Después de huir con la munición de un marino para denunciar en redes sociales que los uniformados utilizaban armamento de guerra, estuvo encarcelado por once meses, lugar en que sufrió violencia de gendarmes y otros presos. Actualmente arriesga al menos cinco años de presidio y espera el juicio con arresto domiciliario nocturno. Antes de las protestas sostenía a su familia, pero desde que lo persigue la justicia no ha podido volver a trabajar y carga las consecuencias psicológicas que le ha dejado el caso.

La exposición pública de un miembro de la Armada detenido en la quema de la iglesia institucional de Carabineros y la aparición de un informe que deja mal a la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), son los antecedentes de un conflicto hasta ahora solapado entre ambas ramas de las Fuerzas Armadas por el control de la inteligencia nacional. 

Una hora después de un enfrentamiento armado entre Carabineros y encapuchados en la tenencia de La Victoria, un carro policial arremetió en contra de otros manifestantes que se encontraban a seis cuadras del lugar. Ahí estaba Villarroel, quien, según testimonios, no se encontraba en el ataque de la comisaría ni atacó el carro policial.

Solange Arias explica que no saben en qué está la investigación sobre la muerte de su hijo, Yoshua Osorio, uno de los cinco fallecidos encontrados en el incendio de la empresa en Renca el 20 de octubre de 2019. Fiscalía indica que hasta el momento no hay antecedentes sobre participación de terceros.

Al cumplirse un año del estallido social, a una semana del plebiscito y en pandemia, la protesta vuelve a ser protagonista de la calle, tanto en Plaza Dignidad como en barrios de Lo Hermida, San Bernardo y Maipú.

En esta portada del 19 de octubre de 2019 pusimos como historia principal el desacierto de La Moneda de responder a un problema social con represión.

Unos 10.000 manifestantes coparon la Plaza Dignidad en una jornada que rememoró la primavera pasada. Una antesala del 18/O.

A un año del caso, ayer jueves se realizó la reconstitución de escena del crimen que dio muerte a Manuel Rebolledo. El único imputado en el caso no asistió a la diligencia, por lo que los padres de la víctima exigen al fiscal Julián Muñoz que lo reformalice y solicite la prisión preventiva. En tanto, la familia también señaló que nunca han sido contactados por el gobierno.

En la entrada del metro, una estudiante sangra profusamente luego de ser impactada por perdigones. Empujado por un carabinero, un secundario rueda escaleras abajo. Arrastrado por Fuerzas Especiales, un dirigente estudiantil grita su RUT luego de ser sacado a la fuerza de un departamento. 

Ambos disuasivos – utilizados más de 238 mil veces entre octubre de 2019 y marzo de 2020 – cuentan con el químico CS, el cuál según un estudio científico francés publicado por INTERFERENCIA genera cianuro en el organismo. Para comparar, durante las protestas de Hong Kong se percutaron 16 mil cartuchos en también seis meses, disparándose un 1200% más en Chile.

Registros audiovisuales muestran cómo un efectivo de FF. EE. empujó a un adolescente que corría por el puente ubicado al costado de Plaza Dignidad, mientras se desarrollaba una protesta. El joven de 16 años cayó desde siete metros al lecho del río, encontrándose internado en la Clínica Santa María con múltiples fracturas pero estable dentro de su gravedad. Parlamentarios piden la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas.

Los querellantes han manifestado su preocupación por la dilación de causas por violaciones a los DD.HH ocurridas posterior al 18 de octubre de 2019 —que incluyen heridos oculares, atropellos y golpizas— y que todavía no se formalizan, esto pese a que varias de las diligencias apuntan a funcionarios de Carabineros que ya están identificados.

Según el estudio, largas exposiciones al gas CS – como las ocurridas durante el estallido social – son un “gran factor de riesgo para el cerebro, hígado, riñones, ojos y el sistema gastrointestinal”, tanto para manifestantes como para policías. 

La empresa Cramick SA vendió a dicha institución 130 escopetas antidisturbios 'Meriva', calibre 12mm, por más de $47 millones. La compra se hizo a pesar de que hasta el general de Carabineros, Mario Rozas, suspendió el uso de este armamento en noviembre de 2019, y a la evidencia de que estas armas han causado ceguera y graves lesiones oculares al utilizarse como mecanismo de control de disturbios.

En respuesta a una solicitud de transparencia de nuestro medio, la institución indicó que no ha realizado ningún estudio sobre el impacto en la salud, puesto que no ha comprado ni está comprando este tipo de armamento, a pesar de haber autorizado su uso el pasado 17 de julio y de existir registros de su utilización desde 2008.

 Casi 2.4 kilómetros abarca esta plataforma web que busca "resguardar la memoria grabada en los muros de la calle”. El registro corresponde al día número 36 de las protestas y está conformado por 136 fotografías contiguas correspondientes a la vereda sur de La Alameda, desde la calle Seminario hasta Nataniel Cox.

