Los apremios ilegítimos sufridos por Cristina Ruíz, dirigenta de Mujeres en Zonas de Sacrificio

La siguiente entrega narra una historia de Ventanas que es acompañada por una serie de fotografías, dibujos e imágenes que no son referenciales al caso, pero que dan cuenta de la atmósfera en que se vive en una zona de sacrificio.

Durante las movilizaciones para enfrentar la crisis ambiental que sacudió a las comunas de Puchuncaví y Quintero durante agosto y septiembre de 2018, Cristina Ruiz, dirigente de Mujeres en Zona de Sacrificio denuncia que fue obligada a desnudarse en el patio interior de la comisaría de Carabineros de Ventanas. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el hecho no es un caso aislado en la región. 

Texto: Pedro Pablo Ramírez / Fotografías: Equipo Migrar Photo - Estudiantes Residencia en Zona de Sacrificio

Cristina Ruíz había salido a encontrar al repartidor de sushi cuando vio las chimeneas de las industrias funcionando a toda máquina. Se indignó, no había pasado ni un mes desde su primera intoxicación y decidió ir a buscar su celular para registrar lo que estaba observando. Caminó un par de cuadras y se encontró con el retén de Ventanas completamente sitiado por las Fuerzas Especiales de Carabineros. Los mismos que también hacían de punto fijo en la entrada al sector desde La Greda. 

Eran las 20:35 del 14 de septiembre de 2018 y lo sabe porque a esa hora llegaron las fotos que le envió por Whatsapp a su amiga, Katta Alonso, con quien milita al interior de Mujeres en Zona de Sacrificio. Fue la última persona con quien se comunicó antes de que la detuvieran. Juntas llevaban días movilizadas con una decena de otras mujeres que viven entre Horcón y Ritoque.  

Por esos días la zona estaba convulsionada, semanas atrás, el martes 21 de agosto, 71 personas presentaron síntomas de intoxicación por inhalación en los centros asistenciales de las comunas de Quintero y Puchuncaví, donde se ubica Ventanas. La mayoría de los afectados eran niñas y niños de la Escuela Básica La Greda, hoy clausurada tras la repetición de estos episodios.

Después de mandar las fotos, Cristina Ruíz comenzó a grabar un video. “En ese momento yo me di cuenta de que estábamos militarizados”, reflexiona. Mientras registraba su barrio, vio llegar en un auto a la esposa de uno de los policías con su hija recién nacida. “Yo en ese instante pensaba en cómo podía exponer a su chiquita de esa forma, sabiendo lo que estaba pasando”, se cuestiona. 

Ruíz continuó con la grabación y enfilo hacia uno de los locales de comida china del sector. De allí salieron dos carabineras cargando bolsas hacia el retén, cuando las detuvo uno de los efectivos de Fuerzas Especiales. 

“Mira, ellos se persiguieron solos, porque yo estaba grabando la zona, pero no estaba haciendo nada malo. Todos me conocen acá, los carabineros de la zona igual, la semana pasada les había pedido autorización para una actividad y ningún problema”, dice Ruíz. 

Como había salido sin carnet, solo con su celular y dos mil pesos para comprar una cajetilla de cigarros, el control de identidad se complicó. “Yo me cagué sola porque me ofrecí voluntariamente para ir al retén, si nunca he hecho nada malo, fui confiada”, recuerda.

Al interior del recinto, la máquina de identificación dactilar no funcionaba y el efectivo de fuerzas especiales que la estaba controlando comenzó a enojarse, le tomó la mano y ella le pidió que no la tocará. 

“Cuando le saqué la mano de encima me sintió olor a marihuana”, explica Ruíz, moviendo la cabeza de un lado a otro. “Hueóna po, antes de pedir sushi había fumando un poco. Tengo epilepsia desde los seis meses y realmente es lo que más me ayuda a tratarla, por eso creo que no hice nada malo, acá todos saben que soy una buena vecina y realmente no tengo nada que esconder”.

Inmediatamente le preguntaron si estaba portando algo más y Cristina recordó que en un bolsillo tenía un papel con un poco de marihuana. “No alcanzaban a ser 0,3 gramos, pero ellos me pasaron por 3, no es cierto y yo se los dije muchas veces. Estoy tranquila, porque sé muy bien lo que llevaba”.  

Desde ese día las cosas cambiaron para ella y su hija de 25 años que tiene síndrome de down, Millaray, quien también se considera vocera y dirigente de Mujeres en Zona de Sacrificio. “Ellos la desnudaron”, repite interrumpiendo la conversación, mientras su madre la tranquiliza con amabilidad. 

“Esto es lo más complicado. Esto sí que es del terror”, se angustia Ruíz. “Me hicieron pasar a un patio interior y dos carabineras me desnudaron, no puedo contar más, pero eso es humillante. Después me tiraron a un calabozo y me iban a ver a cada rato, me decían que si seguía hueviando, grabando, iban a ir a mi casa a sacarle fotos a mi hija”. 

