Política
El Ejecutivo patrocinará con discusión inmediata el proyecto que elimina las rebajas de condena, mientras el ministro ordena un sumario por la filtración de decretos que aún no entrega. La Comisión de Constitución no lo invitó a la sesión del miércoles.
El vocero de Gobierno descartó un cambio de gabinete y reafirmó que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuenta con el respaldo del Presidente José Antonio Kast, pese a los cuestionamientos por las rebajas de condena. Además, anunció discusión inmediata a proyecto de ley para derogar situación “de raíz”.
Edixon Escobar García fue condenado en 2021 a ser expulsado del país tras ingresar por un paso no habilitado con 27 kilos de droga, pero en 2023 seguía en Chile. Formalizado por homicidio, la justicia lo envió a cumplir su pena en la cárcel. En abril obtuvo seis meses de rebaja del Ministerio de Justicia de Kast, pese a que se le negó la libertad condicional y había sido sancionado por desórdenes al interior del penal. El 30 de octubre quedó nuevamente en prisión preventiva por tráfico.
Tras la revelación de Interferencia sobre rebajas a narcotraficantes, Rabat suma una investigación penal y una acusación constitucional anunciada. Kast, desde Madrid, volvió a descartar cambios en su gabinete.
Al menos 13 extranjeros condenados por tráfico, detenidos en distintos puntos de la frontera norte, recibieron reducciones de pena del Ministerio de Justicia de Kast. Entre ellos están un “punta de lanza” de una operación que movía una tonelada de droga, un colombiano con libertad condicional negada por unanimidad y un venezolano detenido con 32 kilos de ketamina, una granada y pistolas. Ningún decreto se opuso al beneficio.
La Prensa Austral identificó a un hombre condenado a 15 años y un día por violar y abusar sexualmente de una niña durante ocho años entre los beneficiados por las rebajas de condena que reveló Interferencia. El decreto, firmado por el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, le restó 18 meses de cárcel y le permitió salir en septiembre, pese a que Gendarmería lo había evaluado con un riesgo alto de reincidencia. El caso desató críticas transversales en la región.
Desde Europa, Kast asumió la responsabilidad política por las rebajas de condena y desafió a la oposición a acusar a Rabat, en una apuesta que arriesga su propia autoridad.
Con triunfos en bastiones republicanos como Texas, Kansas y Carolina del Sur, la oposición se quedó con ambas cámaras del Congreso en una noche de hitos históricos. El mandatario estadounidense aseguró que acepta los resultados, aunque sostuvo que su partido habría arrasado si su nombre hubiera estado en la papeleta.
Entre los decretos que conceden rebajas de condena citando la Ley 21.421 a los que ha accedido Interferencia, 15 corresponden a personas presas en cárceles de la Región de Valparaíso, la que más casos suma entre los documentos revisados por este medio. La postura de la totalidad de los parlamentarios de los distritos 6 y 7 ante una eventual acusación contra el ministro todavía no es unánime.
Con 26% de aprobación y un 70% cuestionando la continuidad de Rabat, Kast se va a Europa mientras la oposición prepara el libelo, el PDG se divide y en el oficialismo crece la idea de que el ministro dé un paso al costado.
El ministro dijo a la Cámara que su cartera solo firma lo que deciden las comisiones. Documentos revisados por Interferencia muestran que su ministerio aprobó 11 rebajas que sus oficinas regionales advertían que la ley podía impedir, dos de ellas por la norma contra agresores sexuales, y negó otras 22 que esas oficinas daban por buenas.
Luego de que Interferencia reveló las rebajas de condenas a delincuentes que abusaron sexualmente de menores de edad, la polémica suma a su primer caído: Luis Silva, quien hasta este viernes se desempeñó como subsecretario de Justicia. Con una investigación penal abierta y una acusación constitucional en camino, el titular de la cartera queda como el siguiente blanco.
Se trata de Ignacio Abarca Rathgeb, quien dirige el Departamento de Reinserción Social Adultos. En 2016 fue formalizado por emitir boletas ideológicamente falsas a SQM y aceptó pagar $388 mil por una suspensión condicional del procedimiento. Fue además, administrador de campaña de Marcela Cubillos.
La oposición anunció la primera acusación constitucional contra un ministro de Kast, y Republicanos y UDI la tildan de politiquería e instrumentalización, mientras apuntan a las rebajas del gobierno anterior. Su suerte en la Cámara depende de los votos del PDG.
