En el último análisis toxicológico que se aplicó en los jardines infantiles y escuelas de Coronel, se detectaron diez nuevos casos de niños cuya sangre tiene altas concentraciones de metales pesados, en especial arsénico y níquel.
Hay dos casos particularmente graves, pues se encontraron niveles de arsénico por sobre 100 y 400 microgramos por cada litro de sangre, cuando el límite de referencia en la Guía Clínica del Ministerio de Salud, es de 35 microgramos por litro. Esto es entre tres y diez veces más de lo permitido.
Esta información proviene de la Seremi de Salud del Bío-Bío, la cual fue registrada entre julio de 2018 y enero de 2019, publicada en junio de este año, considerando una muestra de 807 casos.
Este análisis toxicológico es el tercero realizado durante estos últimos tres años. El primer resultado fue en 2016, arrojando 18 niños con metales pesados, mientras que el segundo en 2018, con un total de 21 personas, 14 de ellos menores de edad.
Se trata de cifras preliminares que engrosan una lista estimada de 50 familias afectadas por la contaminación por estos metales pesados, con un total de al menos 180 casos de envenenamiento.
¿Su procedencia? El complejo industrial de Coronel, que incluye cementeras, astilleros y termoeléctricas, esta última industria, la más contaminante por sus emisiones a la atmósfera y residuos.
Preocupados por estas cifras, los vecinos de Coronel, apoyados por la Red de Infancia Chile y el Municipio dirigido por Boris Chamorro (MAS), interpusieron el 28 de septiembre de este año un recurso de protección en los Tribunales de Justicia de Concepción. El documento apela a la Presidencia de la República, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, las Seremis de la región, la Intendencia del Bío Bío, el Servicio de Evaluación Ambiental y a las empresas Colbún y Enel, como responsables por la contaminación que existe en niños y niñas de la ciudad.
El recurso, que presentaba un listado de nombres de 180 menores con exámenes médicos adjuntados, fue declarado incompetente y rechazado por los Tribunales de Justicia de Concepción y la Corte Suprema de Santiago. “No solo perdió Coronel, perdimos todos y todas quienes luchamos por un país con mayor justicia social”, dice Lorena Bustamante, directora de Red de Infancia Chile a INTERFERENCIA, organización que ha representado también a los menores de Quintero-Puchuncaví.
“Debemos lograr que las zonas de sacrificio dejen de existir por el daño que están produciendo a la salud de la población. Lo que entiendo es que en Chile hay niños de primera y segunda categoría”, afirma Bustamante.
Tanto la Red de Infancia Chile como su directora han sido vigilados por Carabineros, según reveló la segunda filtración de documentos de la institución policial realizadas por los hackers RebelSide y MenteMalicia, en lo que se conoce como PacoLeaks. Bustamante, cuenta con una ficha de antecedentes personales en el Informe de Diligencia Nº225 realizado luego de una manifestación por la infancia que se realizó en Puente Alto.
Por su parte, Chamorro ha destacado cifras industriales que dan cuenta de que Coronel es una zona de sacrificio. Según el edil, Coronel tiene 300 empresas, entre cementeras, astilladoras forestales, tres parques industriales, y otras. En particular destaca la presencia de las termoeléctricas a carbón, las que representan el 16% de la energía producida por esa matriz.
En un paseo por Coronel es posible ver varias escuelas y jardines infantiles inscritos en el triángulo que conforman tres termoeléctricas a carbón que existen en la comuna. También todas ellas están muy cerca del único vertedero de cenizas del mundo emplazado en medio de una población.
"Nuestra ciudad de Coronel, en un radio de tres kilómetros a la redonda, tiene 27 calderas que generan 8.800 toneladas de dióxido de nitrógeno anuales y 8.700 toneladas de dióxido de azufre en un radio de tres kilómetros", explica el alcalde, quien especifica que el vertedero urbano creció 51 veces entre 2010 y 2015. "En 2010, el vertedero de cenizas de Enel generaba 4.456 toneladas y en 2015, 229.756 toneladas. Es decir, un consumo de combustión de carbón de 2 millones de toneladas al año, específicamente, con un tráfico urbano de 1.760 toneladas diarias de cenizas", afirmó Chamorro en la comisión de Zonas de Sacrificio desarrollada en 2018, en la Cámara de Diputados.
Estas cifras hablan del entorno en que viven los habitantes de Coronel, una de las zonas de sacrificio del país, pero en especial hablan respecto al hábitar de sus niños, quienes, por tener menos movilidad, están especialmente afectos a la emisión de contaminantes de la industria. Además esto es más grave, pues sus organismos están en desarrollo, por lo que la contaminación por metales pesados tiene efectos más graves y definitivos que en los adultos.
