La crisis por las rebajas de condena y el paro de camioneros confirma un patrón que se repite desde marzo: La Moneda reacciona tarde y desde la defensiva, mientras la agenda la fijan otros. Entre decretos, alzas de combustibles y emergencias sin alerta, el Ejecutivo ha pasado más tiempo corrigiendo que anticipándose, y la crisis política ya golpea su aprobación y la disciplina de su propio sector.
La Moneda retiró su proyecto inicial, ofreció 74 días de congelamiento y luego anunció uno hasta febrero, sin que el paro se levante. El viaje de Kast a Asia el viernes marca el reloj de una negociación que partió mal.
“¿Qué habría ocurrido si, durante el gobierno de Gabriel Boric, se hubiesen rebajado las condenas de violadores y abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes? ¿Y si, mientras el propio Gobierno advertía sobre una crisis de seguridad y prometía combatir al narcotráfico con toda la fuerza del Estado, hubiese terminado reduciendo las penas de condenados por delitos relacionados con drogas, incluso de personas vinculadas a operaciones de narcotráfico? ¿La derecha habría hablado entonces de una simple fórmula administrativa? ¿Habría aceptado que el Presidente no estuviera al tanto, que un subsecretario dejara su cargo por un problema de comunicación interna y que el ministro responsable permaneciera en sus funciones?”
En plena crisis por las rebajas de condena, el gobierno confirmó el sexto aumento consecutivo de los combustibles y enfrenta el primer paro de camioneros de su mandato, mientras el Presupuesto 2027 se debate en la Cámara.
Los demócratas recuperaron el Congreso estadounidense, Lula remontó frente al hijo de Bolsonaro, un movimiento estudiantil desalojó a Vučić tras 14 años en el poder y en Paraguay cayó el presidente más cercano a Trump en la región. Alemania, donde la AfD sigue primera en las encuestas, recuerda que la marea no retrocede en todas partes.
Con Kast aferrado a su ministro y la aprobación del Gobierno en mínimos, la acusación constitucional solo promete desgaste. Su éxito depende de una aritmética incierta y de un sustento legal que a la oposición le ha costado cuadrar.
Colo-Colo tiene una ventaja histórica considerable. Ha conseguido una posición que sus rivales difícilmente podrán disputar en el corto plazo. Pero esa misma ventaja debería imponerle una obligación mayor. Si en Chile ya no encuentra demasiados adversarios capaces de discutirle el lugar, quizás llegó el momento de mirar hacia afuera.
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El Ejecutivo patrocinará con discusión inmediata el proyecto que elimina las rebajas de condena, mientras el ministro ordena un sumario por la filtración de decretos que aún no entrega. La Comisión de Constitución no lo invitó a la sesión del miércoles.
El autor identificado como un polaco de 24 años de ideología ultraderechista, irrumpió poco antes de las 15 horas en la concurrida plaza de la ciudad, disparando aleatoriamente contra personas sentadas en los cafés y restaurantes. Uno de nuestros periodistas estuvo muy cerca del lugar cuando ocurrieron los hechos. “Parecían violentos fuegos artificiales, pero cuando unos minutos después me acerqué al lugar de los disparos, vi a varias personas tiradas en el suelo, sus cuerpos parecían inertes, mientras oficiales de la policía realizaban maniobras de primeros auxilios”. Este es su relato.
El vocero de Gobierno descartó un cambio de gabinete y reafirmó que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuenta con el respaldo del Presidente José Antonio Kast, pese a los cuestionamientos por las rebajas de condena. Además, anunció discusión inmediata a proyecto de ley para derogar situación “de raíz”.
Edixon Escobar García fue condenado en 2021 a ser expulsado del país tras ingresar por un paso no habilitado con 27 kilos de droga, pero en 2023 seguía en Chile. Formalizado por homicidio, la justicia lo envió a cumplir su pena en la cárcel. En abril obtuvo seis meses de rebaja del Ministerio de Justicia de Kast, pese a que se le negó la libertad condicional y había sido sancionado por desórdenes al interior del penal. El 30 de octubre quedó nuevamente en prisión preventiva por tráfico.
Tras la revelación de Interferencia sobre rebajas a narcotraficantes, Rabat suma una investigación penal y una acusación constitucional anunciada. Kast, desde Madrid, volvió a descartar cambios en su gabinete.
El aliado regional de Kast dejó el cargo antes de ser destituido por la crisis bancaria, y el Presidente chileno evitó comentar un caso que cuestiona el “modelo” que él mismo elogió en Asunción.
Al menos 13 extranjeros condenados por tráfico, detenidos en distintos puntos de la frontera norte, recibieron reducciones de pena del Ministerio de Justicia de Kast. Entre ellos están un “punta de lanza” de una operación que movía una tonelada de droga, un colombiano con libertad condicional negada por unanimidad y un venezolano detenido con 32 kilos de ketamina, una granada y pistolas. Ningún decreto se opuso al beneficio.
Desde Europa, Kast asumió la responsabilidad política por las rebajas de condena y desafió a la oposición a acusar a Rabat, en una apuesta que arriesga su propia autoridad.
Con triunfos en bastiones republicanos como Texas, Kansas y Carolina del Sur, la oposición se quedó con ambas cámaras del Congreso en una noche de hitos históricos. El mandatario estadounidense aseguró que acepta los resultados, aunque sostuvo que su partido habría arrasado si su nombre hubiera estado en la papeleta.
La Prensa Austral identificó a un hombre condenado a 15 años y un día por violar y abusar sexualmente de una niña durante ocho años entre los beneficiados por las rebajas de condena que reveló Interferencia. El decreto, firmado por el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, le restó 18 meses de cárcel y le permitió salir en septiembre, pese a que Gendarmería lo había evaluado con un riesgo alto de reincidencia. El caso desató críticas transversales en la región.
Entre los decretos que conceden rebajas de condena citando la Ley 21.421 a los que ha accedido Interferencia, 15 corresponden a personas presas en cárceles de la Región de Valparaíso, la que más casos suma entre los documentos revisados por este medio. La postura de la totalidad de los parlamentarios de los distritos 6 y 7 ante una eventual acusación contra el ministro todavía no es unánime.
El ministro dijo a la Cámara que su cartera solo firma lo que deciden las comisiones. Documentos revisados por Interferencia muestran que su ministerio aprobó 11 rebajas que sus oficinas regionales advertían que la ley podía impedir, dos de ellas por la norma contra agresores sexuales, y negó otras 22 que esas oficinas daban por buenas.
