Este complejo escenario desencadenó en una declaración de estado de emergencia en el Ministerio Público por parte de la recién asumida fiscal general interina, Zoraida Ávalos, quien ratificó el apoyo a las investigaciones del caso Odebrecht en la lucha contra la corrupción en el vecino país. Esta declaración busca que todas las fuerzas políticas estén enfocadas en renovar la imagen y administración de la institución.

La llegada de la nueva autoridad se dio tras la dimisión de su antecesor Pedro Chávarry, quien renunció a su cargo, tras meses de tensión, proceso que tuvo su punto más álgido cuando el 31 de diciembre pasado, decidió retirar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela que investigaban el caso Odebrecht. Ambos estaban investigando los vínculos existentes entre ex presidentes peruanos con el conglomerado brasileño que habría entregado coimas a personajes políticos de 12 países como Argentina, Colombia, Estados Unidos, México, Venezuela, entre otros.

Dentro de los expresidentes indagados se encontraban Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Fue tanta la presión que dos días después los fiscales fueron reintegrados en sus labores.

La decisión de Chávarry no tuvo una buena recepción entre los peruanos, que demostraron su repudio a la decisión. Dentro de los expresidentes indagados se encontraban Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Fue tanta la presión que dos días después los fiscales fueron reintegrados en sus labores.

Ante el escándalo producido, el presidente Martín Vizcarra, presentó un proyecto de ley ante el Congreso para declarar la emergencia en el Ministerio Público, lo que suspendería las atribuciones de Chávarry. Antes de que fuera aprobado, el entonces Fiscal Nacional renunció, lo que permitió que la Junta de Fiscales Supremos nombraran a Zoraida Ávalos como Interina.

A pesar de esto, Chávarry sigue teniendo el cargo de Fiscal Supremo, lo que le proporciona el indulto presidencial. Sin embargo, se espera poder acusarlo de alguna infracción administrativa.

En medio de la polémica

Este miércoles en entrevista con ATV, Chávarry declaró que las marchas realizadas en su contra fueron financiadas por alguna organización, ONG o institución, agregando que “en mi casa había un grupo de personas que gritaba Fuera Chávarry. Fui a ver y eran 20 venezolanos”. Ante esto, Zoraida Ávalos respondió que la salida espontánea de tantas personas no pudo haber sido financiada por intereses políticos.

El mismo día la Superintendencia de Migraciones de Perú activó una lista de prohibición de entrada al territorio nacional integrada por 93 venezolanos cercanos familiar y políticamente al presidente Nicolás Maduro, según consignó El Comercio.