Política
Entre el diputado UDI Juan Antonio Coloma y el columnista Patricio Navia, expusieron la identidad de la persona detrás del popular personaje que busca llevar la Contraloría a la gente. Un crecimiento explosivo del corpóreo en redes sociales y un contenido que suele aproblemar a la autoridad están en la raíz de este ataque.
En este pasaje de Con viento a favor. Del Frente Popular a la Unidad Popular de LOM Ediciones, Jorge Arrate, ex ministro y ex candidato presidencial, recuerda los momentos posteriores a la victoria electoral de Salvador Allende en 1970 y las conversaciones que sostuvo con Eduardo Frei Montalva y otros democratacristianos.
En este pasaje de Con viento a favor. Del Frente Popular a la Unidad Popular de LOM Ediciones, Jorge Arrata, ex ministro y ex candidato presidencial, recuerda la oposición interna que tuvo que sortear Salvador Allende en 1970 cuando todavía no era el candidato indiscutido de la Unidad Popular y otros acontecimientos que rodearon los dramáticos comicios de aquel año.
Javier Monzón, presidente de ese grupo medial, también es dueño –junto a su esposa- del 50% de la empresa Alto Data Analytics. Prisa tiene en Chile una poderosa cadena de radios y es dueña de Santillana, la editorial con más contratos estatales en la industria de los textos escolares. Monzón y Andrónico Luksic comparten membresía en el consejo internacional del centro de estudios estadounidense Brookings Institution.
Mientras que la Superintendencia de Salud informa que el doctor Luis Carrasco Ruiz obtuvo su certificado de especialista en cirugía general por parte de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), a esta última entidad no le consta haber emitido dicho documento. INTERFERENCIA solicitó el título al médico en cuestión para zanjar la duda, pero este no quiso entregarlo.
Senado aprobó que las FF.AA. puedan proteger infraestructura crítica sin decretar estados de excepción–y sin determinar qué instalaciones son críticas- otorgando poderes presidenciales que erosionan libertades democráticas. Falta que vote la Cámara de Diputados.
El hundimiento de la confianza en las instituciones es completo, lo que demuestra que sus líderes no supieron interpretar uno de los días clave de la historia de este estallido y del país: el viernes 25 de octubre, cuando un millón 200 mil personas solo en Santiago -y muchas personas en cada ciudad con más de 50.000 habitantes- exigieron un completo giro de timón y cambio de timonel, y no las soluciones políticas de compromiso hasta ahora obtenidas.
En 1978 el entonces coronel Carlos Martínez Aguirre fue condenado por percibir fondos correspondientes al arrendamiento de maquinarias de la institución, utilizar 25 vigas de madera provenientes de la Comandancia para construir su casa y obtener dinero de cuentas a rendir de la Tesorería para su beneficio personal. A pesar de esto, fue absuelto el mismo año y se le aplicó -sin justificación- la Ley de Amnistía.
El partido apoya la idea de que exista una lista exclusiva para personas sin militancia e invita a independientes dentro de su lista, pero con la condición de que se acomoden a su tradición. Un escenario líquido y potencialmente explosivo para los intereses electorales de la colectividad más compleja del progresismo.
Verisk Maplecroft, una empresa británica con presencia en los cinco continentes, analizó las manifestaciones en todo el mundo e incluyó a Chile y a Hong Kong entre los países más riesgosos. La firma llama la atención sobre la represión policial frente a las manifestaciones, la que puede poner en riesgo a los empleados de las firmas internacionales avencidadas en el país.
El presidente Sebastián Piñera alcanzó un mínimo histórico de aprobación de un 6%, mientras que la confianza de los encuestados en los partidos políticos y el Congreso también arrojó mínimos contundentes. La crisis es total, y ya surgen voces que piden adelanto de las elecciones generales.
Los colaboradores de al menos cinco senadores deberán declarar este mes sobre su papel en informes y asesorías pagados y que podrían haber sido copiados o falsificados.
Se trata de Mauricio Lob, gerente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones del grupo Quiñenco, ex director de la Secom y ex subsecretario en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Ambos estuvieron en la reunión en la que un miembro de la firma española Alto Data Analytics expuso a un grupo de más de 20 personas un análisis de inteligencia sobre la conducta en las redes sociales tras el estallido del 18 de octubre.
La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la expulsión de un estudiante, al igual que la semana antepasada lo hizo con una cancelación de matrícula del Instituto Nacional. El tribunal dijo que la medida carece de justificación seria y es arbitraria, ya que no hay pruebas que acrediten delitos de agresiones contra Carabineros. La Municipalidad avisó que recurrirá a la Corte Suprema.
El reporte anual 2019 de la ONG irlandesa Front Line Defenders, dedicada a proteger a activistas de derechos humanos, resalta el caso chileno, criticando que el Presidente hablara de una "guerra contra un enemigo implacable", facilitando de manera indirecta una potencial persecución contra organizaciones sociales.