Se trata de tres delincuentes venezolanos que operaban en La Serena, quienes se vieron favorecidos sin un rechazo inicial por parte del ministro y sin que el Gobierno de José Antonio Kast haya intentado una expulsión, pese a que al momento de los decretos —firmados también por Luis Silva— ya estaban reestablecidas las relaciones diplomáticas con Venezuela.
Interferencia accedió a decretos que muestran que, entre marzo y mayo, Justicia rechazó al menos cinco rebajas de condena a violadores de menores por delitos anteriores a 2022, dos firmadas por Fernando Rabat. Desde el 16 de junio las concede, alegando que la ley no le deja opción.
Tras doce años de dominio autoritario y hegemonía sobre las instituciones estatales, el mandatario Aleksandar Vučić debió admitir la derrota de su partido en las elecciones legislativas anticipadas. La victoria del bloque liderado por la juventud universitaria pone fin a una era de control mediático y concentración del poder en Belgrado.
Los sondeos de Datafolha y CNT/MDA sitúan al candidato del Partido Liberal con una mínima ventaja sobre el actual mandatario, dentro del margen de error estadístico. En una votación decisiva para el gigante sudamericano, el electorado llega profundamente polarizado y sin un favorito claro para la segunda vuelta.
La revelación de Interferencia sobre los 56 decretos que rebajaron condenas a violadores y abusadores de menores desató una inédita fractura entre la UDI, Evópoli y el Partido Republicano. Pese al reciente control de daños intentado por Arturo Squella y Hernán Larraín para aplacar la crisis, el presidente se mantiene en mutismo mientras la oposición alista una acusación constitucional contra el ministro de Justicia.
Interferencia accedió por distintas fuentes a varios de los 56 decretos con que el gobierno de José Antonio Kast ha rebajado las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Entre ellos, están los casos de Waldo Gómez y Héctor Orellana.
La presidenta del máximo tribunal afirmó que fue el ministro de Justicia quien dictó los decretos, mientras el oficialismo abrió un nuevo flanco al solicitar que se reviertan los beneficios. Las explicaciones del secretario de Estado sobre una supuesta doctrina judicial también han sido cuestionadas en medio de la controversia.
En dos informes a la Corte de Apelaciones, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, sostiene que el Ministerio no podía negar la rebaja a dos condenados por secuestros calificados en 1987. Los tribunales han rechazado hasta ahora sus recursos.
Los comicios brasileños pueden marcar el rumbo de la transición energética latinoamericana con el impulso de un modelo que prioriza el extractivismo y las inversiones sobre la justicia climática.
En marzo, el Presidente Kast había confirmado que aplicaría indultos y no descartó beneficiar a condenados por derechos humanos. Aunque las rebajas de condena son distintas de los indultos, las decisiones abren interrogantes sobre los criterios aplicados por el Ministerio de Justicia.
Tras la revelación de Interferencia sobre 56 rebajas de condena a condenados por abuso sexual y violación de menores, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial quedaron cruzados. El ministro Fernando Rabat sostiene que solo cumple fallos de la Corte Suprema, la presidenta del tribunal, Gloria Ana Chevesich, dice no tener información y el Congreso prepara una sesión especial.
De los decretos, 27 son por abuso sexual de menores y 29 por violación. En promedio, el ministerio firmó uno cada tres días, sin vía judicial de por medio, y solo rechazó una solicitud.
Entre enero y septiembre, el Fondo E acumuló una caída de 10,4%, el peor tramo del multifondo más conservador desde su creación. Las AFP sostienen que no hay pérdidas sino variaciones de valorización, mientras en el Congreso llegan los oficios y en los tribunales los primeros recursos contra AFP Capital y AFP Uno.
Marcando el séptimo aniversario del estallido social, ciudadanos tomaron las calles en una marcha no autorizada por la Alameda, donde encontraron la represión de Carabineros. Aquí una selección de las imágenes capturadas durante la jornada.
Este domingo se cumplen siete años del inicio del estallido social, en la primera conmemoración bajo el gobierno de José Antonio Kast. Más que una convocatoria única, el aniversario llega con un mosaico de llamados: una marcha en Plaza Baquedano, una concentración sindical en la Alameda y un encuentro de secundarios en San Miguel. Las organizaciones plantean recuperar la experiencia territorial de 2019, mientras la CUT se desmarca y las encuestas muestran un rechazo creciente al estallido.
Al menos siete de los nueve estados amazónicos quedarán en manos de aliados de Flávio Bolsonaro, lo que preocupa a especialistas ambientales de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre.
