Interferencia accedió a decretos que muestran que, entre marzo y mayo, Justicia rechazó al menos cinco rebajas de condena a violadores de menores por delitos anteriores a 2022, dos firmadas por Fernando Rabat. Desde el 16 de junio las concede, alegando que la ley no le deja opción.
El tribunal de Delaware cerró el Capítulo 11 de Corp Group Banking, sociedad con que Álvaro Saieh participaba en el banco Itaú Corpbanca, sin reservar fondos para pagar al Servicio de Impuestos Internos, que en diciembre de 2025 liquidó $8.747 millones por operaciones del propio plan de quiebra. Según los abogados de CGB, se impugnó la liquidación y la diferencia en discusión sería de $151 millones.
La revelación de Interferencia sobre los 56 decretos que rebajaron condenas a violadores y abusadores de menores desató una inédita fractura entre la UDI, Evópoli y el Partido Republicano. Pese al reciente control de daños intentado por Arturo Squella y Hernán Larraín para aplacar la crisis, el presidente se mantiene en mutismo mientras la oposición alista una acusación constitucional contra el ministro de Justicia.
Los sondeos de Datafolha y CNT/MDA sitúan al candidato del Partido Liberal con una mínima ventaja sobre el actual mandatario, dentro del margen de error estadístico. En una votación decisiva para el gigante sudamericano, el electorado llega profundamente polarizado y sin un favorito claro para la segunda vuelta.
Interferencia accedió por distintas fuentes a varios de los 56 decretos con que el gobierno de José Antonio Kast ha rebajado las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Entre ellos, están los casos de Waldo Gómez y Héctor Orellana.
Agosto empezó promisoriamente para este proyecto editorial. De todas formas queda camino hacia la meta de 1.000 suscriptores nuevos o re-enganchados, por lo que el llamado es a no decaer en la búsqueda de este número de lectores comprometidos que hagan Interferencia sustentable. ¡Muchas gracias a todos los que se han sumado!
En dos informes a la Corte de Apelaciones, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, sostiene que el Ministerio no podía negar la rebaja a dos condenados por secuestros calificados en 1987. Los tribunales han rechazado hasta ahora sus recursos.
La presidenta del máximo tribunal afirmó que fue el ministro de Justicia quien dictó los decretos, mientras el oficialismo abrió un nuevo flanco al solicitar que se reviertan los beneficios. Las explicaciones del secretario de Estado sobre una supuesta doctrina judicial también han sido cuestionadas en medio de la controversia.
Los comicios brasileños pueden marcar el rumbo de la transición energética latinoamericana con el impulso de un modelo que prioriza el extractivismo y las inversiones sobre la justicia climática.
En marzo, el Presidente Kast había confirmado que aplicaría indultos y no descartó beneficiar a condenados por derechos humanos. Aunque las rebajas de condena son distintas de los indultos, las decisiones abren interrogantes sobre los criterios aplicados por el Ministerio de Justicia.
Tras la revelación de Interferencia sobre 56 rebajas de condena a condenados por abuso sexual y violación de menores, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial quedaron cruzados. El ministro Fernando Rabat sostiene que solo cumple fallos de la Corte Suprema, la presidenta del tribunal, Gloria Ana Chevesich, dice no tener información y el Congreso prepara una sesión especial.
De los decretos, 27 son por abuso sexual de menores y 29 por violación. En promedio, el ministerio firmó uno cada tres días, sin vía judicial de por medio, y solo rechazó una solicitud.
Las organizaciones denuncian que sus antecedentes no fueron incorporados al expediente ni respondidos por el organismo, que determinó que el data center de Google en Cerrillos no deberá ingresar obligatoriamente a evaluación ambiental. Para Lucio Cuenca, director de OLCA, la resolución constituye un “nefasto precedente” para los territorios donde se busca expandir esta industria.
Entre enero y septiembre, el Fondo E acumuló una caída de 10,4%, el peor tramo del multifondo más conservador desde su creación. Las AFP sostienen que no hay pérdidas sino variaciones de valorización, mientras en el Congreso llegan los oficios y en los tribunales los primeros recursos contra AFP Capital y AFP Uno.
Marcando el séptimo aniversario del estallido social, ciudadanos tomaron las calles en una marcha no autorizada por la Alameda, donde encontraron la represión de Carabineros. Aquí una selección de las imágenes capturadas durante la jornada.
Entre enero y junio, las siete administradoras ganaron $377.270 millones, y en lo que va del año repartieron $328.000 millones a sus dueños. La Súper de Pensiones y el Banco Central les advirtieron al menos cuatro veces del riesgo de esas inversiones, que hoy les restan más de $11 billones a los fondos de pensiones.
Cinco textos de Interferencia recorren la respuesta represiva del gobierno de Sebastián Piñera durante el estallido social, el primer toque de queda desde la dictadura, las campañas de desinformación contra las protestas hasta la vigilancia a organizaciones sociales.
La agrupación pide un sumario por sus dichos contra la comunidad palestina chilena ante un medio extranjero, por exhibir sin reservas un mapa que borra a Palestina y por anticipar el voto de Chile en la ONU, facultad exclusiva del Presidente de la República.