Ex editor de Política y Reportajes asume como director de Comunicaciones de la Presidencia, un cargo nuevo que no existía. Esta posición puede entrar en colisión con la Secom que dirige un ex editor de La Tercera, Christian Rendic. Como sea, la historia reciente muestra que Piñera opta por periodistas del duopolio escrito para cargos clave en su gobierno.
Hace dos semanas La Tercera reveló que la empresa española Alto Data Analytics había elaborado ese reporte. Pero ¿quién lo mandató? El informe fue elaborado para Quiñenco y Rodrigo Hinzpeter traspasó la información al gobierno, según pudo establecer nuestro medio.
La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt –la misma que protagonizó un papelón en la COP 25 en Madrid- mantiene una piscina llena de agua en su residencia privada, pese a la campaña del gobierno por racionar ese recurso.
Aunque la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor del menor acusado de lanzar artefactos incendiarios, el alcalde Felipe Alessandri de Santiago apeló a la resolución y llevó el caso a una instancia superior. La defensa del alumno insiste en su inocencia, denunciando una política criminalizadora por parte de la municipalidad.
INTERFERENCIA conversó con dos historiadores expertos en historia contemporánea; Claudio Rolle y Alfredo Riquelme, para indagar en las lógicas de conflicto generacional que han aparecido a propósito de las protestas y el boicot a la PSU. Un evento histórico que tiene similitudes con el momento actual, y que paradojalmente llevó a la derrota electoral de la izquierda y reafirmó al presidente Charles de Gaulle en Francia.
Desde que una patrulla de Carabineros atropelló a un joven el martes pasado, en el contexto de las protestas contra la PSU, muchos vecinos de ese sector vertieron su ira contra la fuerza policial. La noche del viernes 10 de enero no fue la excepción, y tuvo la misma tónica que se han vivido durante estos días. A continuación, una crónica de lo vivido esas horas.
El Poder Ejecutivo, dirigido por Sebastián Piñera, ha tenido el peor inicio de año de un mandato posdictadura, esto por la acción de los estudiantes secundarios. El abuelo de la dirigenta de la Aces, Ayelén Salgado, fue asesinado por Carabineros en 1977 y 42 años después ella es perseguida por el gobierno por haber llamado a boicotear la PSU. Su mensaje es claro: no se siente intimidada.
Este doctor en ciencias sociales analiza la teoría de los dos demonios aplicada a lo que ocurrió en las dictaduras latinoamericanas y a las protestas sociales ocurridas recientemente en Chile, en la cual los abusadores que tienen el monopolio de la fuerza buscan hacer equivalentes sus transgresiones con las de los abusados.
Alicia Rosende del 8º Juzgado de Garantía de Santiago interpeló a un joven acusado de realizar barricadas durante rendición de PSU diciendo que “es realmente una vergüenza”. La jueza no tuvo la misma actitud a la hora de rebajar las medidas cautelares y tomar otras medidas procesales en favor de políticos involucrados en casos de financiamiento ilegal.
El 30 de diciembre salió una orden de compra a favor de Hopin Chile SpA, empresa propiedad de una matriz homónima registrada en California a la cual continúa vinculado el hijo del Presidente, según los registros públicos de esa jurisdicción estadounidense. La adquisición fue por un chatbot que responde consultas de los usuarios que ingresan al Servicio Electoral, una herramienta que ya prestaba al organismo público en 2019, pero que ahora se renovó por 12 meses más.
La frase más viralizada fueron las supuestas felicitaciones que abundarían en el Compín, lo que produjo carcajadas espontáneas en la sala del Congreso. Pero hubo otras afirmaciones suyas que no generan risa.
INTERFERENCIA conversó con este asesor presidencial de desarrollo urbano y parte del comité del plan de reconstrucción, quien adelantó algunos de sus lineamientos. El urbanista manifestó que la reconstrucción del sector de Plaza Italia no debe ignorar los hitos que se desarrollaron tras el 18 de octubre y que el nombre oficial de la ahora llamada Plaza de la Dignidad debe decidirse participativamente, así como deben conservarse las esculturas en madera de los pueblos originarios.
Finalmente el boicot de los secundarios a la PSU implicó a 150 establecimientos (20%) y la suspensión completa de la PSU de Historia. INTERFERENCIA hizo un recorrido de sur a norte por la capital, observando las diferencias en las vivencias sociales frente al mismo evento. Por su parte, la ministra Marcela Cubillos, apareció finalmente, para responsabilizar al Demre.
El movimiento de los estudiantes secundarios ayer se centró en comunas como Puente Alto, Coronel, San Bernardo, Valparaíso, Cañete y Calama. Hoy podría potenciarse.
Aunque la nueva ley le quitaría a los médicos la potestad de prescribir medicamentos por marca comercial, que ha sido parte del poderoso lobby de los laboratorios, algunos advierten que el poder que se le daría a las farmacias podría dar paso a otra mala práctica: que los profesionales de estas cadenas, repudiadas por sus prácticas de colusión, decidan qué recetar.