El abogado y académico de la Universidad de Chile, Carlos Huneeus, hace un recorrido sobre la historia política reciente de Chile, buscando responder cuándo -y cómo- se jodió el país. 

El general subdirector de Carabineros, Diego Olate, evadió reiteradas veces preguntas de diputados de la Comisión de Derechos Humanos sobre la justificación para no interrogar al ex teniente coronel Claudio Crespo, a pesar de ser el funcionario que más disparó en el lugar y a la hora en que cegaron a Gustavo Gatica. Consultado sobre los antecedentes de violencia del efectivo, Olate lo describió como “intachable”.

El coronel Santiago Saldivia era el de mayor grado el día de los hechos, siendo el segundo que más disparó. Su traslado a la Dirección de Bienestar –de donde proviene el Director General Mario Rozas– sería algo positivo para Saldivia, sacándolo del trabajo de calle. Incluso, un oficial de la institución indicó que podría interpretarse como un premio.

Fue sancionado por “grave incumplimiento de los protocolos” luego de que descargara en su computador los registros de su cámara de servicio personal. INTERFERENCIA dio a conocer en abril que Crespo, a pesar de disparar 170 tiros esa jornada, no fue señalado como autor de disparos en el primer sumario de Carabineros, donde tampoco fue interrogado.

El 20 de octubre de 2019, el subteniente Diego Benavides baleó a dos menores de 9 y 10 años y a un joven de 18, quien manejaba el vehículo en que se trasladaban. Fiscalía descubrió que Benavides y los cabos 1° Omar Torres y Víctor Saavedra falsificaron sus declaraciones, inventando una agresión. Los tres policías siguen en servicio en distintos recintos de la institución.

Sólo el INDH, la Defensoría Penal Pública y la Defensoría de la Niñez podían acceder. A contar del 27 de mayo del presente año, tras alegatos de Abofem, negar el acceso a cualquier abogado constituye un acto “arbitrario e ilegal” que viola las garantías constitucionales.

El tribunal -que había suspendido al juez por rebajar la medida cautelar de 13 ‘primera línea’ a arresto domiciliario por razones humanitarias dada la pandemia- optó por retirar la suspensión del magistrado, atendiendo “las circunstancias sanitarias que vive el país” y “la necesidad de otorgar un adecuado y oportuno servicio judicial”. En contrapartida, relegó a Urrutia desde el 7° juzgado de Garantía –donde ejercía desde el 2006– al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, área en la que jamás ha trabajado.

Pese a que el presidente enfocó su habitual cadena nacional en el combate a la delincuencia en contexto de coronavirus, las nuevas cámaras de registro de Carabineros son una orden de compra que data del 29 de enero; ad portas de un marzo que se anunciaba de protesta.

En medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2 y pese a las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la revuelta social de octubre a marzo, la Policía de Chile (Carabineros) desembolsó más de 15 millones de dólares en la compra y reparación de vehículos blindados antidisturbios.

El martes pasado el gobierno ingresó una iniciativa que podría transformar de raíz el Tratado de Roma y el compromiso de Chile con la Corte Penal Internacional. Una de sus principales modificaciones es que quedaría en manos de autoridades políticas decidir el accionar en Chile de ese tribunal internacional. Ello ocurre cuando en La Haya avanza lentamente una acusación en contra de Piñera y otros altos funcionarios por supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.

El general de zona de carabineros en la región del Maule, Héctor Salazar Martínez, presentó un recurso contra el juez Víctor Rojas por supuestas extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones. Rojas objetó dos controles de detención, señalando un contexto de graves abusos cometidos por la institución policial en Talca.

En 2017 la Segegob y la Universidad de Chile firmaron un convenio para capacitar a dirigentes sociales. El acuerdo sigue su curso y hoy uno de los tres docentes es Sergio Micco, dictando Habilidades y Técnicas Comunicacionales. Una clase auspiciada por un gobierno que ha sido internacionalmente denunciado por graves violaciones a los DD.HH.

El teniente coronel Crespo Guzmán disparó 170 veces en Plaza Dignidad el día que cegaron a Gustavo Gatica. Se trata del mismo efectivo que en 2018 disparó a la cara de un manifestante desarmado a menos de 5 metros de distancia. Aun así, el sumario realizado por la policía uniformada no lo incluyó como autor de disparos ese día.

La institución policial -luego de una solicitud de transparencia- comunicó solamente el monto desembolsado entre el 1 de enero y el 19 de marzo del 2020, sin informar unidades compradas ni el modelo. El último gasto dentro de vehículos destinados a control del orden público corresponde al 2019, donde se destinaron $4.266 millones para la compra de cuatro vehículos blindados, tres camiones lanza agua y tres carros de transporte de personal blindados.