Agua con perejil
Cuando a inicios de este año dos funcionarias de la Seremi de Salud del Bío Bío llegaron hasta la casa de Ana Molina para informarle que su hija de tres años tenía arsénico y mercurio en el cuerpo, ella -sin entender mucho- no le tomó importancia. Su hija es alumna del jardín infantil Cantarrana, ubicado en las cercanías de la termoeléctrica Santa María de Colbún, la empresa de energía del Grupo Matte. En ese momento, le dijeron que no se preocupara, que no era nada grave y que los metales pesados los botaría a través de la orina.
"Me dieron un folleto que decía que le diera agua con perejil, pero no me dieron explicaciones", dice Molina a INTERFERENCIA. "Me preguntaron si mi hija comía tierra, porque la tierra tenía esos metales. Y yo les dije: ‘¿cómo va a comer tierra?’ Me dijeron ‘no piense que a su hija le va a dar cáncer por los metales pesados’”.
Durante estos meses Molina ha tenido que ir con su hija a nuevos exámenes para identificar metales pesados, al Hospital San José de Coronel. Todos han salido elevados. Sin mucha información, Molina sigue a la espera de algún tratamiento o respuesta sobre qué hacer.
Y no es la única sin suficiente información ni apoyo.
Angélica Pereira, madre de un niño de cuatro años que también arrojó alto nivel de arsénico en la sangre en la última muestra de 2019, también se encuentra consternada. "El doctor lo único que me dijo es que tenía que darle ajo y cilantro, con eso se le quitaba el arsénico. Ese fue el remedio", dice y agrega con ironia: "Según él, en un tiempo más todos vamos a tener arsénico porque va a explotar el volcán de Chillán".
Ajo, cilantro y perejil son alimentos que están en un folleto del Hospital San José de Coronel, al cual tuvo acceso INTERFERENCIA, que se titula Alimentación vs. Metales Pesados. El documento, firmado por las nutricionistas de la institución Claudia Valencia y Carla Zuñiga, explica "cómo eliminar metales pesados a través de los alimentos" y da un listado de frutas, verduras y las porciones recomendadas para preparar zumos.
En la Municipalidad de Coronel son críticos de este tratamiento. Sus esfuerzos están hoy en brindar apoyo médico desde la atención primaria a estas casi 50 familias afectadas. Pero, desde la voz de Alejandro Martínez, subdirector del Departamento de Salud Municipal de Coronel, sus recursos no son suficientes. "En atención primaria no tenemos ni los recursos ni los especialistas. Hemos dado acompañamiento a estas familias con un equipo multidisciplinario de salud: con un médico, kinesiólogo, podólogo, electroterapia, un psicólogo y una nutricionista, mientras llega la ayuda necesaria por parte del Estado o del Gobierno de turno”, dice.
Para Martínez, el agua con perejil no es más que el reflejo de la situación: "Cada vez que una persona afectada por metales pesados es intervenida por la atención secundaria [los hospitales], por algún motivo, los especialistas no se hacen responsables y terminan indicando este tipo de remedios alternativos, por llamarlo de alguna forma".
Aburridos ante la falta de respuestas claras, se creó en 2018 la Agrupación de Familias con Metales Pesados que reúne a apoderados de los tres grupos de alumnos con exámenes que reflejan altos niveles de arsénico y níquel en sus sangres. Juntos, han golpeado todas las puertas de autoridades para exigir lo mínimo para sus hijos: salud. Se han reunido con las autoridades regionales de salud, con parlamentarios e incluso, con el ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera, Emilio Santelices, con promesas que -después del cambio de gabinete- quedaron en nada. Recién el lunes 19 de agosto se pudieron reunir con el actual ministro de Salud, Jaime Mañalich, para volver a plantearle sus inquietudes y retomar las conversaciones.
Juana Hernández es quien lidera la agrupación. Vive en el sector El Sauco, abajo del cerro Millabú, donde está instalado el vertedero de cenizas. Ella y sus dos hijos menores marcaron altos niveles de metales pesados en el organismo, cuando se realizó en 2017 la segunda muestra, en la escuela Rosa Medel, ubicada a solo 350 metros de las termoeléctricas Bocamina I -una de las más antiguas del país, la que lleva funcionando desde 1969 y que ha sido condenada en 2018 por sobrepasar la norma de emisiones- y Bocamina II, existente desde 2015. Ambas de la transnacional italiana, Enel.
"Tenemos que lograr salud para nuestros hijos, tener especialistas capacitados en el tema y que hagan algo. Para mí no es creíble lo que hace el hospital de Coronel, nos tratan de ignorantes. No tenemos un solo médico dedicado a las familias con metales pesados, incluso cuando vamos de repente ni siquiera ellos saben qué son los metales pesados", dice Hernández en entrevista con INTERFERENCIA.
