefes y ex jefes de Estado de AL [América Latina] ocultaron fortunas; el cual cuenta con la imagen de Piñera ilustrando estos hechos de corrupción en Latinoamérica. 

La pregunta que cae de cajón es si la imagen de quien ocupa el cargo de Presidente de la República de Chile vinculado a corrupción en los medios de comunicación de todo el mundo afecta el honor de la Nación, lo que considerando la naturaleza política del juicio de destitución, podría sostener argumentos que acarreen votos en contra de Piñera. 

Por otro lado, parlamentarios del oficialismo ya han manifestado reparos sobre mantener el apoyo a Sebastián Piñera en los graves hechos denunciados por esta nueva acusación constitucional. 

Esto se suma a los descolgados de la derecha que han votado a favor de los retiros de fondos de pensiones a pesar de la estricta postura del gobierno de Piñera que ha buscado sistemáticamente impedirlos. 

Es el caso del diputado Cristian Labbé (UDI), el que declaró ayer que “no es posible que el Presidente que representa a todos, hoy esté cuestionado a nivel mundial, y sobre todo cuando tenemos que tener un tema ético como país hacia el mundo, y sobre todo hacia los compatriotas, que hoy día estamos cansados de ver este tipo de casos en la política”, a lo cual agregó que es importante que Piñera “haga llegar los antecedentes a la justicia”. 

La diputada Camila Flores (RN) también mostró desafección por la defensa de Piñera, cuando señaló que “cuesta creer que el Presidente de la República no haya tenido conocimiento de este negocio donde están involucrados todos sus familiares directos”, agregando que “es difícil creer en su palabra”, y que “le ha jugado muy en contra su rol de empresario”. 

Cabe mencionar que en la Cámara de Diputados se va a decidir si la acusación procede, pero en caso de que así lo estime la mayoría simple de la Cámara, será el Senado el que tendrá en sus manos el destino de Piñera. 

En ese órgano, hasta ahora solo el senador Manuel José Ossandón ha tenido reproches respecto del actuar de Piñera, señalando que no defenderá ”lo indefendible”, y que esto afecta la imagen internacional de Chile. Con todo, el senador señaló que la acusación constitucional puede proceder para que se investiguen los hechos, pero que “a esta altura es un poco aprovecharse del tema político”, bajándole el perfil a un eventual apoyo al juicio en la Cámara Alta.