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Juan Carlos Said lleva una década en batallas judiciales en contra de familiares para acceder a la herencia de su padre, que se calcula en US$ 100 millones. En una de las causas revela audios donde Sebastián Eyzaguirre, entonces socio del estudio, asegura que se trasladaron en secreto sociedades a Delaware “por un tema tributario”, algo que el SII desconocía.
Más allá de su capacidad económica y su fortuna, el poder de los Matte en la sociedad chilena se sostiene sobre cimientos que sobrepasan sus inversiones e inclusive a sus aportes a campañas políticas, de los que no pueden ser excluidos, a pesar de casi no enfrentar un juicio público a diferencia del resto de los grandes grupos empresariales.
Los Matte son uno de los conglomerados empresariales más poderosos no sólo por el control que poseen sobre la actividad económica, sino porque su apellido remite a una familia de tradición oligárquica, con presencia en Chile desde el siglo XIX, y que ha sido puntal dentro de los sectores dominantes, contando con parlamentarios, ministros y dirigentes políticos entre sus filas.
En este segundo extracto de Chile B, que será lanzado a fines de noviembre, se dan a conocer otros antecedentes detallados del pasado nacional-socialista de Albert von Appen, el fundador de Ultramar.
En este extracto de Chile B, que será lanzado a fines de noviembre, se dan a conocer los antecedentes detallados del pasado nacional-socialista de Albert von Appen, el fundador de Ultramar.
En La Moneda y Teatinos 120 festejan cada noticia “menos mala” con fuegos artificiales, como el alza circunstancial del Dow Jones por las nuevas vacunas o el decrecimiento mensual de "solo" 5% de la economía chilena. La agonía de terminar el mandato en medio de una tormenta económica perfecta se traduce en una política económica de fantasía.
La municipalidad encabezada por Cristóbal Lira evacuó un oficio entregando su posición legal respecto a un dictamen de la Contraloría de fines de septiembre, apoyando el criterio del ente contralor y señalando que el proyecto Chaguay, ligado al Grupo Ebco -por el que el ex senador Pablo Longueira ha hecho lobby en el pasado- se está ejecutando “transgrediendo flagrantemente la normativa”.
INTERFERENCIA accedió a distintas cuentas de electricidad correspondientes a la alcaldía de Cathy Barriga, constatando que al menos siete no se han pagado desde agosto y trece desde junio. Concejales de la comuna aseguraron que se llegó a un acuerdo con la empresa de luz para pagar lo adeudado en 36 meses, excediendo el periodo de la alcaldesa.
Esto incluye a los ex generales directores de Carabineros Alberto Cienfuegos, Bruno Villalobos, González Jure y Eduardo Gordon, quienes enfrentarán al fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien investiga la arista de los vínculos entre la Mutualidad y el Departamento de Bienestar por el destino desconocido de $ 27 mil millones de pesos.
A inicios de los años 90, las AFP utilizaron los recursos de millones de trabajadores para facilitar la expansión del grupo Enersis y la creación de un monopolio en la industria eléctrica. En la operación participaron también las familias Piñera y Luksic, generándose un poder financiero capaz de revertir una sentencia del máximo tribunal de la república que casi les aguó la fiesta.
Salcobrand y Cruz Verde llegaron a un acuerdo con el Sernac para compensar a 53 mil clientes afectados por la colusión de precios de 26 remedios en 2007 y 2008. En esos años Salcobrand pertenecía al grupo Yarur y Roberto Belloni, quien hoy preside BCI Seguros, era su gerente general. Cruz Verde era controlada por Guillermo Harding, hoy dedicado al rubro hotelero tras adquirir el Hotel Termas de Chillán.
Un proyecto que data de 1997 y que se reanudó en 2018 por el Serviu y la Municipalidad de la ciudad, pretende instalar una autopista en medio de la ciudad, con el fin de descongestionar la calle 15 Norte. El proyecto, de cerca de 1 kilómetro, divide a los vecinos. Entre los detractores están quienes serán expropiados y exigen que la ruta no afecte sus inmuebles, y residentes de la zona patrimonial de población Vergara.
AthenaLab, fundada el año pasado por el ex dueño de la cadena Líder, se dedica al análisis e investigación en seguridad, defensa y relaciones internacionales. En un puesto de confianza está el general (R) John Griffiths, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, quien fue juzgado por fraude al fisco por la jueza Romy Rutherford en 2018.
En agosto, los representantes de las subsidiarias de Laureate International Universities en Chile realizaron una serie de operaciones societarias anticipándose a la salida del holding tras 20 años en Chile. Las gestiones le permitieron a la empresa estadounidense retener $7 mil millones en capital y $54 mil millones en activos y pasivos exigibles, tras el traspaso de las casas de estudio a la fundación Educación y Cultura.
La entidad fiscalizadora confirmó que abrirá una investigación por presuntas irregularidades.
El general Raúl Aburto, encargado de supervisar la relación de Carabineros con servicios y empresas de seguridad privada, nunca hizo sonar alarma alguna. Tampoco la generala Pamela Olivares, esposa del gerente de seguridad de la empresa tabacalera, un coronel en retiro de la policía. El Director General Mario Rozas, compañero de generación de ambos generales y quien los ascendió al alto mando, ha mantenido silencio.