"Hemos tenido que aprender solas de qué se trata la contaminación, nosotras mismas empezamos a leer. Ni siquiera nos han dado una charla para informarnos o explicarnos qué les va a pasar a nuestros hijos. Solo nos dicen que le demos agua con perejil".
Autismo por las nubes
Cuando uno llega a Coronel, da la sensación de sumergirse en esta bahía. Rodeada de cerros por un lado y con el Océano Pacífico de fondo, es como estar acorralado, pero no por la geografía. Desde casi cualquier punto de las calles de esta ciudad de 116.262 habitantes, según cifras del Censo 2017, se ven de fondo las altas chimeneas rojas con líneas blancas de las dos termoeléctricas Bocamina de Enel, al norte y la otra, Santa María de Colbún, al sur. Entre el puerto y las termoeléctricas, dos grandes domos acopian el carbón, y se ubican pesqueras y otras empresas. Da la sensación de que todo este complejo industrial encierra una ciudad, y no al revés.
En los cerros del fondo, está el cerro Millabú. Cercado por panderetas de concreto, con alambres púas en la parte superior, delimita las instalaciones del vertedero de cenizas que hoy opera en su tercera etapa, con un máximo de funcionamiento de 15 años, eso es, hasta 2025.
Uno de los cerros más emblemáticos de la comuna de Coronel está siendo utilizado hoy como un gran cenicero que acopia los desechos de la producción de energía a carbón. A sus faldas, hay escuelas, jardines infantiles y recintos deportivos. Algunos a solo metros de las termoeléctricas, otros más alejados. Pero todos rodeados al fin y al cabo.
En las salas de clases, hace algunos años, las conductas de algunos alumnos empezaron a llamar la atención de los profesores. En muchas escuelas de Coronel, durante el horario de clases, había alumnos que se quedaban en los pasillos. “Empezamos a averiguar por qué esos niños estaban en los pasillos y la respuesta técnica es que la mayoría de esos niños tenían un trastorno de la conducta, principalmente de espectro autista”, dice Erik Leal, director del departamento de educación municipal de Coronel.
Con ese y otros antecedentes en mano, Leal solicitó el gráfico del Programa de Inclusión Escolar (PIE), programa publicado el 21 de abril de 2010 a través del Decreto 170, que exije a todos los establecimientos educativos un registro de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. Los resultados son preocupantes: según registros del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), entre 2010 a 2018, pasaron de 1 alumno diagnosticado con Trastorno de Espectro Autista (TEA) a 37 niños, con un peak en el año 2017 de 52 alumnos en el programa.
Según dice Erik Leal, es una cifra que sigue en aumento. “A partir del año 2010 empezó un crecimiento significativo y consistente, sistemático. El año 2018 cayó un poco, pero el 2019, se disparó a 147 niños diagnosticados con TEA”, dice a INTERFERENCIA.
Su hipótesis, basada en estudios científicos, apunta a la exposición de metales pesados de madres durante el embarazo. En un trabajo colaborativo junto al Departamento de Medioambiente del Municipio de Coronel, comenzaron a hilar los antecedentes que se han desarrollado en la ciudad en los últimos años. “Empezamos a revisar los datos de las termoeléctricas, de las industrias y los ceniceros, vertederos de cenizas de las termoeléctricas. Cruzamos la información y cuando aparece el fenómeno documentado de autismo en Coronel, es cinco años después del inicio de funcionamiento de los ceniceros. Es decir, cuando esas madres estuvieron expuestas”, dice Leal.
Ante este escenario, Javier Valencia, director de Medioambiente municipal, cuenta que hoy están buscando la manera de adelantar el cierre del vertedero de cenizas para 2020, idealmente, para enero de ese año. “Hay un asunto de salud que es indiscutible”, dice Valencia a INTERFERENCIA. “Las nuevas generaciones que vienen van a tener que soportar un vertedero abierto por cinco, siete años más, un período de gestación donde van a estar conviviendo con metales pesados. Están condenados. Los números que tenemos hoy día se van a prolongar y podrían aumentar, en vista a nuevos nacimientos en un escenario que no es el propicio para el desarrollo de la vida de cualquier persona”.
Medidas insuficientes
Las calles de Coronel se tiñeron de negro. El jueves 4 de julio de este año, más de 200 manifestantes con banderas negras, mascarillas y un ataúd marcharon por las calles de su comuna, para denunciar la contaminación y criticar uno de los compromisos más ambiciosos en materia energética del gobierno de Sebastián Piñera, anunciado justo un mes antes: el Plan de Descarbonización.
