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La accidentada historia social y ambiental de este proyecto minero le ha costado cientos de millones de dólares en acuerdos extrajudiciales para deponer demandas. Aun así, la empresa canadiense vive uno de sus mejores momentos financieros y saca cuentas alegres.
El 26 de junio muchos usuarios reportaron serios problemas con la aplicación móvil; a algunos incluso se les desapareció el dinero de sus cuentas por algunas horas. El banco se apresuró en desmentir cualquier tipo de hackeo. Sin embargo, nuestro medio tuvo acceso a una querella entablada por la propia entidad que señala que había sido víctima de un ataque cibernético.
El organismo público multó a la multinacional Idemia por supuestamente incumplir el contrato e impedir el paso a cierto tipo de información interna. La empresa se negó por temas de confidencialidad. Todo en el marco de una investigación por falsificación de pasaportes y cédulas que investiga a ex funcionarios del Registro Civil.
Hay indicios de que el reciente ataque cibernético se le fue de las manos en los primeros días. Y así está sucediendo también con el apoyo entre muchos empleados y gerentes. Los constantes problemas de ciberseguridad, una directora del banco realizando encuestas que arrojan a Sichel como presidenciable y sus constantes ansias de figuración pública llevan a un creciente descontento interno.
La construcción es Monumento Nacional, y desde 2007 que la minera prometió recuperarla. Según documentos conocidos por INTERFERENCIA, el Consejo Nacional de Monumentos no estaba al tanto de que habían comenzado a ejecutarse las obras en febrero de 2019.
A un año de una auditoría, la subsecretaría no subsanó observaciones por un software que no usó en al menos dos de tres años de licencia que pagó. Además, enfrentará un juicio de cuentas por $110.869.565, cuyo fin es establecer responsabilidades en pérdida o deterioro de recursos.
La Subsecretaría de Prevención del Delito adjudicó en abril a la empresa Ingesmart una licitación por la compra e instalación de mil cámaras de televigilancia. Ingestmart ganó con la propuesta de instalar cámaras Hikvision, marca de origen chino prohibida en Estados Unidos y retirada del estandar internacional de televigilancia por vulnerabilidades en sus sistemas informáticos y presunto espionaje de China a través de sus dispositivos. La subsecretaría afirma que ya conocía la polémica y que los aparatos de Hikvision cumplen con los requisitos de la licitación.
La empresa Cramick SA vendió a dicha institución 130 escopetas antidisturbios 'Meriva', calibre 12mm, por más de $47 millones. La compra se hizo a pesar de que hasta el general de Carabineros, Mario Rozas, suspendió el uso de este armamento en noviembre de 2019, y a la evidencia de que estas armas han causado ceguera y graves lesiones oculares al utilizarse como mecanismo de control de disturbios.
El emblemático ex director de la revista Qué Pasa y el diario La Tercera ha estado siete años en la nómina salarial de Canal 13 y Quiñenco. Ahora busca cumplir uno de sus sueños: crear un medio propio. Su futura salida se debería a su propia decisión, según fuentes del conglomerado empresarial.
Los resultados trimestrales del holding conocidos durante la semana pasada, junto con la pérdida de reputación luego del escandaloso retiro de utilidades de este 2020, hacen que una pregunta empiece a sonar cada vez más fuerte: ¿sigue siendo Paulmann lo mejor para el futuro de Cencosud?
La Tercera Sala del máximo tribunal, presidida por Sergio Muñoz, ratificó la legalidad del proyecto “Lomas de Peñalolén”. Vecinos acusan que la construcción amenaza un corredor biológico y que apenas se levantó la cuarentena en Santiago, la empresa arrasó con las especies nativas del sector.
Entre 2008 y 2014 la minera donó un sistema de tratamiento de aguas servidas y agua potable que se ubicó en uno de los predios que la multinacional arrendó para alojar al personal que trabajó en el desarrollo de la operación de la mina Los Bronces. En ese lugar hoy en día funciona el regimiento Arsenales de Guerra. A esto se suman otros aportes.
En la primera protesta de este gremio en un gobierno de derecha, este logró un apoyo tibio de La Moneda, pero no mucho más.
El proyecto ubicado en Curarrehue se aprobó en 2015 pese al rechazo de varias comunidades. Hoy éstas acusan que el primer Intendente mapuche los dejó botados y que la empresa de la central ofreció todo tipo de incentivos económicos para conseguir apoyos. El entonces gobernador de la provincia afirma que Máximo Pacheco, ministro de Energía en esa época, influyó en la votación a favor de la compañía.
Las comunidades del Salar de Atacama insisten en defender su reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental por un controvertido Plan de Cumplimiento de US $25 millones ofrecido por SQM tras una investigación que reveló que la empresa había sobreextraído salmuera del yacimiento. Pese a la presiones del gigante del litio, las comunidades afirman que no cederán ante su influencia y exigen que se revoque el permiso ambiental de la iniciativa.