El máximo tribunal rechazó el recurso de casación de la inmobiliaria Dalmacia, que buscaba revertir una sentencia desfavorable de la Corte de Apelaciones de Santiago en la materia.
Ayer, un grupo de mujeres y niños demandó a la filial africana de Anglo American. La empresa tuvo en la zona de Kabwe un porcentaje de la propiedad de la mina de plomo del lugar, que dejó una montaña de residuos con este componente allí. El plomo, en cualquier nivel de exposición, genera graves daños a la salud de las personas y la formación del feto durante el embarazo.
La demanda por la ley Antitrust busca limitar el control del mercado de avisaje por internet y búsquedas del gigante de Silicon Valley, que concentra el 88% de estas últimas. “El Google de hoy es un guardián del monopolio de internet, y una de las empresas más ricas del planeta”, se puede leer en el escrito presentado por el Justice Department.
Pese a que todavía no se paralizan los permisos de edificación -por lo que se siguen ingresando anteproyectos de edificios- el gremio inmobiliario ha desarrollado una ofensiva comunicacional para responder a las críticas por las afectaciones a la calidad de vida de los habitantes del centro de la ciudad, mediante una campaña cuyo eje principal es diferenciar a Concepción de Barcelona y Nueva York.
La petición nace luego de un reportaje de INTERFERENCIA donde se revela que el ex alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara firmó un convenio por $1.400 millones con Anglo American. En la carta solicitan a Lira –quien frenó el acuerdo a poco de llegar a la alcaldía– romper con éste y apoyar la creación de un Parque Nacional que tenga estándares de conservación en la zona.
El ataque pone en entredicho la estrategia de digitalización y modernización del Estado, liderada por el asesor presidencial Rafael Ariztía Correa en ambos gobiernos de Piñera. Ariztía, cercano a Larroulet, se ha visto involucrado en eventuales conflictos de interés en el ejercicio de su cargo, además, fue ejecutivo de Bancard, holding del presidente.
El actual intendente suscribió en mayo de 2019 un acuerdo de $1.400 millones con la multinacional para crear un área de conservación en la cordillera bastante sui generis, ya que no interfiere con la explotación minera. Grupos ambientales y vecinos, en cambio, buscan crear un Parque Nacional, lo que perjudica a Anglo. El nuevo edil suspendió el trato para conversar con todas las partes involucradas.
Tras dos años y medio de negociaciones silenciosas en una iniciativa convocada por la Universidad de Stanford, la industria que opera las represas hidroeléctricas en ese país y varios grupos ecologistas anunciaron que trabajarán juntos para obtener más energía limpia. Además, quieren modernizar cerca de 90.000 represas existentes para que sean más seguras.
Ex estudiantes y docentes de la Universidad Central,-la mayoría con demandas interpuestas contra la institución por despidos injustificados y vulneración de derechos-, acusan persecución por oponerse a la hermética junta directiva de la institución. Sus integrantes, cercanos a partidos políticos de la ex Concertación y a la masonería, ostentarían el poder sin transparentar contratos ni salarios, y desvinculan a quienes intentan oponerse a su mandato.
El semanario británico The Economist publicó un artículo que muestra el nacimiento bursátil de un gigante tecnológico que busca expandirse más allá del área de influencia de China y que probablemente adquirirá el tamaño del JPMorgan, el mayor banco del mundo.
Una cláusula en el contrato estipula que la sanitaria puede cancelar el acuerdo si la central hidroeléctrica no estaba terminada en 2019. A fines del año pasado se prorrogó el contrato a cambio de un pago de US$ 10 millones a Aguas Andinas, pero éste vence en las próximas semanas.
El viernes pasado se confirmó la renuncia del jefe de gabinete de Instituto de Previsión Social, Jorge Mardones, militante RN quien a través de la OTEC que tiene junto a su esposa ganó millones por capacitaciones relacionadas a fondos Pro Empleo, del Ministerio del Trabajo, tal como lo reveló INTERFERENCIA. Tres diputados solicitaron oficios a Contraloría y al Ministerio del Trabajo, para aclarar la relación de Mardones con estos fondos.
Según datos obtenidos a través de la ley de transparencia, de los 74 accidentes registrados desde el 2010, sólo 12 fueron motivo de denuncia a entidades capaces de multar; mientras que de los casi 5 millones de salmones fugados se recuperaron apenas 694 mil especímenes. Organizaciones medioambientales plantean que el número total es mayor, explicando que las consecuencias para el ecosistema de fugas de especies introducidas y con antibióticos son enormes.
Mientras que un grupo de alumnas fueron sumariadas y suspendidas por participar en asambleas durante las tomas, decisión que fue revocada por la Corte de Apelaciones tras un recurso de protección de las jóvenes, profesores acusan que fueron interrogados, cuestionados, perseguidos y desvinculados en las escuelas de Arte y Diseño de la UDP. Esto bajo el silencio y el rol pasivo del rector, Carlos Peña.
