Empresas
Cinco ex dirigentes sindicales impulsan una demanda en contra del Estado por las consecuencias que tuvo en ellos la Ley de Modernización Portuaria Estatal. Acusan que su rol sindical en el pasado les ha perjudicado hasta dejarlos sin posibilidad de empleo, pues el esquema monooperador que favoreció la legislación permite a su principal empleador vetar sus nombres.
Mediante redes sociales la organización informó la desvinculación de una decena de funcionarios de la empresa, siendo la mitad de ellos integrantes del sindicato. “Esto ocurre 24 horas después de presentar demanda por reemplazos durante la huelga”, acusan.
El informe de la Contraloría Regional de Valparaíso señala eventuales ilegalidades en el proyecto que contemplaba la construcción de un terminal de buses de la empresa de Reinaldo Sánchez en un inmueble propiedad del Serviu, además de un retén policial a un costado que sería donado por la firma transportista. El caso ya había sido denunciado por INTERFERENCIA en junio de este año.
Daniela Honorato Zimmer, presidenta de la ONG Surgencia, fue seleccionada como una de las “100 Mujeres Líderes” que entrega El Mercurio junto a Mujeres Empresarias. Pero se negó a recibir la distinción tras el estallido social y la cobertura que el periódico le otorgó a las manifestaciones, poniendo el foco en la violencia e ignorando las violaciones a los derechos humanos.
El complejo industrial instalado en la zona hace 61 años cambió la forma de vivir la infancia de miles de niños que constantemente sufren episodios de intoxicación. El futuro es siempre incierto y es que nadie sabe si de las risas y juegos, luego se pasará a los vómitos, dolores de cabeza, la pérdida de sensibilidad en las piernas, o incluso al cáncer.
La Superintendencia de Pensiones propuso a fines de octubre al mercado financiero local una modificación que, potencialmente, permitiría a los fondos aumentar sus inversiones en proyectos de infraestructura e inmobiliarios en el extranjero, sacando capitales del país en medio del estallido social.
Mientras hay empresarios que piden mano dura y orden en las calles, otros piensan que se debe atender los problemas sociales para prevenir una nueva crisis.
Cosal, responsable de la construcción, recibió $ 2.500 millones en octubre de 2018 como compensación por retrasos. Según el protocolo, esto lo decide sólo una persona: el director de obras del Serviu a cargo. El problema es que ha habido tres directores de obra y cinco subrogantes en menos de un año, en medio de un clima de acusaciones de presiones y hostigamientos para favorecer los pagos.
Considerando un consumo equivalente a una familia de cuatro integrantes, Gas Sur de CGE estaría cobrando a los penquistas más de 20 mil pesos respecto a las cuentas de clientes residenciales y comerciales de la Región Metropolitana abastecidos por Metrogas. Lo anterior, en el contexto de una disputa entre firmas de gas natural licuado que pretenden instalar proyectos GNL en la bahía de Concepción que han sido cuestionados por la ciudadanía.
En una carta a miembros de la Sofofa, el dirigente gremial se refirió a las protestas siguiendo el libreto de seguridad y sorprendiéndose de reclamos que vienen hace años. Pero el quiebre en el gran empresariado ante la situación es grande.
Ignacio Briones participó hace dos años en la presentación de libro Capitalismo, ¿por qué no?, del filósofo estadounidense Jason Brennan, en la Fundación para el Progreso de Nicolás Ibáñez y Axel Kaiser. En la instancia, defendió la tesis que indica que el capitalismo es "moralmente bueno".
La Dirección de Obras Municipales decidió mantener la paralización de un proyecto de la Inmobiliaria SuKsa, la que está vigente desde agosto, y no podrá construir pareada al domicilio de un vecino del sector, lo que abre la puerta para múltiples reclamos de vecinos contra otros guetos verticales.
El impacto de la mina subterránea podría ser catastrófico para Chile, país anfitrión de la COP 25 en diciembre. Según una investigación realizada por el medio de investigación británico DeSmog -y que INTERFERENCIA reproduce en exclusiva para Chile- la multinacional ha evadido el escrutinio público al financiar a grupos medioambientales locales y a la municipalidad de Lo Barnechea.
El legislador del PC Hugo Gutiérrez pidió al órgano fiscalizador que se pronuncie sobre la legalidad que existió cuando la concejala Francisca Cruzat –actual directora de asuntos internacionales de Corfo– aprobó en 2018 el presupuesto de la comuna que incluía recursos para la empresa Instagis, donde ella trabajaba entonces.
El diputado Andrés Celis (RN) ofició al Servicio de Impuestos Internos y también al municipio de Viña del Mar para indagar respecto de la tramitación, la aprobación y la puesta en marcha del mall Open Plaza Santa Julia. Celis envió estos documentos el mismo día en que este medio dio a conocer mails de gerentes de Falabella en el que se le involucraba en una serie de gestiones a favor del centro comercial.
Por medio de un decreto, el Gobierno desestimó las objeciones y propuestas de los pequeños y medios generadores de energía que se oponían a la modificación del precio estabilizado que sirve de referencia para la inversión en el sector. Finalmente se les impuso un esquema que los castiga y que les da tiempo a los grandes productores para desarrollar tecnologías asociadas.
