Desde Europa, Kast asumió la responsabilidad política por las rebajas de condena y desafió a la oposición a acusar a Rabat, en una apuesta que arriesga su propia autoridad.
Entre los decretos que conceden rebajas de condena citando la Ley 21.421 a los que ha accedido Interferencia, 15 corresponden a personas presas en cárceles de la Región de Valparaíso, la que más casos suma entre los documentos revisados por este medio. La postura de la totalidad de los parlamentarios de los distritos 6 y 7 ante una eventual acusación contra el ministro todavía no es unánime.
Hay temporadas que se definen con un gol en el último minuto, otras con un penal, una expulsión o una atajada memorable. Y está la Primera B del fútbol chileno, que corre el riesgo de terminar resolviéndose en un escritorio, entre reglamentos que no obedecen a los intereses de nuestro fútbol, interpretaciones contradictorias y decisiones que parecen adoptarse sobre la marcha.
Con 26% de aprobación y un 70% cuestionando la continuidad de Rabat, Kast se va a Europa mientras la oposición prepara el libelo, el PDG se divide y en el oficialismo crece la idea de que el ministro dé un paso al costado.
El ministro dijo a la Cámara que su cartera solo firma lo que deciden las comisiones. Documentos revisados por Interferencia muestran que su ministerio aprobó 11 rebajas que sus oficinas regionales advertían que la ley podía impedir, dos de ellas por la norma contra agresores sexuales, y negó otras 22 que esas oficinas daban por buenas.
Agosto empezó promisoriamente para este proyecto editorial. De todas formas queda camino hacia la meta de 1.000 suscriptores nuevos o re-enganchados, por lo que el llamado es a no decaer en la búsqueda de este número de lectores comprometidos que hagan Interferencia sustentable. ¡Muchas gracias a todos los que se han sumado!
El estero, ubicado en la Patagonia chilena, presenta concentraciones excepcionales de sulfuro de hidrógeno y condiciones naturales que permiten estudiar cómo pudo funcionar el océano en etapas tempranas de la historia de la Tierra.
Luego de que Interferencia reveló las rebajas de condenas a delincuentes que abusaron sexualmente de menores de edad, la polémica suma a su primer caído: Luis Silva, quien hasta este viernes se desempeñó como subsecretario de Justicia. Con una investigación penal abierta y una acusación constitucional en camino, el titular de la cartera queda como el siguiente blanco.
Se trata de Ignacio Abarca Rathgeb, quien dirige el Departamento de Reinserción Social Adultos. En 2016 fue formalizado por emitir boletas ideológicamente falsas a SQM y aceptó pagar $388 mil por una suspensión condicional del procedimiento. Fue además, administrador de campaña de Marcela Cubillos.
En los territorios y comunidades, esta realidad es conocida. Pero en el debate público la puerta giratoria solo parece importar cuando se habla de delincuencia, salvo que sea de cuello y corbata. Cuando se trata de la puerta giratoria del extractivismo, que permea aún más la democracia, el paso tiene libertad de acción.
Otra de nuestras preocupaciones se refiere a la participación de abogados y abogadas del Programa de Derechos Humanos en audiencias judiciales en las que se discuten beneficios penitenciarios, rebajas de penas u otras modalidades de cumplimiento de condenas impuestas a personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
La oposición anunció la primera acusación constitucional contra un ministro de Kast, y Republicanos y UDI la tildan de politiquería e instrumentalización, mientras apuntan a las rebajas del gobierno anterior. Su suerte en la Cámara depende de los votos del PDG.
Se trata de tres delincuentes venezolanos que operaban en La Serena, quienes se vieron favorecidos sin un rechazo inicial por parte del ministro y sin que el Gobierno de José Antonio Kast haya intentado una expulsión, pese a que al momento de los decretos —firmados también por Luis Silva— ya estaban reestablecidas las relaciones diplomáticas con Venezuela.
Interferencia accedió a decretos que muestran que, entre marzo y mayo, Justicia rechazó al menos cinco rebajas de condena a violadores de menores por delitos anteriores a 2022, dos firmadas por Fernando Rabat. Desde el 16 de junio las concede, alegando que la ley no le deja opción.
Lula da Silva ganó su cuarto mandato con el 51,79% de los votos tras una remontada que ninguna encuesta anticipó. Flávio Bolsonaro, que había quedado primero en la primera vuelta, anunció el domingo que pediría anular la elección y este lunes ya hablaba de anular solo la candidatura de Lula. Su argumento, la extensión de dos horas de la votación, choca con los registros del TSE, y los propios ministros de las cortes descartan una nulidad. Donald Trump, en tanto, habló de otra elección “manipulada”, mientras la región se reparte entre felicitaciones y silencios.
¿Debemos aceptar que la Libertadores se transforme en una competencia en la que los brasileños disputan el campeonato y los demás intentan sorprenderlos? ¿Dónde una vez por década aparezca un Estudiantes de la Plata especialmente motivado y afortunado? ¿Hay espacio para construir una alternativa o estamos condenados a administrar nuestras propias limitaciones?
Lula da Silva derrotó en la segunda vuelta a Flávio Bolsonaro, heredero de un clan cuyo patriarca fue condenado por intentar un golpe de Estado. Con más de cuatro millones de votos de diferencia, se convierte en el primer presidente brasileño con un cuarto mandato.
Tras doce años de dominio autoritario y hegemonía sobre las instituciones estatales, el mandatario Aleksandar Vučić debió admitir la derrota de su partido en las elecciones legislativas anticipadas. La victoria del bloque liderado por la juventud universitaria pone fin a una era de control mediático y concentración del poder en Belgrado.
El tribunal de Delaware cerró el Capítulo 11 de Corp Group Banking, sociedad con que Álvaro Saieh participaba en el banco Itaú Corpbanca, sin reservar fondos para pagar al Servicio de Impuestos Internos, que en diciembre de 2025 liquidó $8.747 millones por operaciones del propio plan de quiebra. Según los abogados de CGB, se impugnó la liquidación y la diferencia en discusión sería de $151 millones.
La revelación de Interferencia sobre los 56 decretos que rebajaron condenas a violadores y abusadores de menores desató una inédita fractura entre la UDI, Evópoli y el Partido Republicano. Pese al reciente control de daños intentado por Arturo Squella y Hernán Larraín para aplacar la crisis, el presidente se mantiene en mutismo mientras la oposición alista una acusación constitucional contra el ministro de Justicia.