Los dirigentes que amenazan con paralizar el transporte son cercanos al oficialismo, pero no cuentan con el apoyo de las dos principales agrupaciones del sector. Ello ha llevado a muchos a sospechar que se podría tratar de una movida del gobierno para avanzar en su propia agenda legislativa.
El Comité Evaluador Ambiental, conformado por la directora regional del SEA, el Intendente y un grupo de seremis, aprobó ayer el plan de Inmobiliaria Las Salinas, filial de Copec, para sanear el emblemático terreno camino a Reñaca. Pero vecinos y organizaciones locales se niegan a esta decisión ante el incierto impacto que podría tener en la salud de las personas.
La fuerza en la tarea de abogados y financistas chilenos para salvar a LATAM está compuesta por muchos socios y ex socios de Sebastián Piñera. ¿Están salvando realmente una aerolínea o una red de favores y de negocios?
La iniciativa en el que participan académicos y vecinos es parte de BioGeoArt de las universidades Católica de Valparaíso y Católica del Maule. Al seleccionar cada punto en el mapa aparece el detalle de los conflictos en rojo, o las iniciativas ecológicas, en verde.
Inversiones Panguipulli S.A. presentó un recurso de protección contra el contralor regional de Los Ríos, Rubén Barros, luego de que este último dictara un oficio que declaraba que el proyecto que la empresa busca edificar en un sitio rural se encontraba en situación irregular. El tribunal de alzada rechazó el recurso, algo que podría sentar un complejo precedente para proyectos similares en Santiago.
Los trabajadores dicen que el convenio está lesionando la confianza de los intervenientes hacia el servicio. Esto se da en medio de distintas formas de apoyo del SEA a proyectos de Anglo American y Copec.
El máximo tribunal rechazó un recurso de casación interpuesto por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y Anglo American.
La iniciativa es de la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera, integrada por dos municipios que deben presentar observaciones al proyecto Los Bronces Integrado. La idea corre de manera paralela con la propuesta de decenas de ONG’s medioambientales, que apoyados por el Congreso Nacional, intentan darle un mayor estándar de protección al predio: declararlo Parque Nacional.
Una empresa de opinión pública que nadie conoce situó al actual presidente del BancoEstado disputando la popularidad de Joaquín Lavín y Daniel Jadue en una encuesta presidencial. El sitio web de esa firma fue inscrito en mayo por Paola Assael, miembro del directorio de la entidad bancaria. Además, un diario digital, del cual Sichel fue socio y gerente, amplificó la información.
Aproximadamente, desde 1920 en adelante, empresas estadounidenses, inglesas, alemanas y de otros países europeos empezaron a copar la propiedad de un número cada vez mayor de industrias chilenas. Entre las décadas de 1950 y 1960 ello se agudizó hasta detentar –a través de diversos mecanismos– un número considerable de las compañías nacionales, haciéndolas depender de equipos, repuestos, patentes y créditos foráneos. Aquí las 88 principales de ellas. En primer lugar, el nombre de la firma; en el primer paréntesis la fecha del inicio de la penetración; en el segundo, la fecha de fundación; y, finalmente, el nombre de la o las sociedades a las cuales obedecían.
En mayo de este año la aseguradora anunció que vendería 450 viviendas en las que actualmente viven carabineros con sus familias, en medio de acusaciones de sobresueldos y mala gestión financiera de la mutualidad. INTERFERENCIA indagó en las escrituras de compraventa que Mutucar hizo de algunas de estas viviendas, para constatar que actualmente se están vendiendo a un precio cercano al doble del precio al que se vendían las mismas casas hace un año atrás.
Nada volverá a ser lo mismo en Latam luego de la crisis por el Covid-19. INTERFERENCIA ofrece la tercera y última entrega sobre este proceso y la historia de la aerolínea, con los posibles perdedores y ganadores. Esta vez, una reflexión del autor sobre el futuro que debiera tener la compañía.
Alrededor de 640 mil personas -un 45% de los pensionados- fueron excluidos del beneficio por haberse acogido a la modalidad en la cual el total de sus fondos se traspasó a compañías aseguradoras. Acusan una discriminación arbitraria y recalcan la íntima relación a nivel de propiedad que hay entre grupos económicos que manejan AFP y compañías de seguros, habiendo cinco firmas dueñas de empresas de ambos rubros.
Nada volverá a ser lo mismo en Latam luego de la crisis por el Covid-19. INTERFERENCIA ofrece la segunda entrega sobre este proceso y la historia de la aerolínea, con los posibles perdedores y ganadores. Esta vez, el baile de los que pierden.
Más allá de si se produce el rescate del grupo por parte del Estado, nada volverá a ser lo mismo en Latam. INTERFERENCIA inicia una serie de tres entregas sobre este proceso y la historia de la aerolínea, con los posibles perdedores y ganadores. Esta vez, la estrategia de los controladores en el proceso.
