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La Dirección de Obras Municipales decidió mantener la paralización de un proyecto de la Inmobiliaria SuKsa, la que está vigente desde agosto, y no podrá construir pareada al domicilio de un vecino del sector, lo que abre la puerta para múltiples reclamos de vecinos contra otros guetos verticales.
El impacto de la mina subterránea podría ser catastrófico para Chile, país anfitrión de la COP 25 en diciembre. Según una investigación realizada por el medio de investigación británico DeSmog -y que INTERFERENCIA reproduce en exclusiva para Chile- la multinacional ha evadido el escrutinio público al financiar a grupos medioambientales locales y a la municipalidad de Lo Barnechea.
En febrero Corfo publicó un concurso público para ocupar el cargo Director(a) Ejecutivo Comité de Desarrollo y Fomento Indígena al cual postularon 298 personas, pero se declaró desierto. Seis meses después, Javier Muñoz González -asesor del ex ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno y socio de Juan Pablo Longueira Brinkmann- fue nombrado en el cargo, sin concursos y con escasa experiencia. Es el mismo modus operandi que ya había empleado Sebastián Sichel para rodearse en Corfo de sus cercanos.
El legislador del PC Hugo Gutiérrez pidió al órgano fiscalizador que se pronuncie sobre la legalidad que existió cuando la concejala Francisca Cruzat –actual directora de asuntos internacionales de Corfo– aprobó en 2018 el presupuesto de la comuna que incluía recursos para la empresa Instagis, donde ella trabajaba entonces.
El diputado Andrés Celis (RN) ofició al Servicio de Impuestos Internos y también al municipio de Viña del Mar para indagar respecto de la tramitación, la aprobación y la puesta en marcha del mall Open Plaza Santa Julia. Celis envió estos documentos el mismo día en que este medio dio a conocer mails de gerentes de Falabella en el que se le involucraba en una serie de gestiones a favor del centro comercial.
Por medio de un decreto, el Gobierno desestimó las objeciones y propuestas de los pequeños y medios generadores de energía que se oponían a la modificación del precio estabilizado que sirve de referencia para la inversión en el sector. Finalmente se les impuso un esquema que los castiga y que les da tiempo a los grandes productores para desarrollar tecnologías asociadas.
INTERFERENCIA presenta una serie de cuatro reportajes acerca de los niños y niñas que crecen en cuatro zonas de sacrificio industrial. Este es el caso de los que viven bajo las chimeneas y los vertederos de Colbún y Enel en la octava región.
Dos dictámenes judiciales consideran inválida la decisión de la Municipalidad de aprobar los permisos de edificación de los guetos verticales, y la obliga a repetir dichos procesos. Estos, además, deben considerar -esta vez- mecanismos de participación ciudadana, lo que incluyen como actores válidos a opositores, tales como Defendamos la Ciudad o Agrupación Defensa de Barrios de Estación Central.
Según una minuta de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, SMAPA prácticamente no tendrá avances en su Plan de Desarrollo 2019, al igual que en 2018, mientras que en 2017 este fue solo de 5%. Esto, pese a los $37.500 millones recaudados a través de las cuentas de agua, dinero destinado a dar cumplimiento a dicho plan.
El proyecto minero-portuario Dominga tendrá audiencia el jueves de la próxima semana, donde se escucharán los alegatos de las partes en la Reclamación de Andes Iron-empresa encabezada por Carlos Choclo Délano- contra el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA. Esto -tal como adeleantó INTERFERENCIA- tras el fallo de la Corte Suprema que retrotrajo todo el proceso hasta este punto.
INTERFERENCIA accedió a correos de gerentes del retailer que dan a entender que el actual congresista de RN realizó gestiones para apurar la inauguración de Open Plaza Santa Julia, el que no contaba con recepción definitiva. El diputado niega cualquier lobby a favor de Falabella cuando era concejal por esa comuna.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso Tagle y su hermano Francisco de Paula, enfrentan una querella por hechos ocurridos en 2016. El denunciante alega que se le impuso condiciones abusivas para el reintegro de lo adeudado, supeditando el pago a la venta de un terreno en Machalí. Una promesa impuesta de forma unilateral y que hasta la fecha no se concreta.
Diputado Hugo Gutiérrez pretende llevar el caso de la empresa de big data –que asesoró a Chile Vamos en las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias–a la Contraloría y al Ministerio Público. La punta de lanza es Francisca Cruzat, concejala por Vitacura, quien aprobó el presupuesto comunal 2018 que incluía la contratación de servicios a esa firma tecnológica, y no se inhabilitó siendo que trabajaba en Instagis. Ello sería sólo la punta de un inmenso iceberg.
El Open Plaza Santa Julia pagó al Fisco en contribuciones durante 2012 –en pleno funcionamiento– cerca de 20 millones de pesos, como si fuera un sitio eriazo, cuando el pago normal es en torno a los 150 millones. Además, la Dirección de Obras de Viña del Mar no consideró como superficie edificada un Patio Constructor de más de 4.000 metros cuadrados, lo que les habría significado ahorrarse la construcción de aproximadamente 200 estacionamientos.
La Asociación Indígena Aymara de Coposa presentó una reclamación contra la Superintendencia de Medio Ambiente, por la resolución de esta en que aprobó el programa de cumplimiento de la minera Doña Inés de Collahuasi, mediante la cual la empresa se asegura la extracción de agua hasta 2040.
