INTERFERENCIA conversó con Murillo respecto de los efectos de las cuarentenas en materia de abusos sexuales, pero también respecto de las confianzas y desconfianzas que han emergido entre el estallido social y el coronavirus. 

Un sismo de magnitud 9,5 en Valdivia, el mayor de la historia desde que existen mediciones, sacudió a la zona sur del país el 22 de mayo de 1960, precedido por otro fuerte movimiento en Concepción el día 21, dejando cientos de muertos, miles de familias sin casa y cuantiosas pérdidas en todo el país.

La movilización ciudadana en la ciudad semi-autónoma se reactivó luego de que el gobierno chino propusiera una nueva ley de seguridad nacional que busca perseguir “la traición, la secesión, la sedición y la subversión”.

El mayorista Alvi, parte del holding SMU del empresario -cuyas últimas jornadas han ido al alza en la Bolsa de Comercio- recibió una orden de compra para adquirir 50 mil de estas canastas por 1.700 millones de pesos.

A los despidos y reducciones de personal mediante planes de retiro producto de la situación económica en medio de la crisis sanitaria, se suma la posibilidad de que esos puestos de trabajo ya no vuelvan a estar disponibles en el futuro. Las oficinas serán cada día menos usadas y la industria inmobiliaria ya comienza a sentir el efecto del teletrabajo.

El 14 de mayo la Conadi -dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que dirige Sebastián Sichel- publicó el resultado de un concurso  de subsidio de tierras indígenas, documento que ya no está disponible en el sitio web. En breve lapso, una influyente agrupación regional de derecha enfocada en seguridad se quejó públicamente por el beneficio a Troncoso, quien recibió en 2001 condena por Ley Antiterrorista en un proceso objetado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Dos sociedades con escasa trayectoria en compras públicas fueron las que recibieron las primeras dos órdenes de compra por parte de la Intendencia Metropolitana para canastas alimentarias de Covid-19. En total, las adquisiciones suman 14.000 millones de pesos, pero están aún muy lejos de las 2,5 millones de cajas prometidas.

El dilema de fondo es cuánto poder de decisión debería recaer en los representantes estatales.

Además otros beneficios acordados entre el gobierno y las empresas de servicios han recibido críticas ciudadanas pues hay atascos en el trámite para acceder a ellos.

En conversación con INTERFERENCIA, la dirigente se refirió a la falta de información respecto al contenido de estas cajas, algunas medidas complementarias como la estabilización de precios, los factores culturales a considerar en la entrega de alimentos y la relación entre pobreza y obesidad, a propósito de las burlas de algunos sectores por el sobrepeso en manifestantes de comunas segregadas.

El anuncio sin sustento inmediato de la entrega de cajas de mercadería a sectores vulnerables de Santiago para enfrentar la cuarentena revivió los ánimos de protesta en Santiago. El hambre, el miedo a la enfermedad que comienza a cobrar vidas de vecinos y familiares, y la indignación por el manejo sanitario y social del gobierno componen un cóctel explosivo que recuerda el 18-O.

A pesar de haber dicho en el mismo discurso en cadena nacional estar preparándose desde diciembre para el coronavirus e insistir en retorno seguro, el mandatario confesó que Chile y sus redes asistenciales no están preparadas para lo que viene.  

En esta segunda entrega abordamos el perfil del actual alcalde de la capital de La Araucanía, un pinochetista que gobierna la ciudad desde 2008. Su mandato ha estado marcado por fuertes medidas represivas, entre las que se encuentra prohibir el comercio de las hortaliceras mapuche, y polémicas por eventuales faltas a la probidad.  

En esta serie abordamos el perfil de la familia que lleva años a cargo de la alcaldía de Temuco. Primero fue Germán Becker Bäechler, electo en dos ocasiones en la década de los 60’ y designado alcalde tras del golpe de Estado de 1973. Hoy, su hijo, Miguel Becker Alvear, desde 2008 es apoyado por la derecha que triunfa en la ciudad. Aquí la primera parte de la familia de descendientes alemanes y en conflicto permanente con comunidades mapuche.

En medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2 y pese a las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la revuelta social de octubre a marzo, la Policía de Chile (Carabineros) desembolsó más de 15 millones de dólares en la compra y reparación de vehículos blindados antidisturbios.

Los resultados de una licitación llevada a cabo el segundo semestre de 2019 no dejaron satisfecho a uno de los competidores, la empresa Leonardo, cuya propuesta se declaró inadmisible. Ante este escenario presentaron un reclamo a la autoridad naval, diciendo que los helicópteros comercializados por Airbus, el ganador, tenían sobreprecio, cosa que esta última compañía descartó.

El martes pasado el gobierno ingresó una iniciativa que podría transformar de raíz el Tratado de Roma y el compromiso de Chile con la Corte Penal Internacional. Una de sus principales modificaciones es que quedaría en manos de autoridades políticas decidir el accionar en Chile de ese tribunal internacional. Ello ocurre cuando en La Haya avanza lentamente una acusación en contra de Piñera y otros altos funcionarios por supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.

Con un costo operacional anual de $ 597 millones, el centro llamado Santiago Ciudad Inteligente -conocido como Panóptico- pretende mejorar el flujo de datos en transporte y medioambiente. Pero el foco está en seguridad y monitoreo de "incivilidades" con cámaras públicas y privadas, Waze y Sosafe, arroja dudas sobre su utilización, en un país en el que todavía late el estallido social iniciado el 18 de octubre.