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La DGA fiscalizó diversos puntos del río Mapocho y sus afluentes en junio de 2025, luego de una denuncia por contaminación. Lo que encontró fueron altos y peligrosos niveles de cobre, manganeso y arsénico, y sugirió que esta contaminación podría provenir del tranque de relaves Pérez Caldera, propiedad de Anglo American. La empresa indica que no han tenido “ningún incidente operacional que pueda haber tenido impacto en la calidad y el color del agua del río”.
En su declaración para la trama bielorrusa, el conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, afirma que un “colega y amigo” rechazó representar al Consorcio Belaz Movitec en su disputa contra Codelco: “Estaban dispuestos a pagar lo que fuera necesario por ganar ese juicio”. Tras ser rechazados por ese estudio jurídico, llegaron hasta Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes habrían formado parte del esquema de lavado de activos y coimas para ex suprema Vivanco.
Fiscalía investiga al círculo cercano de Ángela Vivanco, a su esposo Gonzalo Migueles y a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, por el posible pago de $57 millones en coimas por fallos favorables en la Corte Suprema. El consorcio está encabezado por Movitec, de las familias chilenas Duch León y Sekul Camus, y la estatal bielorrusa Belaz.
Ocho ex gerentes presentaron una querella contra Corona por retener y desviar el pago del Formulario 29, donde se incluye el IVA e impuesto a la renta, hacia otros gastos durante la quiebra de la tienda. Fuentes al tanto aseguran que podrían ser hasta 100 trabajadores afectados, quienes tendrán que dar explicaciones al SII en la Operación Renta 2026.
Hace un año, Inmobiliaria Los Mogotes se querelló contra MásAval SGR, empresa ligada a Sebastián Piñera Morel hasta 2018, por usura en el cobro de intereses para una garantía de un crédito de $1.300 millones. Ahora amplían el delito a estafa, denunciando un esquema con que MásAval gestionó la entrega de créditos directamente con sociedades relacionadas, actividad prohibida por ley.
La viña reconoció la adulteración, por lo que el SAG suspendió su autorización de exportación y presentó una querella contra quienes resulten responsables de haber modificado el documento.
“La necesidad de contar con una ley que establezca la receta médica electrónica como norma general en Chile se vuelve cada día más evidente. En un escenario donde los documentos médicos en papel aún están vigentes, el sistema enfrenta importantes vulnerabilidades: falsificación, suplantación de identidad y uso indebido de documentos”, aseguran desde Recemed, startup que acaba de lanzar una funcionalidad que permitirá a los médicos emitir prescripciones virtuales a través de WhatsApp con un asistente de inteligencia artificial.
Las críticas no tardaron en llegar luego del veredicto del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Carlos Gajardo, ex persecutor quien estuvo involucrado en esta causa en sus comienzos, señaló que esto es “sin duda, la mayor derrota que ha tenido la Fiscalía en la historia de la reforma procesal penal”.
El funcionario Richard Wittig Parraguez posee un alto cargo en la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), con un sueldo superior a los $5 millones mensuales. Pero al mismo tiempo, según escrituras de 2020, participa junto a su esposa en una sociedad, Duaotec SpA, que ha tenido ventas con el Estado entre 2024 y 2025. La CAPJ informó que existe una investigación disciplinaria abierta.
Chile Big Technologies es la probable ganadora de un contrato por 64 mil millones por tobilleras. Según un reporte de la compañía, en 6 meses perdió 28 millones de libras a causa de un litigio con su ex CEO, proceso que reconocen “no lograrán enfrentar con éxito”. También perdieron un contrato en Colombia por indicios de corrupción.
En enero de 2024, la Subsecretaría de Derechos Humanos contrató vía trato directo a la empresa Unholster por más de $619 millones, para elaborar una plataforma informática que ayudara al Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia. Unos meses después, el observatorio de ChileCompra cuestionó esta adquisición, diciendo que la situación “podría implicar una transgresión a la normativa de compras públicas”. La información fue derivada a Contraloría.
En 2022 el principal asesor económico de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, y sus socios pusieron en marcha el proyecto Sierra Atacama en Antofagasta, durante el peak del precio del cobre. Dos años después, quedaron al borde de la quiebra con deudas por $70.000 millones. La aventura acabó en 2024, cuando los compró Salar Blanco.
Subsecretario Víctor Orellana y rector Rodrigo Vidal favorecieron la compra del quebrado instituto pese a advertencia de riesgo patrimonial. USACH desestima los temores.
El 12° Juzgado Civil de Santiago admitió a trámite una demanda de una ex trabajadora que busca aplazar el cierre de Santiago 2023 ante el no pago de deudas laborales. La entidad podría disolverse en noviembre, recibiendo las propiedades de los Panamericanos pero dejando en vilo el pago de millones en deudas. “Se sabía que esto iba a ocurrir”, dice Harold Mayne-Nicholls en una de las últimas asambleas de directorio que fue censurada completamente por la corporación.
El tribunal no aceptó la solicitud de la empresa querellante Pegasus de reabrir la investigación contra la ex subsecretaria Katherine Martorell, y Fiscalía decidió no perseverar en la indagatoria.
La demanda del ex subgerente de Auditoría Interna buscaba declarar la unidad económica de las sociedades del holding periodístico de Saieh. Sin embargo, llegó a conciliación y los abogados del diario solicitaron la reserva de la causa. Esta acción sigue la línea de otras demandas de altos gerentes de Copesa, quienes acusan que las utilidades de La Tercera se están transfiriendo a otra sociedad económicamente sana.