Francisca Castro Fones era hasta ayer una de los cinco miembros del llamado Panel Técnico que arbitra los contratos entre Obras Públicas y las empresas concesionarias. Pero también es, a la vez, directora de Salfacorp, una de las mayores empresas constructoras del país. Esto llevó al ente contralor a emitir un dictamen de incompatibilidad.
Quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe del Subdepartamento de Normativa de la entidad estatal a cargo de establecer los precios y tarifas de las eléctricas, fue nombrado como director ejecutivo de la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores (GPM-AG), un gremio que apoya a las grandes empresas del sector en su pugna contra los productores de energías eólicas y solares, a quienes acusan de haber sido subsidiados con el precio estabilizado para proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGDs).
La fiscal Ximena Chong pidió la captura del menor de los Ponce Lerou, por negarse sistemáticamente a declarar como testigo en el caso Cascadas, el cual afecta directamente al hermano más famoso del clan: Julio, ex yerno de Augusto Pinochet y Lucía Hiriart, padre de sus nietos, y ex presidente de SQM. Luis Eugenio tiene una larga historia en común con su hermano Julio, una cercanía tal que permite suponer que entre hermanos no hay secretos.
El lunes 30 de septiembre los dos principales diarios del país coincidieron en que su artículo más importante del día es el Decreto del Ministerio de la Vivienda que iba a ser publicada ese mismo día en el Diario Oficial, en la cual supuestamente se refuerzan las certezas jurídicas de las inmobiliarias frente a la Contraloría, en lo relativo a las decisiones de las direcciones de obras municipales. Sin embargo, para varios expertos se trata sólo de un acto simbólico que no tiene mayor trascendencia ni efecto práctico.
La app SoSafe, que reúne datos de seguridad ciudadana, pertenece en parte a Instagis, firma que participó en las últimas campañas electorales de la derecha. Fue constituida en Delaware y registrada en California, contando con el mismo abogado que Hopin, la empresa de tecnología ligada a Cristóbal Piñera Morel. Y varios de sus trabajadores tienen vínculos con el Presidente Piñera.
Esta semana los trabajadores de la minera Antucoya, perteneciente a Antofagasta Minerals, votaron huelga. Para su dirigente, César García, los trabajadores expresaron con su decisión el cansancio que sentirían ante la falta de gratificación y reconocimiento de su labor, en medio del alza de la producción de la empresa.
El proyecto de US$30.000 millones que propone la Corporación Reguemos Chile liderada por Juan Sutil ha levantado diversos cuestionamientos. “El río Biobío podría disminuir en un 50% su caudal de aguas”, afirma el experto.
La iniciativa de la familia de Carlos Alberto Délano deberá pasar nuevamente por esa instancia judicial, la que falló a su favor el año pasado, pero a la que ahora la Corte Suprema le ordenó analizar las cuestiones de fondo de Dominga; precisamente las que le significaron su rechazo en las instancias técnicas regionales y nacionales.
En lo que parecía un día clave para asignar derechos de agua que hicieran posible la Carretera Hídrica del empresario Juan Sutil, finalmente no hubo entregas por parte de la Dirección de Aguas de la Región del Bío Bío, pues los remates fueron declarados desiertos o pendientes. Así, de momento, esa agua sigue siendo de servicio público.
Las agrupaciones de pequeñas y medianas firmas de plantas solares y eólicas -principalmente- se adelantaron varios pasos en la discusión técnica que busca dotarlos de un nuevo precio estabilizado de referencia de la energía con el cual puedan retomar sus planes de inversión. Estos planes han sido perjudicados gravemente luego de seis meses desde que el gobierno anunciara la modificación de dichos precios, sin explicar en su momento ni cómo ni cuándo.
Este viernes 27 de septiembre diferentes organizaciones, de siete países distintos, presentarán en una audiencia el informe Uso indebido de los sistemas de justicia penal para tomar represalias contra las defensoras y los defensores de los derechos humanos ambientales programada para el 173º período de sesiones de la CIDH en Washington, Estados Unidos.
La primera sala del máximo tribunal declaró la nulidad de la venta de derechos que en 2009 la sociedad del empresario Manuel Ossandón, DM Inversiones, representada entonces por su hermano Bernardo Ossandón, realizó en favor de otra empresa del grupo, Inversiones Cordillera, que actúa hoy en día como el holding de la familia en Chile.
Según la denuncia el actual presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso Tagle, obtuvo permisos de loteo y de edificación viciados en el sector Villa Los Poetas. La acusación recae también sobre el alcalde socialista de Pichilemu, Roberto Córdova, y otras autoridades municipales y del Ministerio de Vivienda, a quienes se acusa de proteger los intereses del empresario.
La federación sindical del Instituto de Salud Pública -institución que debe fiscalizar a laboratorios, farmacias y organismos de la Salud- anunció movilizaciones de repudio contra María Soledad Velásquez, y ya solicitó un pronunciamiento a Contraloría para objetar su nombramiento por sus vínculos con Laboratorios La Roche y Socofar (Cruz Verde).
En polémica y secreta deliberación, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Maule aprobó el proyecto que busca tratar purines de hasta 200.000 cerdos, en la localidad de San Agustín del Arbolillo. Vecinos aseguran que esto viene funcionando desde 2017, sin haber solucionado los malos olores que producen los primeros 40 mil animales que hoy tienen la planta. Coexca afirma que el biodigestor no ha funcionado como tal, pero informes de la Superintendencia de Medio Ambiente indican lo contrario.