Con un eslogan que versa “energía Zero carbón, un compromiso responsable”, el Plan de Descarbonización busca el retiro total de las 28 termoeléctricas a carbón que existen en el país, equivalentes al 40% de la generación eléctrica en Chile, con el año 2040 como plazo máximo. La puesta en marcha será en dos fases. La primera etapa se extenderá hasta el 2024 e implica apagar las ocho termoeléctricas a carbón más antiguas. Estas son, según el cronograma oficial, cuatro en Tocopilla, una en Iquique, dos en Puchuncaví y otra en Coronel.
De las tres termoeléctricas a carbón presentes en la comuna de la región del Bío Bío, solo una dejará de funcionar en los próximos años. Se trata de Bocamina 1 de Enel –en funcionamiento desde 1969– que tiene su retiro programado para diciembre de 2023, en cuatro años más.
Los plazos no tienen conformes a los coronelinos y desde el Municipio están luchando por adelantar todas las fechas, así como también la clausura del vertedero de cenizas.
En entrevista con INTERFERENCIA, Boris Chamorro, alcalde de la comuna, califica el plan como insuficiente. “No compartimos la mirada del Gobierno, sentimos que tiene que haber un compromiso real con aquellas zonas que tenemos más de dos o tres termoeléctricas a carbón. Los vecinos no pueden seguir esperando hasta el 2040 para que se cambie la matriz energética de nuestro país”, dice.
“El Estado de Chile debe garantizar a los niños y a los ciudadanos de la comuna, vivir en un ambiente libre de contaminación y eso no está ocurriendo. Se lo hemos dicho al ministro Mañalich cuando nos hemos reunido con él y le hemos manifestado de que todavía en el Hospital San José, el equipo clínico que dispuso el Ministerio le sugiere a los papás consumir perejil o ajo para que los niños puedan botar el metal pesado. Están faltando incluso a un derecho fundamental que es un derecho humano”, dice Chamorro.
Por mientras, desde la Agrupación de Familias con Metales Pesados y al igual que todos los coronelinos, están en una impaciente espera. Siguen esperando que lleguen los especialistas, que se cierren las industrias y puedan vivir sin temores ni inseguridades. Juana Hernández, presidenta de la agrupación es tajante en sus demandas: “Es el Estado que tiene que hacerse responsable de nosotros, porque ellos permitieron que se instalaran estas empresas sin velar por la salud de nosotros. Los políticos no viven en Coronel, ni los empresarios. Ellos nos contaminan, nos enferman, nos matan y se lavan las manos. Ninguno ha hecho nada”.
Las termoeléctricas lo niegan todo
Consultados por INTERFERENCIA, Enel Generación Chile asegura a través de un comunicado que la ceniza es un residuo no peligroso y que actualmente recicla el 75% de la ceniza generada por la planta. Según sus cifras, en octubre alcanzaron un promedio de 145 toneladas de cenizas generadas por día. “El vertedero no ha generado contaminación en su entorno. Las cenizas que se disponen en el vertedero sobre una base impermeabilizada no son peligrosas. Lo anterior está acreditado mediante análisis químicos y está reconocido por la regulación chilena”, afirman desde la empresa.
Además desde Enel dicen que no hay relación entre la presencia de metales pesados en niños y la producción termoeléctrica. “En todas las investigaciones que sobre este tema han realizado las autoridades competentes no hay referencia alguna a una conexión entre la producción de energía de la planta Bocamina y la presencia de metales pesados en niños de Coronel. Los análisis químicos de la materia prima utilizada (carbón) para la generación de energía y de los residuos sólidos (cenizas principalmente) depositados en el vertedero presentan niveles por debajo de las normas o límites de referencia de metales pesados”.
Respuesta similar entregó Colbún respecto a la responsabilidad que tiene la Central Santa María como agente contaminante y de afectación en la salud de los niños y adolescentes coronelinos. “Central Santa María integró equipos y sistemas de abatimiento que permiten reducir en 99,9% las emisiones de Material Particulado y en 76% las emisiones de dióxido de azufre”, afirman desde el departamento de comunicaciones.
Agregan desde Colbún que en enero de 2018 el Ministerio Público descartó la responsabilidad de la central termoeléctrica en la presencia de metales pesados en Coronel. Lo mismo afirman que decidió el Tribunal Ambiental de Valdivia en diciembre. “También descartó responsabilidad de Colbún por la contaminación en Coronel en base a investigación realizada por la Superintendencia de Medio Ambiente”.
En la respuesta de Colbún a INTERFERENCIA, se incluyen las conclusiones de tres estudios realizados en años anteriores. Todos estos han determinado que la Central Santa María no es responsable de la contaminación en la zona. Uno de estos -el más reciente- es el estudio realizado por el Centro de Toxicología de la Universidad Católica en 2016. “A partir de las emisiones de la Central el documento concluyó que la operación de la central no representa un riesgo para la comunidad ni menos efectos crónicos a la salud de la población de Coronel”.
