Interferencia accedió por distintas fuentes a varios de los 56 decretos con que el gobierno de José Antonio Kast ha rebajado las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Entre ellos, están los casos de Waldo Gómez y Héctor Orellana.
Los comicios brasileños pueden marcar el rumbo de la transición energética latinoamericana con el impulso de un modelo que prioriza el extractivismo y las inversiones sobre la justicia climática.
En marzo, el Presidente Kast había confirmado que aplicaría indultos y no descartó beneficiar a condenados por derechos humanos. Aunque las rebajas de condena son distintas de los indultos, las decisiones abren interrogantes sobre los criterios aplicados por el Ministerio de Justicia.
Tras la revelación de Interferencia sobre 56 rebajas de condena a condenados por abuso sexual y violación de menores, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial quedaron cruzados. El ministro Fernando Rabat sostiene que solo cumple fallos de la Corte Suprema, la presidenta del tribunal, Gloria Ana Chevesich, dice no tener información y el Congreso prepara una sesión especial.
Las organizaciones denuncian que sus antecedentes no fueron incorporados al expediente ni respondidos por el organismo, que determinó que el data center de Google en Cerrillos no deberá ingresar obligatoriamente a evaluación ambiental. Para Lucio Cuenca, director de OLCA, la resolución constituye un “nefasto precedente” para los territorios donde se busca expandir esta industria.
Agosto empezó promisoriamente para este proyecto editorial. De todas formas queda camino hacia la meta de 1.000 suscriptores nuevos o re-enganchados, por lo que el llamado es a no decaer en la búsqueda de este número de lectores comprometidos que hagan Interferencia sustentable. ¡Muchas gracias a todos los que se han sumado!
De los decretos, 27 son por abuso sexual de menores y 29 por violación. En promedio, el ministerio firmó uno cada tres días, sin vía judicial de por medio, y solo rechazó una solicitud.
Entre enero y septiembre, el Fondo E acumuló una caída de 10,4%, el peor tramo del multifondo más conservador desde su creación. Las AFP sostienen que no hay pérdidas sino variaciones de valorización, mientras en el Congreso llegan los oficios y en los tribunales los primeros recursos contra AFP Capital y AFP Uno.
Hay que preguntarse si existe una planificación común, si se evalúan con suficiente antelación las condiciones de seguridad de los estadios, si las fechas escogidas son realmente viables y si hay alternativas preparadas para las contingencias.
La obra reúne 150 imágenes seleccionadas de más de 70 montajes y será presentada este jueves 22 de octubre en el Centro Cultural Ceina.
Marcando el séptimo aniversario del estallido social, ciudadanos tomaron las calles en una marcha no autorizada por la Alameda, donde encontraron la represión de Carabineros. Aquí una selección de las imágenes capturadas durante la jornada.
Este domingo se cumplen siete años del inicio del estallido social, en la primera conmemoración bajo el gobierno de José Antonio Kast. Más que una convocatoria única, el aniversario llega con un mosaico de llamados: una marcha en Plaza Baquedano, una concentración sindical en la Alameda y un encuentro de secundarios en San Miguel. Las organizaciones plantean recuperar la experiencia territorial de 2019, mientras la CUT se desmarca y las encuestas muestran un rechazo creciente al estallido.
Entre enero y junio, las siete administradoras ganaron $377.270 millones, y en lo que va del año repartieron $328.000 millones a sus dueños. La Súper de Pensiones y el Banco Central les advirtieron al menos cuatro veces del riesgo de esas inversiones, que hoy les restan más de $11 billones a los fondos de pensiones.
Cinco textos de Interferencia recorren la respuesta represiva del gobierno de Sebastián Piñera durante el estallido social, el primer toque de queda desde la dictadura, las campañas de desinformación contra las protestas hasta la vigilancia a organizaciones sociales.
El Ministerio del Interior descartó otorgar permisos para manifestaciones este domingo y ordenó el acuartelamiento preventivo de Fuerzas Especiales, mientras las colectividades de gobierno firmaron una declaración de condena a la revuelta de 2019 buscando arrinconar a la oposición. Pese al cerrojo institucional, organizaciones sociales y estudiantiles sostienen la convocatoria a la calle.
128 agrupaciones de derechos humanos, sitios de memoria y familiares denunciaron una “asfixia presupuestaria” en el proyecto del Gobierno de Kast. Según su comunicado, los recursos para diligencias y peritajes forenses caen 27,71% real, el financiamiento de los Sitios de Memoria baja 36,7% y desaparece su fondo de inversión. Piden al Congreso reponer los fondos.
Al menos siete de los nueve estados amazónicos quedarán en manos de aliados de Flávio Bolsonaro, lo que preocupa a especialistas ambientales de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre.
Políticos y economistas critican las decisiones de inversión en derivados sobre tasas de EE.UU., mientras la Superintendencia y el Congreso exigen responsabilidades por el impacto en los afiliados.
