El Ejecutivo patrocinará con discusión inmediata el proyecto que elimina las rebajas de condena, mientras el ministro ordena un sumario por la filtración de decretos que aún no entrega. La Comisión de Constitución no lo invitó a la sesión del miércoles.
Edixon Escobar García fue condenado en 2021 a ser expulsado del país tras ingresar por un paso no habilitado con 27 kilos de droga, pero en 2023 seguía en Chile. Formalizado por homicidio, la justicia lo envió a cumplir su pena en la cárcel. En abril obtuvo seis meses de rebaja del Ministerio de Justicia de Kast, pese a que se le negó la libertad condicional y había sido sancionado por desórdenes al interior del penal. El 30 de octubre quedó nuevamente en prisión preventiva por tráfico.
Tras la revelación de Interferencia sobre rebajas a narcotraficantes, Rabat suma una investigación penal y una acusación constitucional anunciada. Kast, desde Madrid, volvió a descartar cambios en su gabinete.
El aliado regional de Kast dejó el cargo antes de ser destituido por la crisis bancaria, y el Presidente chileno evitó comentar un caso que cuestiona el “modelo” que él mismo elogió en Asunción.
Al menos 13 extranjeros condenados por tráfico, detenidos en distintos puntos de la frontera norte, recibieron reducciones de pena del Ministerio de Justicia de Kast. Entre ellos están un “punta de lanza” de una operación que movía una tonelada de droga, un colombiano con libertad condicional negada por unanimidad y un venezolano detenido con 32 kilos de ketamina, una granada y pistolas. Ningún decreto se opuso al beneficio.
Agosto empezó promisoriamente para este proyecto editorial. De todas formas queda camino hacia la meta de 1.000 suscriptores nuevos o re-enganchados, por lo que el llamado es a no decaer en la búsqueda de este número de lectores comprometidos que hagan Interferencia sustentable. ¡Muchas gracias a todos los que se han sumado!
Desde Europa, Kast asumió la responsabilidad política por las rebajas de condena y desafió a la oposición a acusar a Rabat, en una apuesta que arriesga su propia autoridad.
Con triunfos en bastiones republicanos como Texas, Kansas y Carolina del Sur, la oposición se quedó con ambas cámaras del Congreso en una noche de hitos históricos. El mandatario estadounidense aseguró que acepta los resultados, aunque sostuvo que su partido habría arrasado si su nombre hubiera estado en la papeleta.
La Prensa Austral identificó a un hombre condenado a 15 años y un día por violar y abusar sexualmente de una niña durante ocho años entre los beneficiados por las rebajas de condena que reveló Interferencia. El decreto, firmado por el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, le restó 18 meses de cárcel y le permitió salir en septiembre, pese a que Gendarmería lo había evaluado con un riesgo alto de reincidencia. El caso desató críticas transversales en la región.
Entre los decretos que conceden rebajas de condena citando la Ley 21.421 a los que ha accedido Interferencia, 15 corresponden a personas presas en cárceles de la Región de Valparaíso, la que más casos suma entre los documentos revisados por este medio. La postura de la totalidad de los parlamentarios de los distritos 6 y 7 ante una eventual acusación contra el ministro todavía no es unánime.
Hay temporadas que se definen con un gol en el último minuto, otras con un penal, una expulsión o una atajada memorable. Y está la Primera B del fútbol chileno, que corre el riesgo de terminar resolviéndose en un escritorio, entre reglamentos que no obedecen a los intereses de nuestro fútbol, interpretaciones contradictorias y decisiones que parecen adoptarse sobre la marcha.
Con 26% de aprobación y un 70% cuestionando la continuidad de Rabat, Kast se va a Europa mientras la oposición prepara el libelo, el PDG se divide y en el oficialismo crece la idea de que el ministro dé un paso al costado.
El ministro dijo a la Cámara que su cartera solo firma lo que deciden las comisiones. Documentos revisados por Interferencia muestran que su ministerio aprobó 11 rebajas que sus oficinas regionales advertían que la ley podía impedir, dos de ellas por la norma contra agresores sexuales, y negó otras 22 que esas oficinas daban por buenas.
El estero, ubicado en la Patagonia chilena, presenta concentraciones excepcionales de sulfuro de hidrógeno y condiciones naturales que permiten estudiar cómo pudo funcionar el océano en etapas tempranas de la historia de la Tierra.
Luego de que Interferencia reveló las rebajas de condenas a delincuentes que abusaron sexualmente de menores de edad, la polémica suma a su primer caído: Luis Silva, quien hasta este viernes se desempeñó como subsecretario de Justicia. Con una investigación penal abierta y una acusación constitucional en camino, el titular de la cartera queda como el siguiente blanco.
Se trata de Ignacio Abarca Rathgeb, quien dirige el Departamento de Reinserción Social Adultos. En 2016 fue formalizado por emitir boletas ideológicamente falsas a SQM y aceptó pagar $388 mil por una suspensión condicional del procedimiento. Fue además, administrador de campaña de Marcela Cubillos.
En los territorios y comunidades, esta realidad es conocida. Pero en el debate público la puerta giratoria solo parece importar cuando se habla de delincuencia, salvo que sea de cuello y corbata. Cuando se trata de la puerta giratoria del extractivismo, que permea aún más la democracia, el paso tiene libertad de acción.
Otra de nuestras preocupaciones se refiere a la participación de abogados y abogadas del Programa de Derechos Humanos en audiencias judiciales en las que se discuten beneficios penitenciarios, rebajas de penas u otras modalidades de cumplimiento de condenas impuestas a personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
La oposición anunció la primera acusación constitucional contra un ministro de Kast, y Republicanos y UDI la tildan de politiquería e instrumentalización, mientras apuntan a las rebajas del gobierno anterior. Su suerte en la Cámara depende de los votos del PDG.
Se trata de tres delincuentes venezolanos que operaban en La Serena, quienes se vieron favorecidos sin un rechazo inicial por parte del ministro y sin que el Gobierno de José Antonio Kast haya intentado una expulsión, pese a que al momento de los decretos —firmados también por Luis Silva— ya estaban reestablecidas las relaciones diplomáticas con Venezuela.