INTERFERENCIA presenta una serie de cuatro reportajes acerca de los niños y niñas que crecen en cuatro zonas de sacrificio industrial. Este es el caso de los que viven bajo las chimeneas y los vertederos de Colbún y Enel en la octava región.
Dos dictámenes judiciales consideran inválida la decisión de la Municipalidad de aprobar los permisos de edificación de los guetos verticales, y la obliga a repetir dichos procesos. Estos, además, deben considerar -esta vez- mecanismos de participación ciudadana, lo que incluyen como actores válidos a opositores, tales como Defendamos la Ciudad o Agrupación Defensa de Barrios de Estación Central.
Según una minuta de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, SMAPA prácticamente no tendrá avances en su Plan de Desarrollo 2019, al igual que en 2018, mientras que en 2017 este fue solo de 5%. Esto, pese a los $37.500 millones recaudados a través de las cuentas de agua, dinero destinado a dar cumplimiento a dicho plan.
El proyecto minero-portuario Dominga tendrá audiencia el jueves de la próxima semana, donde se escucharán los alegatos de las partes en la Reclamación de Andes Iron-empresa encabezada por Carlos Choclo Délano- contra el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA. Esto -tal como adeleantó INTERFERENCIA- tras el fallo de la Corte Suprema que retrotrajo todo el proceso hasta este punto.
INTERFERENCIA accedió a correos de gerentes del retailer que dan a entender que el actual congresista de RN realizó gestiones para apurar la inauguración de Open Plaza Santa Julia, el que no contaba con recepción definitiva. El diputado niega cualquier lobby a favor de Falabella cuando era concejal por esa comuna.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso Tagle y su hermano Francisco de Paula, enfrentan una querella por hechos ocurridos en 2016. El denunciante alega que se le impuso condiciones abusivas para el reintegro de lo adeudado, supeditando el pago a la venta de un terreno en Machalí. Una promesa impuesta de forma unilateral y que hasta la fecha no se concreta.
Diputado Hugo Gutiérrez pretende llevar el caso de la empresa de big data –que asesoró a Chile Vamos en las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias–a la Contraloría y al Ministerio Público. La punta de lanza es Francisca Cruzat, concejala por Vitacura, quien aprobó el presupuesto comunal 2018 que incluía la contratación de servicios a esa firma tecnológica, y no se inhabilitó siendo que trabajaba en Instagis. Ello sería sólo la punta de un inmenso iceberg.
El Open Plaza Santa Julia pagó al Fisco en contribuciones durante 2012 –en pleno funcionamiento– cerca de 20 millones de pesos, como si fuera un sitio eriazo, cuando el pago normal es en torno a los 150 millones. Además, la Dirección de Obras de Viña del Mar no consideró como superficie edificada un Patio Constructor de más de 4.000 metros cuadrados, lo que les habría significado ahorrarse la construcción de aproximadamente 200 estacionamientos.
Francisca Castro Fones era hasta ayer una de los cinco miembros del llamado Panel Técnico que arbitra los contratos entre Obras Públicas y las empresas concesionarias. Pero también es, a la vez, directora de Salfacorp, una de las mayores empresas constructoras del país. Esto llevó al ente contralor a emitir un dictamen de incompatibilidad.
La Asociación Indígena Aymara de Coposa presentó una reclamación contra la Superintendencia de Medio Ambiente, por la resolución de esta en que aprobó el programa de cumplimiento de la minera Doña Inés de Collahuasi, mediante la cual la empresa se asegura la extracción de agua hasta 2040.
Quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe del Subdepartamento de Normativa de la entidad estatal a cargo de establecer los precios y tarifas de las eléctricas, fue nombrado como director ejecutivo de la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores (GPM-AG), un gremio que apoya a las grandes empresas del sector en su pugna contra los productores de energías eólicas y solares, a quienes acusan de haber sido subsidiados con el precio estabilizado para proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGDs).
El lunes 30 de septiembre los dos principales diarios del país coincidieron en que su artículo más importante del día es el Decreto del Ministerio de la Vivienda que iba a ser publicada ese mismo día en el Diario Oficial, en la cual supuestamente se refuerzan las certezas jurídicas de las inmobiliarias frente a la Contraloría, en lo relativo a las decisiones de las direcciones de obras municipales. Sin embargo, para varios expertos se trata sólo de un acto simbólico que no tiene mayor trascendencia ni efecto práctico.
La fiscal Ximena Chong pidió la captura del menor de los Ponce Lerou, por negarse sistemáticamente a declarar como testigo en el caso Cascadas, el cual afecta directamente al hermano más famoso del clan: Julio, ex yerno de Augusto Pinochet y Lucía Hiriart, padre de sus nietos, y ex presidente de SQM. Luis Eugenio tiene una larga historia en común con su hermano Julio, una cercanía tal que permite suponer que entre hermanos no hay secretos.
La app SoSafe, que reúne datos de seguridad ciudadana, pertenece en parte a Instagis, firma que participó en las últimas campañas electorales de la derecha. Fue constituida en Delaware y registrada en California, contando con el mismo abogado que Hopin, la empresa de tecnología ligada a Cristóbal Piñera Morel. Y varios de sus trabajadores tienen vínculos con el Presidente Piñera.