A mediados de septiembre de este año, la Policía de Investigaciones (PDI) decidió dar de baja al proveedor que mantenía el sistema de control migratorio en Chile. Este registro es fundamental para tener datos migratorios. El contrato estipulado con las empresas Asesorías Tecnológicas Beacon 42 e Inversiones y Asesorías Tecnológicas Beacon 42 S.A. era de $317 millones, pero fue incumplido según la PDI.
Hace un año se detuvo a personas vinculadas a salas de juegos en el Biobío. Recientemente, la defensa de los imputados se enteró de que la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, compuesta por grandes cadenas, pagó el traslado y acopio de las máquinas incautadas, siendo parte querellante y poniendo en riesgo la calidad de las pruebas.
Contraloría acogió el reclamo del fiscalizador externo, quien fue removido luego de denunciar que la Serviu subrogante y seremi de Vivienda, Gladys Acuña, visó un millonario subsidio a la constructora a cargo de 144 viviendas sociales pese a retrasos en más de seis meses. También apunta a retrasos de más de 700 días en la respuesta a oficios contra otras obras fiscalizadas, lo que implicaría notable abandono de deberes por parte de la autoridad.
En su querella contra la minera de BHP, los pescadores artesanales señalaron desconocer si el derrame tóxico era investigado por las autoridades ambientales. Consultada por Interferencia, desde la SMA afirman que fueron alertados y que se encuentran analizando el caso.
Una piscina de acopio de escoria y ácido sulfúrico propiedad de Minera Escondida se derramó en el sector de Piedras Rojas, al sur de Antofagasta, donde pescadores artesanales de la Bahía San Jorge desarrollan sus actividades de sobrevivencia. La querella apunta a una multa de hasta $207 millones según la normativa ambiental.
Tras la quiebra de Corona, sus dueños habrían activado la venta de un inmueble por $19 millones de dólares en Lampa. Los principales interesados serían grandes marcas como Cannon y Grupo Patio. La venta preocupa a los abogados de ex trabajadores que esperan se declare la unidad económica de las sociedades de los Schupper y que el dinero se destine a pagar liquidaciones.
La discusión de la nueva legislación ha revelado una profunda brecha en el sector artesanal, centrada en el mecanismo de cuotas y su impacto en la Plataforma Social, donde unos ven con optimismo la posibilidad de financiar beneficios sociales mediante licitaciones, mientras otros lo condenan, considerándolo perpetuador de la concentración de recursos. Organizaciones como Condepp han criticado a Conapach, acusándola de tener vínculos con la industria por oponerse a esta iniciativa.
El diputado socialista, Juan Santana, ofició a la Superintendencia de Educación, la Unidad de Análisis Financiero y la Dirección del Trabajo para que informen de posibles incumplimientos del Colegio Campanario, luego de que Interferencia diera a conocer que es propiedad de la familia Kast, pero que nunca fue declarado por el candidato republicano.
El máximo tribunal rechazó los recursos del gobierno y ONGs contra la resolución del Tribunal Ambiental que anuló el rechazo del Comité de Ministros contra el proyecto Dominga. El fallo fue pronunciado por el supremo Matus, a quien se le solicitó inhabilitarse por sus vínculos con el abogado del sindicato pesquero pro-Dominga. La instancia ambiental está hoy encabezada por el redactor del fallo que ordenó un nuevo pronunciamiento.
En septiembre de 2022, a los 83 años, falleció de un mesotelioma pleural –cáncer maligno producido por inhalación de asbesto– un hombre de iniciales J.C.C., que entre 1965 y 1975 trabajó en la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), que tiene como su continuadora legal a Enel Generación Chile S.A. La demanda dice que fue precisamente durante su trabajo en la Central Huasco, entonces propiedad de Endesa, que se contaminó con este mineral mortífero.
Luego de que Interferencia diera a conocer que José Antonio Kast y su familia son accionistas del Colegio Campanario, el líder republicano reconoció que es propietario en rueda de prensa. Sin embargo, un asesor señaló a nuestro medio que no lo declarará cuando deba reportar su patrimonio como candidato presidencial, pues no sería necesario según la normativa.
A través de su empresa familiar, Inmobiliaria Padua, el candidato del Partido Republicano es accionista de Sociedad Educacional Campanario, colegio ubicado en la comuna de Buin desde 1998. La esposa de Kast, María Pía Adriasola, y uno de sus hijos, Nicolás, figuran como miembros del directorio del establecimiento. El presidente, Andrés Palomer, fue candidato a concejal por el Partido Republicano. En 2021, tuvieron utilidades por $180 millones.
Desde la Subsecretaría de Educación aseguran que la licitación que ganó la productora ligada a Fundación Fibra “se realizó conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente” y que “no existen causales legales que impidan a la empresa adjudicada participar en el proceso, ya que una investigación penal en curso no constituye inhabilidad”.
El Ministerio de Educación adjudicó una licitación en 11 de 16 regiones por $660 millones para la realización de talleres artísticos a Productora Fibra, propiedad de Mery Ortiz Donoso, dueña de fundación Fibra y formalizada por fraude al fisco en el Caso Convenios. A pesar de que debe cumplir con arresto domiciliario nocturno en San José de Maipo, Ortiz Donoso figura como coordinadora del programa en O’Higgins.
