En el marco del Caso Audios, el empresario habría suscrito un convenio de colaboración sustancial con el Ministerio Público, aportando antecedentes que incriminan directamente al abogado. En su declaración, Jalaff admitió el desembolso de $410 millones —provenientes de fondos de Factop— destinados a Hermosilla con el fin de asegurar autorizaciones del Ministerio de Vivienda para el proyecto Parque Capital. Este giro en la investigación no solo fractura el vínculo personal que mantenían, sino que expone una estructura de negocios ilícitos. Como consecuencia de esta delación, Jalaff podría acceder a beneficios en su proceso judicial, donde será reformalizado por soborno, al tiempo que Hermosilla enfrentará cargos por cohecho.