De acuerdo a su testimonio, Cristina firmó cuanto papel le pusieron enfrente con tal de ir a ver a su hija lo antes posible. No tenía ni luz para leer y miró de frente a la carabinera que le sostenía las documentaciones: “Tú vas a quedar de testigo de fe, porque sabes que yo no tenía lo que dicen que tenía, ustedes tendrán que probarlo”, le lanzó a la funcionaria.

Ya estaba entrada la madrugada cuando salió en libertad. Afuera la esperaban dos vecinas que viven al lado de retén. Una de ellas había visto desde su negocio cómo la ingresaban detenida. Llamó a su amiga, la de la comida china y fueron a preguntar por Cristina. Ingresaron por separado y pidieron verla, llevarle un té y abrigo, pero les negaron todo tipo de contacto e información. 

Curiosamente, la vecina del negocio que se dio cuenta de la detención, semanas antes había atendido a Ruíoz. "Déjense de hueviar para que en el verano no bajen los turistas, no empiecen con sus cosas”, le dijo medio en serio, medio en broma. “Esto pasa, es normal acá”, explica la dirigente y agrega: “la gente es incrédula, pero después ellas mismos se dan cuenta de cómo funcionan las cosas, también sienten los mareos y los dolores de cabeza. Una amiga de acá enfrente no duerme hace días por insomnio y obvio que tiene que ver la situación en la que vivimos”. 

Afectada por la detención, Ruíz no quiso volver a visitar la comisaría, ni al juzgado. “Yo le pasé mis antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos, ahora investigando nos dimos cuenta que estoy con orden de arresto, por no presentarme al juzgado. No había recibido nada, pero yo no voy a ni un lugar si no es con el INDH, yo no puedo”. 

Fernando Martínez, jefe del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Región de Valparaíso confirma que recibieron el caso de Cristina Ruíz. En este tipo de situaciones, el protocolo indica que si la persona se encuentra detenida, se pone un recurso de amparo, y  si ya está en libertad, una querella por torturas, siempre y cuando tengan pruebas suficientes para sostener legalmente la acusación. 

“En el caso de Cristina no teníamos las pruebas suficientes. No teníamos una pericia, un video o un testigo, por tanto no podíamos seguir la vía de la querella, y como ya estaba en libertad, no tenía sentido poner el recurso. También revisamos su causa en el Juzgado de Garantía y la detención fue considerada legal, entonces no teníamos mucho margen”, explica Martínez. 

De todas formas, el jefe regional del INDH enfatiza en que es importante entender que la denuncia de Cristina no es desacreditable: “Nosotros recogemos todas los testimonios que nos llegan desde que abrimos la oficina regional en 2015, y podemos decir que el relato de Cristina es verosímil y es coherente con otras denuncias que hemos recibido, un número considerable de personas nos han denunciado que las obligan a desnudarse durante las detenciones, no es un patrón habitual, pero es una práctica que persiste”.

Sin ir muy lejos en el tiempo, el 16 de abril de este año, el INDH ganó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso por el desnudamiento de estudiantes en el contexto del desalojo de la Facultad de Artes y de la Casa Central de la Universidad de Playa Ancha llevado a cabo la madrugada del 18 de marzo durante las tomas feministas.

En el fallo, la Corte de Apelaciones constató que “frente a las denuncias realizadas por parte de las detenidas, la naturaleza de los hechos, las circunstancias de la detención, sus causas y las supuesta falta cometida, no resultaba razonable someter a las afectadas al registro del que fueron objeto y en la forma en que ello aconteció, sin que se advierta un racional motivo para disponer que ellas se desnudaran y agacharan”.

“Bueno, por algo somos mujeres en resistencia”, bromea entre la desgracia Cristina. Desde que el 23 de agosto del año pasado se intoxicó en la segunda ola de afectados sus preocupaciones aumentaron. “Intoxicación”, se lee en el parte médico, junto a nota que dice: “Se administra paracetamol con leve resultado”. 

“Así nos tienen, pero para nosotros este es un palacio y existen cosas mucho más importantes, mucho más bellas y las vamos a proteger, aunque uno ahora camine con preocupación, aunque sintamos que nos quiebren un poco la libertad, pero ya tengo 48 años y no estamos solas”, reflexiona un tanto nostálgica, pero se incorpora rápidamente para fumar y echarse a reír. 

Las fotografías y la investigación son el resultado del taller de narrativas visuales, dictado por la fotógrafa, Isadora Romero, quien ya había sido entrevistada por INTERFERENCIA, dentro del marco de la Residencia Fotográfica en Zona de Sacrificio, organizada por el colectivo Migrar: 

Equipo Migrar: Eric Allende, Alfonso González, Diego Figueroa, Paz Olivares y Paolo Rodríguez. 

Estudiantes Residencia:  H. C, Camila Pérez Soto, Agustino Mercado, Dominique Parcis, Felipe Soto Romero, Pedro Mora Sánchez, Ana Opazo Quiroz, Fernando y Cristóbal Saavedra. 

Tutora: Isadora Romero.

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